TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 778/2016-RA

Sucre, 10 de octubre de 2016


Expediente                : Potosí 23/2016

Parte Acusadora        : Valeriana Quispe Ríos  

Parte Imputada        : Cristina Monasterios 

Delitos        : Difamación y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de agosto de 2016, cursante de fs. 116 a 117 vta., Cristina Monasterios, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 21/2016 de 4 de julio, de fs. 110 a 111, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por Valeriana Quispe Ríos contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Injurias y Calumnias, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 1/2016 de 28 de enero (fs. 74 a 77 vta.), el Juez de Partido, Mixto, Liquidador y Sentencia de Villazon del Tribunal Departamental de Justicia de Potosi, declaró a Cristina Monasterios, autora de los delitos de Difamación, Injurias y Calumnias, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión, con costas.


b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada Cristina Monasterios, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 81 a 82 vta.), resuelto por Auto de Vista 21/2016 de 4 de julio, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que revoca parcialmente la Sentencia, declarando a la imputada culpable por los delitos de Calumnia e Injuria previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del CP, condenándole a dos años de privación de libertad, siendo concedido el beneficio del Perdón Judicial.


c) Por diligencia de 29 de julio de 2016 (fs. 113), fue notificada la recurrente con el Auto de Vista impugnado; y, el 4 de agosto del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


La recurrente alega que conforme a los arts. 124 y 414 del Código de Procedimiento Penal (CPP), toda resolución debe contener la debida fundamentación jurídica y fáctica que sustente la validez de la decisión, pero el Auto de Vista impugnado, en ninguna parte hace mención en relación a una de las causas de impugnación a la Sentencia, ya que se reclamó que conforme el art. 370 inc. 6) del CPP no se pudo demostrar concretamente en que fue agraviada la querellante respecto a los tres delitos atribuidos, pese de que fue uno de los motivos de apelación; además, el Tribunal de alzada señalo que es injusta la decisión; por tanto, debió anular la Sentencia hasta fojas cero.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en  apelación cuando  se dictó  el  Auto de  Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 29 de julio del 2016, fue notificada la  recurrente con el Auto impugnado; y, el 4 de agosto del mismo año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito previsto por el art. 417 del CPP.


Respecto al único motivo, la recurrente alega que conforme a los arts. 124 y 414 del CPP, toda resolución debe contener la debida fundamentación jurídica y fáctica que sustente la validez de la decisión, pero el Auto de Vista impugnado, en ninguna parte hace mención en relación a una de las causas de impugnación a la Sentencia, ya que se reclamó que conforme el art. 370 inc. 6) del CPP, no se pudo demostrar concretamente en que fue agraviada la querellante respecto a los tres delitos atribuidos; además, el Tribunal de alzada señalo que es injusta la decisión, por tanto debió anular la Sentencia hasta fojas cero; al respecto, este Tribunal evidencia que la recurrente no ha invocado ningún precedente contradictorio y por ende no ha explicado de forma clara y precisa cual la contradicción con el Auto de Vista conforme establece los arts. 416 y 417 del CPP y el apartado III. ii) de la presente resolución. Tampoco, denuncia la vulneración de algún derecho fundamental, el resultado dañoso y relevante en el resultado; por lo que, el motivo deviene en inadmible. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CCP, declara  INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Cristina Monasterios, cursante de fs. 116 a 117 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA