TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 813/2016-RRC

Sucre, 17 de octubre 2016


Expediente        : Santa Cruz 34/2006

Parte acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte imputada        :        Miguel Ángel Ríos y otro

Delito                : Estelionato

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de octubre de 2007, cursante de fs. 254 a 258 vta., Miguel Ángel Ríos, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 103 de 5 de septiembre de 2007, de fs. 235 a 237, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por los Vocales Teresa Lourdes Ardaya Pérez, Teresa Vera de Gil y Jacinto Morón Sánchez, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Ernestina Mendieta de Alderete en contra de Olker García Ortega (declarado rebelde) y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 49/2005 de 21 de octubre (fs. 95 a 103), el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a Miguel Ángel Ríos, autor de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión, mas el pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia, conforme dispone el art. 272 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, le absolvió del delito de Estafa, conforme lo establecido en el art. art. 363 inc. 2) del CPP.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Miguel Ángel Ríos interpuso recurso de apelación restringida (fs. 115 a 122), resuelto por Auto de Vista 3 de 18 de enero de 2006 (fs. 136 a 138 vta.), ratificado por Auto Supremo 513  de 16 de noviembre de 2006 (fs. 183 a 185), que fueron dejado sin efecto por Auto 256/07 15 de agosto de 2007 (fs. 204 a 206 vta.), emitido por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, en su calidad de Tribunal de garantías, habiendo dispuesto que la Sala Penal Primera de su similar del Departamento de Santa Cruz, dicte nuevo Auto de Vista conforme a derecho, subsanando las omisiones establecidas en dicha Resolución, aprobada por Sentencia Constitucional 1178/2010-R de 6 de septiembre; a cuyo efecto, se emitió el Auto de Vista 103 de 5 de septiembre de 2007 (fs. 235 a 237),  y el por Auto Supremo 177 de 26 de abril de 2010 (fs. 310 a 312), que declaro infundado el recurso de casación interpuesto por Miguel Ángel Ríos.


c) En mérito a la solicitud de conminatoria a cumplimiento de Sentencia Constitucional, efectuada por el acusado Miguel Ángel Ríos, la Sala Penal Segunda como Tribunal de garantías, a través de Auto 168/12 de 29 de junio de 2012 (fs. 401 a 402), determinó conminar a los Magistrados Liquidadores del Tribunal Supremo de Justicia que den pleno y efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales tutelados, pronunciándose sobre todos y cada uno de los agravios procesales que fueron objeto de impugnación y que fueron tutelados a través del Auto 256/2007 de 15 de agosto y Sentencia Constitucional 1178/2010 de 6 de septiembre, en los términos y alcances ahí establecidos; en consecuencia, corresponde resolver el fondo de los motivos de casación, en estricto cumplimiento de los fundamentos jurídicos y determinaciones asumidas en ambas Resoluciones.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 124 de 29 de febrero de 2008 (fs. 308 y vta.), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


En los antecedentes del caso, el recurrente aduce que dentro del proceso seguido en su contra, se presentó prueba cargo ilícita, como la prueba 18, consistente en un recibo privado que no acompaña la orden del juez para su incautación, como manda el art. 20 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg.), incurriendo en el defecto de sentencia previsto en el art. 370 incs. 1) y 4) del CPP. Igualmente, señala que se abrió proceso en su contra con vicios absolutos, entre los que menciona la falta de licenciamiento del Ilustre Colegio de Abogados.


Posteriormente, denuncia que el Tribunal de apelación no fundamenta ni motiva los puntos apelados que reclamó ante dicho ente colegiado, como ser la prueba ilícita codificada como 18, que es un simple recibo ilegalmente obtenido sin orden de autoridad competente, presentado por el Ministerio Público, contraviniendo lo que establece el art. 20 de la (CPEabrg.), porque los papeles privados son inviolables; así como el art. 190 del CPP, que establece cómo tiene que ser obtenida esa prueba; sin embargo, dicha prueba no fue obtenida por ninguna orden del Juez, además no existe el acta de tal incautación, desconociendo lo dispuesto por los arts. 13, 171, 370 inc. 4) y 169 inc. 3) del citado Código adjetivo.


El referido Tribunal tampoco se manifestó ni fundamentó sus reclamos del porqué le negaron dar lectura a sus pruebas de descargo (fs. 24 vta., 20, 22 y 13), reclamadas durante la celebración del juicio como consta en el acta de celebración del mismo a fs. 91 vta. Otro punto de apelación fue que, la Sentencia dictada en su contra es insuficiente, contradictoria y adolece de falta de fundamentación, bajo el fundamento jurídico del art. 370 inc. 5) del CPP, debido a que en el primer hecho probado, reconoce el Tribunal de mérito que la supuesta víctima Ernestina Mendieta de Alderete, vende el vehículo motivo del litigio a Framioth Valdivia Aranibar, lo que considera un reconocimiento tácito que a la querellante no le pertenecía el vehículo, contradiciéndose el Tribunal al dictar la Sentencia. Asimismo, existe una contradicción en la testigo Dolly Martines Bazma, cuando declara que habría un recibo en el folder y luego que le dijo el abogado, extremo



reclamado en apelación restringida; en consecuencia, siendo un testigo falso, dicha declaración no debía ser tomada en cuenta.


Continúa manifestando que también apeló que la Sentencia menciona hechos no acreditados en el juicio, art. 370 inc. 6) del CPP; a cuyo efecto, menciona la prueba 13, que no obstante no haberse dado lectura en la celebración del juicio,  el Tribunal llega a la conclusión como primer hecho probado, mencionando la referida prueba, que es una sentencia dictada por el Juez Quinto de Partido en lo Civil; en cuya virtud, fue nombrado depositario; Empero, a esta conclusión el Tribunal llega por declaraciones de la víctima y no de la prueba documental mencionada, parcializándose con la supuesta parte civil. Otro hecho no acreditado en el juicio, es el juicio donde la supuesta víctima sale absuelta, ella es citada en la Policía Técnica Judicial (PTJ), es detenida y obligada a firmar un documento de préstamo de dinero sonsacándole el vehículo en cuestión, consideración del Tribunal de apelación que el recurrente tilda de parcializada y atentatoria al principio de justicia; por cuanto, en la apelación que presentó manifestó otras circunstancias (las que detalla extensamente), respecto a la forma en la que el recurrente llegó a figurar como acreedor de la víctima en un documento que fue anulado por el Juez Quinto de Partido en lo Civil; a cuyo efecto, él quedó en posesión del vehículo; sin embargo, afirma que el Tribunal de Sentencia, maliciosamente en su fallo da a entender que él y su entonces cliente citaron a la víctima, la detuvieron y la obligaron a firmar el documento, siendo que ella ya fue absuelta en el juicio, cita al respecto la prueba de descargo 22.


Finalmente, expresa que el Auto de Vista recurrido no se manifestó sobre los puntos de su apelación, desobedeciendo al Tribunal Constitucional, cita como precedentes contradictorios el Auto Supremo 417/2005, referente al control del debido proceso que deben tener los Tribunales ordinarios, respaldado por los Autos Supremos 73/2005 y 398/2001, sobre el control del debido proceso en los Autos antes mencionados.


I.1.2. Petitorio.


Por lo expuesto, solicita que se anule el Auto de Vista recurrido, ordenando que los miembros de la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz, pronuncien nueva resolución, estableciendo la doctrina legal aplicable en el presente caso.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 124 de 29 de febrero de 2008, cursante de fs. 308  y vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por el acusado, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la apelación restringida.


El acusado, planteó recurso de apelación restringida contra la Sentencia condenatoria 49/2005 de 21 de octubre, cuestionando en relación estricta al motivo de casación, sujeto análisis:

a) Previa referencia a las declaraciones testificales de descargo, aduce en cuanto a Dolly Martínez Basma, Notaria de Fe Pública, que ésta incurrió en contradicciones sobre su afirmación en cuanto a la constancia sobre la existencia de un recibo firmado por el acusado.


b) Con relación al apartado de hechos probados en la Sentencia, aduce que el Tribunal de mérito de acuerdo al análisis grafotécnico que se realizó de su firma en un recibo y que el perito llegó a la conclusión que la firma en el recibo analizado es suya y cuestiona que solicitó la exclusión probatoria del mismo, porque no fue introducido al proceso como determina el procedimiento penal, arts. 184 y 172, al no haber sido ofrecido por ninguna de las partes, extremo constatado en el desarrollo del juicio y que además fue apelado, adicionando que hizo constar en acta que en el informe del perito Rodolfo Iporre, no se encontraba el documento analizado porque dicho profesional sólo ratificó su informe y no así el documento, resultando dicho informe viciado y contaminado en el proceso. Un análisis grafotécnico puede ser considerado solamente como un indicio siempre y cuando sea introducido a juicio conforme al art. 333 del CPP, forma lícita con acta de incautación y constancia del hecho e introducción al juicio como hecho; en consecuencia, denuncia que el recibo es una prueba ilícitamente obtenida.


c) El Tribunal no valoró la prueba de cargo y descargo como corresponde, porque no llegó a demostrar con claridad su participación en el hecho que se le imputó; por cuanto, la Sentencia menciona hechos inexistentes no acreditados o basados en valoración defectuosa de la prueba; a cuyo efecto, refiere  que dicho fallo, estableció: “Sentencia por el Juzgado 5to. de Partido en lo Civil, quedando pendiente de un depósito del Abogado Miguel Ángel Ríos, conclusiones que emergen de la querellante Ernestina Mendieta la prueba documental No. 7 consistente en un documento que acredita la propiedad que tiene la querellante sobre el vehículo”, apreciación que el recurrente considera errónea, debido a que él figuraría en la Sentencia descrita (22/03), como depositario y reconociendo a la querellante como propietaria, precisamente en base a dicha Sentencia y a un protocolo notariado donde “la venden a la querellante”, acta de compra y venta del vehículo en cuestión que es anterior a la venta del vehículo como a la Sentencia mencionada; por lo que, no se puede decir que el vehículo en cuestión es de Ernestina Mendieta, sino acreditó el carnet de propiedad; en consecuencia, un protocolo notariado no acredita su derecho de propiedad, pero existe la Sentencia 22/03, que le niega la entrega del vehículo como propietaria, porque la querellante vendió el vehículo en cuestión.


d) Referente al tercer hecho probado, la Sentencia expresa: “La prueba No. 18 se procede a realizar un estudio pericial de dicho recibo y que fuera entregado por Olker García al asignado al caso”, lo que el recurrente considera una apreciación contradictoria, debido a que él pidió la exclusión probatoria porque consideraba que era una prueba ilícita al no haber sido introducida al proceso como manda el procedimiento, solicitud que fue rechazada porque dicha prueba fue introducida a juicio con un peritaje,


elaborado por Rodolfo Iporre, quien sólo ratificó su informe en el estudio pericial ; empero, no se encontraba el recibo, entonces se pregunta sobre qué documento hizo el trabajo. Asimismo, el Tribunal consideró que fue presentado el recibo por el coimputado Olker García, hecho no probado.


e) En cuanto a la aseveración de la Sentencia: “Así mismo la notaria Dolly Martínez Basma dice que reconoce que vio el recibo entre la documentación del vehículo”, el recurrente también la tilda de contradictoria porque en el registro del juicio, la testigo expresó que le dijo el abogado que suscribió el documento que vio un recibo; por lo que, la considera testigo falso de acuerdo al art. 201 del CPP; en consecuencia, denuncia que la Sentencia recurrida se basó en pruebas incorporadas ilegalmente a juicio para su lectura en violación a las normas.


II.2. De la Sentencia Constitucional 1178/2010-R de 6 de septiembre.


La Sentencia Constitucional citada al exordio, resolvió aprobar la Resolución 256/07 de 15 de agosto de 2007, pronunciada por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca; en consecuencia, concedió la tutela solicitada por el actual recurrente, contra Beatriz Sandoval de Capobianco y Rosario Canedo Justiniano, Ministras de la Corte Suprema de Justicia; Jacinto Morón Sánchez y Teresa Lourdes Ardaya, Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz; Luis Enrique Pérez Ortiz, Gladis Alba Franco, Jueces Técnicos; Isabel Inclan Choque, Alberto Choque Lima y Eleonora Zoraida Guzmán Fernández, Jueces Ciudadanos, del Tribunal Primero de Sentencia del referido Distrito Judicial, a cuyo efecto quedaron sin efecto el Auto Supremo 513 de "6" de noviembre de 2006 y el Auto de Vista  3/2006 de 18 de enero, en base al siguiente fundamento:


“Analizado el Auto de Vista 3 de 18 de enero de 2006, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, se evidencia que la misma, no se ha pronunciado sobre todos y cada uno de los motivos y puntos del Recurso de Apelación Restringida interpuesto por el representado de los accionantes, desvirtuando fundamentadamente, los mismos; si bien, la motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, no es menos cierto, que debe satisfacer todos los puntos demandados; debiendo el Juez o Tribunal, expresar sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso, las normas del debido proceso, se tendrán por efectivamente cumplidas; sin embargo, al no haberse cumplido estos preceptos, ha existido por parte de los Vocales demandados, una -omisión indebida- al debido proceso y principio de legalidad, al incumplir a momento de emitir resolución, con lo dispuesto por el art. 398 del CPP que establece: Los Tribunales de Alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; norma relacionada con el art. 124 del mismo cuerpo legal, que señala: Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresaran los motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba.


Con referencia al recurso de casación, se constata que el representado de los accionantes reclama y detalla precisamente las omisiones ya referidas, especificando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, mereciendo en primera instancia la emisión del Auto Supremo por el cual se admite el recurso de casación y en el que justamente se detallan tales extremos; sin embargo, el Auto Supremo 513/2006, hoy impugnado, ingresa a resolver pero no de forma completa las denuncias y alegaciones del accionante, sin pronunciarse de forma concreta, sobre las omisiones indebidas del Tribunal de Alzada respecto a la falta de fundamentación y pronunciamiento de todos y cada uno de los puntos, como derechos y garantías expuestos en el recurso de apelación restringida; en consecuencia, corresponde a los órganos ordinarios, pronunciarse conforme a derecho, sobre todas y cada una de los agravios procesales y lesión a derechos y garantías fundamentales, que fueron objeto de la impugnación y acusadas a través de los recursos ordinarios que franquea la ley, en virtud a ello, corresponde conceder la presente tutela”.


II.3. Del Auto de Vista recurrido.


A través del Auto de Vista 103 de 5 de septiembre de 2015, la Sala Penal Primera, fundamentó:


i) El Tribunal de Sentencia al dictar el fallo judicial apelado, procedió en forma correcta y conforme a lo previsto por los arts. 342 y 365 del CPP; por cuanto, tomó en cuenta que la prueba aportada es suficiente para generar la convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado Miguel Ángel Ríos en la comisión del delito de Estelionato; a cuyo efecto, pasa a describir de forma inextensa el contenido de la acusación, expresando seguidamente que por esos antecedentes se llega a conocimiento de que el imputado ocultó información en la minuta de transferencia, con la finalidad de hacer incurrir en error con malicia, para sonsacar dineros, incurriendo así en el delito de Estelionato, al haber cedido en calidad de venta un vehículo, hechos corroborados por la declaración testifical de la testigo Dolly Martínez Basma, Notaria de Fe Pública, quien declaró que el 18 de noviembre de 2003, comparecieron ante su persona a reconocer sus firmas en un documento de transferencia de vehículo que le llevaron Olker García Ortega y Moisés Montaño y que en esa oportunidad observó que la documentación estaba a nombre de Ernestina, quien figuraba en el carnet de propiedad y también en la documentación observó que habría un recibo común firmado por un señor Ríos y otra documentación más, pero que Miguel Ángel Ríos no estaba presente. En ese contexto, el vehículo transferido, no era un bien de libre disposición porque estaba en litigio judicial, evidenciándose la existencia de dolo en la conducta antijurídica del imputado Miguel Ángel Ríos; por otra parte, en cuanto a la pena impuesta, ésta condice con las circunstancias previstas por los arts. 37, 38 y 40 del CP, porque evidencia que el juez de mérito, previamente analizó el medio en el que se desenvuelve el imputado, los móviles que lo impulsaron a delinquir, se consideró la edad del imputado, sus costumbres, la conducta precedente y posterior a los hechos, su situación económica y social, las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito y demás circunstancias de índole subjetiva.


ii)  A continuación expresó que, haciendo una minuciosa revisión de los datos del proceso, evidenció que no existe defecto alguno en la Sentencia y por el contrario, el Tribunal de Sentencia hizo una clara apreciación y valoración de la prueba, usando las facultades que le otorgan los arts. 124, 171 y 173 del CPP, habiendo asignado el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida, sin que exista el defecto argumentado en el art. 370 inc. 6) del CPP. Por otro lado, menciona que las pruebas tanto literales como testificales aportadas al juicio fueron obtenidas e incorporadas al juicio oral conforme a lo previsto por los arts. 194, 200, 333 inc. 3), 350, 351 y 352 del CPP, sin que se haya incurrido en el defecto previsto en el art. 370 inc. 4) del mismo Código, la conducta antijurídica del imputado, fue encuadrada correctamente dentro de las sanciones establecidas en el art. 337 del CP, sin que exista ninguna aplicación indebida de la ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CPP], el imputado fue plenamente individualizado y sometido a juzgamiento conforme al art. 83 del CPP, sin que se haya incurrido en el defecto previsto por el inc. 2) del art. 370, encontrándose debidamente fundamentada en las disposiciones legales pertinentes [art. 370 inc. 5) del mismo Código], no existe ninguna contradicción en la misma; entonces, no existe incongruencia alguna en el fondo de la sentencia; en cuyo mérito, declara improcedente el recurso de apelación restringida.


II.4. De la conminatoria de cumplimiento Resolución Constitucional de amparo constitucional.


Formulado el recurso de casación por la parte acusada, fue resuelto a través de Auto Supremo 177 de 26 de abril de 2010, que declaró infundado el referido recurso, decisión contra la que el recurrente denunció incumplimiento de Sentencia Constitucional; a cuyo efecto, a través de Auto 168/12 de 29 de junio, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de justicia de Chuquisaca: “CONMINA A LOS SEÑORES MAGISTRADOS LIQUIDADORES  del Tribunal Supremo de Justicia para que den pleno y efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales tutelados pronunciándose sobre todos y cada uno de los agravios procesales que fueron objeto de impugnación y que fueron tutelados…” (sic), con el siguiente fundamento:


De la contrastación del recurso de apelación restringida y recurso de casación con el Auto Supremo 177 de 26 de abril de 2010, evidencia que no cumple con lo dispuesto por Auto 256/20074 de 15 de agosto y la Sentencia Constitucional 1178/2010 de 6 de septiembre, en los términos y alcances ahí expuestos; es decir, que no dio respuesta en pertinencia y congruencia respecto a los puntos y motivos impugnados por el recurrente.


III.  VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


El recurrente asevera que el Tribunal de alzada, no fundamentó ni motivó los puntos apelados en el recurso de apelación restringida, en contradicción con la doctrina legal invocada; en consecuencia, corresponde verificar si es evidente a fín de asumir la decisión correspondiente.

III.1.El deber de fundamentación de las resoluciones judiciales como elemento del debido proceso.


El debido proceso, es un derecho por el cual toda persona accede a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al Juez o Tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, la CPE, en sus arts. 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos; y, consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentra el derecho a la fundamentación y motivación, cuyos alcances e importancia ha sido ampliamente desarrollada por la extinta Corte Suprema y este Tribunal, en reiterados fallos, habiendo establecido que constituye el deber que tienen todas las autoridades jurisdiccionales a tiempo de emitir sus resoluciones de responder a la pretensión o impugnación de las partes procesales, de forma clara, específica, completa, legítima y lógica, de modo tal que exista certeza respecto del contenido de las resoluciones.


En ese entendido, el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, estableció: La garantía del debido proceso, consagrada en el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen en apego a los valores de justicia e igualdad, se vulnera y, con ella la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica cuando se infringe el derecho a la debida fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales que establece que toda resolución expedida por autoridad judicial o administrativa necesariamente tiene que encontrarse adecuadamente fundamentada y motivada.


En alzada, conforme ha establecido la amplia doctrina emanada por el Máximo Tribunal de Justicia, los Tribunales a momento de resolver las apelaciones restringidas, deben pronunciarse de forma puntual, precisa, y bajo ningún aspecto esgrimir fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos que generen confusión y dejen es estado de indeterminación a las partes por ser vulneratorias del debido proceso en sus elementos derecho a la motivación de los recursos, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica y al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal,


pues no es fundamentación suficiente la simple remisión a obrados o cita de alguna parte del proceso, doctrina y/o jurisprudencia, seguida de conclusiones, sin respaldo jurídico, ni explicación razonada del nexo entre la normativa legal y lo resuelto; es decir, el Tribunal de Apelación debe plasmar el por qué del decisorio, emitiendo criterios lógico-jurídicos sobre la base de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito en cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad, con el cuidado de no expresar nuevos criterios respecto a la prueba producida en juicio.


En consecuencia, una vez mas se deja establecido que el Tribunal de Apelación, a momento de resolver el o los recursos interpuestos, esta obligado constitucionalmente (parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado) a circunscribir su actividad a los puntos apelados en cada recurso, dentro los límites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo a cada recurso por separado o en conjunto cuando las denuncias estén vinculadas, dejando conocer claramente a cada recurrente la parte de la resolución que responde a cada pretensión; además, debe fundamentar y motivar sus conclusiones respecto a cada una de las alegaciones, las que inicialmente podrían clasificarse por motivo alegado, resumiendo y describiendo cada una de ellas por separado o de forma conjunta si estuvieran vinculadas (aclarando ese aspecto), con la finalidad de expresar los fundamentos y la motivación de la resolución de manera ordenada, lo contrario implica incurrir en defecto inconvalidable o insubsanable, al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, pues todo acto que vulnere derechos y/o garantías constitucionales, cuyo resultado dañoso no se enmarquen a la salvedad dispuesta en el artículo 167 de la misma norma legal, deriva en defecto absoluto y corresponde renovar el acto”.


Bajo esos razonamientos, queda claro que en resguardo del derecho-garantía-principio del debido proceso, las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de fundamentar suficientemente sus decisiones y en el caso específico de los Tribunales de alzada, su obligación alcanza a resolver cada uno de los puntos impugnados en apelación restringida, otorgando una respuesta clara y coherente, a fin de crear certeza en el impugnante y las demás partes procesales sobre la decisión asumida.


II.2.  El principio de preclusión.


Desde el punto de vista doctrinal, la preclusión es un instituto jurídico, en virtud del cual, la parte dentro del proceso se encuentra imposibilitada de ejercer un derecho fuera del momento oportuno en que pudo haberlo hecho; en consecuencia, una vez concluidos los términos para hacer uso de alguna actuación procesal que estaba puesta a su alcance, no resulta posible acudir a los mismos por haberse perdido dicho derecho.


Edgardo Pallares, sostiene que la preclusión: "Es la situación procesal que se produce cuando alguna de las partes no haya ejercido oportunamente y en la forma legal, alguna facultad o algún derecho procesal o cumplido, alguna obligación de la misma naturaleza". También explica este autor que "… el


término judicial es el tiempo en que un acto procesal debe llevarse a cabo para tener eficacia y valor legal".


Con relación al mismo tópico, la extinta Corte Suprema de Justicia, en el Auto Supremo 46 de 7 de mayo de 2006, señaló lo siguiente: “Para evitar las impugnaciones en casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes en las etapas preparatorias, intermedia del juicio oral o de los recursos y en ejecución de Sentencia deben ejercer las acciones que en cada acto procesal que se encuentran previstos y los recursos que en cada etapa procesal se prevén, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente.


(...) en la etapa preparatoria las partes directamente controlan las actividades de la investigación, cuando consideran que se ha vulnerado un precepto legal o norma constitucional tienen previsto interponer las excepciones o incidentes y los recursos ante el Fiscal y ante el Juez de Instrucción que tiene la facultad de controlar la legalidad y constitucionalidad de las funciones del Fiscal e investigador durante la investigación. En el juicio oral, como en el caso de autos, las partes pueden interponer las excepciones, incidentes, o recursos, o hacer reserva de recurrir contra las resoluciones dictadas durante el juicio oral. En la etapa de los recursos: el de apelación restringida sirve para el control de puro derecho sobre los actos procesales y la actividad jurisdiccional, excepto en el recurso incidental donde se puede acompañar pruebas para que el Tribunal de Alzada pueda valorar las mismas y dictar la resolución respectiva; mientras que el recurso de casación se encuentra diseñado para uniformar la jurisprudencia penal y evitar la interpretación y aplicación contradictoria de normas adjetivas y sustantivas".


De lo referido, se puede concluir que el principio de preclusión se encuentra vinculado a la oportunidad y el momento en que los sujetos procesales deban hacer uso de los recursos que la ley les franquea; por tanto, para evitar las impugnaciones en casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes procesales tienen a su alcance, en cada etapa del proceso penal, los recursos impugnatorios que deben ser ejercidos en cada una de ellas; puesto que, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente.


III.3.  Del  caso concreto.


Antes de ingresar a resolver el fondo del asunto, es preciso tener presente los alcances de la Sentencia Constitucional 1178/2010-R de 6 de septiembre, cuyo incumplimiento fue corroborado por parte de la Resolución 168/12 de 29 de junio, en mérito de lo cual determinó conminar a los Magistrados Liquidadores de este Máximo Tribunal de Justicia a su efectivo cumplimiento, correspondiendo a las Magistradas de la Sala Penal única de este Tribunal, emitir el correspondiente Auto Supremo en vinculación estricta a la Sentencia Constitucional citada, en resguardo de los derechos y garantías del entonces impetrante de tutela constitucional, actual recurrente de casación.


En ese contexto, se advierte que la referida Resolución constitucional, verificó que el Auto de Vista 3 de 18 de enero de 2006, dejado sin efecto a través de dicha Sentencia Constitucional, incurrió en falta de pronunciamiento respecto a todos y cada uno de los motivos y puntos del recurso de apelación restringida interpuesto por la parte acusada, desvirtuando fundamentadamente los mismos. Asimismo, con relación al Auto Supremo 513/2006, igualmente dejado sin efecto por determinación del citado fallo constitucional, verificó que no resolvió las denuncias y alegaciones del accionante de forma completa; por cuanto, no se pronunció de forma concreta sobre las omisiones indebidas del Tribunal de alzada respecto a la falta de fundamentación y pronunciamiento de todos y cada uno de los puntos, como derechos y garantías expuestos en apelación restringida.


En mérito a ello y con la finalidad de verificar si el Auto de Vista 103 de 5 de septiembre de 2007, actualmente recurrido de casación, cumplió con las determinaciones constitucionales, es preciso remitirse a los motivos de apelación restringida, siempre en vinculación con los motivos de casación admitidos, en cumplimiento de los arts. 398 del CPP y art. 17.II de la LOJ.


Efectuada esa aclaración, se verifica que Miguel Ángel Ríos, denunció en apelación restringida que la testigo Dolly Martinez Basma, Notaria de Fe Pública, incurrió en contradicciones sobre su afirmación, concretando que en su declaración expresó que había un recibo en el folder, para luego contradictoriamente sostener, que eso extremo le dijo el abogado, respecto a lo cual el Tribunal de apelación, en el Auto de Vista recurrido, respondió que la referida testigo, declaró que el 18 de noviembre de 2003, comparecieron ante su persona a reconocer sus firmas en un documento de transferencia de vehículo que le llevaron Olker García Ortega y Moisés Montaño, y que en esa oportunidad observó que la documentación estaba a nombre de Ernestina, quien figuraba en el carnet de propiedad y también en la documentación observó que habría un recibo común firmado por un señor Ríos y otra documentación más, pero que Miguel Ángel Ríos no estaba presente. Fundamentación que no está completa, debido a que no obstante referirse a la cuestionada declaración testifical, el Tribunal de apelación soslayó referirse a la contradicción denunciada en apelación restringida, en sentido si a dicha deponente le constó la existencia del recibo o si sólo fue una referencia hecha por el abogado, entonces presente en el acto de reconocimiento de firmas de 18 de noviembre de 2003.


Otro de los motivos de apelación restringida, fue el referido a que efectuó reserva de recurrir contra el rechazo de exclusión probatoria del análisis grafoténico que se realizó de su firma sobre un recibo, debido a que cuestionó que dicho documento no fue introducido como determinan los arts. 184 y 172 del CPP, al no haber sido ofrecido por ninguna de las partes y tampoco se observó que un análisis grafotécnico puede ser considerado solamente como un indicio siempre y cuando sea introducido a juicio conforme al art. 333 del CPP, forma lícita con acta de incautación y constancia del hecho e introducción al juicio como hecho, con relación a lo cual del Auto de Vista recurrido, de manera genérica expresó que las pruebas tanto literales como testificales aportadas al juicio, fueron obtenidas e incorporadas al juicio oral, conforme a lo previsto por los arts. 194, 200, 333 inc. 3), 350, 351 y 352 del CPP, sin que evidencie la concurrencia del defecto previsto en el art. 370 inc. 4) del mismo Código, omitiendo responder de manera específica al cuestionamiento puntual que efectuó el recurrente con relación a la ilegal introducción a juicio del recibo sobre el cual se realizó el análisis grafotécnico, lo que evidentemente denota ausencia de respuesta clara y concreta del motivo de apelación.


Por otra parte, el recurrente de apelación restringida, sostuvo en su impugnación que en la Sentencia se mencionan hechos inexistentes no acreditados o basados en valoración defectuosa de la prueba, efectuando una descripción parcial del primer y tercer hecho probado contenido en la Sentencia, respecto a los cuales cuestiona esencialmente que no se puede decir que el vehículo en cuestión es de Ernestina Mendieta sino acreditó el carnet de propiedad, aseverando que un protocolo notariado no acredita su derecho de propiedad, pero existe la Sentencia 22/03, que le niega la entrega del vehículo como propietaria, porque la querellante vendió el motorizado, que pidió la exclusión probatoria de la prueba 18 al considerarla una prueba ilícita al no haber sido introducida al proceso como manda el procedimiento penal; y, finalmente, que la testigo Dolly Martínez Basma, incurrió en contradicciones en su atestación, razón por la cual la considera una testigo falsa.


Respecto a dichos cuestionamientos, el Tribunal de apelación, soslayando nuevamente efectuar un pronunciamiento claro, expreso y suficiente, se limitó a aseverar que el Tribunal de Sentencia hizo una clara apreciación y valoración de la prueba, usando las facultades que le otorgan los arts. 124, 171 y 173 del CPP, habiendo asignado el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida, sin que exista el defecto argumentado en el art. 370 inc. 6) del CPP, omitiendo explicar las razones de dicho razonamiento; es decir, sin expresar porqué considera que los hechos probados en Sentencia, en base a las pruebas descritas en los mismos (Sentencia emitida por el Juez Quinto de Partido en lo Civil, el examen grafológico elaborado sobre la firma contenida en el recibo y la declaración testifical de Dolly Martínez Basma) fueron incorporadas legalmente a juicio, valoradas en aplicación de las reglas de la sana crítica, acompañadas de la debida fundamentación sobre el valor otorgadas a cada una de ellas y corroborada la inexistencia de contradicciones; por cuanto, conforme se señala en la jurisprudencia glosada en el presente Auto Supremo, el Tribunal de apelación tiene la obligación de sujetarse a los puntos de impugnación, en mérito a lo establecido por el art. 398 del CPP, plasmando las razones de su decisorio, emitiendo criterios lógico-jurídicos sobre la base de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito en cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad, con el cuidado de no expresar nuevos criterios respecto a la prueba producida en juicio.


Por lo expuesto, se advierte que el Tribunal de apelación no resolvió de manera fundamentada los puntos de apelación restringida, analizados precedentemente, incurriendo en inobservancia del derecho al debido proceso en su elementos de fundamentación.


Finalmente, en cuanto a las demás denuncias que el recurrente efectúa en casación, en relación a que el Tribunal de apelación tampoco se manifestó ni fundamentó sus reclamos referidos a que se abrió proceso en su contra con vicios absolutos, mencionando la falta de licenciamiento del Colegio de Abogados y que le negaron dar lectura a sus pruebas de descargo reclamadas durante la celebración del juicio oral, se advierte que el primer aspecto extrañado no fue motivo de recurso de apelación restringida; por lo que, este Tribunal no puede exigir un pronunciamiento expreso de parte del Tribunal inferior cuando éste nunca tuvo conocimiento de dicha denuncia, pretendiendo el recurrente ignorar etapas previstas por ley para efectuar los reclamos correspondientes, induciendo a este Tribunal a incurrir en error. En cuanto al segundo aspecto, de la revisión del acta de juicio oral de 18 de octubre de 2005, en la foja 91 vta., se advierte que habiendo solicitado la defensa la lectura de las pruebas codificadas como 20, 21 y la declaración de la víctima, el Tribunal de mérito rechazó la lectura de la prueba 21 y de la declaración de Ernestina Menideta, decisión respecto a la cual la defensa no efectuó impugnación alguna, mucho menos efectuó dicha impugnación en apelación restringida, etapa en la que por el principio de preclusión, ya no correspondía efectuar directamente el cuestionamiento, debido a que la etapa procesal oportuna para expresar su disconformidad con la decisión del Tribunal de Sentencia era la misma audiencia de juicio oral.


Ahora bien, la falta de ejercicio del derecho a la impugnación en el momento procesal oportuno, mucho menos puede ser rectificada en el recurso de casación, precisamente porque la etapa procesal idónea en la que correspondía hacer los reclamos que ahora impugna en casación, constituían el juicio oral y el recurso de apelación restringida; en consecuencia, los motivos descritos no merecen pronunciamiento de fondo alguno; por cuanto, el recurrente por su propia negligencia dejó que las etapas precluyan en su perjuicio.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP SE DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 103 de 5 de septiembre de 2007, de fs. 235 a 237 y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes hagan conocer la presente resolución a los tribunales y jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Judicatura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA