TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 798/2016-RA

Sucre, 17 de octubre de 2016


Expediente                : La Paz 78/2016

Parte Acusadora        : Julio Limachi Chipana y otros

Parte Imputada        : Guillermo Huanca Mamani y otros

Delitos                : Despojo y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de abril de 2016, cursante de fs. 423 a 434, Guillermo Huanca Mamani, Elías Huanca Mamani y Dany Daniel Primero Huanca Bautista, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 20/2016 de 21 de marzo de 2016, de fs. 408 a 411 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Julio Limachi Chipana y Juan Víctor Limachi Copeticona este último en representación legal de Julio Limachi Chipana y Cecilia Copeticona Calle contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de la Posesión y Usurpación Agravada previstos y sancionados por los arts. 351, 353 y 355 del Código Penal (CP), respectivamente.


I.ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 1/2015 de 8 de enero (fs. 282 a 296), el Juez Primero de Partido y Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Elías Huanca Mamani, Guillermo Huanca Mamani y Dany Daniel Primero Huanca Bautista, autores de la comisión de los delitos de Despojo y Perturbación de la Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351 y 353 del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión, con costas y la reparación de daños y perjuicios; respecto del delito de Usurpación Agravada se emitió Sentencia absolutoria a favor de los referidos acusados.


b) Contra la mencionada Sentencia, los acusados Guillermo Huanca Mamani, Elías Huanca Mamani y Dany Daniel Primero Huanca Bautista (fs. 331 a 338 vta.) y Juan Víctor Limachi Copeticona en representación de Julio Limachi Chipana y Cecilia Copeticona Calle (fs. 340 a 341), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 20/2016 de 21 de marzo de 2016, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró inadmisible el recurso de apelación restringida de Elías Huanca Mamani, Guillermo Huanca Mamani y Daniel Primero Huanca Bautista e improcedente el recurso de Juan Víctor Limachi Mamani Copeticona y confirmó la Sentencia 1/2015 de 8 de enero.


c) Por diligencia de 15 de abril del 2016 (fs. 412), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista; y, el 22 del mismo mes y año, interpusieron recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) Los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada al rechazar su recurso de apelación restringida bajo el argumento falso de que no se hubiese cumplido con lo previsto en los arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al no subsanar las observaciones efectuadas al mismo, cuando dicho Auto de fs. 387 nunca se les fue notificado, situación que género que no se pronuncien en el fondo de su recurso, transcribiendo en consecuencia parte de lo establecido en el Auto Supremo 209/2012 de 28 de agosto, situación que a decir de los recurrente les vulnera su derecho a la defensa dejándolos en indefensión, reiteran que no fueron notificados con el referido Auto que disponía se subsane su recurso en consecuencia no se les otorgó el plazo de tres días para el efecto; por lo que, plantearon el correspondiente incidente de nulidad y pese a ello se continuó con el tramiten emitiéndose tanto la resolución 186/2015 como  la 20/2016 ahora recurrida.


2) Bajo el acápite fundamentación del recurso de casación, se alega que en la apelación restringida se denunció que en la emisión de la Sentencia 1/2015 de 8 de enero, se incurrió en el defecto previsto en el art. 370 inc. 1) con relación al art. 169 inc. 3) del CPP, además de la falta de fundamentación establecida en el art. 124 del CPP y violación de los arts. “171 y 171” (sic), por valoración impertinente de la prueba por no ser atingente al proceso, extremos que hubiesen sido debidamente desarrollados en su memorial de apelación; por lo que, no existía motivo para que el Tribunal de alzada aplique lo previsto en el art. 399 del CPP y otorgue los tres días de subsanación; al respecto, en el otrosí primero de su recurso de casación procede a describir los motivos de su apelación restringida transcribiendo las Sentencias Constitucionales 82/2007-R, 401/201-R, 1662/2012 y el Auto Supremo 382 de 25 de agosto de 2010. Reiteran que no fueron notificados con el actuado de subsanación refiriendo que al respecto se planteó incidente de nulidad por falta de notificación mismo que se encontraría en trámite, invocan nuevamente el Auto Supremo 209/2012 de 28 de agosto.


3) Invocando la Sentencia Constitucional 828/2007 de 10 de diciembre, los recurrentes alegan que un caso similar y análogo se dio curso a la excepción de prejudicialidad invocada por sus personas, situación no acontecida en su caso donde el Juez hubiese rechazado sin una verdadera valoración.


4) Alegando la garantía del debido proceso y la verdad material establecida en los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), los recurrentes señalan que en el presente caso se hubiese actuado con formalismo y trámites burocráticos vulnerándose la verdad material, denuncian que a la fecha muchos legisladores se resisten a ingresar a nuevos paradigmas a fin de dar aplicación a la presente norma en búsqueda de la verdad material, transcriben la Sentencia Constitucional 166/2012.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 15 de abril del 2016, fueron notificados los imputados, con el Auto de Vista hoy impugnado; y, el 22 del mismo mes y año, interpusieron su recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, se advierte que en el primer motivo los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada al rechazar su recurso de apelación restringida bajo el argumento falso de que no se hubiese cumplido con lo previsto en los arts. 407 y 408 del CPP, al no subsanar las observaciones efectuadas al mismo, no se tomó en cuenta que Auto de fs. 387  (De observaciones a su recurso) nunca se les fue notificado, transcribiendo en consecuencia parte de lo establecido en el Auto Supremo 209/2012 de 28 de agosto, concluyen señalando que plantearon el correspondiente incidente de nulidad. De igual manera en el motivo tercero, en el que invocando la Sentencia Constitucional 828/2007 de 10 de diciembre, los recurrentes denunciaron que un caso similar y análogo se dio curso a la excepción de prejudicialidad invocada por sus personas, situación no acontecida en su caso donde el Juez hubiese rechazado sin una verdadera valoración.


Al ser los dos motivos similares en su planteamiento (temas incidentales), corresponde resolverlos de manera conjunta, para ello debe tenerse presente que en el nuevo sistema procesal penal, la tercera etapa del proceso se halla destinada al uso de los medios de impugnación, entre los que destaca el recurso de apelación, el cual se estructura como un mecanismo para revisar decisiones judiciales probablemente erróneas, en tanto que el recurso de casación está destinado en su regulación a uniformar criterios interpretativos y ha sido instituido bajo la idea de que la ausencia de un mecanismo que uniformice los criterios jurisprudenciales de los distintos Tribunales del País, provocaría una dispersión jurisprudencial, creando un sentimiento de inseguridad jurídica colectiva, con las consecuencias perniciosas que ello podría conllevar para la seguridad jurídica.


En ese contexto, de acuerdo a la regulación normativa del recurso de casación establecido en los arts. 416 al 420 del CPP, el Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004, señaló que: "De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia", entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo Nº 628 de 27 de noviembre de 2007, precisando que: "...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción".


En ese sentido, el recurso de casación no procede contra otro tipo de resolución judicial pronunciada por los Tribunales superiores en el ámbito de su competencia y de manera específica, respecto a aquellas que resuelven los recursos de apelación incidental, de acuerdo a las previsiones del art. 403 del CPP, sin que este criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir; toda vez, que éste solamente puede ser ejercido en los casos que la ley ha previsto expresamente como manda el art. 394 del citado cuerpo legal, extremo ratificado por este Tribunal en el Auto Supremo 078/2012-RA de 23 de abril.


En el caso presente, se tiene que los recurrentes alegan sobre una presunta falta de notificación con el Auto de fs. 387, mismo que como ellos mismos reconocen fueron denunciados vía incidental, trámite que a la fecha de emisión del presente Auto Supremo fue resuelto por Resolución 183/2016 cursante de fs. 451 a 452, declarando improbado el incidente de referencia; en consecuencia, no existiendo recurso ulterior respecto de esta decisión y menos vía casación haciendo que la competencia de este Tribual no se apertura, de igual manera en cuanto al rechazó a su excepción de prejudicialidad, al tratarse de un tema eminentemente incidental, no es posible su consideración en esta etapa procesal; por ende, se concluye que ambos motivos devienes en inadmisible.


En cuanto al segundo agravio de casación, en el que se alega que en la apelación restringida se denunció que en la emisión de la Sentencia 01/2015, se incurrió en el defecto previsto en el art. 370 inc. 1) con relación al art. 169 inc. 3) del CPP, además de la falta de fundamentación establecida en el art. 124 del CPP y violación de los arts. “171 y 171” (sic), por valoración impertinente de la prueba por no ser atingente al proceso, extremos que hubiesen sido debidamente desarrollados en su memorial de apelación; por lo que, no existía motivo para que el Tribunal de alzada aplique lo previsto en el art. 399 del CPP y otorgue los tres días de subsanación; al respecto, en el otrosí primero de su recurso de casación procede a describir los motivos de su apelación restringida transcribiendo las Sentencias Constitucionales 82/2007-R, 401/201-R, 1662/2012 y el Auto Supremo 382 de 25 de agosto de 2010. Reiterando que no fueron notificados con el actuado de subsanación refiriendo que al respecto se planteó incidente de nulidad por falta de notificación mismo que se encontraría en trámite, invocan nuevamente el Auto Supremo 209/2012 de 28 de agosto.


A los fines de establecer el cumplimiento o no de los requisitos de formalidad del presente motivo, es de tener presente que la labor de este Tribunal Supremo de Justicia se encuentra restringida a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a las actuaciones realizadas por el Tribunal de alzada, así se desprende de lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, referidos a la procedencia y requisitos indispensables que viabilizan la admisibilidad del recurso de casación, en los que se dispone que este medio de impugnación procede para refutar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia, antes Cortes Superiores y Autos Supremos dictados por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud a lo cual, corresponde a quien recurre de casación, motivar en términos claros y precisos la supuesta contradicción entre los argumentos del Auto de Vista y los contenidos en el precedente contradictorio invocado, caso no acontecido en el recurso motivo de análisis pues, los recurrentes invocan como precedentes contradictorios Sentencias Constitucionales, misma que por mandato de lo establecido en el art. 416 del CPP, no se constituyen como precedente contradictorio dentro de un recurso de casación, ahora bien respecto del Auto Supremo 382 de 25 de agosto de 2010, los recurrentes se limitaron a la simple transcripción de lo establecido en la referida resolución sin efectuar la precisión y contraste de este con el Auto de Vista recurrido pues, no establecen cuales los argumentos del Tribunal de alzada que en concreto son contradictorios al precedente invocado incumpliendo lo previsto en el art. 417 del CPP; por lo que, al no ser posible corregir de oficio las omisiones del presente recurso corresponde la declaratoria de inadmisibilidad del presente agravio.


Respecto del cuarto agravio en el que se denuncia la vulneración a la garantía del debido proceso y la verdad material establecida en los arts. 115 y 180 de la CPE, los recurrentes señalan que en el presente caso se hubiese actuado con formalismos y trámites burocráticos vulnerándose la verdad material, alegando que a la fecha muchos legisladores se resisten a ingresar a nuevos paradigmas a fin de dar aplicación a la presente norma en búsqueda de la verdad material, transcriben la Sentencia Constitucional 166/2012.


Conforme lo ya señalado, la Sentencia Constitucional invocada en el presente agravio no se constituye en un precedente contradictorio dentro de un recurso de casación, incurriendo en incumplimiento del art. 416 del CPP, que dispone la carga procesal de invocación de precedentes contradictorios a los fines de establecer la concurrencia de presuntas contradicciones que denuncian las partes; en consecuencia, las falencias advertidas en el planteamiento del recurso, no pueden ser suplidas de oficio ni con la mera referencia vulneración a la garantía del debido proceso o verdad material como se observa en el agravio presente, pues a efectos de ingresar al fondo del agravio vía flexibilización, los recurrentes debieron cumplir con los presupuestos explicados en la parte final del acápite III de esta Resolución, mismos que fueron omitidos, pues simplemente se limitan a citar las normas conculcadas y como resultado de la deficiencia antes descrita, de ninguna manera se precisa cuál su relación con lo resuelto por el Tribunal de alzada; por ende, tampoco sellan en qué consistiría la restricción o disminución de las citadas garantías, y menos se explica el resultado dañoso emergente, derivando en que el recurso resulte inadmisible, aun acudiendo a los criterios de flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Guillermo Huanca Mamani, Elías Huanca Mamani y Dany Daniel Primero Huanca Bautista, cursante de fs. 423 a 434. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA