TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 841/2016-RRC

Sucre, 21 de octubre de 2016


Expediente                      Tarija 53/2016

Parte Acusadora                  Ministerio Público y otro

Parte Imputada                    Luis Gerardo Victoria Castro

Delito                              Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de junio de 2016, cursante de fs. 400 a 410 vta., Luis Gerardo Victoria Castro, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 66/2016 de 6 de junio, de fs. 394 a 396, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, integrada por los Vocales Ernesto Félix y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Lilian Díaz López contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 7/2016 de 1 de abril (fs. 365 vta. a 369 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado Luis Gerardo Victoria Castro, autor de la comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, imponiéndole la pena de cuatro años, cuatro meses y veintiún días de reclusión, conforme la atenuación especial prevista en el art. 268 de la Ley 548, más costas a favor del Estado a regularse en ejecución de Sentencia y al pago del resarcimiento del daño civil causado.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Luis Gerardo Victoria Castro, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 370 a 385 vta.), resuelto por Auto de Vista 66/2016 de 6 de junio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia recurrida, dando lugar a la interposición del recurso de casación, objeto del presente análisis.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 643/2016-RA de 24 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Con relación al tercer motivo de apelación restringida, consistente en la valoración defectuosa de la prueba, los Vocales actuaron en contrario al sentido jurídico, específicamente en relación a que la prueba incorporada al juicio debe ser valorada individualmente, tal cual se reconoció en el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, el cual realizando una cabal y correcta interpretación y aplicación de la norma procesal contenida en el art. 173 del CPP, delineó que los Juzgadores de Sentencia, deben asignar el valor a cada uno de los elementos de prueba incorporados a juicio, siendo que los fundamentos del Auto de Vista recurrido desconoce dicho lineamiento.


De igual manera el Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005; a cuyo efecto, realiza una transcripción parcial del Auto de Vista impugnado, para después afirmar que los Vocales no consideraron que en la Sentencia, si bien se tomaron en cuenta las declaraciones testificales y documentales en el apartado sobre la valoración y análisis de la prueba judicializada, describiéndolas, no se les asignó el valor correspondiente a cada una de ellas de manera fundamentada, explicando las razones por las cuales les otorgó o no determinado valor, infringiendo de esta manera lo previsto en el art. 173 del CPP, concordante con el art. 167 del mismo cuerpo legal. Acota, que los Jueces de mérito no otorgaron el valor correspondiente al dictamen psicológico de la víctima que entre sus conclusiones señaló que la declaración de la menor es medianamente creíble, lo cual genera duda razonable sobre la credibilidad de la propia declaración; por lo que, no se valoró correctamente el elemento probatorio y pero aún los demás elementos introducidos a juicio, pruebas que no fueron analizadas individualmente, omitiéndose exponer la debida motivación sobre las razones por las cuales les otorgó o no determinado valor.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que declaren fundado el recurso y sienten la doctrina legal aplicable al caso de autos, dejando sin efectos el Auto de Vista recurrido, disponiendo se dicte nueva resolución declarándole absuelto conforme a la doctrina emanada del Tribunal Supremo de Justicia.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 643/2016-RA de 24 de agosto, cursante de fs. 417 a 420, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Luis Gerardo Victoria Castro, para su análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dictó la Sentencia 7/2016 de 1 de abril, bajo los siguientes argumentos, relacionados al motivo de casación admitido:


1) En la labor de la valoración probatoria, al no estar supeditada a dogmas legales respecto a la forma de probar un hecho en particular, lo cual se logra acudiendo a las reglas de la sana crítica, lógica y experiencia estando válidamente reconocidas las pruebas directas e indirectas, más aún cuando se trata de víctimas menores de delitos de contenido sexual haciendo aplicable la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Supremo mediante Autos Supremos 25/2010, 370/2012 y 391/2012, que facultan en virtud al principio de inmediación poder otorgar crédito suficiente a un testigo en lugar de a otro, fundamentalmente, en casos donde se encuentre comprometida la protección especial para niños víctimas de delitos sexuales, reconociendo incluso el derecho de la víctima y testigos menores a no comparecer al juicio, buscando precautelar su seguridad, desarrollo integral, bienestar y dignidad entre otros aspectos lo cual está plenamente relacionado con la norma fundamental expresada en el art. 60 de la norma fundamental, que supedita a velar por el interés superior de los niños y adolescentes, aplicando las normas legales desde una perspectiva de protección y salvaguarda de los derechos de la minoridad.


2) En ese contexto, asevera que con la finalidad de llegar a la verdad material del hecho, acudió principalmente a la entrevista informativa, realizada a la víctima a través de la Psicóloga de la Defensoría, en la que contó el hecho sucedido, teniendo como elementos importantes que conoció al imputado cuando tenía once años de edad, cuando aquél trabajaba con su papá, posteriormente formaron una relación de noviazgo; empero, habiéndose enterado su papá, éste le dijo que lo denunciaría si seguía manteniendo la relación. Luego de un tiempo en que él se fue a trabajar a Argentina, la menor refirió que se enteró que el imputado volvió al país, habiendo existido una comunicación entre ambos y retomando la relación amorosa, en uno de esos momento la víctima refiere que se encontró con el imputado y que le llevó a su domicilio, donde después de proceder a besarla mantuvieron relaciones sexuales, sacándole el pantalón y la ropa interior para luego introducir su pene en su vagina, ante lo cual la víctima no interpuso ningún medio de defensa. Luego, el miércoles 25 de ese mismo mes, la víctima refiere que habría escapado del colegio, encontrándose nuevamente con el imputado, con quien otra vez tuvieron relaciones sexuales en su domicilio.


Al respecto, fundamenta que contando la declaración precedente con el grado de credibilidad suficiente para generar en el Tribunal certeza del hecho sucedido y narrado, más aún si ese aspecto fue reafirmado por las declaraciones testificales de la mamá de la víctima, quien manifestó a través de su atestación que por la víctima conoció sobre la relación amorosa y posterior relación sexual mantenida con el acusado, además de dar a conocer que se evidenciaron comunicaciones telefónicas realizadas entre ambos, justamente en la fecha que la menor no hubiera asistido a su colegio y que además tuvo conocimiento que su esposo advirtió al imputado que no frecuente a su hija por su minoría de edad, bajo advertencia de denunciarlo, manifestando también que con el objeto de que la víctima vaya con el imputado a su cuarto tuvo que escaparse del colegio, acontecimiento que fue informado por la Directora del establecimiento.


Por otra parte, la atestación del Sub Oficial Vicente León López, cimenta las referidas declaraciones manifestando que como investigador recuerda haber tomado declaración al padre de la víctima quien identificó al imputado como el agresor de su hija. La médico Erika Saduma Kalayatud y el certificado médico forense, reflejan la existencia de un himen elástico que permite la introducción de un miembro viril en erección sin romperlo ni dejar desgarros visibles como producto de la relación sexual, por lo que el Tribunal hace una relación entre el certificado médico forense características fisiológicas de la víctima- con su declaración, convirtiéndose la misma en verosímil; empero, advirtió la inexistencia de signos de violencia realizado por parte del imputado a momento de cometer el hecho.


El acta de denuncia y las cédulas de identificad de la víctima y del imputado, demuestran por una parte el inicio de la investigación penal y por otra, las edades de ambos sujetos procesales a momento de la comisión del hecho, resultando que ambos eran menores de edad. Del dictamen psicológico, realizado por Yuli Marcela Castillo, Psicóloga del IDIF, extracta que la declaración de la menor es medianamente creíble, lo que no excluye que haya existido algo cierto en función al relato brindado por la víctima en la etapa de instrucción, corroborada con la perito en la anamnesis y la atestación de la madre, ese algo cierto es el acto sexual, presentando como sujeto activo al imputado puesto que se logró advertir también en la pericia la existencia de un conflicto emocional de personalidad en la víctima, al encontrarse enamorada del imputado hasta la fecha del dictamen, inclusive lo cual permitió referir solamente lo que ella creía conveniente; sin embargo, conforme refiere la propia perito, ese aspecto o característica de mediana credibilidad no logra destruir de ninguna forma la validez de su declaración.


Finalmente, toda la prueba valorada de manera integral logró formar convicción plena en el Tribunal quien empleando las reglas de la sana crítica sobre la existencia del hecho y la participación del acusado como sujeto activo frente a la libertad sexual de la víctima quien es menor de edad y que además por sus características vulnerables denotadas y demostradas por su personalidad sumisa, manejable y callada consintió el acto sexual.


II.2. De la apelación restringida.


Contra la precitada Sentencia, el acusado Luis Gerardo Victoria Castro, interpuso recurso de apelación restringida, denunciando los siguientes puntos, relacionados al motivo de casación admitido:


i) Previa referencia a los hechos probados por el Tribunal de Sentencia en la Resolución recurrida, descripción de las pruebas conocidas en juicio y alusión al art. 6 del CPP, cuestiona que no obstante ser la prueba pericial psicológica de gran importancia la que a su juicio- quedó en duda, al no haber tenido el Tribunal la oportunidad de tomar la declaración de la menor, respetando lo establecido por el Auto Supremo 025/2010, que prohíbe la re victimización de la menor, correspondía que el referido Tribunal aplique métodos y mecanismos plasmados dentro del procedimiento penal, como ser psicólogos y cámaras Gesell; por lo que, asevera que la pericia psicológica, fue determinante no para demostrar su inocencia sino para sembrar la duda incuestionable en el Tribunal.


Haciendo referencia al acta de denuncia, expresa que su minoría de edad en el momento de los hechos endilgados no fue argumentada por el Ministerio Público ni por la Defensoría, siendo que al igual que la víctima, él era fácilmente influenciable en el momento del hecho. Igualmente cuestiona la entrevista informativa de la víctima, en el que se establece que ella lo buscó, aseverando que el padre de la menor no fue ofrecido como testigo. Con relación al dictamen pericial realizado por Yuli Marcela Castillo, Psicóloga del IDIF, el mismo estableció que el relato de la víctima es medianamente creíble y el examen médico forense, en su diagnóstico estableció que la víctima tiene himen elástico, respecto a lo cual la defensa técnica le preguntó a la Médico Forense, si cabía la posibilidad de que la menor no haya tenido relaciones sexuales, ella respondió que “si cabe esa posibilidad”, lo que sumado a la declaración medianamente creíble, hacía surgir la duda y la posibilidad de que no se haya realizado el acto sexual.


Consecuentemente, no puede sobrevenir sentencia condenatoria por la insuficiencia de prueba para generar en el Juez o Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado (art. 365 del CPP).


ii)Con los fundamentos expuestos, denunció la concurrencia de los defectos de sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, resolvió el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista 66/2016 de 6 de junio, con los siguientes argumentos:


a) En cuanto a la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, porque considera que no confluyen los elementos del tipo penal acusado, señalando el recurrente por una parte, que no se habría demostrado el dolo; sin embargo, la Sentencia en la parte pertinente a los hechos que el Tribunal consideró probados: “La advertencia realizada por parte del padre de la víctima de que su hija era menor y se alejara de ella antes de la comisión del hecho”, la circunstancia fue considerada por el inferior al resolver en cuanto al elemento subjetivo del tipo penal de Violación de Niño, Niña o Adolescente, a su vez se analiza la circunstancia que tratándose de víctima menor de edad, no tiene relevancia el consentimiento de la víctima; puesto que, su minoridad la determina en su imposibilidad de consentir el acto sexual, teniéndose como premisa la falta de madurez psíquica y emocional, circunstancias atingentes al tipo penal por el cual se encuentra procesado el recurrente.


b) Con relación al segundo agravio, que la Sentencia carecería de la debida motivación en cuanto a la determinación de la participación del acusado en los hechos, previa transcripción parcial del fundamento de la referida Resolución, el Tribunal de alzada concluye que el inferior motiva las razones por las que otorgó valor a la entrevista informativa prestada por la víctima en la etapa preparatoria y el sustento es concordante con los criterios legales aplicables establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, la Sentencia está debidamente motivada en cuanto a la probanza de su participación en el hecho criminoso que se le endilga.


c) En cuanto a que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en defectuosa valoración de la prueba, sobre la primera vertiente señalada, el Tribunal de mérito refirió los documentos probatorios que fueron analizados, a fin de determinar el valor probatorio otorgado esencialmente a la entrevista informativa tomada a la menor, valoradas de manera integral con las declaraciones recibidas en juicio oral.


En cuanto a la vertiente de defectuosa valoración de la prueba, el inferior efectúa la valoración considerando todos los elementos probatorios incorporados a juicio, efectuando su valoración integral, exponiendo las razones por las que otorga o resta valor a la prueba tanto testifical como documental de cargo o descargo, en sujeción a las reglas del razonamiento intelectivo; por cuanto, existiendo libertad probatoria y un sistema de valoración no tasada es posible que el Tribunal, con la prueba incorporada efectuando la valoración que se efectivizó en el caso de autos, concluir con un juicio de condena, pese a que la defensa extrañe prueba de una forma determinada, como la presencia de la víctima en juicio a fin de que preste declaración; puesto que, con el caudal probatorio existente se debe fallar y si el mismo determina la probanza de un juicio de condena, como en el presente caso y sus razones fácticas y jurídicas se encuentran expuestas con claridad en la Sentencia, de ningún modo puede éste Tribunal de alzada revalorizar las mismas, siendo una facultad exclusiva del Tribunal de instancia.


III. FUNDAMENTOS JURIDICOS SOBRE LA VERIFICACIÓN

DE CONTRADICCIÓN 


El recurrente impugna que el Tribunal de apelación, no consideró que en la sentencia, no les asignó valor correspondiente y fundamentado a cada una de las pruebas conocidas por el inferior, especificando que no se valoró debidamente el dictamen psicológico de la víctima en el que se estableció que su declaración era medianamente creíble, lo que habría generado duda en su favor. En consecuencia, corresponde dilucidar si el extremo denunciado es evidente y si constituye contradicción de la doctrina legal invocada.


III.1. El precedente invocado y la similitud de supuestos fácticos que debe existir entre este y la Resolución recurrida.


Antes de analizar los precedentes invocados por el recurrente, es preciso remitirnos al razonamiento establecido en el Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, sobre la exigencia procesal de la situación similar a efectos de realizar la labor de contraste entre el Auto de Vista recurrido y el precedente invocado. Así, estableció que el art. 416 del CPP, se refiere a una situación de hecho similar, en materia sustantiva, exigiendo que el hecho analizado sea similar y en materia procesal, se refiere a una problemática procesal similar, con lo resuelto en el Auto de Vista recurrido, correspondiéndole al impugnante demostrar la aplicabilidad del razonamiento que invoca, a efectos de posibilitar la labor de contraste; “… es decir, para que el planteamiento del recurso sea eficaz, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentar su recurso dentro el plazo establecido por ley y señalar la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada, sino, asegurarse que los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, debiendo concurrir elementos comunes que hagan posible su catalogación como similares en cuanto a su naturaleza, contenido y finalidad, lo contrario implica la imposibilidad del Tribunal Supremo de cumplir con su competencia unificadora y nomofiláctica(Auto Supremo 56 de 5 de marzo de 2013).


III.2. De los precedentes invocados.


Conforme se estableció líneas arriba, el recurrente cuestiona esencialmente que la Resolución recurrida, no consideró la falta de asignación fundamentada de valor correspondiente de cada uno de los elementos probatorios conocidos en juicio, lo que considera contrario a los razonamientos contenidos en la doctrina legal invocada.


Al efecto, por un lado el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, cuya doctrina legal fue emitida dentro de un proceso penal seguido por la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, en el que la extinta Corte Suprema de Justicia, estableció que el Auto de Vista recurrido no detectó; en cuanto, a la denuncia de que no se habría acreditado la edad de la víctima menor de catorce años, que de la revisión de los antecedentes del proceso así como de los elementos de prueba expuestos en la Sentencia, efectivamente el elemento normativo exigido por el art. 308 bis del CP, no fue debidamente acreditado, dándose por sentada la minoridad en el fallo; no obstante, que el tipo penal incurso en el citado artículo no puede ser interpretado con relación al art. 4 del Código Niño, Niña y Adolescente (presunción de minoridad); toda vez, que el sistema procesal penal actual, conforme lo ha entendido este Tribunal, exige que los Tribunales de Justicia apliquen las normas positivas de acuerdo a lo previsto por el artículo 228 Constitucional, dando aplicación preferente la normativa Constitucional; consiguientemente, la carga de la prueba corresponde al acusador y en aplicación del principio constitucional de inocencia un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material y que esté fundada en la demostración de culpabilidad del procesado, dentro del proceso legal; consecuentemente, del estado de presunción de inocencia deriva el hecho de que la carga de la prueba no le corresponde al imputado sino al acusador.


Al respecto, se advierte que la problemática procesal dilucidada en el precedente invocado, dista sustancialmente del hecho fáctico motivo de casación, debido a que en aquél, la Corte Suprema de Justicia verificó la evidente falta de acreditación de un elemento objetivo del tipo penal de Violación de Niño, Niña o Adolescente, referida a la minoridad de la víctima por debajo de los catorce años; en otras palabras, se resolvió la falta de demostración de un elemento del tipo penal endilgado. En el presente recurso de casación, lo que el recurrente cuestiona es que no obstante haberse tomado en cuenta todas las pruebas de parte del Tribunal de juicio, no les otorgó el valor correspondiente a cada una de ellas de manera fundamentada, verificándose que la denuncia radica esencialmente en la ausencia de una debida fundamentación en la labor intelectiva del Tribunal de mérito; en consecuencia, no corresponde a la problemática procesal resuelta en el precedente invocado, razón por la cual no es posible su consideración a efectos de verificar la contradicción denunciada entre el precedente y el Auto de Vista recurrido.


En similar sentido, se tiene de la invocación del Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005, que fue emitido dentro de un proceso penal por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, en el que la Sentencia absolvió a la imputada; sin embargo, el Tribunal de apelación, al resolver la apelación restringida revalorizó la prueba y sobre esa base calificó el hecho como delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el artículo 48 con relación al 33 inciso m) y 75 de la Ley 1008, acción de revalorización de la prueba, que en el sistema procesal acusatorio no está permitida, tildándola de defecto absoluto, situación procesal fáctica que no corresponde ser aplicada al motivo de casación, debido a que el precedente invocado se refiere a la nueva valoración de prueba que efectuó el Tribunal de apelación, aspecto que de ningún modo fue cuestionado en el presente recurso de casación; en consecuencia, tampoco le es posible a este Tribunal ejercer la facultad de unificación jurisprudencial con referencia al referido precedente, al no tener supuestos procesales fácticos similares, correspondiendo declarar el recurso de casación infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por Luis Gerardo Victoria Castro, de fs. 400 a 410 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA