TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 782/2016-RA

Sucre, 10 de octubre de 2016


Expediente                : Santa Cruz 89/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Oscar Ramiro Pizarro Reyes

Delito                : Violación de Niño, Niña o Adolescente


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de abril de 2016, cursante de fs. 354 a 369, Oscar Ramiro Pizarro Reyes, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 17 de 8 de marzo de 2016, de fs. 320 a 323, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 35/2015 de 8 de abril (fs. 262 a 271), el Tribunal Segundo de Sentencia de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Oscar Ramiro Pizarro Reyes, autor de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis párrafo primero, con las agravantes previstas por el art. 310 incs. 2), 3) y 4) del CP, imponiéndole la pena de veinticinco años de presidio sin derecho a indulto, más el pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Oscar Ramiro Pizarro Reyes, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 276 a 282), resuelto por Auto de Vista 17 de 8 de marzo de 2016, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente la apelación interpuesta.


c) Por diligencia de 7 de abril del 2016 (fs. 324), el recurrente  fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 19 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) El recurrente denuncia que desde su solicitud de cesación de medidas cautelares, sufrió agravios como el hecho de no otorgarle a su abogado los 10 (diez) días para preparar su defensa, imponiéndole un defensor público de manera discrecional; asimismo, no se le entregó la copia de la Sentencia, sino sólo del acta de juicio oral, actuando en contradicción a lo dispuesto por el Auto Supremo 26 de 26 de enero del 2007, que hubiese establecido que los defectos absolutos deben ser reparados por el Tribunal de apelación o casación, con la facultad conferida por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), al no haberlo hecho el Tribunal de apelación, habría violado su derecho a la defensa.


2) Previa referencia a los arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1, 24 y 25 de la Convención americana de Derechos Humanos Pacto de San José de costa Rica, 419 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y los Autos Supremos 131/2007, 193/2013 sin fecha- 193/2013 de 11 de julio, 50/2007 de 27 de enero, 59/2006 de 27 de enero, 562 de 1 de octubre de 2004 y 337 de 1 de julio de 2010, el recurrente señala que el Auto de Vista impugnado a tiempo de resolver los defectos absolutos denunciados en apelación restringida, habría argumentado que las pruebas periciales y psicológicas fueron correctamente insertadas y valoradas para fundar la sentencia condenatoria, cuando conforme los datos del proceso, el A quo hubiese ordenado la lectura a todas las pruebas documentales y periciales, sin individualizarlas y sin que el Ministerio Público hubiere sentado las bases para su incorporación legal; por otro lado, la prueba C1 consistente en examen ginecológico, no indicaría las horas de los desgarros para deducir cuantas veces fue violada la presunta víctima, sumado a ello la misma tendría enamorado desde sus 10 (diez) años; por lo que, a decir del recurrente no existe la certeza aproximada que exige el principio de verdad material al que hace referencia el Tribunal de apelación, en el cuarto considerando del Auto de Vista impugnado. Asimismo, reitera que el Auto de Vista no resolvió uno por uno de manera fundamentada los motivos de su recurso de apelación restringida, dejándolo en estado de incertidumbre incurriendo en incongruencia omisiva, que vulnera los arts. 124 y 398 del CPP, pues el Tribunal de apelación habría soslayado su deber de realizar el control del inter lógico de la fundamentación probatoria intelectiva, defectos que el recurrente refiere, debieron ser corregidos por el Ad quem de oficio aun cuando su persona no hubiera hecho el reclamo oportuno para su saneamiento, además de que en ninguna resolución puede omitirse la fundamentación, motivo en el que también invoca como precedentes los Autos Supremos 26 de 26 de enero de 2007, 29 de 26 de enero de 2007, 276/”007 de 5 de octubre y 305 de 25 de agosto sin año-.


3) El recurrente denuncia que el Tribunal de apelación en cuanto a su segundo motivo de apelación restringida, en el que denunció la violación al debido proceso que le causaría indefensión e incertidumbre, hubiese referido que el informe psicológico y médico habrían sido obtenidos conforme a procedimiento y fue dado a conocer a la defensa, incorporándose al juicio de acuerdo al art. 333 del CPP, fundamento en el que el Ad quem, habría omitido indicar que las pruebas C1, C2 y C3, fueron incorporadas por su lectura sin ser sometidas a contradicción en virtud del principio de igualdad de las partes, establecido por los arts. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 11 del CPP, constituyendo un defecto conforme a lo previsto por los arts. 160 y 370 del CPP.


4) Finalmente, el recurrente invocando como precedente contradictorio los Autos Supremos 193/2013 de 11 de julio, 102/2013 de 9 de abril, 219 de 28 de junio de 2006, 91 de 28 de marzo, 53/12 de 19 de marzo de 2012 y 193/2013 de 11 de julio, denuncia que el Tribunal de apelación no se pronunció sobre el motivo de apelación restringida: “IN TITULADO COMO DERECHO DE INTERPONER EL RECURSO”, pues en audiencia de fundamentación en 20 (veinte) minutos, sólo hubiese tenido oportunidad de fundamentar cinco agravios de los once que denunció en su recurso; de igual manera, no habría considerado las denuncias fundadas en la existencia de los defectos de sentencia previstos por los incs. 1), 2), 3), 4), 5), 8) y 11) del art. 370 del CPP.


II. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existenciade precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


A los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión del presente recurso, cabe mencionar que el sistema de recursos en Bolivia, en cuanto a los plazos para su formulación reconoce que son: a) Legales, pues su determinación se encuentra prevista en la regulación de cada medio recursivo en particular; b) Improrrogables, dado que se encuentra impedida la prolongación del plazo originariamente fijado para su presentación; y, c) Perentorios, que significa que cumplido su término, la posibilidad de interponer recurso, se extingue, precluyendo en consecuencia la oportunidad para ejercer el derecho a impugnar; en cuyo mérito, la articulación del recurso de casación fuera de los términos legales establecidos, implica su inadmisibilidad en virtud de su presentación extemporánea.


Respecto al plazo para la formulación del recurso de casación, el art. 417 del CPP, establece que deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado, debiendo tenerse presente las disposiciones contenidas en el art. 130 con relación al art. 124 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en sentido de que este plazo es perentorio e improrrogable y comienza a correr al día siguiente hábil de practicada la notificación con la resolución recurrida, debiendo al efecto computarse los días hábiles, transcurriendo ininterrumpidamente hasta su vencimiento a las veinticuatro horas del último día hábil señalado y sólo se suspende durante la vacación judicial, debiendo para el cómputo considerarse la disposición contenida en el art. 123.I de la Ley del Órgano Judicial que señala: “Son días hábiles de la semana para las labores judiciales, de lunes a viernes”.


En el presente caso, del análisis de los actuados procesales, se evidencia que el jueves 7 de abril de 2016, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado; por lo que, el término de cinco días previsto por el art. 417 del CPP, para la interposición del recurso de casación, empezó a computarse a partir del día siguiente, en cumplimiento del art. 130 del citado Código, venciendo el plazo a las 24 horas del jueves 14 de abril de 2016, en aplicación de la citada norma legal; empero, el recurrente interpuso el recurso sometido a análisis el martes 19 de abril del presente año; en consecuencia, se concluye que el recurso fue interpuesto fuera del plazo previsto por la norma procesal penal.


Constatada la presentación extemporánea del recurso, no corresponde verificar los demás requisitos, toda vez que el recurso deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara  INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Oscar Ramiro Pizarro Reyes, cursante de fs. 354 a 369.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA