TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 744/2016-RA

Sucre, 26 de septiembre de 2016


Expediente                : Santa Cruz 74/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra 

Parte Imputada        : Adrián Alba Justiniano 

Delito        : Violación


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de junio de 2016, cursante de fs. 354 a 362 vta., Adrián Alba Justiniano, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 27 de 5 de mayo de 2016, de fs. 343 a 347 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María Ruth Ribera Rojas contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 129/2015 de 23 de noviembre (fs. 304 a 307 vta.), el Tribunal de Sentencia de Montero, de la Provincia Obispo Santistevan del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al imputado Adrián Alba Justiniano autor de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, imponiendo la pena de quince años de privación de libertad; siendo absuelto de los delitos de “Amenazas de Muerte” (sic) y Coacción, tipificados en los arts. 293 con relación a los arts. 251 y 294 del CP.


b) Contra la referida Sentencia, el imputado Adrián Alba Justiniano interpuso recurso de apelación (fs. 316 a 317 vta.), resuelto por Auto de Vista 27 de 5 de mayo de 2016, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el citado recurso.


c) Por diligencia de 17 de junio de 2016 (fs. 348), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 27 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 354 a 362 vta., no obstante que se encuentra costurado de forma desordenada, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente alega que hubo una incorrecta valoración de los medios de prueba; por cuanto, el Cuarto Considerando del Auto de Vista impugnado no tomó en cuenta que la querella de 6 de octubre de 2014, es inverosímil y contradictoria con la prueba documental como es el certificado médico legal donde cita en su contenido que no hubo violencia en el cuerpo de la víctima y que el desgarro vaginal es antiguo de diez días antes al examen, cuando el hecho sucedió el 25 de junio de 2014, advirtiendo contradicciones en los hechos fácticos donde se señala que hubo tres situaciones violentas de acceso carnal consecutivas y considerando que la menor tiene 7cm más de tamaño y mucho más peso corporal que el querellado, sin que hubiese consumido alcohol, pudo resistir y producir hematomas, rasguños, desgarros, equimosis, escoriaciones, moretes en las extremidades de la víctima como en su persona; empero, le causa extrañeza que no existen lesiones  ni desgarro reciente, lo cual señala debió ser analizado por el Fiscal y Tribunal a  quo; puesto que, su persona como sus testigos de descargo aseguraron haber estado consumiendo bebidas alcohólicas al mismo tiempo de ocurrido el hecho. Asimismo, indica que la única testigo de cargo Isabel Rosales Montero es suegra del hermano de la víctima, por lo que está parcializada, quien además no pudo ver nada con objetividad, produciéndose en consecuencia la duda razonable y falta de veracidad en el relato de la querellante, razón por la que la sentencia contiene errores de fondo y de forma, vulnerando el debido proceso en su vertiente de derecho del justiciable a obtener una sentencia fundamentada basada en preceptos legales y no al arbitrio del juzgador, también de la igualdad de las partes ante la ley; especialmente, en lo que respecta a la valoración de la prueba y la subsunción del hecho con el derecho.


Es así, que cita los Autos Supremos 72 de 15 de abril de 2005 y 152 de 27 de julio de 2005, afirmando que el Tribunal de alzada paso por alto las contradicciones de la denuncia, la querella, la acusación y las que existen en la propia sentencia, sobre la relación de los hechos; puesto que, no se demuestra con ninguna prueba  la violencia empleada por su persona y menos las escoriaciones hematomas o signos de violencia relatados por la víctima y la querellante; por lo que, afirma que no se valoró el examen médico señalado que demuestra su inocencia, que la falta de precisión en sentencia para interpretar la medicina legal con evidencia, lo que viola es el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa y el derecho a obtener fallos fundamentados e igualdad de las partes ante la ley, extrañándose la omisión en su valoración en infracción del principio de seguridad jurídica.


Asimismo, añade que el Tribunal de alzada lejos de subsanar los errores del Tribunal a quo en apego del art. 17 de la Ley 025, por vulneración de normas de orden público como el art. 173 del CP, pese a que enunció línea jurisprudencial, para que pueda controlar la valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana critica, fue pasado por alto, afirmando mecánicamente que se cumplió con la misma y la fundamentación probatoria intelectiva que a entender del Tribunal a quo se demostró su participación en la comisión del delito, sin revisar que esto fue producto de la percepción subjetiva al momento del juicio; por consiguiente, no se dio una valoración positiva, ni negativa al informe médico legal cuya omisión de valoración afirma que constituye inobservancia o errónea aplicación de la ley, señalada en apelación restringida de acuerdo al art. 407 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, el Tribunal de alzada incumple su deber de revisar de oficio los defectos absolutos  en los que incurrió la sentencia, que se basa en hechos inexistentes como la violencia empleada por su persona desvirtuada por el informe médico forense y la declaración de los testigos de descargo; por lo que, el Auto Vista impugnado al declarar admisible e improcedente su alzada ha vulnerado el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), al no haber revisado de oficio los defectos en que incurrió el A quo, percatándose de las contradicciones; por cuanto, invocó el art. 370 inc. 5) del CPP, ya que la sentencia no estaba debidamente fundamentada, es insuficiente y contradictoria vulnerando normas de orden público y cumplimiento obligatorio (art. 173 del CPP) incurriendo en defecto absoluto del inc. 3 del art. 169 del CPP, al violarse el debido proceso en su vertiente del derecho del justiciable a obtener  resoluciones fundamentadas y sin contradicciones, en ese sentido cita la Sentencia Constitucional 330/2013 de 18 de marzo, siguiendo la línea jurisprudencias de las Sentencias Constitucionales 1674/2003-R y 0119/2003-R, añadiendo que no se dejó declarar a un testigo fundamental como es Bernardo Justiniano Eguez, por un error en el nombre inobservando el principio de favorabilidad y libertad probatoria, que al existir las señaladas contradicciones debieron haber generado duda razonable en el Tribunal de Sentencia que debió causar la aplicación del principio in dubio pro reo.


Advierte que con la emisión del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada vulneró el debido proceso como se tiene señalado, sin que se habría expresado las razones jurídicas, por las que tomó la decisión, ni se valoró en un sentido positivo o negativo los antecedentes y las pruebas, además de que esas razones jurídicas  deberían haber sido expresadas en el marco de la razonabilidad y cita la Sentencia Constitucional 1635/2003 e invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 472 de 8 de diciembre de 2005 


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se tiene, que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista recurrido el 17 de junio de 2016, presentando el recurso de casación el 27 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP, teniendo en cuenta que el 21 del citado mes fue feriado nacional.


Ahora bien, en cuanto a los demás requisitos de admisibilidad, se verifica que el recurrente denuncia varios aspectos que a manera de resumen están referidos a que en el Cuarto Considerando del Auto de Vista impugnado, no se tomó en cuenta que la querella es inverosímil y contradictoria con el certificado médico legal, que existen contradicciones en los hechos fácticos, que la declaración de una testigo de cargo fue parcializada, conteniendo la sentencia errores de fondo y de forma, que se pasaron por alto las cuestiones relativas a la valoración de la prueba y la subsunción del hecho, incurriéndose en defectos que tampoco fueron subsanados por el Tribunal de alzada de conformidad al art. 17 de la LOJ y pese a la vulneración del art. 173 del CPP, incumpliendo dicho Tribunal en el planteamiento del recurrente, el deber de revisar de oficio los defectos absolutos en los que incurrió la sentencia que se basa en hechos inexistentes; que además omitió expresar las razones jurídicas por las que tomó la decisión, sin valorar los antecedentes y pruebas, que debieron ser expresadas en el marco de la razonabilidad.


Sobre este motivo, se observa que la parte recurrente cumplió con la carga procesal de invocar como precedente contradictorio el Auto Supremo 472 de 8 de diciembre de 2005, que se refiere a la existencia de defectos absolutos haciendo alusión a la presencia del defecto previsto por el art. 370-5) del CPP, habiendo procedido el recurrente con base a toda la carga argumentativa expuesta, explicado la contradicción en relación a lo determinado en el Auto de Vista impugnado, sobre la incursión en defectos absolutos con la vulneración del debido proceso, por falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, advirtiéndose en consecuencia que se dio cumplimiento a las previsiones establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, para que este Tribunal en virtud a la competencia que le asigna el art. 419 del CPP, con relación al art. 42 de la LOJ, ingrese al análisis de fondo del recurso de casación; por lo que, el presente recurso deviene en admisible.


Se deja constancia que los Autos Supremos 72 de 15 de abril de 2005 y 152 de 27 de julio de 2005, no serán tomados en cuenta para el análisis de fondo; por cuanto, no cursan en la base de datos de este Tribunal con los datos proporcionados; menos las Sentencias Constitucionales 1635/2003, 330/2013 de 18 de marzo y 1674/2003-R y 0119/2003-R, al no constituir precedentes contradictorios a los fines de la formulación del recurso de casación conforme lo ha sostenido este Tribunal de manera reiterada y uniforme.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Adrián Alba Justiniano, cursante de fs. 354 a 362 vta.; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA