TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 762/2016-RA

Sucre, 29 de septiembre de 2016


Expediente                : Santa Cruz 84/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Eva Daza Ortubé

Delito                : Tentativa de Homicidio


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 21 de julio del 2016, cursante de fs. 2733 a 2736 vta., y fs. 2747 a 2750 vta., Mirna Arancibia Belaunde en representación de William Torres Tordoya y Eva Daza Ortubé, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 38 del 29 de junio del 2016, de fs. 2696 a 2704, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y William Torrez Tordoya en contra de la recurrente, por la presunta comisión del delito de Tentativa de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 con relación al art. 8 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 38/2014 de 24 de noviembre (fs. 2521 a 2532), el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a la imputada Eva Daza Ortubé, autora de la comisión del delito de Tentativa de Homicidio, tipificado por el art. 251 con relación al art. 8) del CP, imponiéndole la pena de cuatro años de privación de libertad.


b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada (fs. 2533 a 2540) y el acusador particular (fs. 2542 a 2544), interpusieron recursos de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 38 de 10 de junio de 2015 (fs. 2625 a 2628 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 131/2016-RRC de 22 de febrero (fs. 2678 a 2989); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó el Auto de Vista 38 del 29 de junio del 2016 (fs. 2696 a 2704), que declaró admisible e improcedente los recursos de apelación planteados por la parte acusada como por la querellante, modificando la pena a tres años de reclusión contra la imputada.

c) Por diligencias del 14 de julio de 2016 (fs. 2713 y 2715), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 21 de julio del mismo mes y año, interpusieron recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1.Del recurso de casación de Mirna Arancibia Belaunde en representación de William Torres Tordoya.


Alegan que, el Auto de Vista incumple lo establecido por el Auto Supremo 131/2016-RRC  del 22 de febrero, ya que dicho precedente estableció que el Tribunal de alzada tenía la obligación de observar “no solo la personalidad de la autora, la mayor o menos gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito, sino también la normativa referente al concurso de delitos y a la tentativa” (sic), aspecto que no fue observado por el Tribunal de alzada, pese de existir una defectuosa fundamentación en la Sentencia por errónea aplicación de la Ley Sustantiva, al respecto se tiene el Auto Supremo 46/2012-RRC del 23 de marzo y 125/2013-RRC del 10 de mayo, cuyos entendimiento fueron asumidos por los Autos Supremos 343/2015-RRC del 3 de junio y 728/2015-RRC-L del 12 de octubre; pero aclara que con la finalidad de aplicar correctamente el alcance del art. 45 del CP, la Sala Penal del Tribunal Supremo mediante Auto Supremo 555/2014-RRC del 15 de octubre, señalo que, cuando concurre el concurso real la pena a aplicarse debe ser la del delito más grave, lo que no necesariamente implica la pena máxima del referido tipo penal, previendo a continuación que el Juez puede aumentar el máximo hasta la mitad, sin embargo el Tribunal de alzada omitió el cálculo del concurso de delitos tal como prevé el art. 45 del CP, debiendo incrementar la sanción en una mitad, es decir a los tres años y tres meses debieron sumarle 1(un) año, 7 (siete) meses y 15 (quince) días, teniéndose como resultado la pena a imponerse a 4 (cuatro) años, 10 (diez) meses y 15 (quince) días.


II.2. Del recurso de casación de Eva Daza Ortubé.


1) Al Auto Supremo 131/2016-RRC del 22 de febrero, señaló que la revisión de oficio de defectos se aplicaba con la anterior Ley abrogada, criterio que va en contra de la verdad material y del Auto Supremo 394/2014-RRC; por lo que, el alto Tribunal de Justicia debe admitir el recurso de casación e ingresar al fondo, ya que el no permitir la producción de la prueba en juicio bajo la comunidad de la prueba (video) es vulnerar el debido proceso, el derecho a la defensa y al principio de igualdad, aspecto contrario a los Autos Supremos 140 del 5 de marzo del 2009 y 272 del 4 de mayo del 2009, ya que el tribunal de Sentencia al negar la judicialización de una prueba ocasionó un defecto absoluto y por tanto debió ingresarse a revisar los defectos insubsanables de oficio, caso contrario se vulnera derechos fundamentales conforme estableció las Sentencia Constitucional 292/2010-R entre otras más.


2) El Auto de Vista señala en su segundo considerando que no pueden revalorizar la prueba; sin embargo, hacen todo lo contrario al revalorizar un certificado médico forense, estableciendo que solo se evidencia lesiones en la humanidad de la víctima que arrojan un resultado de 45 días de impedimento, las cuales no ponen en riesgo su vida, pero contradictoriamente se lo condena por tres años dejando incólume la sentencia apelada. Concluye que el Auto de Vista no se encuentra debidamente  fundamentado, ya que no sabe si se le condena por tentativa de homicidio o por lesiones, ya que el primer considerando es contradictorio a la parte resolutiva.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en  apelación cuando  se dictó  el  Auto de  Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 14 de julio de 2016, fueron notificados los recurrentes con el Auto de Vista impugnado; y, el 21 del mismo mes y año, interpusieron recurso de casació; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito previsto por el art. 417 del CPP.

IV. Recurso de casación de Mirna Arancibia Belaunde en representación de William Torres Tordoya:


Respecto al único motivo, se alega que, el Auto de Vista incumple lo establecido por el Auto Supremo 131/2016-RRC del 22 de febrero, ya que dicho precedente estableció que el Tribunal de alzada tenía la obligación de observar la normativa referente al concurso de delitos y a la tentativa, aspecto que no considerado por el Tribunal de alzada, pese de existir una defectuosa fundamentación en la Sentencia por errónea aplicación de la Ley Sustantiva, al respecto invoca los Autos Supremos 46/2012-RRC del 23 de marzo y 125/2013-RRC del 10 de mayo, cuyos entendimiento hubiesen sido  asumidos por los Autos Supremos 343/2015-RRC del 3 de junio y 728/2015-RRC-L del 12 de octubre, pero aclara que con la finalidad de aplicar correctamente el alcance del art. 45 del CP, la Sala Penal del Tribunal Supremo mediante Auto Supremo 555/2014-RRC del 15 de octubre, señalo que, cuando concurre el concurso real la pena a aplicarse debe ser la del delito más grave, lo que no necesariamente implica la pena máxima del referido tipo penal, previendo a continuación que el Juez puede aumentar el máximo hasta la mitad; al respecto se constata que la recurrente cumple con explicar la presunta contradicción entre el Auto Supremo 131/2016-RRC del 22 de febrero -dictado en el presente proceso- y el Auto de Vista impugnado, en el sentido de que, el Tribunal de alzada no hubiese observado lo establecido por el precedente sobre la normativa referente al concurso de delitos y a la tentativa; así también explico la contradicción del Auto de Vista y el Auto Supremo 555/2014-RRC del 15 de octubre, relacionado a que cuando concurre el concurso real la pena a aplicarse debe ser la del delito más grave, lo que no necesariamente implica la pena máxima del referido tipo penal, previendo a continuación que el Juez puede aumentar el máximo hasta la mitad; pero que el Tribunal de alzada no considero el verdadero alcance de lo establecido por el art. 45 del CP; consiguientemente se constata el cumplimiento de lo establecido por los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que el motivo deviene en admisible.

 

Los Autos Supremos 46/2012-RRC del 23 de marzo; 125/2013-RRC del 10 de mayo, 343/2015-RRC del 3 de junio y 728/2015-RRC-L del 12 de octubre, no serán tomados en cuenta, toda vez que la recurrente no explica de manera clara y precisa, cual la contradicción de estos con el Auto de Vista, limitándose a citarlos y transcribirlos.


IV.2. Recurso de casación de Eva Daza Ortubé.


En el primer motivo, la recurrente alega que el Auto Supremo 131/2016-RRC del 22 de febrero, señaló que la revisión de oficio de defectos se aplicaba con la anterior Ley abrogada, criterio que va en contra de la verdad material y del Auto Supremo 394/2014-RRC; por lo que, el alto Tribunal de Justicia debe admitir el recurso de casación e ingresar al fondo, ya que el no permitir la producción de la prueba en juicio bajo la comunidad de la prueba (video) es vulnerar el debido proceso, el derecho a la defensa y al principio de igualdad, aspecto contrario a los Autos Supremos 140 del 5 de marzo del 2009 y 272 del 4 de mayo del 2009, toda vez que, el Tribunal de Sentencia al negar la judicialización de una prueba ocasionó un defecto absoluto y por tanto debió ingresarse a revisar los defectos insubsanables de oficio, caso contrario se vulnera derechos fundamentales conforme estableció las Sentencia Constitucional 292/2010-R entre otras más; al respecto, este Tribunal constata que la recurrente ataca jurídicamente al Auto Supremo 131/2016-RRC del 22 de febrero, dictado en el presente proceso y por otra parte, continua denunciando defectos propios del juicio oral, sin considerar que el recurso de casación no se encuentra diseñado para dicho efecto, sino más bien para realizar el control de legalidad únicamente del Auto de Vista y no así de un Auto Supremo o de actuaciones del juicio oral, además respecto a la prueba de un video al que hace referencia la recurrente, este Tribunal ya se pronunció en el Auto Supremo 687/2015-RA del 30 de noviembre; por lo que, menos podría hacerlo nuevamente. Finalmente, aclarar que conforme a la amplia línea jurisprudencial de este Tribunal las Sentencias Constitucionales no constituyen precedentes y por tanto no pueden ser consideradas para realizar la labor encomendada por el legislador; por lo que, el motivo deviene en inadmisible.

  

Respecto al segundo motivo, la recurrente denuncia que el Auto de Vista estableció en su segundo considerando que no pueden revalorizar la prueba; sin embargo, hacen todo lo contrario al revalorizar un certificado médico forense, estableciendo que solo se evidencia lesiones en la humanidad de la víctima que arrojan un resultado de cuarenta días de impedimento, las cuales no ponen en riesgo su vida, pero contradictoriamente se lo condena por tres años dejando incólume la sentencia apelada. Concluye que el Auto de Vista no se encuentra debidamente  fundamentado, ya que no sabe si se le condena por tentativa de homicidio o por lesiones, se evidencia que la recurrente no invoca ningún precedente y por ende no explica cual la contradicción con el Auto de Vista conforme exigen los arts. 416 y 417 del CPP, omisión que no puede ser suplida de oficio, si bien en su recurso de casación aisladamente se refiere al debido proceso; sin embargo de ello, no explica cual la disminución de dicho derecho y el resultado dañoso de la presunta omisión, incumpliendo así los requisitos de flexibilización diseñados por este Tribunal y ratificados por la jurisdicción constitucional; por lo que, el motivo deviene en inadmisible.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CCP, declara  ADMISIBLE el recurso de casación interpuestos por Mirna Arancibia Belaunde en representación de William Torres Tordoya, cursante de fs. 2733 a 2736, e INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Eva Daza Ortubé, cursante de fs. 2747 a 2750 vta.; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA