TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 840/2016-RRC

Sucre, 21 de octubre de 2016


Expediente                        : Tarija 50/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro 

Parte Imputada                : Marco Antonio Benítez Peralta 

Delito                                 : Abuso Deshonesto

Magistrada Relatora          : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán

           RESULTANDO

Por memorial presentado el 16 de junio de 2016, cursante de fs. 671 a 682 vta., Marco Antonio Benítez Peralta, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 62/2016 de 2 de junio, de fs. 667 a 670, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, integrada por los Vocales Ernesto Félix Mur y Carolina Chamón Calvimontes, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público; y, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Abuso Deshonesto con Agravante, previsto y sancionado por los arts. 312 con relación al 310 inc. 4) del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACION

I.1. Antecedentes.

  1. Por Sentencia 11/2016 de 11 de febrero (fs. 555 a 558 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Marco Antonio Benítez Peralta, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto con agravante, previsto y sancionado por los arts. 312 con relación al 310 inc. 4) del CP, imponiendo la pena de quince años de reclusión, con costas a favor del Estado, más al pago de daños y perjuicios a la víctima, que se fijará una vez ejecutoriada la Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Marco Antonio Benítez Peralta  (fs. 635 a 645), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 62/2016 de 2 de junio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar al recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación. 

I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 622/2016-RA de 18 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente refiere la existencia de omisión en el pronunciamiento de todos los puntos apelados, lo que genera incongruencia omisiva en el Auto de Vista; con la finalidad de demostrar lo señalado, transcribe in extenso su segundo agravio de su recurso de apelación restringida que señala: “II.2. SENTENCIA INSCRITA EN EL DEFECTO DE SENTENCIA ESTABLECIDO EN EL NUM. 6) DEL ART. 370 DEL CPP, DEBIDO A QUE SE SUSTENTA EN HECHOS NO ACREDITADOS E INEXSISTENTES Y EN UNA VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA…”; en ese sentido, para evidenciar lo afirmado transcribe la respuesta del Auto de Vista de forma completa del punto II.4 del Auto de Vista; por lo que, de las dos transcripciones señala que el Tribunal de Alzada al momento de resolver la apelación restringida, se expresó de forma no puntual, imprecisa y esgrimiendo fundamentos generales, evasivos vagos e imprecisos que generan confusión y dejan en estado de “indeterminación” a una de las partes por ser vulneratorias del debido proceso en su elemento  al derecho a la motivación de los recursos, demostrándose que no obstante del contenido expresado en el segundo agravio de su recurso de apelación restringida, el Auto de Vista no se pronunció ni positiva, ni negativamente a los argumentos expuestos en el agravio, contraviniendo el Auto Supremo 141/2013 de 28 de mayo, para demostrar la incidencia y relevancia de dicho defecto hace referencia a un libro: “Rev. De Der. Pro. (arg.) año II, Nº 1 (1999), pág. 47 A. Parry, Nulidad de Sentencia por defectos de forma” y el libro la casación penal del autor Fernando de la Rúa, que en lo sustancial hace referencia a que procede el recurso de casación por falta de motivación de la Sentencia.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se admita el recurso de casación y deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, debiendo la Sala Penal pronunciar nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 622/2016-RA de 18 de agosto, cursante de fs. 688 a 691), este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Marco Antonio Benítez Peralta, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO.


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis de los recursos, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 11/2016 de 11 de febrero, el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Marco Antonio Benítez Peralta, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto con agravante, previsto y sancionado por los arts. 312 con relación al 310 inc. 4) del CP, imponiendo la pena de quince años de reclusión.


II.2.        De la apelación restringida interpuesta por el acusado.


Contra la referida Sentencia, el acusado formuló recurso de apelación restringida, misma que es desarrollada sólo en cuanto a lo atinente a los agravios traídos en casación:




En el punto II.2.1 del recurso de apelación restringida se indica que la “SENTENCIA INSCRITA EN EL DEFECTO DE SENTENCIA ESTABLECIDO EN EL NUM. 6) DEL ART. 370 DEL CPP, DEBIDO A QUE SE SUSTENTA EN HECHOS NO ACREDITADOS E INEXSISTENTES Y EN UNA VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA” (sic); posteriormente, el recurrente hace referencia a doctrina respecto a la defectuosa valoración de la prueba y fundamentación (lógica, psicología y experiencia), concluyendo que la Sentencia en ninguno de los apartados que lo constituyen refiere la aplicación de los principios de la experiencia y menos de la reglas de la lógica, simplemente se remite a las constancias del proceso  como ser la prueba documental, pericial y testifical y a realizar una relación de hechos y a la supuesta aplicación de las regla de la sana crítica.


Señala que la Sentencia, carece en absoluto de logicidad, al vulnerar una de sus leyes que es la Derivación, pues no se ha acreditado de manera precisa a través de prueba inequívoca el momento en que los hechos constitutivos del delito de Abuso sexual hubiesen sucedido, así como también se hubiese realizado una defectuosa valoración del informe pericial psicológico; puesto que, el mismo se refiere que se realizó una pericia por el delito de Violación, por lo que, no existe concordancia, ya que para que suceda eso, deben derivar de elementos verdaderos y suficientes, pues la conclusión de la Sentencia no es verdadera, concordante y suficiente pues su razonamiento se sustenta en prueba inexistente, no deriva de ninguna prueba testifical objetiva y real que se haya producido en juicio; y, no está constituida por elementos aptos para producir razonablemente en un convencimiento cierto en la autoría.

        

II.3.  Del Auto de Vista impugnado.

Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Auto de Vista 62/2016 de 2 de junio, declaró sin lugar al recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

El Auto de Vista hace referencia y copia los motivos de hecho; y, derecho pertinentes en que basó su decisión la Sentencia; posteriormente, los Vocales señalan que la Sentencia asume las razones que determinaron su ponderación, precisando que se lo valora positivamente al provenir de la persona directamente ofendida del ilícito que por su minoridad goza de presunción de veracidad, apreciando su credibilidad por la espontaneidad en su atestación y seguridad en sus expresiones puntualizando: “ la menor relata cómo fue objeto de abuso sexual rompiendo en llanto, sin embargo denotó seguridad en los detalles al describir circunstancias de tiempo, forma y lugar, además de sindicar sin dubitación alguna como a su agresor al profesor Marco Antonio Benítez” (sic), se asevera también en la Sentencia que esta atestación se halla corroborada por las declaraciones de los padres de la víctima, confirmando sus terrores y su llanto por las noches, las que a juicio del Tribunal “…merecen credibilidad y eficacia probatoria por cuanto sus testimonios fueron presentados sin dubitación alguna y de conocer el hecho a través de la persona directamente ofendida por el ilícito”. De igual modo el Tribunal en los puntos siguientes del Considerando en análisis probatorio expone con claridad las razones y los motivos que le llevan a valorar positivamente las mismas como elementos corroborativos, citándose en los mismos, la atestación de dos psicólogas, la declaración e informe del médico forense, la declaración de la víctima. Luego en los puntos 5 y 6 se refieren a otros pormenores confirmativos de las circunstancias de los hechos, dando lugar en punto 7 al análisis de la prueba de descargo, mismas que no hubiesen aportado mayores elementos respecto al hecho objeto del proceso, limitándose a mencionar que el acusado tiene una conducta intachable.


De lo que se puede apreciar, que no existe vulneración alguna de las reglas de la lógica, puntualizando que no basta el argüirlas como vulneradas sin expresar de qué manera. En todo caso, la Sentencia afinca certidumbre, precisión y claridad en el empleo de conceptos y juicios. Sin que existan posicionamientos ambiguos o contradictorios.


De otro lado, no obstante que se tiene abundantemente explicado que la decisión asumida corresponde a los elementos de prueba lícitamente obtenidos, legalmente incorporados y adecuadamente valorados, ante el cuestionamiento que el apelante hace de defectuosa valoración de la prueba, para su mejor compresión sobre el proceso de valoración de la prueba, cabe hacer hincapié en que no es el acto postrero de los alegatos o el debate, es un proceso continuo y permanente durante todo el desarrollo del juicio, que se indica desde el momento de la producción o incorporación de la prueba y a cargo de cada miembro del Tribunal. En ese contexto, este Tribunal coincide en que la motivación y fundamentación de las resoluciones, comprende una de las garantías mínimas del debido proceso y el fallo de primera instancia cumple con las exigencias de dicho derecho, ya que la resolución se encuentra sometido a la Constitución Política del Estado (CPE) y a los Tratados Internacionales resguardando los derechos de las partes, se expone con claridad las razones por las que asume su determinación, a constatar que los elementos probatorios son idóneos y suficientes para determinar la autoría, la estructura de la Sentencia con sus respectivos considerandos, títulos y acápites  debidamente diferenciados lo hace asequible y comprensible, facilitando su control jurídico como lo hace en este momento este Tribunal; por lo que, se tiene que la Sentencia cumple con lo establecido por el art. 124 del CPP, ya que expone las razones de hecho y derecho de manera coherente y convincente.


III. VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE LESIÓN

DE DERECHO Y GARANTÍAS


El recurso de casación de Marco Antonio Benítez Peralta, fue admitido vía flexibilización, donde  denuncia que el Auto de Vista incurrió en falta de motivación y en incongruencia omisiva, porque no se pronunció respecto de su segundo agravio expuesto en su recurso de apelación restringida.


III.1. Consideraciones doctrinales y normativas.


III.1.1.         Toda resolución judicial debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada.


El  derecho  a  una  resolución  fundamentada  o  derecho  a una resolución  motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso establecido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14


del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); en ese marco, la resolución judicial para su validez y plena eficacia, requiere cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente la misma; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


En coherencia con las normas constitucionales citadas y la doctrina descrita, el legislador a partir del alcance previsto por el art. 124 del CPP, estableció que: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba”; bajo este alcance jurídico, toda autoridad judicial que emita una resolución debe exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, pues cuando un Juez o Tribunal omite fundamentar y motivar debidamente su razonamiento y determinación, toma una decisión de hecho contraria al espíritu de un debido proceso, lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar, pero con precisión y claridad, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, claro está con la justificación legal que respalda además esa situación.


III.1.2. Sobre el Principio de congruencia.


En este mismo marco y en concordancia con lo manifestado, la jurisdicción constitucional respecto a éste principio, señalo que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa (SCP 0632/2012) (Negrillas agregadas).


En este sentido, el principio de congruencia se constituye en una regla que limita y condiciona la competencia de las autoridades jurisdiccionales, en el sentido de que sólo pueden resolver sobre lo solicitado por las partes; en consonancia con ello, se tiene que el juez, no puede otorgar o resolver lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita), por ello la necesidad de fijar con claridad, el objeto del reclamo o litigio, por eso mismo debemos destacar que la congruencia como elemento constitutivo del derecho, garantía y principio del debido proceso, responde a la estructura misma de una resolución judicial; por cuanto, expuestas las pretensiones jurídicas de las partes traducidas en los puntos en los que reúne una acción o recurso, la autoridad jurisdiccional para resolver el mismo está impelida y en el deber de contestar y absolver cada una de las alegaciones y denuncias expuestas, reflejadas a partir de una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador; y, el decisum que asume, situación que encuentra su base legal, no solo en la voluntad del constituyente, sino también del legislador a partir del alcance jurídico previsto por el art. 398 del CPP y 17.II de la LOJ, pues esta última es clara al establecer que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”.


III.2.   Análisis del caso concreto.

       

       El recurrente alegó, que no se hubiese respondido de manera fundamentada al agravio de su recurso de apelación restringida, en el


cual hubiese denunciado que la Sentencia se encuentra en el alcance del inc. 6) del art. 370 del CPP, debido a que se sustentaría en hechos no acreditados e inexistentes y en una defectuosa valoración de la prueba.


Ahora bien, de la revisión del Auto Vista ahora impugnado, se constata que evidentemente se otorgó respuesta al agravio denunciado por el recurrente, ya que por un lado, los Vocales argumentaron correctamente que no es suficiente que el recurrente denuncie la vulneración a las reglas de la lógica sin explicar mínimamente en qué consisten ellas, pues se evidencia que efectivamente el recurrente simplemente se refiere de manera general a conceptos y citas doctrinales, sin explicar la forma en que tal vulneración, se hubiese producido y de qué manera ha influido en la parte dispositiva de la resolución impugnada; pero por otra parte, independientemente a dicho defecto, el Tribunal de alzada efectivamente ingresa a resolver el fondo del agravio, realizando así el control de legalidad sobre las pruebas por las cuales la Sentencia se basó para condenar al imputado.

En este sentido, el Auto de Vista, identifica las pruebas y el valor otorgado a cada una de ellas por parte de los Jueces del Tribunal de Sentencia, como es la declaración de la víctima, la cual al encontrarse en un grupo de mayor vulnerabilidad, conllevó a la ponderación constitucional correspondiente concluyéndose que dicha actuación goza de presunción de veracidad, apreciando su credibilidad por la espontaneidad en su atestación y seguridad en sus expresiones; aspecto que, fue debidamente contrastado con la comunidad Y unidad de la prueba producida y judicializada en el juicio oral, público; y, contradictorio como ser las testificales de cargo, de profesionales psicólogas así como el informe pericial y la declaración de dicho perito en calidad de médico forense, análisis valorativo individual y conjunto, que conllevó a la emisión de una Sentencia; por lo que, el anular el Auto de Vista para subsanar defectos intrascendentes, como resulta el fundamentar o pronunciarse sobre el alcance de una pericia que fue practicada por la presunta comisión del delito de violación y no así por el delito condenado (como afirma el recurrente), conllevaría al mismo resultado, justamente porque no existe incidencia constitucional en lo extrañado por el recurrente, ya que la determinación del Tribunal de Sentencia no es fruto de la valoración de una sola prueba, sino más bien -como se dijo- de una valoración integral de la prueba idónea y pertinente; en ese marco este Tribunal señaló en reiteradas situaciones lo siguiente:  “Consiguientemente, si el Tribunal de alzada no se pronunció al respecto, eso no conlleva o incidirá en el resultado, pues en el hipotético caso de que este Tribunal anule el Auto de Vista para que la Sala Penal se pronuncie sobre dicho aspecto, pues llegaríamos al mismo resultado…” (AS 696/2015-L de 21 de septiembre).        Por su parte, el Tribunal Constitucional de España, en la STC 180/2007 de 10 de septiembre -en el mismo marco- puntualizó lo siguiente: “…la falta de respuesta no debe hacerse equivaler a la falta de respuesta expresa, pues los requisitos constitucionales mínimos de la tutela judicial pueden satisfacerse con una respuesta tácita, que se produce cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita”.

De la misma forma en el ámbito del principio de objetividad, los vocales constataron claramente que la Sentencia en el punto 7 respecto al análisis de la prueba de descargo, las mismas no hubiesen aportado mayores elementos sobre el hecho objeto del proceso; toda vez, que se limitaron a expresar que el acusado tiene una conducta intachable, lo que significa que el imputado y su defensa, no desvirtuaron ni desacreditaron la acusación que es base del juicio, ya que como se dijo, sus pruebas reflejaron únicamente aspectos netamente sobre su comportamiento, conducta y personalidad, lo que demuestra el control razonable efectuado por el Tribunal de alzada.


En ese mismo orden, el Tribunal de alzada luego de un análisis sobre la valoración probatoria desplegada por el Tribunal de alzada, concluye correctamente que la Sentencia otorga certidumbre, precisión y claridad al no evidenciarse posicionamientos ambiguos o contradictorios; lo que tendría plena coherencia que la decisión asumida por el A quo, corresponde a los elementos de prueba lícitamente obtenidos, legalmente incorporados y adecuadamente valorados. Consiguientemente, por una parte, este Tribunal constata que el Auto de Vista tiene una estructura jurídica y lógica acorde a la cadena argumentativa desarrollada al momento de responder el agravio denunciado en el recurso de apelación restringida; por otra parte, contiene una respuesta fundamentada respecto a los hechos acreditados y compulsados por el Tribunal de Sentencia, la identificación de las pruebas y su valor correspondiente; además, consigna una conclusión y valor sobre las pruebas de descargo introducidas por el imputado, aclarando que si bien no se identifica un apartado específico en el Auto de Vista que desarrolle ampliamente sobre la denuncia extrañada por el recurrente; sin embargo, este Tribunal llega efectivamente a la presente conclusión, a partir del análisis integral de todos los fundamentos que hacen el Auto de Vista ahora impugnado; en todo caso, como establece la última parte del apartado III.1.1 de esta resolución, la debida fundamentación no implica una argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar, pero con precisión y claridad, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, aspecto cumplido razonablemente por el Tribunal de alzada, más aun si consideramos que el recurrente -como se dijo- no explicó de manera fundamentada de qué manera se vulneraron las reglas de la sana crítica y de la lógica, pero pese a dicha omisión y defecto el Tribunal de alzada ingresó al fondo motivando correctamente su resolución.






Consiguientemente, este Tribunal no constata la vulneración del debido proceso en su componente debida fundamentación e incongruencia omisiva, resultando el recurso de casación infundado.

POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Marco Antonio Benítez Peralta, de fs. 671 a 682 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos