TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 846/2016-RA

Sucre, 31 de octubre de 2016


Expediente                : Chuquisaca 31/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : José Fabricio Saravia Rueda

Delito        : Abuso Deshonesto


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 14 y 16 de septiembre de 2016, cursantes de fs. 251 a 261, fs. 269 a 270 y fs. 280 a 286 vta., Carmen Rosa Encinas en su calidad de Fiscal de Materia asignada a la FEVAP en representación del Ministerio Público, María Leticia Ferreira Torres representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 2 y María Silvia Vásquez, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 275/2016 de 4 de agosto de 2016, de fs. 233 a 234 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra José Fabricio Claros Flores, por la presunta comisión del  delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP).


I.ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 14/2016 de 19 de abril (fs. 146 a 163), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Chuquisaca, declaró a José Fabricio Sarabia Rueda, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con costas, daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de Sentencia a favor de la víctima. Con relación al delito de Abuso Sexual, tipificado por el art. 312 del CP modificado por la Ley 348, se establece que no se aplica el mismo porque el hecho es anterior a la vigencia de dicha norma y no se puede agravar el quantum de la pena. Asimismo, se benefició al imputado con la suspensión condicional de la Pena.


b) Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 206 a 216), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 275/2016 de 4 de agosto, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que resolvió rechazar por inadmisible el recurso de apelación restringida interpuesto.

c) Por diligencia de 7 y 8 de septiembre de 2016 (fs. 235 y vta.), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista y el 14 y 16 (la última fecha, en el domicilio de la Secretaria y se hace notar que no consta notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia) del mismo mes y año, interponen los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación, se extrae los siguientes motivos:


II.1. Del recurso de casación de Carmen Rosa Encinas en su calidad de Fiscal de Materia asignada a la FEVAP en representación del Ministerio Público.


1) Haciendo una relación de la Sentencia y de su recurso de apelación restringida, señala que existió una defectuosa valoración de la prueba, falta de la debida motivación y fundamentación de la Sentencia, respecto de la prueba que existió para demostrar la agresión sexual, que fue víctima, aspectos de los cuales, el Tribunal de Sentencia descarto indicando que no existió prueba determinante para demostrar la agresión sexual, porque lo relatado por la víctima no es consecuente con las pruebas desfiladas dentro del debate, incluso advierten contradicciones en la realización del peritaje; por lo que, únicamente extraen como pertinente que el menor fue víctima de toques impúdicos, a pesar de que el mismo aclaró en el anticipo de prueba, que no pudo decir toda la verdad por vergüenza y miedo, lo cual lejos de ser tomado por el Tribunal como una limitante debió ser considerado como una regla en delitos de carácter sexual, más aún la condición del menor; además, señala que ante la evidente agresión sexual el Tribunal de Sentencia en aplicación del principio iura novit curia debió condenar al imputado y al no haberlo hecho vulnera el principio de legalidad y la tutela judicial defectiva, en cuanto a obtener una resolución fundada en derecho y congruente, con los propios hechos descritos y no así por calificaciones provisionales que se realizan; en ese entendido, señala que se determina claramente que existe una omisión de pronunciamiento fundado por parte del juzgador en relación a fundamentos expuestos por el Ministerio Público, respecto al delito de Violación teniendo en cuenta que se encuentra dentro de la misma familia de delitos en los cuales el bien jurídico protegido es la libertad sexual.     


Con relación a la temática planteada invocó como precedente contradictorio los Autos Supremos 529 de 17 de noviembre de 2005, 444 de 15 de octubre de 2005, 221 de 28 de marzo de 2007, 138/2015-RRC de 27 de febrero, 166/2012 de 20 de julio, 239/2012-RRC de 3 de octubre y las Sentencias Constitucionales 717/2006-R de 21 de julio de 2006, 1075/2003-R de 24 de julio de 2003, 727/2003-R, 0460/2011-R de 18 de abril, 0506/2005-R de 10 de mayo.


2) Vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica por falta de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, teniendo en cuenta que existió una Sentencia carente de fundamentación debido a que el delito de Abuso Deshonesto previsto y sancionado por el art. 312 del CP, fue modificado por la Ley 348 de que lo tipificó como Abuso Sexual el cual impone una pena mayor y por la fecha del hecho debió aplicarse dicha modificación y al no hacerlo vulnera la tutela judicial efectiva; aspecto que, no puede ser soslayado más aún cuando se trata de menores víctimas de agresión sexual; esta afirmación, la sustenta con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional vinculada al principio pro actione, en resguardo del art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 25 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los arts. 2.3, 9.4, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los arts. 8.2.h. y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 5.4, 13 del Convenio para la protección de Derechos y las Libertades Fundamentales  y el art. 2.1, 2.2 del Protocolo Nº 7 al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales.


Con relación a la temática planteada invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 122 de 24 de abril de 2006.    


3) Refiere la vulneración al derecho que tiene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de participar en todos los procesos penales y sobre todo en el de ser notificada con las resoluciones que se dicten en el proceso. Teniendo en cuenta que en el presente caso, no se cumplieron con realizar la notificación con la Sentencia a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, siendo que el argumento de que cuando existe abogado particular para la víctima se dispensa la participación de la defensoría aspecto que se señaló y que se encuentra fuera de la norma legal.


II.2.Del recurso de casación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.


Refiere que pese a lo establecido por la Ley 548 no se les notificó con la Sentencia, sin tener en cuenta que fue esta Defensoría quien con legitimación activa denunció y presentó querella, siendo la misma admitida, tal como consta en obrados, sin que la misma haya sido desistida o abandonada, teniendo en cuenta que en la presente causa se reconoce a Antonio Cruz Pemintel, como abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Al respecto, refiere la doctrina legal de Auto Supremo 391/2014-RRC de 18 de agosto, de su entendimiento señala que se vulneró los arts. 60, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), los arts. 12 y 188 incs. a) y b) de la Ley 548 y arts. 160. 161, 163 inc. 2) con relación al 169 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que implica defecto absoluto por inobservancia y violación a  derechos y garantías, previstos en la CPE, las convenciones y tratados internacionales vigentes y el CPP, vulnerándose además el derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, seguridad jurídica y a impugnar las resoluciones.


II.3.Del recurso de casación de María Silvia Vásquez.


1) Señala que el Auto de Vista al prescindir de la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 2, en representación de un menor que afecta a su derecho a la libertad sexual, se ha denegado el derecho a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado al ser una entidad destinada a proteger el interés superior del adolescente, esto cuando en el acta de audiencia de juicio oral se establece que: “la presidente señala que teniendo en cuenta que la víctima está representada por abogado particular no es imprescindible la participación de la Defensoría de la Niñez…”, actuando en contra de la CPE en su art. 58, de la misma forma no se observó el art. 60 de la CPE, que es el de garantizar la propiedad del interés superior del menor; asimismo, el Tribunal de Sentencia no respeto lo preceptuado por la Ley del Niño, Niña y Adolescente (Ley 548) en su art. 11; así también, está en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada a la firma y ratificación por la Asamblea General de su Resolución 44/25 el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Estado Boliviano el 14 de mayo de 1990 mediante Ley 1152 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en definitiva, señala que se infringió los arts. 194 del CNNA entidad que mediante uno de sus abogados Marco Antonio Cruz Pemintel, interpuso querella ante la Fiscalía contra el imputado José Fabricio Saravia Rueda la misma que fue admitida; además, dicha entidad estuvo participando en la sustanciación del proceso amparado en el art. 196 inc. 1) del Código Nino, Niña Adolescente (CNNA) la cual le permite intervenir en las instancias administrativas o judiciales sin necesidad de mandato expreso, aspecto que no advirtió el Tribunal de alzada.


Invoca como precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 0418/2016-S1 de 13 de abril de 2016 y 1074/2015-S3 de 5 de noviembre y 0373/2015-S1. 


2) El Auto de Vista debió ejercer de oficio el control de la actividad procesal defectuosa incluso sin petición, queja o reclamo del afectado por su naturaleza inconvalidable; por lo referido, al prescindir de la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se le impidió ejercer su derecho de plantear su recurso de apelación restringida contra la Sentencia o en su caso interponer recurso de casación para impugnar el Auto de Vista, vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la impugnación y el derecho de recurrir; en consecuencia, el Tribunal de alzada no cumplió con: a) Que el fin del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por el Tribunal Supremo de Justicia, la necesidad de precautelar se observen las normas procesales de orden público y de cumplimiento obligatorio; y, d) las disposiciones relativas a la nulidad de los actos procesales previsto en el art. 17 de la Ley del Órgano judicial (LOJ); por lo que, existe la previsión de que el Tribunal de oficio revise los actuados procesales al tratarse de vulneración de derechos y garantías constitucionales; en consecuencia, el defecto señalado incluso de no ser invocado por la parte, debió ser advertido por el Tribunal de alzada.       


Al respecto invoca como precedente contradictorio las Sentencias Constitucionales 0895/2012, 1092/2014 de 10 de junio y 0500/2016-S1 de 9 de mayo.


3) El Auto de Vista incide en defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, que genera vulneración del debido proceso en su componente  a la debida fundamentación, existiendo incongruencia omisiva denegando el acceso a la justicia solo con un rechazo por inadmisibilidad, bajo la excusa de ser promovida la apelación de manera extemporánea al no constar ninguna notificación o comunicación efectiva o real a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito - 2 de las Resoluciones cuando pese a no ser denunciados tenía el Tribunal de alzada la obligación de advertirlas de oficio, teniendo en cuenta que no se les notificó con la Sentencia ni con el Auto de Vista, pese a que eran parte en el proceso incumpliendo de esta forma los arts. 160 y siguientes del CPP. Asimismo, señala que no fundamentó cuales los motivos para separar del proceso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y además debieron advertir el defecto y no incurrir en incongruencia omisiva al no ingresar a verificar dicho defecto, por lo que se ocasionó una vulneración al debido proceso que debió ser corregida por el Tribunal de alzada aún de oficio, tal como lo establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional el Bolivia. En definitiva el Auto de Vista infringió los arts. 398 y 124 del CPP; así como, el art. 17 de la LOJ. 


Al respecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 100 de 25 de febrero de 2011, 562 de 1 de octubre de 2004 y 051/2013 de 1 de marzo; además, de las Sentencias Constitucionales 0973/2012 de 22 de agosto, 1014/2011-R de 22 de junio, 0418/2016-S de 13 de abril, 00493/2004-R de 31 de marzo, 1618/2004-R de 11 de octubre, 1112/2013 de 17 de julio, 1762/2014 de 15 de septiembre, 1414/2013 de 16 de agosto, 1335/2014 de 30 de junio, 1092/2014 de 10 de junio y 0776/2013 de 10 de junio.

  

III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme a lo normado en el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días, verificándose en el presente caso que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista el 7 y 8 de septiembre de 2016, planteando sus recursos de casación el 14 y 16 (la última fecha, en el domicilio de la Secretaria y Se hace notar que no consta notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia) del mismo mes y año, extremo que evidencia que dichos medios de impugnación se plantearon dentro del plazo legal; por lo tanto, corresponde verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos.


V.1.Del Recurso de casación del Ministerio Público.


Con relación al primer motivo, en el que hace una relación de la Sentencia y de su recurso de apelación restringida, señala que existió una defectuosa valoración de la prueba, falta de la debida motivación y fundamentación de la Sentencia, respecto de la prueba que existió para demostrar la agresión sexual que fue víctima; aspectos de los cuales, el Tribunal de Sentencia descarto indicando que no existió prueba determinante para demostrar la agresión sexual; además, señala que ante la evidente agresión sexual el Tribunal de Sentencia en aplicación del principio iura novit curia debió condenar al imputado y al no haberlo hecho vulnera el principio de legalidad y la tutela judicial defectiva en cuanto a obtener una resolución fundada en derecho y congruente.


Respecto del segundo motivo, referido a la vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica por falta de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, teniendo en cuenta que existió una Sentencia carente de fundamentación debido a que el delito de Abuso Deshonesto previsto y sancionado por el art. 312 del CP, fue modificado por la Ley 348, de que lo tipificó como Abuso Sexual el cual impone una pena mayor y por la fecha del hecho debió aplicarse dicha modificación y al no hacerlo vulnera la tutela judicial efectiva, el principio pro actione, tratados y convenios internacionales.


Con relación a la temática planteada en el primer motivo invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 529 de 17 de noviembre de 2005, 444 de 15 de octubre de 2005, 221 de 28 de marzo de 2007, 138/2015-RRC de 27 de febrero, 166/2012 de 20 de julio, 239/2012-RRC de 3 de octubre y en el segundo motivo el Auto Supremo 122 de 24 de abril de 2006, de los cuales se advierte la falta de precisión de contradicción en la que hubiere incurrido el Auto de Vista con relación a dichos precedentes teniendo en cuenta que los argumentos de estos motivos, se encuentran dirigidos a la realización del juicio oral y la emisión de la Sentencia, más no así al Auto de Vista impugnado; en consecuencia, se advierte el incumplimiento de los requisitos de forma para su admisión. 


Con relación a las Sentencias Constitucionales 717/2006-R de 21 de julio de 2006, 1075/2003-R de 24 de julio de 2003, 727/2003-R, 0460/2011-R de 18 de abril y 0506/2005-R de 10 de mayo, se establece que las mismas no tienen calidad de precedentes debido a que no se adecuan a las previsiones contenidas en el art. 416 del CPP, lo que hace inviable su consideración.


En definitiva, al evidenciarse que todos los argumentos de los motivos referidos versan sobre el juicio oral y la emisión de la Sentencia, sin que se haya señalado algún agravio, que le hubiese generado la emisión del Auto de Vista, corresponde señalar que la labor de este Tribunal Supremo de Justicia se encuentra restringida a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a las actuaciones realizadas por el Tribunal de alzada, así se desprende de lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, referidos a la procedencia y requisitos indispensables que viabilicen la admisibilidad del recurso de casación, en los que se dispone que este medio de impugnación procede para refutar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia, antes Cortes Superiores y Autos Supremos dictados por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia que sienten o ratifiquen doctrinal legal. En virtud a lo cual, corresponde a quien recurre de casación, motivar en términos claros y precisos la supuesta contradicción entre los argumentos del Auto de Vista y los contenidos en el precedente contradictorio que invocó.


A efectos de contrastar lo denunciado, los argumentos de la misma y descubrir un sentido jurídico distinto al que le asignó el Auto de Vista impugnado, se denota que la parte recurrente basa sus motivos únicamente en los argumentos contenidos en el fallo de mérito, emitido en juicio, así como denuncia las actuaciones del Tribunal de Sentencia, pretendiendo que este Tribunal realice su función nomofiláctica con relación a la Sentencia, buscando inducir a un nuevo control de legalidad de dicho fallo, dentro de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello; puesto que, la misma ya fue objeto de análisis por parte del Tribunal de alzada, en todo caso corresponde al recurrente cumplir con la carga de realizar una fundamentación de forma objetiva, identificando expresamente cuáles son los actos procesales que provocaron la presunta vulneración legal, pero siempre con relación al Auto de Vista emitido a tiempo de resolver la apelación restringida y no así la Sentencia de mérito; en consecuencia, puesto que no es posible legalmente, retozar etapas y menos utilizar un instituto jurídico desnaturalizando su verdadero alcance y objetivo; no resulta coherente, el planteamiento del recurso de casación mediante la reiteración de los mismos puntos reclamados a tiempo de la formulación de la apelación restringida, en atención a su diferente finalidad. En virtud a lo señalado, los motivos referidos deben ser declarados inadmisibles por incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP.


Con relación al tercer motivo, refiere la vulneración al derecho que tiene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de participar en todos los procesos penales y sobre todo en el de ser notificada con las resoluciones que se dicten en el proceso. Teniendo en cuenta que en el presente caso no se cumplieron con realizar la notificación con la Sentencia a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, siendo que el argumento de que cuando existe abogado particular para la víctima se dispensa la participación de la defensoría, aspecto que se señaló y que se encuentra fuera de la norma legal.


De la revisión del presente motivo, se advierte que no invoca precedente contradictorio; en consecuencia, no cumple con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en que habría incurrido el Auto de Vista impugnado, en los términos exigidos por el art. 417 del CPP, impidiendo a este Tribunal hacer la labor encomendada por ley.


V.2.Del recurso de casación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Con relación al único motivo, en el que refiere que pese a lo establecido por la Ley 548 no se les notificó con la Sentencia, sin tener en cuenta que fue esta Defensoría quien con legitimación activa denunció y presentó querella, siendo la misma admitida, tal como consta en obrados, sin que la misma haya sido desistida o abandonada, teniendo en cuenta que en la presente causa se reconoce a Antonio Cruz Pemintel como abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.


Con relación a la temática planteada invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 391/2014-RRC de 18 de agosto, del cual no realiza la precisión de la contradicción que existiría con relación al Auto de Vista impugnado, en consecuencia no cumple con los requisitos de forma establecidos para su admisión; por otro lado, el motivo planteado es claro, conciso y se halla vinculado a la posible existencia de defectos absolutos, habida cuenta que la recurrente detalla el hecho generador referido a que no se le notificó con la Sentencia siendo parte en el proceso (Querellante); asimismo, precisa la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, seguridad jurídica y a impugnar las resoluciones; además, de señalar el resultado dañoso emergente de la incorrecta aplicación de los arts. 60, 115 y 180 de la CPE, los arts. 12 y 188 incs. a) y b) de la Ley 548 y arts. 160. 161, 163 inc. 2) con relación al 169 del CPP, lo que generó en una negación a la intervención como parte en el proceso al no haber sido notificado con la Sentencia y el Auto de Vista, lo que generó que no pueda hacer uso de su derecho a recurrir de dichas resoluciones; en consecuencia, al concurrir los presupuestos de flexibilización destacados en la última parte del acápite anterior, corresponde la apertura excepcional de la competencia de esta Sala Penal con la finalidad de resolver en el fondo la problemática planteada.

    

V.3.Del recurso de casación de María Silvia Vásquez.


Respecto del primer motivo, en el que refiere que el Auto de Vista al prescindir de la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito-2, en representación de un menor que afecta a su derecho a la libertad sexual, se ha denegado el derecho a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado al ser una entidad destinada a proteger el interés superior del adolescente. Invocó como precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 0418/2016-S1 de 13 de abril de 2016 y 1074/2015-S3 de 5 de noviembre y 0373/2015-S1. 


Con relación al segundo motivo, el Auto de Vista debió ejercer de oficio el control de la actividad procesal defectuosa incluso sin petición, queja o reclamo del afectado por su naturaleza inconvalidable; por lo referido, al prescindir de la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se le impidió ejercer su derecho de plantear su recurso de apelación restringida contra la Sentencia o en su caso interponer recurso de casación para impugnar el Auto de Vista, vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la impugnación y el derecho de recurrir. Al respecto, invocó como precedente contradictorio las Sentencias Constitucionales 0895/2012, 1092/2014 de 10 de junio y 0500/2016-S1 de 9 de mayo.


Con relación al tercer motivo, el Auto de Vista incide en defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, que genera vulneración del debido proceso en su componente  a la debida fundamentación, existiendo incongruencia omisiva denegando el acceso a la justicia solo con un rechazo por inadmisibilidad bajo la excusa de ser promovida la apelación de manera extemporánea al no constar ninguna notificación o comunicación efectiva o real a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito- 2 de las Resoluciones, cuando pese a no ser denunciados tenía el Tribunal de alzada la obligación de advertirlas de oficio, teniendo en cuenta que no se les notificó con la Sentencia ni con el Auto de Vista. Al respecto, invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 100 de 25 de febrero de 2011, 562 de 1 de octubre de 2004 y 051/2013 de 1 de marzo; además, de las Sentencias Constitucionales 0973/2012 de 22 de agosto, 1014/2011-R de 22 de junio, 0418/2016-S de 13 de abril, 00493/2004-R de 31 de marzo, 1618/2004-R de 11 de octubre, 1112/2013 de 17 de julio, 1762/2014 de 15 de septiembre, 1414/2013 de 16 de agosto, 1335/2014 de 30 de junio, 1092/2014 de 10 de junio y 0776/2013 de 10 de junio.


Al respecto, de la temática planteada con relación a la recurrente se debe observar la legitimación activa para interponer el recurso de casación, de ahí que el art. 180.II de la CPE, reconoce y garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, derecho que debe ser ejercido por quien tenga legitimidad activa, conforme se entiende de lo dispuesto por el primer párrafo del art. 394 del CPP cuando señala que: “el derecho de recurrir corresponderá a quién le sea expresamente permitido por ley”; de esta norma, se infiere que tiene legitimación activa para recurrir de una resolución judicial dictada en el proceso penal, el sujeto procesal que hubiere sufrido algún agravio, como el imputado, la parte acusadora y la víctima, reconociendo la norma esa legitimación además al defensor estatal (defensor de oficio o defensor público), quien puede representar a su defendido en todas las instancias sin necesidad de poder expreso conforme dispone el art. 109 del CPP.


En el caso en concreto, se advierte que la recurrente en todos los motivos expuestos no observa actuaciones procesales que le hayan generado agravio, teniendo en cuenta que las observaciones realizadas se refieren a una falta de notificación con la Sentencia a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y consecuente separación del proceso, más no advierte algún defecto que le hubiere generado a su persona o a su representado; en el entendido, de que a estos se les hubiera lesionado un derecho, por haberse aplicado inexactamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; en consecuencia, se advierte la falta de legitimación, respecto de la recurrente. Además, se tiene que la recurrente no interpuso recurso de apelación restringida pese a su legal notificación; en consecuencia, se debe tener en cuenta que en el sistema procesal penal boliviano no está reconocida la posibilidad de aplicación del principio “per saltum” (referida al derecho de recurrir de casación aunque no se hubiera apelado de la Sentencia); de lo contrario, se estaría quebrantando los principios de constitucionalidad y de legalidad que rigen el orden establecido, generando un desorden jurídico, por lo manifestado el recurso resulta inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación planteados por el Ministerio Público y María Silvia Vásquez, cursantes de fs. 251 a 261 y fs. 280 a 286 vta.; y, ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por María Leticia Ferreira Torres representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito-2, cursante de fs. 269 a 270; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA