TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO N° 804/2016-RA

Sucre, 17 de octubre de 2016


Expediente                : Cochabamba 59/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Adela Veizaga Vargas

Delito                        : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de agosto de 2016, cursante de fs. 161 a 174, Adela Veizaga Vargas, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 10 de abril de 2015, de fs. 110 a 115, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 4/2014 de 2 de julio (fs. 79 a 82), el Juez Cuarto de Partido Mixto y de Sentencia de Sacaba del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a la imputado Adela Veizaga Vargas, autora de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiéndole la pena de catorce años de privación de libertad, más el pago de ciento cincuenta días multa, a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día, con costas a favor del Estado. Asimismo, dispone la confiscación del teléfono celular marca Samsung, a favor del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas.


b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada Adela Veizaga Vargas, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 86 a 95 vta.), resuelto por Auto de Vista de 10 de abril de 2015, dictado la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia recurrida.


c) Por diligencia de 15 de agosto de 2016 (fs. 145 vta.), Adela Veizaga Vargas fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 22 del mismo mes y año interpuso su recurso de casación que el objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACION


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) La recurrente sostiene que la Sentencia, se parcializó y forzó la “taza” y valoración de las pruebas (documental y testifical), sin previa fundamentación del valor otorgado a cada una de ellas, realizando una ponderación de la prueba testifical no presenciado por los testigos y muchos menos atestiguados, conforme se tiene de la segunda parte de dicha Resolución, dedicada a la decisión jurídica y fundamentos de hecho y de derecho, extremo que recurrido de apelación restringida, el Tribunal de apelación, a través del Auto de Vista recurrido, coincidió en que “…SI BIEN NO EXISTE UNA VALORACIÓN INDIVIDUAL DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS DESCRITA; sin embargo, es posible apreciar que el razonamiento de la juez a-quo en base a la prueba relevante o esencial judicializada el que es correcto y no contraviene a las reglas de la lógica…” (sic); respecto a lo cual, la recurrente se cuestiona que cuál la razón para que la ley procesal penal exija que las pruebas deban ser valoradas en forma individual, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor.


Al efecto, cita la doctrina legal de los Autos Supremos 219 de 28 de junio de 2006, 91 de 28 de marzo de 2006, 53/2012 de 19 de marzo de 2012, añadiendo que en apelación restringida invocó el Auto Supremo 230 de 14 de junio de 2003. Asimismo, cita las Sentencia Constitucionales 0581/2005-R de  31 de mayo y 1489/2004-R de 17 de septiembre.


2) Continúa manifestando, que la Sentencia y el Auto de Vista recurrido, no cumple con la debida fundamentación, por cuanto “del mismo” se esgrime una relación de hecho distinta entre los hechos acusados y sentenciado, así entre lo probado y arbitrariamente concluido; igualmente, advierte una valoración contradictoria de pruebas, sustentándose la Sentencia en medios probatorios no idóneos para el efecto, pruebas aparentemente saneadas en audiencia preparatoria de juicio oral, pero en su judicialización confunde ambas etapas de la prueba y las toma como sinónimos, por lo que considera que “su decisión en los hechos es arbitraria y excesivamente parcializada” (sic).


Cita el Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007.


3) Denuncia que, cuando la defensa técnica solicitó que se ponga a conocimiento suyo la prueba que se pretendió judicializar, dicha petición fue negada, con el argumento de que la prueba de cargo ya había sido saneada en la preparación de juicio oral, decisión ilegal que fue objeto de apelación; sin embargo, el Tribunal superior, mediante el Auto de Vista recurrido, concluyó que dicha determinación no constituye presupuesto indispensable para el proceso y no genera actividad procesal insalvable, no obstante que el art. 116 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que todos los actos del proceso son públicos y excepcionalmente de manera fundamentada la autoridad jurisdiccional podrá declarar la reserva.


4) De la lectura de la acusación pública, asevera que se le atribuye el delito de Tráfico de Sustancias sin mayor respaldo fáctico, cuando en realidad del análisis del hecho el tipo penal por el cual se le acusa debió ser otro; lamentablemente, el Juez de mérito calificó y lo condenó por el delito de Tráfico y las autoridades de alzada ratificaron dicha determinación, cuando de la relación fáctica debió ser adecuada al tipo penal de Suministro; a cuyo efecto, desglosa los arts. 33, 51, 47 y 48 de la Ley 1008, relativos a la tipificación de la conducta de los delitos de Suministro, Fabricación y Tráfico de sustancias controladas, efectuando una serie de consideraciones respecto a las circunstancias en las que fue encontrada en poder de la marihuana.


5) Del memorial de acusación, tiene que no cumple con el art. 341 inc. 2) del CPP; por cuanto, de forma sucinta, relaciona que los hechos se suscitaron el 7 de octubre de 2013, al promediar las 18:00 horas, de la misma manera, la primera parte de la Sentencia, en el exordio fundamentos fácticos y cargos atribuidos, refiere e identifica como el día de los hechos el 7 de octubre de 2013, producto de una transcripción de los antecedentes referidos por el memorial de la acusación pública; sin embargo, según el relato de los testigos presenciales de cargo, el operativo se habría realizado en la misma fecha, a horas 15:30 aproximadamente; en consecuencia, no advierte una coincidencia de la hora, por lo que no cumple con la previsión contenida por el art. 360 inc. 3) del CPP.


Por lo expuesto, establece que se le sentenció con base a una transcripción del memorial de acusación particular y a los elementos que emergieron del curso del juicio oral.


6) Con relación a la denuncia efectuada en apelación restringida, sobre que el registro de juicio oral se hizo a través de acta deficiente que no refleja veracidad del desarrollo de dicho acto, el Tribunal de alzada, señaló que la inobservancia de dichos aspectos no resulta ser un defecto de sentencia que habilite la apelación, lo que vulnera el art. 371 inc. 4) y art. 372 del CPP; por cuanto, considera que dicha falencia distorsiona los recursos formulados de su parte, ya que al no existir un registro del desarrollo del juicio oral, se le deja en un estado de indefensión efectiva por cuanto las autoridades de grado se basan únicamente en la sentencia ya que el deficiente registro en acta de audiencia de juicio oral no refleja la realidad de los hechos conforme señala el art. 120 del Código citado; a cuyo efecto, establece que las normas procesales citadas, por tratarse de tales normas son de orden público y de cumplimiento obligatorio, su inobservancia debe ser subsanada incluso de oficio por constituir actividad procesal defectuosa no convalidable con ningún otro acto procesal.


Añade que la determinación inserta en el art. 371 inc. 4) del CPP, sobre el registro de los documentos leídos y otros elementos probatorios, las solicitudes y decisiones producidas en el curso de juicio, las objeciones de las partes, sus protestos de recurrir y las menciones que expresamente soliciten su registro, lamentablemente no fue observada; por cuanto, la Sentencia no guarda relación en el acta de juicio oral, actuaciones que considera de importancia relevante.


Por último, tampoco se dio cabal cumplimiento del art. 173 del CPP, al no haberse valorado en lo más remoto la prueba documental producida por la defensa.


7) Expresa que, la Sentencia adolece de los defectos previstos en los arts. 370 incs. 2), 4), 5) y 6), 470 inc. 8) y 11); y, no está debidamente fundamentada conforme exige el art. 124, todos del Código adjetivo penal.


8) La recurrente aduce que, en la etapa prevista en el art. 345 del CPP, formuló la excepción de actividad procesal defectuosa, la que le fue negada sin ninguna fundamentación legal, lo cual no aparece en el registro del acta de audiencia de juicio oral, respecto a lo cual sostiene que la autoridad jurisdiccional antes de aceptar y/o admitir la aplicación de procedimiento inmediato para delitos flagrantes, se debe cumplir ciertos requisitos de procedibilidad conforme exige el Código citado, en el art. 393 ter, norma que no se observó de acuerdo a lo establecido en el acta de 9 de octubre de 2013, donde el Juez cautelar en ningún momento le hizo participar o intervenir en la audiencia de admisión del procedimiento inmediato, antes de tomar la decisión sobre su aplicación; por cuanto, a partir de su participación en dicho acto procesal, con seguridad el Juez cautelar hubiere rechazado la aplicación de dicho procedimiento; por lo que, cuanto su persona en ningún momento fue aprehendida en posesión real de la sustancia, sino que el día del operativo su persona llegó a su casa minutos antes del allanamiento, pese a que los policías horas antes ya habían cumplido con el operativo pero que sin embargo al ver que en su casa únicamente se encontraban sus hijos menores estos decidieron volver a repetir el operativo, pero en ese caso con su presencia, pese a que la sustancia encontrada no es de su propiedad; por lo que, la mencionada flagrancia no existió ni existe en honor a la verdad material, aspecto sobre el cual el Tribunal de apelación no se pronunció, lo que constituye un silencio insubsanable por el principio de preclusión.

Finalmente, en un apartado independiente, cita como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 254 de 22 de julio de 2005, 230 de 14 de junio de 2003, 268 de 27 de abril de 2009, 32/2012 de 23 de marzo, 239/2012-RRC de 3 de octubre y 389/2012 de 21 de diciembre de 2012.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO O NO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el acusada, Adela Veizaga Vargas, fue notificada el 15 de agosto de 2016 con el Auto de Vista recurrido, habiendo formulado su recurso de casación el 22 del mismo mes y año, teniéndose con ello por cumplido el requisito temporal exigido en el art. 417 del CPP, correspondiendo a continuación verificar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del Código citado, que viabilicen el análisis de fondo del recurso de casación.


Conforme se desarrolló en los párrafos precedentes en el recurso de casación, cuya finalidad es que se efectúe un control de derecho sobre los fundamentos del Auto de apelación, en búsqueda de la unificación jurisprudencial en materia penal, el recurrente tiene la obligación de explicar, en términos claros y precisos la contradicción de la Resolución recurrida con los Autos Supremos invocados, a partir de una comparación de hechos similares y de las normas aplicadas en sentidos jurídicos diversos, concretando los defectos que presenta el pronunciamiento recurrido.


Con dicha aclaración, en los motivos tercero, cuarto, quinto y séptimo, relativos a que el Tribunal de alzada, en el Auto de Vista impugnado, determinó que la decisión del inferior de no poner a conocimiento suyo la prueba de cargo ya saneada en la preparación de juicio oral, no constituye presupuesto indispensable para el proceso y no genera actividad procesal insalvable, que la misma Resolución de alzada erróneamente ratificó la determinación del Juez de Sentencia, con relación a la errónea subsunción de su conducta al tipo penal de Tráfico de Sustancias Controladas, cuando en los hechos correspondía otra figura penal; que la Sentencia, que es una copia literal de la relación de hechos expuesta en la acusación en cuanto a la hora de realización del operativo policial; por cuanto, es incongruente con la hora declarada por los testigos de cargo y que el referido fallo contiene los defectos previstos en los arts. 370 incs. 2), 4), 5) y 6), 470 inc. 8) y 11), la recurrente omitió invocar precedente contradictorio aplicable con el cual éste Tribunal de Justicia pueda efectuar el contraste para el cual está destinado el recurso de casación en materia penal, no pudiendo considerarse salvada dicha omisión con la cita de Autos Supremos en la parte final del recurso de casación, por cuanto su simple cita y transcripción de parte de su contenido, no está acompañada de la explicación clara y precisa de la presunta contradicción del Auto de Vista recurrido; en cuanto, a las falencias descritas por la impugnante, con alguno de los precedentes invocados.


A esto debe añadirse que en los motivos quinto y séptimo, la impugnante soslaya especificar defecto alguno provocado por el Auto de Vista recurrido, limitándose a hacer una alusión a los defectos en los que habría incurrido la Sentencia, pretendiendo que este Tribunal actúe como una instancia revisora de las actuaciones jurisdiccionales del Juez de Sentencia, cuando su labor está exclusivamente restringida a efectuar un control de derecho sobre el Auto de Vista recurrido en contrastación con doctrina legal aplicable.


En ese entendido, al haberse determinado incumplimiento de los presupuestos legales exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP, corresponde declarar su inadmisibilidad.


En cuanto al primer motivo, en el que la recurrente denuncia que el Tribunal de apelación, convalidó la falta de valoración individualizada de la prueba reflejada en la Sentencia, respecto a lo cual hace referencia genérica a prueba testifical, se advierte que previa cita de los Autos Supremos 219 de 28 de junio de 2006, 91 de 28 de marzo de 2006 y 230 de 14 de junio de 2003, se limita a expresar de manera ambigua que el resultado de un razonamiento que quebrante cualquiera de esos principios tiene el efecto de falta de fundamentación exigido por el art. 124 del CPP, para expresar seguidamente que la Sentencia no sabe a ciencia cierta qué hechos han sido probados y qué hechos no lo fueron de su parte y transcribir parte del contenido del último Auto Supremo citado; sin embargo, a pesar de dichas consideraciones, en ningún momento explicó de qué modo el Auto de Vista recurrido, con la convalidación del defecto denunciado en apelación restringida, contradijo la doctrina legal invocada, siendo sus fundamentos confusos y carentes de explicación clara y suficiente respecto a la contradicción que habría provocado la Resolución recurrida en casación en referencia a la doctrina legal asumida por este Máximo Tribunal de Justicia, no siendo suficiente que se limite a efectuar un listado de Autos Supremos acompañado unas veces de una transcripción literal de su doctrina, sin explicar mínimamente de qué forma considera que se dio la contradicción, concretando los defectos de pronunciamiento del Auto de Vista impugnado, las disposiciones inobservadas o errónea aplicada, en comparación con los precedentes citados, mucho menos que directamente se refiera a fundamentos de la Sentencia, dando a entender que requiere de este Tribunal un control directo de la Resolución de mérito, lo cual conforme se estableció precedentemente, no le está permitido a este Tribunal en materia penal.


El Auto Supremo 53/2012 de 19 de marzo, con los datos proporcionados no fue posible su ubicación en la base de datos informático de este Tribunal. En cuanto, a la cita de las Sentencias Constitucionales, en mérito a los alcances establecidos en el art. 416 en relación a lo que se considera como precedentes contradictorios, los mismos no se encuentran dentro de dichos límites; en consecuencia, no fueron tomados en cuenta en el análisis de admisibilidad.


En mérito a los razonamientos expuestos, habiéndose detectado falta de cumplimiento de la carga procesal asignada a la recurrente con relación a la explicación de la presunta contradicción del fallo recurrido con los precedentes invocados en casación, es imperioso declarar la inadmisibilidad del motivo.


En el segundo motivo de casación, la recurrente expresa de manera genérica que tanto la Sentencia como el Auto de Vista impugnado, no cumplieron con la debida fundamentación; por cuanto, denota una relación de hecho distinta entre los hechos acusados y el sentenciado, denunciando una valoración contradictoria de pruebas, resaltando que la Sentencia se sustentan en medios probatorios no idóneos para el efecto, haciendo referencia a que se confundió las etapas en el procesos penal, respecto a la audiencia preparatoria de juicio oral y la de judicialización de pruebas, respecto a lo cual cita el Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007, del cual se limita a efectuar una transcripción parcial de su contenido.


Las referidas consideraciones no explican mínimamente cuál el defecto del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas en comparación con el precedente aplicable, dedicándose la recurrente esencialmente a denotar defectos la incongruencia entre el hecho acusado y el sentenciado, sobre la valoración de pruebas en la que habría incurrido el Juez de mérito al pronunciar la Sentencia y la confusión de etapas en las que dicha autoridad jurisdiccional incurrió, argumentos que de hecho resultan ambiguos y carentes de una explicación clara de cada uno de los defectos, que además denotan inobservancia de los alcances del recurso de casación que está destinado a efectuar un control de derecho sobre los fundamentos del Auto de Vista recurrido en contrastación con otros Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia y Autos Supremos pronunciados por este Tribunal, no así a efectuar un control directo sobre la Sentencia, como pretende la impugnante; en consecuencia, al no haber cumplido con la carga procesal asignada por los arts. 416 y 417 del CPP, corresponde declarar la inadmisibilidad del motivo.


Con relación al sexto motivo, en el que la recurrente advierte que el Tribunal de apelación señaló que el defecto respecto a su denuncia de la elaboración deficiente de actas de juicio, por no reflejar la veracidad del desarrollo de dicho acto, no es un defecto de sentencia que habilite la apelación, lo que tilda de lesivo de los arts. 371 inc. 4) y 372 del CPP, no invoca precedente contradictorio alguno con el cual este Tribunal pueda efectuar la labor de contraste jurisprudencial, con la finalidad de unificar la jurisprudencia en materia penal, no pudiendo considerarse salvada esta omisión con la cita de varios Autos Supremos en la parte final del recurso de casación, debido a que carecen de la explicación clara y suficiente respecto al modo en que habrían sido contrariados por alguno de los defectos que aduce adolece el Auto de Vista recurrido; en consecuencia, no se advierte cumplimiento de la carga procesal asignada en los arts. 416 y 417 del CPP.


No obstante lo señalado, al evidenciarse denuncia de existencia de actividad procesal defectuosa no convalidable, es necesario verificar si cumplió con los requisitos de flexibilización. En ese contexto, se advierte que la recurrente de manera genérica denuncia la existencia de actas de juicio que no reflejan la veracidad de lo ocurrido en dicho acto; sin embargo, no especifica qué circunstancias ocurridas en el juicio oral no habrían sido registradas en el acta ni qué derechos o garantías habrían sido vulnerados con dicha omisión, limitándose a denunciar el incumplimiento de los arts. 371 inc. 4) y 372 del CPP, describiendo llanamente cuáles los actos que deberían constar, sin especificar si en su caso dichas actuaciones fueron consignadas o soslayadas en el acta de juicio oral, no siendo suficiente expresar simplemente que la Sentencia no guarda relación con el acta de juicio oral, lo que considera “relevante” a fin a fundamentar la importancia del defecto denunciado; por cuanto, la carga procesal asignada a la impugnante cuando denuncia defectos absolutos, se traduce en explicar clara y mínimamente el derecho o garantía vulnerado, detallar con precisión en qué consiste la restricción o diminución del derecho o garantía y explicar el resultado dañoso emergente del defecto, aspectos que la recurrente no cumplió; por lo que, corresponde declarar la inadmisibilidad del motivo analizado.


Finalmente, en este apartado la recurrente también adujo que tampoco se cumplió el art. 173 del Código adjetivo penal, al no haberse valorado en lo más remoto la prueba documental producida por la defensa, sin referir si dicho defecto habría sido puesto a conocimiento del Tribunal de alzada en el recurso de apelación restringida y si este emitió pronunciamiento alguno que haya contradicho doctrina legal aplicable; por tanto, dicha denuncia genérica tampoco amerita ser admitida para su análisis de fondo.


Con relación al octavo motivo, en el que la recurrente aduce que el Tribunal de apelación no se pronunció respecto a su denuncia de rechazo de su incidente de nulidad por defectos absolutos sin fundamentación alguna por el Juez cautelar, vinculado a que no se aplicó correctamente el procedimiento inmediato para delitos flagrantes, art. 393 ter del CPP, debido a que no se le hizo participar en su condición de imputada, la impugnante omite citar precedente contradictorio alguno acompañado de la explicación clara y precisa respecto a la contradicción, en la que habría incurrido el Tribunal de alzada con su decisión, denotando incumplimiento de la carga procesal asignada en el art. 416 y 417 del CPP, no pudiendo considerar salvada dicha omisión conforme se estableció en párrafos precedentes-, con la cita de los Autos Supremos en la parte final del recurso de casación, al no estar acompañados de una mínima explicación respecto a la forma en la que habrían sido contrariados por el Auto de Vista recurrido.


Finalmente, ante la denuncia que hace la recurrente respecto a que la omisión de pronunciamiento del Tribunal de apelación, constituye un silencio insubsanable por el principio de preclusión, no posibilita su admisión excepcional debido a la generalidad de la denuncia; por cuanto, la recurrente omite explicar  las razones por las que considera dicha omisión como un defecto absoluto no convalidable, limitándose a citar el principio de preclusión, sin explicar de ninguna manera cómo su inobservancia constituiría defecto inconvalidable.


Por lo expuesto, el motivo de casación en definitiva corresponde ser declarado inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por Adela Veizaga Vargas, cursante de fs. 161 a 174.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA