TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 785/2016

Sucre, 10 de octubre de 2016


Expediente                : Cochabamba 19/2016

Parte Acusadora                : Sonia Claudia Orellana Duran

Parte Imputada                        : Jhenny Elva Encinas Soriano

Delitos                        : Estafa y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de abril de 2016, cursante de fs. 542 a 547, Jhenny Elva Encinas Soriano, opone Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, con relación al delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP), dentro del proceso penal seguido por Sonia Claudia Orellana Durán contra la oponente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, tipificados por los arts. 335 y 344 del CP.


I. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN


La imputada Jhenny Elva Encinas Soriano, en su memorial de Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, argumenta que de la querella iniciada por Sonia Claudia Orellana Duran y de la Sentencia de 9 de mayo de 2009, se establece que el hecho ilícito de Estafa que es de carácter instantáneo y por el cual fue condenada, había acontecido el 14 de agosto de 2005, fecha en la que había obtenido de la presunta víctima la suma de $us. 6.000.- (Seis mil 00/100 Dólares estadounidenses), comenzando a correr el término de la prescripción previsto por el art. 30 del Código de Procedimiento Penal (CPP), desde la media noche del referido día; por lo que, argumenta que es aplicable al caso lo previsto por el art. 29 inc. 2) del CPP, al tener prevista como pena máxima, cinco años de privación de libertad; por cuanto, la acción penal habría prescrito el 14 de agosto de 2010, ya que en el caso de autos no se hubiese presentado ninguna de las causales de interrupción ni suspensión del cómputo de la prescripción, previstas por los arts. 31 y 32 del CPP.


II. RESPUESTA DE LA PARTE ACUSADORA


Por decreto de 31 de agosto de 2016 (fs. 580), conforme lo dispuesto por el art. 314 del PP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 20 de octubre de 2014, se corrió traslado a la parte acusadora, conforme se tiene de la diligencia cursante a fs. 594 vta., quien respondió expresando que desde la conducta ilícita de la acusada, transcurrió bastante tiempo, en el cual se operó una reparación del daño y el olvido de la infracción que le ocasionó perjuicios en su patrimonio; por lo que, considera que la prescripción penal debe ser concedida a la acusada.


III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCION OPUESTA


Planteada la excepción de prescripción y con la respuesta brindada por la acusadora particular, corresponde a este Tribunal resolver el planteamiento de la imputada a través de resolución fundada conforme las previsiones del art. 124  del CPP. 


III.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


La Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre,  estableció: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en



las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


III.2. Análisis del caso concreto.


El art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), establece: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.” (las negrillas son nuestras).


Asimismo el art. 180.I de la misma norma suprema, establece entre los principios procesales, la legalidad, principio al que está limitado el ejercicio del ius puniendi del Estado, y el cual a decir de Carlos Creus en su obra “Derecho Penal” parte general, está condicionado a: “(…) las limitaciones legales (ley previa) y del cumplimiento de determinados procedimientos de aplicación (debido proceso legal) y ejecución de la pena, especificando con ello finalidades de la pena que el legislador penal no puede desconocer con relación a algunas de sus especies (las privativas de libertad) (…)” (las negrillas son nuestras).


Por otra parte, es menester señalar que la figura de la extinción de la acción por prescripción, halla su fundamento doctrinal, en que el ius puniendi del Estado no es absoluto, siendo un límite a esta facultad, el transcurso del tiempo, cuando el Estado no inicia o iniciado un proceso contra un presunto sujeto activo de un delito, no concluye el mismo. Inicialmente, esta figura procesal, según refiere Carlos Creus, en su obra “Derecho Penal” parte general, fue inspirada en dos motivaciones básicas; el primero, un fenómeno físico, por el que el mero transcurrir del tiempo que deposita en la vida social un espectro residual susceptible de traducirse en el olvido del hecho por desaparición de sus efectos, o como cesación de la impresión moral negativa a que diera lugar, como pautas que animan la inutilidad de su persecución; y el segundo, referido a que el devenir temporal, se sumó la presunción de enmienda y buena conducta en el agente que implica su abstención delictiva.


En el ordenamiento jurídico procesal penal, la prescripción como motivo de extinción de la acción penal, se halla reconocida en el inc. 8) del art. 27 del CPP, siendo regulado el requisito temporal por el art. 29 de la norma adjetiva penal, el cual en su inc. 2) dispone como requisito de la extinción, el transcurso de cinco años, para delitos que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menos de seis y mayor de dos años. Este requisito temporal, por disposición del art. 30 de la misma norma mencionada, inicia a computarse desde: i) La media noche del día en que se cometió el delito, o ii) Desde la media noche en que cesó su consumación.


Para establecer el inicio adecuado del cómputo del plazo de la prescripción del tipo penal de Estafa, se debe acudir a la descripción del hecho ilícito según la norma sustantiva penal, determinando si el tipo juzgado es un delito instantáneo o permanente; el primero delito instantáneo-, se consuma el momento de la ejecución de la acción calificada de ilícita; el segundo delitos permanentes-, la acción ilícita consumada se prolonga en el tiempo.


El art. 335 del Código Sustantivo Penal, establece que: “(ESTAFA). El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, (…)”; el mismo al tener un efecto inmediato, como la disposición de bienes por parte del sujeto pasivo del delito; queda agotado con la referida acción, correspondiendo a la clasificación de delitos instantáneos; estableciéndose, que el cómputo del plazo para la prescripción de la acción penal, en el caso de autos, evidentemente comenzó a correr a partir de la media noche del 14 de agosto del 2005.


Estando establecido que el delito de Estafa, corresponde a la clasificación de delitos instantáneos y habiéndose determinado el inicio del cómputo del plazo de la prescripción, corresponde a este Tribunal establecer, si en el caso de autos evidentemente no existe una resolución ejecutoriada que ponga fin al litigio o que exista alguna de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción y que viabilice la extinción de la acción por prescripción.


Al respecto, la imputada, en el “OTROSI 1º” de su solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, ofreció como prueba de la prescripción, todo el legajo procesal remitido a este Tribunal de casación; del cual, este Tribunal verifica la existencia de un informe de antecedentes penales (fs. 276), el cual refiere que la hoy excepcionista Jhenny Elva Encinas Soriano, no registra antecedentes penales referidos a una sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso; sin embargo, dicha certificación es del 28 de noviembre del 2008, es decir después de un mes y diez días posteriores al inicio de la querella interpuesta por Claudia Orellana Duran; por lo que, la referida literal no acredita que la impetrante de extinción de la acción, no haya sido declarada rebelde durante la tramitación del proceso hasta el momento que opuso la excepción de extinción de la acción penal por prescripción.


Por lo expuesto, se tiene establecido que la impetrante de extinción de la acción penal por prescripción, no acreditó con medio idóneo, que en el caso de autos, no hubiera existido interrupción o suspensión del término de la prescripción, incumpliendo lo dispuesto por el art. 314.I del CPP, al no acreditar que no fue declarado rebelde durante el trámite del proceso penal hasta el momento de la solicitud de extinción de la acción penal, tampoco demostró objetivamente que no haya existido causales de suspensión del término para la prescripción; debiendo comprender el excepcionista que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas que las sustenten, no pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia conforme el art. 178.I de la CPE.



POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADA la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, opuesta por la acusada Jhenny Elva Encinas Soriano, con costas conforme lo dispuesto por el art. 268 del CPP.


En  cumplimiento  de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente resolución no es recurrible.


Notifíquese a las partes conforme al art. 163 del CPP y una vez efectuadas las correspondientes diligencias, procédase al sorteo de la causa para la resolución de fondo del recurso de casación formulado por la imputada, admitido por el Auto Supremo 553/2016-RA de 15 de julio, de fs. 575 a 577 vta.


Regístrese y cúmplase.



Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos