TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 828/2016-RA

Sucre, 21 de octubre de 2016


Expediente                : Potosí 27/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : José Gustavo Medina Aiza

Delito                : Abuso Deshonesto


RESULTANDO


Por memorial presentado el 25 de agosto de 2016, cursante de fs. 184 a 190 vta. José Gustavo Medina Aiza, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 30/2016 de 5 de julio, de fs. 173 a 177 bis., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Susana Sandra Cruz Venegas contra el recurrente, por el delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 6/2015 de 30 de junio (fs. 116 a 125), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró al imputado José Gustavo Medina Aiza, autor del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, imponiendo la pena de diez años de reclusión.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado José Gustavo Medina Aiza (fs. 132 a 137), interpuso recurso de apelación restringida, que previo memorial de subsanación (fs. 157 a 162 vta.), fue resuelto por Auto de Vista 30/2016 de 5 de julio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia pronunciada.


c) Por diligencia de 18 de agosto de 2016 (fs. 178), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 25 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 184 a 190 vta., se extrae el siguiente motivo:


El recurrente alega que el Tribunal de alzada omitió fundamentar el Auto de Vista respecto a tres argumentos centrales planteados en apelación, por cuanto: a) Ratificó la sentencia que incurre en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP)], ya que el ilícito penal por el que fue acusado se consuma cuando el sujeto activo, en las mismas condiciones previstas en los arts. 308 y 308 Bis del CP, realiza actos sexuales no constitutivos de acceso carnal, debiendo existir violencia física, amenazas e intimidación, aspecto que señaló en su apelación, pero el Tribunal ad quem interpretando erróneamente asumió que en la sentencia se realizó una interpretación y valoración integral de la prueba, explicando cuándo procedería el defecto de sentencia, sin responder al punto central de su apelación, debiendo haber resuelto en base a la concurrencia que debe existir de las circunstancias y medios señalados en los artículos denunciados y no interpretar en base a una disyunción que no existe; b) Ratificó la sentencia que se basó en medios o elementos de prueba ilegales [ art. 370 inc. 4) del CPP], refiriendo que no resultaba evidente el agravio al haberse valorado la prueba testifical de manera integral, por cuanto “el señor Cruz” (sic) habría indicado que su persona reconoció haber cometido el delito, en presencia de su abogado, lo cual afirma no es cierto, ya que nunca reconoció el hecho, pretendiendo hacer valer como prueba una supuesta confesión sin observar lo previsto en los arts. 171, 172, y del 92 al 100 del CPP, al no poder considerarse para una sentencia condenatoria una supuesta confesión en sede policial, estando al margen de la Ley 1970, ya que en toda manifestación del acusado en sede fiscal o policial, debe respetarse los criterios del derecho a la defensa, que es la presencia de la defensa técnica y aclaración de sus derechos; y, c) Pese a denunciar el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, el Tribunal de alzada ratificó la Sentencia sin valorar en absoluto las contradicciones entre las declaraciones, lo cual pudo aclararse mediante una inspección judicial del lugar del hecho, además de que la prueba de descargo habría sido ilegalmente rechazada, cuando correspondía al Tribunal de alzada motivar y fundamentar de mejor manera el motivo en función al agravio expuesto; a cuyo efecto, invoca los Autos Supremos 383, 209 de 25 de agosto de 2016 y 233 de 4 de julio de 2006.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del Código Procesal de la Materia, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se constata que el recurrente cumplió con el requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; toda vez, que fue notificado el 18 de agosto de 2016, con el Auto de Vista impugnado, presentando el recurso de casación el 25 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días que otorga la ley.


El recurrente en síntesis afirma que el Tribunal de alzada omitió absolver los siguientes tres puntos reclamados en su alzada, al haber ratificado los defectos de sentencia establecidos en el art. 370 incs. 1), 4), y 5) del CPP, de acuerdo a este detalle: i) primero, el Tribunal ad quem interpretó erradamente el tipo penal, señalando que la Sentencia realizó la interpretación y valoración de todas las pruebas, sin resolver el reclamo central que en base a la concurrencia debe existir las circunstancias (y) medios señalados conjuntamente; ii) segundo, el Tribunal de alzada señaló que no era evidente el segundo agravio al haberse valorado la prueba testifical de manera integral y que el señor cruz dijo que el acusado reconoció haber cometido el delito, estando presente su abogado, sin considerar que no se puede hacer valer una prueba sin cumplir con los arts. 171, 172, y del 92 al 100 del CPP, ya que en toda expresión del acusado en sede fiscal o policial, debe respetarse su derecho a la defensa, con la presencia de la defensa técnica y aclaración de sus derechos; y, iii) tercero, por indicar que no puede revalorizar prueba, estando correctamente valorada la prueba, pese a la inexistencia de una debida fundamentación de la sentencia sino una simple transcripción de la prueba testifical y no la valoración integral de las pruebas, más aun cuando existen contradicciones entre las declaraciones, que pudo aclararse mediante una inspección judicial.


Ahora bien, el recurrente invoca los Autos Supremos 383, 209 de 25 de agosto de 2016 y 233 de 4 de julio de 2006; empero, sobre la primera Resolución no procede a su debida identificación en cuanto al mes y año de su pronunciamiento; respecto al Auto Supremo 209 de 25 de agosto de 2016, constituye doctrina legal vinculante, toda vez que se trata de una resolución emitida en admisibilidad de un recurso de casación; y, en relación al Auto Supremo 233 de 4 de julio de 2006, el recurrente se limitó a su transcripción, sin identificar cuál el hecho similar y sin explicar en  términos precisos cuál la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado, limitándose a su simple cita, incumpliendo de esta forma con las previsiones del art. 417 del CPP.


No obstante, este Tribunal en armonía con los presupuestos de flexibilización para la admisión del recurso, a través del citado Auto Supremo 51/2014-RA de 17 de marzo, precisó que en las denuncias de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos y confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo”.


En el caso de autos, se observa que el recurrente: i) Precisó en su impugnación que aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no merecieron debida fundamentación [No existe fundamentación en el Auto de Vista impugnado sobre los reclamos de defectos de la Sentencia inmersos en el art. 370 incs. 1), 4), y 5) del CPP]; ii) Identificó punto por punto los errores y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación (Sobre el primero, no se resolvió el reclamo central, que en base a la concurrencia debe existir las circunstancias (y) medios señalados conjuntamente; respecto al segundo, que no se puede hacer valer una prueba incumpliendo la normativa legal, porque toda expresión del acusado en sede fiscal o policial debe contar con defensa técnica y la aclaración de sus derechos, como parte del derecho a la defensa; y, en relación al tercero, no existió la debida fundamentación de Sentencia, sólo una simple transcripción de la prueba testifical, contradicciones entre las declaraciones, sin existir inspección en el lugar del hecho); y, iii) Explicó la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado (Al incurrir en una falta de fundamentación, se ratificó una Sentencia con tres defectos de sentencia, confirmando una aplicación falsa y errónea de los defectos citados); consecuentemente, al haber dado cumplimiento a los presupuestos de flexibilización, el presente recurso resulta admisible para su análisis de fondo de forma extraordinaria.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por José Gustavo Medina Aiza, cursante de fs. 184 a 190 vta. y en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista  impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA