TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 800/2016-RA

Sucre, 17 de octubre de 2016


Expediente                : Pando 22/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Jesús Gerardo Mayna Montenegro y otro

Delitos                : Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de agosto de 2016, cursante de fs. 63 a 64 vta., Jesús Gerardo Mayna Montenegro y José Miguel Rojas Zubieta, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 25 de julio de 2016, de fs. 55 a 57 vta., pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por los art. 308 Bis, con la agravante establecida en el art. 310 inc. c) del Código Penal (CP).


I.ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 60/2015 de 2 de diciembre (fs. 15 a 24), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a los imputados Jesús Gerardo Mayna Montenegro y José Miguel Rojas Zubieta, autores del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previstos y sancionados por el art. 308 Bis, con la agravante establecida en el 310 inc. c) del CP, imponiéndoles la pena de veinticinco años de privación de libertad, más las medidas preventivas y de protección previstas en el art. 149 de la Ley 548 incs. b) y c), más multa y costas procesales averiguables en ejecución de Sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Jesús Gerardo Mayna Montenegro y José Miguel Rojas Zubieta (fs. 35 a 36 vta.), interponen recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 25 de julio de 2016, dictado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró improcedente la apelación y en consecuencia confirmó la Sentencia recurrida.


c) Por diligencia de 9 de agosto del 2016 (fs. 59), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 16 del mismo mes y año, interpusieron el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) Los recurrentes transcribiendo parcialmente el Auto Supremo 104 de 20 de febrero del 2004, refieren que la pretensión en una apelación restringida es que el Tribunal de apelación determine si existe la falta o insuficiente fundamentación de la sentencia y una defectuosa valoración de la prueba y si en ésta última se aplicó las reglas de la sana crítica, aspectos que no habrían sido valorados en el caso de autos por el Ad quem, quien se hubiese limitado a ratificar los errores de la sentencia y la falta de valoración de la prueba, pues según refieren los recurrentes: i) Las pruebas MP1 hasta MP15 no constituirían prueba para sostener la existencia del delito, al tratarse sólo de informes, ii) Que las atestaciones de los profesionales que intervinieron en el caso, habrían sido propuestos como testigos en lugar de ser propuestos como peritos; iv) La prueba testifical sería sólo referencial, ya que nadie presenció el hecho delictivo; v) No se hubiere exhibido el certificado de nacimiento de la presunta víctima a efecto de probar su minoría de edad como elemento del tipo penal previsto por el art. 308 Bis del CP; a cuyo fin, hace referencia al Auto Supremo 027/2014-RRC de 18 de febrero de 2014, que habría señalado que ante la ausencia de uno de los elementos configurativos del tipo penal, no existe delito. Por otro lado, los recurrentes transcriben parcialmente los Autos Supremos 314/2016 de 25 de agosto de 2006 y 50 de 27 de enero de 2007.


2) Haciendo referencia a lo dispuesto por los Autos Supremo 47/2012-RRC de 23 de marzo y 104/2012 de 5 de junio, los recurrentes refieren que al no existir certificado de nacimiento de la presunta víctima no puede condenársele por un tipo penal con meras especulaciones, pues el Tribunal de alzada no hubiese revisado el certificado de nacimiento y el informe del IDIF, ni habría tomado en cuenta la inspección visu.


3) Denuncia que el Tribunal de apelación había revalorizado las declaraciones testificales y a tiempo de pronunciarse sobre las pruebas documentales había alegado que no puede revalorizar la prueba, ingresando en incongruencia y parcialización, además de vulnerar el principio de igualdad jurídica, seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva.


4) Refiere que se observó la prueba MP-11, porque el peritaje realizado no cumplió con las formalidades de rigor al no haberse notificado con la proposición de la prueba y que dicha prueba no habría sido considerada por el Tribunal de mérito, la misma que los recurrentes consideran importante porque hubiese establecido que no existe espermatozoides ni antígenos prostáticos y que los isopados demostrarían que si tuvo acceso carnal la víctima fue antes del supuesto día de los hechos.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos, se establece que el 9 de agosto de 2016, fueron notificados los imputados con el referido Auto de Vista; y, el 16 del mismo mes y año, interpusieron recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, en el primer motivo de casación los recurrentes refieren que el Tribunal de apelación se limitó a ratificar los errores de la sentencia y la falta de valoración de la prueba, haciendo referencia a aspectos relacionados con la prueba, los que a criterio de los recurrentes no prueban la comisión del tipo penal por el que fueron condenados; motivo en el que se limitan a transcribir parcialmente los Autos Supremos 104 de 20 de febrero del 2004, 27/2014-RRC de 18 de febrero, 314/2006 de 25 de agosto, 50 de 27 de enero de 2007, sin cumplir con el requisito previsto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP; es decir, la explicación clara y precisa de la contradicción incurrida por la Resolución recurrida con los precedentes invocados; por lo que, el mismo deviene en inadmisible.


En el segundo motivo de casación, a tiempo de alegar que el Tribunal de alzada no revisó el certificado de nacimiento y el informe del IDIF, tampoco habría tomado en cuenta la inspección visu, se limitan a transcribir parcialmente los Autos Supremos 47/2012-RRC de 23 de marzo y 104/2012 de 5 de junio, sin precisar cuál es la presunta contradicción entre estos precedentes y la resolución impugnada, incumpliendo nuevamente con el requisito previsto por el art. 417 segundo párrafo del CPP.


En el tercer motivo de casación los recurrentes a tiempo de denunciar que el Tribunal de apelación revalorizó las declaraciones testificales, no precisan que declaraciones testificales fueron revalorizadas, tampoco expresan cuál es el argumento del Ad quem, que en su criterio implica una revalorización; por otro lado, en el mismo punto refieren que el Tribunal de alzada a tiempo de pronunciarse sobre pruebas documentales alegó que no puede revalorizar prueba, ingresando en incongruencia y parcialización, además de vulnerar el principio de igualdad jurídica, seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva. Motivo en el que los recurrentes no invocaron ningún precedente contradictorio y en consecuencia tampoco precisaron la posible contradicción entre éstos y el motivo traído en casación. Si bien, invocan la vulneración de principios y derechos constitucionales, no proveen con claridad los hechos generadores de dicha vulneración, tampoco vinculan el hecho a un defecto absoluto conforme lo previsto por el art. 169 del CPP y menos señalan de efecto nocivo de dicha vulneración, por lo que el motivo deviene en inadmisible por incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP y los de flexibilización.


En el cuarto motivo de casación, los recurrentes se limitaron argumentar de manera confusa y contradictoria, que la prueba MP-11 fue observada por los hoy recurrentes, pero pese a la observaron por falta de cumplimiento de formalidades en su obtención, pretendían que sea considerada por el A quo, pues la misma sería importante para demostrar la inexistencia del delito acusado. Sin observar que el recurso de casación es un medio de impugnación que procede contra Autos de Vista que resuelven recursos de apelación y no contra sentencias, sumado a esta falencia, los recurrentes no invocaron ningún precedente contradictorio; y en consecuencia, tampoco precisaron cuál es la presunta contradicción entre éstos y el motivo traído en casación, deviniendo en inadmisible, por incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara  INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Jesús Gerardo Mayna Montenegro y José Miguel Rojas Zubieta, cursante de fs. 63 a 64 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA