TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 788/2016-RRC

Sucre, 12 de octubre de 2016


Expediente                        : Chuquisaca 16/2016        

Parte Acusadora                : Ministerio Público 

Parte Imputada                : Isabel Lima Espada

Delito                        : Lesiones Gravísimas

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO

Por memorial presentado el 24 de mayo de 2016, cursante de fs. 319 a 325 vta., Isabel Lima Espada, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 187/2016 del 13 de mayo de fs. 314 a 316., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, integrada por los  Vocales Hugo Córdova Eguez y Elena Esther Lowenthal Claros de Padilla, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 inc. 5) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a)        Por Sentencia 1/2016 de 18 de enero (fs. 281 a 288 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Isabel Lima Espada, autora de la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 inc. 5) del Código Penal, imponiéndole la pena de cinco años de privación de libertad.   

b)        Contra la mencionada Sentencia, Isabel Lima Espada, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 292 a 297 vta.) subsanado de fs. 309 a 310, resuelto por Auto de Vista 187/2016 de 13 de mayo, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que rechazo por inadmisible el recurso sin ingresar al fondo.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 528/2016-RA de 14 de julio, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La recurrente alega que el Auto de Vista incurrió en errónea aplicación de la Ley e inobservancia, por no haber reparado los agravios expresados en el recurso de apelación restringida, ya que dicho recurso cumplió con todos los requisitos exigidos por Ley, pero sin explicación fue rechazada supuestamente por inadmisible, todo sin reparar los agravios sufridos (copia partes de la apelación restringida), es así que el Tribunal de alzada no consideró que en el recurso de apelación restringida se señaló con términos claros, concretos y precisos los defectos de la Sentencia, todo sin considerar que el recurso de referencia con carácter previo a su traslado ya fue objeto de revisión y procedencia, dejándole de esta forma en estado de indefensión y vulnerando las reglas del debido proceso y el art. 51 inc. 2) del CPP.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que la misma sala pronuncie nueva Resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable. 

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 528/2016-RA de 14 de julio, cursante de fs. 333 a 334 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Isabel Lima Espada, para su análisis de fondo.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:

II.1.  De la Sentencia.

Por Sentencia 1/2016 de 18 de enero, el Tribunal Tercero de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Isabel Lima Espada, AUTORA de la comisión del delito de LESIONES GRAVÍSIMAS, previsto y sancionado por el art. 270 núm. 5) del Código Penal” (sic), señalando en el apartado de “FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA”, que se le impone el mínimo de la pena en consideración a que la misma es de cinco años de privación de libertad.


II.2.        De la apelación restringida.


Notificada la parte imputada Isabel Lima Espada, interpone recurso de apelación restringida, arguyendo los siguientes motivos:


  1. La recurrente señaló que en la sentencia existirían imprecisiones de tiempo, del lugar exacto donde hubiera ocurrido el hecho acusado, indicando que por un lado se hubiera señalado que el hecho ocurrió el 9 de julio y la víctima habría señalado que el hecho ocurrió el 10 y que tampoco se habría determinado si el hecho ocurrió en la puerta de la escuela San Juanillo o en la calle que baja de la Sargento Tejerina; asimismo, indica que los certificados médicos serían contradictorios entre sí, por no tener coherencia sobre el lugar y el tamaño de las lesiones. 


  1. Por otro lado, señala que la prueba de descargo no habría sido considerada por el Tribunal de Sentencia; también indica que el Ministerio Público no hubiese considerado el atentado que sufrió su persona por parte de la víctima y finalmente indica que tampoco se hubiere considerado el hecho que la supuesta víctima desistió del proceso por dos oportunidades, concluyendo que se habría vulnerado los arts. 12, 171, 173 y 365 del CPP.


II.3.  Del Memorial que subsana las observaciones.


Por providencia de 22 de marzo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, concedió a la apelante el plazo de tres días para que la acusada, subsane su recurso de apelación restringida,


indicando que se debe especificar que regla de la sana crítica se hubiere omitido y cuál es la aplicación que se pretende respecto de las normas que denunció como vulneradas o erróneamente aplicadas, la recurrente por memorial que cursa de fs. 309 a 310 subsanó su recurso de apelación, bajo los argumentos que sintetizamos a continuación:


  1. Indica que se habría vulnerado los arts. 12, 171 del CPP, por violar la igualdad jurídica de las partes, indicando que no se hubiese valorado las testificales de descargo, los informes policiales y los informes médico legales,


  1. Por otro lado, indica que se hubiere vulnerado también el art. 173 del CPP, por no haber aplicado las reglas de la sana crítica en lo que se refiere al principio de la valoración íntegra e individual de la prueba.

  1. En lo que respecta al art. 365 del CPP, indica que no se hubiese valorado las contradicciones de los certificados médicos, de las declaraciones testificales de las testigos de cargo, que si se hubiere aplicado los principios de la sana crítica, la Sentencia no habría sido condenatoria.

II.4. Del Auto de Vista recurrido.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, una vez analizando el memorial que subsana el recurso de apelación (fs. 309 a 310), dictó el Auto de Vista 187/2016, que en la parte dispositiva rechaza por inadmisible el recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


  1. Respecto a la observación de especificar, cuál de las reglas de la sana crítica fueron violadas, -la lógica, la ciencia o la experiencia-, concluye que la recurrente no subsanó en lo absoluto con la observación, ni siquiera hace mención a las indicadas reglas.


  1. En relación a que se señale, cuál es la aplicación que se pretende de las normas identificadas como vulneradas y erróneamente aplicadas, el Tribunal de alzada señala que si bien se puntualiza el por qué considera que el A quo hubiere incurrido en tales defectos; empero, no se señala cuál fuere la aplicación que se pretende de los arts. 12, 171, 173 y 365.I todos del CPP; por lo que, concluye que la apelante tampoco cumplió con esta observación, pese a la conminatoria de rechazo; por cuanto, determina que no se ha cumplido con los requisitos previstos en el art. 408 en su primer párrafo.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LESIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS


Habiendo sido admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, por lo que con carácter previo, a los efectos señalados, se establecerán las bases que servirán de sustento a la presente resolución.  

 

III.1. Sobre la defectuosa valoración de la prueba, su formulación y control.


La denuncia por defectuosa valoración de la prueba, defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, como norma habilitante, debe encontrarse vinculada a la infracción del art. 173 del mismo cuerpo legal; es decir, a la vulneración de las reglas de la sana crítica, que son aquellas que conoce el hombre común a través de su experiencia (sentido común conocimiento adquirido por cualquier persona de forma espontánea como verdad irrefutable), las reglas de la ciencia, entre las cuales la más aplicada es la de la psicología, que en el caso del juzgador requiere conocimientos mínimos (se aplican cuando el juzgador observa comportamientos), además de las reglas de la lógica (la lógica de lo razonable); es decir, las reglas de la identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente, para crear un razonamiento debidamente estructurado. Lo que implica, que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar información necesaria que posibilite identificar cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente, únicamente  planteado en esos términos el recurso, es posible el control sobre la valoración de la prueba, control que debe ser ejercitado sobre la logicidad de la Sentencia, teniendo como circunscripción lo argumentado en el recurso.


Sobre la temática, el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, estableció como doctrina legal aplicable que: "Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.


Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la ciencia (psicología), controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido


ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente a admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez…” (Las negrillas son nuestras).


III.2. La previsión legal sobre el análisis de admisibilidad


Al respecto este Tribunal, ha establecido que: La razón del establecimiento de requisitos de acceso al recurso de apelación restringida se encuentra en que el derecho al mismo, se configura como garantía de las partes en el proceso, por lo que debe acomodarse a lo establecido por las disposiciones que lo regulan, puesto que si la admisión fuera indiscriminada, podría generar una práctica fraudulenta en sentido de que su utilización sería aprovechada por el litigante de mala fe con fines dilatorios, haciendo interminable la tramitación de los procesos en perjuicio de los derechos de las demás partes y el propio interés público, teniendo en cuenta que los requisitos condicionantes previstos por la ley, relativos a tiempo, forma y lugar, tienden a evitar excesos que pudieran impedir la posibilidad de conseguir un fallo dentro de un tiempo razonable.


Sin embargo, la admisibilidad del recurso no puede depender de requisitos contrarios a la Constitución, teniendo en cuenta que el acceso al mismo constituye un derecho fundamental; esto significa, que si bien el legislador ha determinado los requisitos de su admisibilidad, en el marco del respecto de los derechos y garantías de las partes, no pueden constituir una limitación al derecho fundamental, sino responden a la naturaleza del proceso y la finalidad que justifica su existencia, contribuyendo al ordenamiento del proceso.


III.3. Control de admisibilidad


“Compete a  los  Tribunales Departamentales de Justicia en el marco previsto por los arts. 51.2) y 407 y siguientes del CPP, examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y resolver la admisión del recurso de apelación restringida; al llevar a cabo esta misión, no pueden aplicar las normas de modo automático ni literal, sino que su actividad debe estar regida por una serie de principios que tiene su base en el derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso con todas las garantías, considerando que el principio pro actione es el principio informador de las normas procesales penales; en ese sentido, cuando el Tribunal de apelación interpreta y aplica de forma excesivamente rigurosa y formalista los criterios de admisibilidad, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que buscan efectivizar la posibilidad de que todos puedan utilizar los recursos procesales previstos por ley, sin obstáculos innecesarios, desproporcionados o carentes de justificación, de ahí que la norma procesal no permite un rechazo in limine sino que a efectos de garantizar el derecho al recurso, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en caso de existir un defecto u omisión de forma, el juez o tribunal de apelación debe hacerlo conocer al recurrente a través de observaciones claras y precisas, otorgándole un plazo de tres días para que amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo.



Incluso después de la corrección efectuada por la parte recurrente, el Tribunal de apelación no debe aplicar las normas en su estricta literalidad, ni actuar arbitrariamente en el ejercicio del poder valorativo para determinar si un recurrente ha cumplido o no con los requisitos de admisibilidad, esta labor tiene su freno en la Constitución; esto no supone que tenga la obligación de admitir todo recurso que se formule, por el contrario en ejercicio de la facultad que la propia ley le reconoce, puede perfectamente inadmitirlo cuando la falta de fundamentos sea evidente, cierta y patente; pero la determinación debe estar fundamentada en la aplicación e interpretación de la norma en el ámbito del acceso al recurso, la tutela judicial efectiva y el principio pro actione.


En ese ámbito, a los efectos de la valoración del cumplimento de los requisitos de admisibilidad, deben aplicarse los criterios rectores de la actividad jurisdiccional como los principios de interpretación más favorable, de proporcionalidad y de subsanación” (Auto Supremo 098/2013-RRC de 15 de abril).


IV.  Análisis del caso concreto.


En el presente caso, la imputada formula su recurso de casación alegando que el Tribunal de alzada al declarar inadmisibles su apelación restringida, habría vulnerado su derecho al debido proceso en su componente de derecho a la defensa, alegando que su recurso habría sido declarado inadmisible, siendo que a su criterio hubiese señalado de manera clara, concreta y precisa los defectos de la Sentencia.

De la revisión detallada del caso de autos se observa que el Tribunal de apelación, al observar que el recurso de apelación restringida no cumplía con los requisitos establecido por el art. 408 del CPP, en apego a lo prescrito por el art. 399 del CPP, mediante Auto de 22 de marzo de 2016 (fs. 306), concedió el plazo de tres días para que subsane las observaciones, señalando expresamente: 1) Respecto a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba por parte del Tribunal A-quo, dispuso que se especifique que reglas de la sana crítica se hubieran omitido, y 2) Respecto a la vulneración o errónea aplicación de normas, dispuso que indique la aplicación que se pretende, sobre las normas que considera que fueron vulneradas o erróneamente aplicadas; de la revisión del memorial de subsanación que cursa a fs. 309 a 310 con la suma de CONTESTA TRASLADO, se evidencia que la recurrente no cumple con las observaciones realizadas; no señala cuál de las reglas de la sana crítica no habrían sido considerada a tiempo de valorar la prueba, tampoco señala de qué manera debían ser aplicadas las normas denunciadas, siendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca, observando el principio de subsanación hizo conocer las observaciones de manera expresa, para que subsane en el plazo de 3 días cumpliendo con lo establecido por el art. 399 del CPP.


Ahora bien, la recurrente a tiempo de interponer su recurso de apelación restringida, expresa que existiría contradicción respecto al tiempo y lugar donde se hubiera cometido el hecho que es objeto del presente proceso, además que también los certificados médicos serían contradictorios entre sí, finalmente señala que no se habría considerado los desistimientos presentados por parte de la víctima; advirtiéndose que estas cuestiones solo son criterios subjetivos que tiene la recurrente, puesto que no observa ni ataca a los razonamientos de la Sentencia, es decir no señala cuáles son los errores en que hubiera incurrido el Tribunal de sentencia al valorar las pruebas; es decir, qué criterios de la lógica, la ciencia o la experiencia no habrían sido observados por el inferior, conforme fundamentó el Tribunal de apelación en el Auto de Vista que declaró la inadmisibilidad del recurso.


Finalmente la afirmación, en sentido que el recurso de apelación restringida hubiera sido objeto de revisión y procedencia antes del traslado, no tiene sustento alguno, puesto que el que revisa y declara procedente un recurso de apelación restringida es el Tribunal de apelación, y no el Juez de sentencia, el mismo que recibido el mismo notifica a las partes para que respondan y luego eleva al tribunal de alzada.

Del análisis efectuado, este Tribunal concluye que el Tribunal de alzada no vulneró el derecho a la defensa de la recurrente, porque si bien se declaró inadmisible el recurso de apelación restringida, esa determinación se fundó en la inobservancia de la recurrente, al no cumplir con las observaciones realizadas por el Tribunal de alzada y su obligación de controlar la clara y suficiente fundamentación en cuanto a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba expuesta en apelación, conforme se estableció en el fundamento jurídico III.1 de este Auto Supremo; por lo que, el presente recurso deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuestos por Isabel Lima Espada, cursante de fs. 319 a 325 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos