TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO N° 830/2016-RA

Sucre, 21 de octubre de 2016


Expediente                : Santa Cruz 91/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Hardy Gómez Vaca

Delito                        : Asesinato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de julio de 2016, cursante de fs. 845 a 857, Hardy Gómez Vaca, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 23 de 10 de mayo de 2016, de fs. 815 a 817, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, José Arturo Escalante Suárez y Carola Solíz de Escalante contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 17 de 30 de abril de 2015 (fs. 589 a 605 vta.), el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas Liquidador del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Hardy Gómez Vaca, autor del hecho ilícito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 2) del CP, con relación al art. 20 del mismo Código; consecuentemente, le impuso la pena de treinta años de presidio; por otro lado, lo declaró absuelto del  delito de Asesinato, tipificado por el inc. 3) de la norma antes señalada, sin costas y sin declaración de denuncia falsa o temeraria, en mérito a los arts. 266 y 267 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Adicionalmente, le impuso el pago de costas procesales, a regularse en ejecución de sentencia y una multa de quinientos días, a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, más daños y perjuicios.


b) Contra la mencionada Sentencia, el acusado Hardy Gómez Vaca interpuso recurso de apelación restringida (fs. 639 a 656 vta.), resuelto por Auto de Vista 23 de 10 de mayo de 2016, dictado la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto, habiendo rechazado la solicitud de Complementación y Enmienda por Auto de Vista 149 de 24 del mismo mes y año (fs. 823 y vta.).


c) Por diligencia de 7 de julio de 2016 (fs. 825), Hardy Gómez Vaca fue notificado con el Auto de Vista 149 citado y el 14 de julio del mismo año, interpone recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACION


De la revisión del memorial de recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) l recurrente, a tiempo de hacer referencia a la flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación cuando existe denuncia de defectos absolutos, conforme estableció en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0128/2015-S1 de 26 de febrero, citando varios Autos Supremos, denuncia la concurrencia del defecto establecido en el art. 169 inc. 2) del CPP, respecto a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que el Código establece, concretando que no se le permitió asistir a la audiencia de fundamentación de recurso de apelación restringida, debido a la notificación que se habría efectuado con dicho acto en la oficina de su ex abogado, quien teniendo conocimiento del mismo devolvió inmediatamente dicha diligencia, no obstante de lo cual el Tribunal de apelación determinó dar por bien hecha la actuación cuestionada, decisión contra la que interpuso nulidad de notificación por defectos absolutos que fue declarada no ha lugar, al igual que su solicitud de complementación solicitada, convalidando de esa manera los defectos absolutos reclamados, habiéndosele impedido intervenir, ser asistido y representado por un abogado en el acto de fundamentación complementaria, resaltando que se encontraba recluido en un centro penitenciario cumpliendo detención preventiva, no pudiendo asistir de manera voluntaria a las actuaciones judiciales, debiendo el Tribunal de la causa, encargarse de su traslado a través de la orden correspondiente al Gobernado del Centro penitenciario, no pudiendo aducir lo miembros del Tribunal de apelación que él se causó su propia indefensión, cuando su libertad de locomoción está restringida; en cuyo efecto, aduce violados sus derechos a la defensa y al debido proceso, lo que constituye defecto absoluto.


2)  Previa alusión a los defectos absolutos previstos en el art. 169 inc. 3) del Código adjetivo penal, denuncia la falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido, denunciando que este no respondió todos los puntos apelados, violando normas sustantivas y adjetivas expresas; y, garantías constitucionales de defensa y debido proceso, incumpliendo lo previsto en los Autos Supremos 141 de 22 de abril de 2006 y 308 de 25 de agosto de 2006; a cuyo efecto, identifica:


a) La falta de notificación con el acta del juicio oral (primer agravio), en el cual constan los actuados procesales que se desarrollaron en dicho acto; empero, al momento de notificarle con la Sentencia, el acta referida todavía no se encontraba transcrita, ante lo cual solicitó mediante memorial de 5 de mayo de 2015, la extensión de fotocopias del acta, la misma que no mereció contestación por parte del Tribunal Sexto hasta la fecha y que fue reclamado oportunamente ante el Tribunal de apelación, quienes a través del Auto de Vista recurrido, mediante apreciaciones subjetivas, asumieron que al estar presente en audiencia de juicio oral, convalidó los defectos causados en ese accionar ilegal; sin embargo, no se le permitió contar con los medios adecuados para asumir su defensa de manera amplia e irrestricta, impidiéndole constatar el desarrollo del juicio oral en el acta, violando su derecho a la defensa.


b) Aduce que, de la revisión de los hechos que fueron motivo del proceso, evidenció que no había un iter lógico claro a fin de determinar la existencia del delito de asesinato dentro del presente caso el Tribunal de mérito tiene la obligación de valorar con elementos objetivos y negativos los fundamentos del tipo legal que es sujeto de juicio, conforme señala el Auto Supremo “229/2014-RCS” (segundo agravio).


c) El Tribunal de mérito debe valorar positiva o negativamente las pruebas, además de realizar una adecuación de los elementos objetivos del tipo penal de Asesinato (tercer agravio); a cuyo efecto, expresa que existe incongruencia en hechos que fueron motivo de la acusación del juicio y de su fundamentación, estableciendo la existencia del delito de Asesinato que se plasma en una sentencia incongruente que lesiona el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de seguridad jurídica como doctrina legal aplicable, conforme señala el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio.


3) Continúa manifestando que en cuanto al fundamento del Tribunal de apelación, sobre el primer motivo referido a nulidad del proceso por defectos absolutos, en sentido de que “…SOLAMENTE SE ABOCA A TRANSCRIBIR EN SU TOTALIDAD DE FORMA LITERAL LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS, PERO NO HACE NINGUNA FUNDAMENTACIÓN DE COMO ES QUE SE INCURRE EN DEFECTOS DE LA SENTENCIA O DEFECTOS ABSOLUTOS”, no es cierto, sino más bien hizo una debida fundamentación, expresando al Tribunal porqué existen los agravios reclamados, extremo no considerado, siendo evidente que incurrieron en falta de fundamentación al no haber resuelto y considerado todos los puntos apelados y omitir pronunciarse sobre la fundamentación total del recurso; no obstante, que solicitó la explicación, complementación y enmienda, la que mereció su rechazo, sin siquiera considerar los argumentos inmersos en esa.


En el apartado de Fundamentación Jurídica del memorial de casación, el recurrente denuncia la indebida tipificación del delito establecido en el art. 252 inc. 2) del CP, norma que reclamó de errónea e indebida en su aplicación a su caso, debido a que en los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2013, no concurrieron los elementos constitutivos del tipo penal de Asesinato, teniendo en cuenta que por las pruebas aportadas al juicio, no se demostró que haya actuado con premeditación, alevosía o ensañamiento; por el contrario, se acreditó de manera categórica que entre Álvaro Escalante Solís y él no existía ninguna clase de vínculo, de amistad, ni móvil por el cual pueda haber planificado quitarle la vida, habiéndose acreditado por las declaraciones de todos los testigos que no existió discusión entre él y la víctima; en consecuencia, contradice el Auto Supremo 5 de 16 de enero de 1981, adicionando que el Tribunal de mérito no tomó en cuenta lo manifestado respecto a que el disparo fue accidental, sin que exista el motivo ni circunstancia por las cuales haya querido obtener este resultado; por lo que, al no existir premeditación, ensañamiento y alevosía no puede considerar el hecho como Asesinato.


Asimismo, cita la Sentencia Constitucional 0643/2010 de 19 de julio; y, en cuanto a la calificación del delito, el Auto Supremo 329/2006 de 29 de agosto, que guarda estricta relación con el Auto Supremo 417/2003 de 19 de agosto, expresando que se incurrió en una errónea e indebida aplicación del art. 252 inc. 2) del CP, al haberse tipificado como Asesinato por motivos bajos y fútiles, cuando no concurren los elementos constitutivos de dicho tipo penal, además que las circunstancias del hecho y las pruebas producidas demuestran que la correcta calificación del delito o tipificación es la de Homicidio, extremo que fue reclamado como agravio pero que no mereció pronunciamiento en el Auto de Vista recurrido. Asimismo, aduce que no se cumplieron las diferentes etapas o fases del iter criminis para configurar su conducta como asesinato, extremo que no valoró el Tribunal de apelación; por lo que, considera contradicho el Auto Supremo 679 de 17 de diciembre de 2010.


Haciendo referencia a la defectuosa e ilegal valoración de la prueba que viola el principio de verdad material y la sana crítica, habiéndose infringido el art. 173 del CPP, aduce que para establecer su autoría en el delito de Asesinato, se tuvo que establecer que entre la víctima y él se suscitó una discusión; sin embargo, por las declaraciones de todos los testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, dicha discusión no existió jamás tomando como base el Tribunal Sexto de Sentencia para indicar que existió tal discusión la declaración de Carlos Alberto Padilla parada, quien indicó que Claudia Yanira Gómez Montero se comunicó con él por teléfono y le indicó que el imputado había discutido con un “pelao” y le disparó, declaración que es contraria a lo manifestado por los testigos presenciales que se encontraban en el lugar de los hechos, habiendo el Tribunal de mérito valorado de manera defectuosa esa declaración, violentando la sana crítica más aún cuando el declarante indica que eso lo supo vía teléfono porque se lo contó la persona referida, quien al momento de suceder los hechos no estaba presente; por lo que, no puede afirmar hechos que no le constan ni estuvo presente. Asimismo, el Tribunal de manera falsa indujo en la valoración de la prueba, determinando que los testigos Juan Pablo Despot Terrazas, Sergio Camacho Oviedo, Omar Camacho Chávez y Sergio Ramiro Franco Terceros, como testigos presenciales le reconocieron como autor de la muerte de Álvaro Escalante Soliz, en circunstancias que el acusado se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a un grupo de amigos, habiéndose suscitado el hecho por motivos fútiles ya que existió entre ellos una simple discusión al calor del consumo de bebidas alcohólicas; sin embargo, de la revisión de todas y cada una de las declaraciones de los testigos ninguna indica que existió una discusión con la víctima, más por el contrario al momento de ser interrogados indicaron desconocer cuál fue el motivo por el que sucedió el hecho, siendo evidente que existe una clara e inminente ilegalidad al momento de valorar la prueba, ya que el Tribunal de Sentencia dio una concesión e interpretación distinta a lo declarado por los testigos, extremo que fue reclamado y que no fue resuelto por el Tribunal de apelación, el que mediante pronunciamientos subjetivos indicaron que el Tribunal Sexto de Sentencia realizó una valoración correcta, puntual y concreta al momento de dictar la Sentencia recurrida, siendo ilegal y arbitrario dicho pronunciamiento, desconociendo y transgrediendo el precedente contenido en el Auto Supremo 515 de 16 de noviembre de 2006.


Respecto a la cual añade que el Tribunal de mérito, por el principio  procesal de la sana critica puede valorar la prueba a su criterio, no significa que pueda, en caso de haber declaraciones contrarias, valorar la diferencia de quien es un testigo de oído y está declarando lo que le contaron por teléfono cuando existen testigos presenciales que indicaron lo contrario, siendo evidente que el Tribunal de apelación estaba en la imperiosa necesidad de subsanar ese agravio; empero, forzó la valoración de esta declaración para poder imponerle una sentencia por el delito de Asesinato por motivos bajos o fútiles, más allá de que es ilógico dar credibilidad a un testimonio de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos y se enteró porque le contaron lo que significa que al haber una defectuosa e indebida valoración de la prueba, constituye defectos absolutos no susceptibles de convalidación, contradiciendo el Auto Supremo 679 de 17 de diciembre de 2010.


En cuanto a la defectuosa valoración otorgada a la declaración de los testigos de cargo, oficiales de Policía Orlando Camacho y Óscar Triveño Corrales, quienes fueron utilizados por el Tribunal como peritos sin haberse ofrecido a estos como tales además de haber incumplido las formalidades que la norma requiere para poder ellos revestir estos la calidad de perito, violando lo presupuestado por el art. 204 del CPP; por lo que, se incurre en una nueva violación al momento de valorar la prueba y utilizar esta como sustento de la sentencia, más aún cuando estas personas no fueron ofrecidas como peritos por ninguna de las partes y su declaración es utilizada como base de la sentencia como peritos en balística. En cuanto a la falta de producción de las pruebas de reconstrucción de los hechos, el Tribunal Sexto de Sentencia, para poder arribar a una correcta decisión debería haber dispuesto su producción ya que esa era de suma importancia y fue ofrecida en los plazos establecidos por ley.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: a) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; b) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, c) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: a) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; y, b) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el acusado, Hardy Gómez Vaca fue notificado el 7 de julio de 2016 con el Auto de Vista 149 de 24 de mayo de 2016, habiendo formulado su recurso de casación el 14 del mismo mes y año, teniéndose con ello por cumplido el requisito temporal exigido en el art. 417 del CPP, correspondiendo a continuación verificar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del Código citado.


En el primero motivo de casación, el recurrente aduce que ante la errada notificación que se le efectuó con el señalamiento de audiencia de fundamentación complementaria del recurso de apelación restringida, debido a que se le notificó en el domicilio procesal de su anterior abogado, el Tribunal de apelación dio por bien efectuada dicha notificación, no obstante que dicho profesional devolvió dicha diligencia inmediatamente, decisión contra la que interpuso nulidad de notificación por defectos absolutos que fue declarada no ha lugar, convalidando así los defectos absolutos reclamados e impidiéndole intervenir, ser asistido y representado por un abogado en la referida audiencia, a cuyo efecto considera violados sus derechos a la defensa y al debido proceso, considerándolo defecto absoluto.


Al respecto, se advierte que el recurrente no obstante omitir invocar precedente contradictorio susceptible de contrastación jurisprudencial sobre la temática expuesta, explicando las razones por las que considera que el Auto de Vista recurrido se alejó de los lineamientos legales y doctrinales establecidos por este Máximo Tribunal de Justicia o los contenidos en los Autos de Vista dictados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, lo que provocaría la inadmisibilidad del motivo, denuncia la concurrencia de defectos absolutos, en cuanto a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que establece el Código Adjetivo penal [art. 169 inc. 2)], debido a que los miembros del Tribunal de apelación convalidaron la notificación efectuada en un domicilio procesal que a su juicio ya no correspondía considerar, aduciendo la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso, relievando que al no haber sido notificado legalmente se le impidió intervenir, ser asistido y representado por un abogado en la referida audiencia, argumentos que resultan suficientes para el análisis de fondo de la problemática expuesta, en aplicación de los criterios de flexibilización, expuestos en el apartado IV del presente Auto Supremo; en consecuencia, el motivo resulta admisible.


En cuanto al segundo motivo, en el que el recurrente aduce falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido con relación a los puntos impugnados en apelación restringida, se advierte por un lado, que a tiempo de invocar precedentes susceptibles de contrastación jurisprudencial con la Resolución recurrida (Autos Supremos 141 de 22 de abril de 2006 y 308 de 25 de agosto de 2006), omite explicar mínimamente en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas y los preceptos que deberían aplicarse, en comparación de hechos similares y de las normas aplicadas en sentidos jurídicos diversos, habiéndose limitado simplemente a glosar los precedentes, lo que no es suficiente para considerar la carga procesal asignada al impugnante de casación, establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, cumplida.


Asimismo, de la lectura del motivo de casación se advierte que a tiempo de aducir que el Auto de Vista recurrido adolece de una suficiente fundamentación, afirma contradictoriamente que no respondió todos los puntos apelados, efectuando a continuación la descripción de los tres motivos de apelación restringida, sin especificar qué puntos no merecieron pronunciamiento alguno (incongruencia omisiva) y cuáles recibieron un pronunciamiento insuficiente (falta de fundamentación), elementos que si bien forman parte del derecho a una debida fundamentación, constitutivo del derecho-garantía-principio del debido proceso, son distintos entre sí, conforme asumieron los Autos Supremos 394/2014-RRC de 18 de agosto y 581/2015-RRC de 10 de septiembre, entre otros, por lo que la denuncia del recurrente debe ser clara, circunscribiendo su explicación a dicha diferenciación, aspecto que en el caso concreto no fue cumplido, denotando incumplimiento de la explicación clara y precisa respecto a la contradicción del Auto de Vista recurrido con los precedentes invocados.


Ahora bien, la referida deficiencia argumentativa, igualmente tiene incidencia negativa a tiempo de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad excepcional del recurso de casación, previstos en el apartado IV de la presente Resolución, debido a que no especifica qué aspectos de su recurso de apelación no merecieron debida fundamentación y qué temáticas no fueron respondidas, denotando falta de identificación puntual de las deficiencias y omisiones en las que habría incurrido el Tribunal de alzada, muchos menos explicó la relevancia o incidencia del referido agravio, de modo tal que este Tribunal cuente con los elementos necesarios para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado, el que, en definitiva, no está debidamente identificado por el recurrente; en consecuencia, al constatarse el incumplimiento de los requisitos mínimos de flexibilización, el motivo de casación resulta inadmisible.


El recurrente en el tercer motivo de casación, cuestiona varios aspectos, entre los cuales aduce que el Tribunal de apelación efectuó una afirmación errónea sobre las declaraciones de los testigos que refirió en apelación restringida; por cuanto, no es evidente que se haya limitado a realizar una descripción de sus atestaciones, sino que hizo una debida fundamentación expresando al Tribunal las razones de los agravios reclamados, lo que no fue considerado por este, tildándolo de falta de fundamentación, respecto a lo cual omitió invocar precedente contradictorio con el cual efectuar la labor de unificación jurisprudencial a la que está destinado el recurso de casación en materia penal; en consecuencia, corresponde declarar su inadmisibilidad.


Por otro lado, haciendo referencia a la errónea e indebida tipificación de su conducta al tipo penal previsto en el art. 252 inc. 2) del CP; por cuanto, en el hecho ocurrido el 5 de octubre de 2013, no concurrieron los elementos constitutivos del tipo penal de Asesinato, ya que las pruebas aportadas al juicio no demostraron que haya actuado con premeditación, alevosía o ensañamiento, ni los motivos bajos y fútiles, no habiéndose cumplido las diferentes etapas del iter criminis para configurar su conducta como asesinato, resultando de las circunstancias del hecho y de las pruebas producidas que la tipificación correcta es por el delito de Homicidio, extremo que no valoró el Tribunal de apelación, lo que considera contrario con los Autos Supremos Auto Supremo 329/2006 de 29 de agosto, que guarda estricta relación con el Auto Supremo 417/2003 de 19 de agosto y  679 de 17 de diciembre de 2010, revisado el recurso de apelación restringida y constatando que la denuncia traída en casación deviene de un defecto de la Sentencia referido a la errónea calificación de su conducta en el tipo penal de Asesinato, conforme al segundo párrafo del art. 416 del CPP, el recurrente tenía la obligación de invocar los precedentes contradictorios a tiempo de formular su impugnación de apelación, al no haberlo hecho, constituye inobservancia de la carga procesal prevista en la ley; en consecuencia, resulta inadmisible.


En cuanto a la cita de la Sentencia Constitucional 0643/2010 de 19 de julio, de acuerdo a los alcances del recurso de casación establecidos en el art. 416 del Código citado, no constituye precedente contradictorio susceptible de confrontación con el Auto de Vista recurrido, por lo que no fue considerado a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.


En cuanto a la defectuosa e ilegal valoración de la prueba que viola el principio de verdad material y la sana critica, el recurrente denuncia que por las declaraciones de todos los testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, la discusión en la que se basa el Tribunal de mérito no existió jamás, en cuyo mérito detalla diferentes declaraciones testificales, aduciendo que el Tribunal de apelación, mediante pronunciamiento subjetivos indicó que el Tribunal Sexto de Sentencia realizó una valoración correcta, puntual y concreta al momento de dictar la Resolución recurrida, lo que tilda de ilegal y arbitrario, desconociendo y transgrediendo el precedente contenido en los Autos Supremos 515 de 16 de noviembre de 2006 y 679 de 17 de diciembre de 2010, explicando que si bien el Tribunal de Sentencia, por el principio procesal de la sana crítica puede valorar la prueba a su criterio, no significa que pueda, en caso de haber declaraciones contrarias, valorar la diferencia de quien es un testigo de oído y está declarando lo que le contaron por teléfono cuando existen testigos presenciales que indicaron lo contrario, siendo evidente que el Tribunal de apelación, tenía la obligación de subsanar dicho agravio; sin embargo, forzó la valoración de esta declaración para poder imponerle una sentencia por el delito de Asesinato por motivos bajos o fútiles, más allá de que es ilógico dar credibilidad a un testimonio de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos y se enteró porque le contaron, explicación que al denotar claridad y precisión, permite resolver el fondo de la temática expuesto, correspondiendo declarar su admisibilidad.


Finalmente, en cuanto al cuestionamiento que realiza el recurrente sobre las declaraciones testificales de los Policías, que a su juicio habrían sido erróneamente considerados como peritos, violando lo previsto por el art. 204 del CPP, omite explicitar cuál el defecto de pronunciamiento contenido en el Auto de Vista recurrido, pretendiendo que este Tribunal de manera directa y en desconocimiento de la naturaleza del recurso de casación, analice y resuelva el cuestionamiento a las declaraciones testificales anotadas, sin tener certeza alguna de si este agravio fue puesto a conocimiento del Tribunal de apelación y la forma en cómo lo resolvió, facultad que no le está prevista al Máximo Tribunal de Justicia, en materia penal que únicamente está habilitado para analizar las Resoluciones de apelación restringida. Igualmente, se advierte que el recurrente soslayó citar precedente contradictorio susceptible de confrontación con el Auto de Vista recurrido, que no fue cuestionado bajo ningún término; en consecuencia, esta parte del motivo de casación en estudio, corresponde ser declarado inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE, el recurso de casación formulado por Hardy Gómez Vaca, de fs. 845 a 857, únicamente con relación a los motivos expuestos en el inc. 1) y la parte identificada del inc. 3) del apartado II del presente Auto Supremo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 23 de 10 de mayo de 2016, de fs. 815 a 817, así como el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA