TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 743/2016-RA

Sucre, 26 de septiembre de 2016


Expediente                : Santa Cruz 73/2016

Parte Acusadora        : Juan Pablo Rivera Lavandez

Parte Imputada        : German Paniagua Mourthe

Delitos                : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de julio de 2016, cursante de fs. 555 a 568 vta., German Paniagua Mourthe, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 33 de 10 de junio de 2016, de fs. 526 a 530, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Juan Pablo Rivera Lavadenz contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I.ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 27 de 20 de octubre del 2014 (fs. 312 a 321 vta.), el Juez Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Germán Paniagua Mourthe autor de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionado por los arts. 345 y 346 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión a cumplir en el Penal de Palmasola.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Germán Paniagua Mourthe, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 327 a 333), resuelto por Auto de Vista 79 de 6 de marzo de 2015 (fs. 347 a 352), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 118/2016-RRC de 17 de febrero (fs. 513 a 518); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, pronuncio el Auto de Vista 33 de 10 de junio de 2016 (fs. 526 a 530), que declaró admisible e improcedente la apelación interpuesta por el imputado.


c) Por diligencia de 12 de julio del 2016 (fs. 536), fue notificado el recurrente  con la Complementación y Enmienda al referido Auto de Vista; y, el 19 de mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, en el que con carácter previo se efectúa la fundamentación de los presupuestos de admisibilidad y oportunidad de invocación de precedentes contradictorios, transcribiendo parte de lo que establecería el Auto de Vista recurrido, procediendo a desarrollar los siguientes motivos de casación:


1) El recurrente denuncia la vulneración al debido proceso en su componente de la debida fundamentación y motivación generando defectos absolutos y violación al derecho a la defensa al no excluirse una prueba ilegal, alegando que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación ya que no explicó de manera lógica y razonada cual la justificante para declarar inadmisible e improcedente su recurso, efectuando una valoración sesgada y defectuosa de la actividad probatoria únicamente por cumplir con el Auto Supremo de 17 de febrero de 2016; al respecto, alega que el Juez hubiese valorado pruebas incorporadas ilegalmente al juicio signada como documental 9, referido a un informe de auditoría que fue motivo de exclusión probatoria; sin embargo, el juzgador sin dar respuesta clara y concreta la utilizo como evidencia en Sentencia, al respecto en el considerando siete del Auto de Vista se concluyó que dicha prueba fue también motivo de ofrecimiento por parte del recurrente y que con posterioridad estaría pretendiendo objetarla, conclusión que a decir del imputado no sería correcta al no haberse tomado en cuenta que si efectivamente ofreció como prueba de descargo las documentales 1 al 11  ofrecidas por las parte contraria (incluida la 9) debió considerarse que el ofrecimiento ocurrió anterior a la celebración del juicio y por ende a la judicialización dichos documentos; en consecuencia, los argumentos del Auto de Vista serian contrarios al Auto Supremo 100/2011 del 25 de febrero, referido a las exclusiones probatorias, respecto de la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 49/2012 de 26 de marzo, “012/2012 del 28 del 30 de enero” (sic), 099/2012 de 4 de mayo, 85/2013 de 26 de marzo, 26/2013 de 8 de febrero, 189/2012 de 8 de agosto, 317/2012 de 30 de octubre, 297/2012 de 20 de noviembre, 251/2012 de 17 de septiembre, 417/2012 de 7 de noviembre, 384/2005 de 26 de septiembre, 011/2013 de 6 de febrero, 309/2012 de 29 de octubre y 055/2010 de 9 de marzo de 2010.

  

2) Bajo el acápite “violación al principio de legalidad penal causando manifiesta indefensión al no excluirse prueba ilegal que vulnera derechos y garantías constitucionales causándole manifiesta indefensión y vulneración al principio de seguridad jurídica, de tipicidad, taxatividad de la ley penal”, alegan que respecto de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza previstos en los arts. 345 y 346 del CP, no fueron demostrados con prueba legal que su persona se haya apropiado de la cosa mueble consistente en $us. 67.470.35.- (sesenta y siete mil cuatrocientos setenta dólares estadounidenses), ya que la prueba signada como documental 9 tomada como prueba principal con la que se le condeno, consiste en un informe de auditoría realizado por la parte denunciante y no como correspondía; es decir, una pericia conforme a los arts. 204 y 209 de la Ley 1970, acreditándose su obtención a través de procedimientos ilícitos para su incorporación al no haberse cumplido con lo previsto en el art. 172 del Código de Procedimiento Penal (CPP), refiere que su persona interpuso exclusión probatoria al amparo de lo previsto en los arts. 172, 13, 169 inc. 1), 3) y 4) y 167 de la Ley 1970; sin embargo, fue rechazada por el Juez a quo y sin que en la sentencia conste el incidente planteado pues, solo existiría transcrito de forma sesgada, contradiciéndose la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 100/2011 de 25 de febrero  que señalaría que “los defectos absolutos deben ser corregido por el Tribunal de alzada o de casación aun de oficio al haberse introducido al juicio esta prueba ilegal”, en conclusión no se demostró que su persona se haya apoderado del monto de dinero antes referido, al acreditarse la existencia del dinero por haber sido la auditoria una farsa, tampoco se demostró que haya ejercido las funciones de guardador, tenedor o posesorio del supuesto dinero del cual a decir del imputado nunca recibió y menos aún se demostró mediante el manual de funciones de la empresa o contrato de trabajo que esas fueran sus funciones, ya que en los hechos su función fue de llevar la contabilidad; al respecto, invoca los siguientes Autos Supremos 272/2009 de 4 de mayo referido al principio de legalidad, 417/2003 de 19 de agosto, referido al principio de tipicidad, con relación a la exclusión probatoria negada y ratificada la Sentencia por el Auto de Vista recurrido invoco nuevamente el Auto Supremo 100/2011 de 25 de febrero efectuando la cita de la parte más relevante de esta.


3) Se alegó la inobservancia y errónea valoración y aplicación de la ley sustantiva penal y procesal refiriendo que se aplicó de forma errónea los arts. 345, 346, 14 y 20 del CP, en mérito a que no se demostró que su persona hubiera participado y protagonizado el hecho como autor de los ilícitos penales acusados, pues al respecto no se hubiera interpretado los alcances y efectos del dolo y la autoría desarrollados en los arts. 14 y 20 del CP con relación a los delitos atribuidos alegando que expuso de manera concreta los agravios que le hubiesen generado la Sentencia vulnerándose la presunción de inocencia, el INDUBIO PRO REO o Duda Razonable, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 37/2013 de 14 de febrero y 231/2006 de 4 de julio de 2006.


4) Denuncia la defectuosa valoración de la prueba producida en juicio violando la sana critica como error en la aplicación de las normas procesales alegando que, en la Sentencia cuestionada el juez A quo así como en el Auto de Vista realizaron una defectuosa valoración de las pruebas, tanto de cargo como de descargo refiriendo en el caso concreto se le hubiese condenado en base a un informe de auditoría signado como documental 9, misma que sería un documento fraguado con la única finalidad de lograr su condena. Alega, que su persona presentó como pruebas de descargo pruebas testificales y documentales consistentes en fotocopias de pagos falsos de sueldos de la empresa que por orden de la propietaria le hacía hacer a su nombre, balance de la gestión 2008, compras de facturas falsas para descargo de la empresa VIRU VIRU, certificados de trabajo con sueldos falsos de su acusadora quien era la dueña de la empresa, certificados de trabajo falsos del esposo de la acusadora, informe confidencial evacuado por Gonzalo Dueñas referido a la compra de facturas falsas, dos cartas de su renuncia y pre liquidación de su finiquito, en el caso concreto estas pruebas de descargo no fueron valoradas adecuadamente conforme dispone el art. 173 del CPP, ya que la Sentencia cuestionada y el Auto de Vista impugnado contiene un subtítulo con el nombre análisis de la prueba sin mencionar cual el valor probatorio asignado a su prueba, aspectos no tomados en cuenta a tiempo de condenarse ni al resolver su recurso de apelación restringida, cuando tenía la ineludible obligación de constatar la defectuosa valoración probatoria invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 436/2007 de 24 de agosto, 461/2012 de 10 de diciembre, 017/2007 de 26 de enero, 196/2005 de 3 de junio, 167/2012 de 4 de julio, 34/2013-RRC de 14 de febrero, 384 de 26 de septiembre de 2005 y 244/2012. Alega también que se vulnero el art. 363 del CPP, ya que la prueba no era suficiente para generar convicción sobre los delitos atribuidos a su persona al no haberse demostrado la existencia del supuesto dinero en la empresa; por lo que, se hubiese aplicado de manera errónea los arts. 365 y 330 del CPP, con relación a los errores injudicando, se invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremo 525/2014 de 6 de octubre y 238/2013 de 23 de septiembre.


5) Se denuncia incongruencia omisiva del Tribunal de alzada por no responder a todos los agravios mencionados en su memorial de apelación restringida, particularmente a la vulneración al debido proceso con relación a que el juicio instaurado en su contra se inició el 4 de abril de 2014 y se dicta sentencia el 10 de octubre de 2014 después de 6 meses lo cual vulneró los principios de celeridad, continuidad y concentración inherentes, no respondiendo en consecuencia a los defectos absolutos alegados por su persona ya que con estos antecedentes se incumplieron el principio de continuidad ocasionándole un gran perjuicio al existir dispersión de prueba, otro aspecto que no hubiese sido motivo de pronunciamiento es el referido a la ilegalidad de la prueba documental de cargo signad como documental 9 referido a un informe de auditoría, incurriendo el Tribunal de alzada en incongruencia omisiva, invoca al efecto como precedentes contradictorios los Autos Supremo 360/2012 de 28 de noviembre, 325/2012 de 10 de diciembre, 142/2013 de 28 de mayo de 2013 y 006 de 26 de enero de 2007; asimismo, respecto de los defectos procesales y falta de pronunciamiento, también invoca el Auto Supremo 309/2012 de 29 de octubre.

 

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 12 de julio del 2016, fue notificado el imputado, con el Auto de Vista hoy impugnado; y, el 19 del mismo mes y año, interpuso su recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, se advierte que en el primer motivo el recurrente denuncia la vulneración al debido proceso en su componente de la debida fundamentación y motivación generando defectos absolutos y violación al derecho a la defensa respeto de la no excluirse de prueba ilegal, alegando que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación al no explicar de manera lógica y razonada cual la justificante para declarar inadmisible e improcedente su recurso, falta de fundamentación advertida de la conclusión arribada en el Considerando séptimo del Auto de Vista impugnado, mismo que sería contrario a los Autos Supremos 100/2011 del 25 de febrero, referido a las exclusiones probatorias, respecto de la falta de fundamentación y motivación y 317/2012 de 30 de octubre también referido a la falta de fundamentación de las resoluciones judiciales. Al respecto, se tiene el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, fue planteado dentro del término legal previsto como fue señalado supra, pero además se cumplió con la invocación de los precedentes contradictorios, efectuando la precisión de contradicción entre estos y el Auto de Vista recurrido, alegando la falta de fundamentación del Auto de Vista, constituyendo elementos suficientes para considerar el fondo de la problemática planteada.


Al respecto, se aclara que en el fondo se verificara únicamente la presunta falta de   fundamentación del Auto de Vista en cuanto a la resolución de una exclusión probatoria y no así si esta fue o no correcta ya que este aspecto corresponde a un tema incidental que no puede ser considerado vía casacional, además de haberse alegado el cumplimiento del Tribunal de alzada a un Auto Supremo emitido con anterioridad en el presente proceso aspecto que debe ser considerado en el fondo. Asimismo, con relación a los Autos Supremos 49/2012 de 26 de marzo, “012/2012 del 28 del 30 de enero” (sic), 099/2012 de 4 de mayo, 85/2013 de 26 de marzo, 26/2013 de 8 de febrero, 189/2012 de 8 de agosto, 297/2012 de 20 de noviembre, 251/2012 de 17 de septiembre, 417/2012 de 7 de noviembre, 384/2005 de 26 de septiembre, 011/2013 de 6 de febrero, 309/2012 de 29 de octubre y 055/2010 de 9 de marzo de 2010, se aclara que estos no serán motivo de contraste en la resolución de fondo por haber sido simplemente enunciados y en su caso haberse efectuado una breve mención de lo que dispondrían sin efectuar una correcta precisión de contraste de estos con el Auto de Vista recurrido.

  

En cuanto a los motivos segundo y tercero del recurso de casación, en los que se alegó que respecto de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza previstos en los arts. 345 y 346 del CP, no fueron demostrados con prueba legal que su persona se hubiere apropiado de la cosa mueble consistente en $us. 67.470.35.- (sesenta y siete mil cuatrocientos setenta dólares estadounidenses), ya que la prueba signada como documental 9 tomada como prueba principal con la que se le condeno, consiste en un informe de auditoría realizado por la parte denunciante y no como correspondía; es decir, una pericia conforme a los arts. 204 y 209 de la Ley 1970 y la inobservancia y errónea valoración y aplicación de la ley sustantiva penal y procesal refiriendo que se aplicó de forma errónea los arts. 345, 346, 14 y 20 del CP, en mérito a que no se demostró que su persona hubiera participado y protagonizado el hecho como autor de los ilícitos, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 100/201 de 25 de febrero, 272/09 de 4 de mayo, 417/03 de 19 de agosto, 37/2013 de 14 de febrero y 231/2006 de 4 de julio de 2006.


En cuanto a los dos motivos plantados supra a los fines de establecer el cumplimiento o no de los requisitos de formalidad, es de tener presente que la labor de este Tribunal Supremo de Justicia se encuentra restringida a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a las actuaciones realizadas por el Tribunal de alzada, así se desprende de lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, referidos a la procedencia y requisitos indispensables que viabilizan la admisibilidad del recurso de casación, en los que se dispone que este medio de impugnación procede para refutar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia, antes Cortes Superiores y Autos Supremos dictados por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia; en virtud a lo cual, corresponde a quien recurre de casación, motivar en términos claros y precisos la supuesta contradicción entre los argumentos del Auto de Vista y los contenidos en el precedente contradictorio invocado, caso no acontecido en los motivos de análisis pues, si bien el recurrente efectúa la invocación de precedentes contradictorios, olvida u omite efectuar la precisión de cuáles serían los argumentos del Auto de Vista que fuesen contrarios a los precedentes invocados impidiendo a este Tribunal efectuar la labor de contraste pretendida por no tenerse precisado cual los fundamentos contrarios que se pretenden sean resueltos; por lo que, estos motivos deviene en inadmisibles.


En el cuarto motivo se alegó la defectuosa valoración de la prueba producida en juicio violando la sana critica como error en la aplicación de las normas procesales alegando que, en la Sentencia cuestionada el juez A quo así como en el Auto de Vista realizaron una defectuosa valoración de las pruebas tanto de cargo como de descargo refiriendo en el caso concreto se le hubiese condenado en base a un informe de auditoría signado como documental 9 misma que sería un documento fraguado asimismo no te tomo en cuanta las pruebas presentadas por su persona efectúan las descripción de ellas, concluyendo que en el caso concreto que estas pruebas no fueron valoradas adecuadamente conforme dispone el art. 173 del CPP, aspectos no tomados en cuenta a tiempo de condenarse ni al resolver su recurso de apelación restringida, cuando tenía la ineludible obligación de constatar la defectuosa valoración probatoria invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 384 de 26 de septiembre de 2005 y 244/2012 de 24 de agosto.


En cuanto a la falta de control sobre la defectuosa valoración probatoria se tiene el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad tanto en la invocación del precedente contradictorio como en la precisión de la contradicción que se pretende sea resuelta, es decir que pruebas fueron defectuosamente valoradas correspondiendo su admisibilidad.

Respecto de los Autos Supremos 436/2007 de 24 de agosto, 461/2012 de 10 de diciembre, 017/2007 de 26 de enero, 196/2005 de 3 de junio, 167/2012 de 4 de julio y 34/2013-RRC de 14 de febrero, no serán motivo de contraste en el fondo por haberse efectuado solo una breve mención de estos.


Dentro del mismo agravio también se alegó la vulneración del art. 363 del CPP ya que la prueba no era suficiente para generar convicción sobre los delitos atribuidos a su persona al no haberse demostrado la existencia del supuesto dinero en la empresa, por lo que se hubiese aplicado de manera errónea los arts. 365 y 330 del CPP, con relación a los errores injudicando, se invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremo 525/2014 de 6 de octubre, 238/2013 de 23 de septiembre. Al respecto se tiene falta de contrastación de lo alegado con los precedentes invocados, pues el recurrente se limitó sólo a la copia de estos.


Respecto del quinto motivo del recurso de casación, en el que se denuncia incongruencia omisiva del Tribunal de alzada por no responder a todos los agravios mencionados en su memorial de apelación restringida, particularmente a la vulneración al debido proceso con relación a que el juicio instaurado en su contra se inició el 4 de abril de 2014 y se dicta sentencia el 10 de octubre de 2014 después de 6 meses y que no hubiese sido motivo de pronunciamiento el referido a la ilegalidad de la prueba documental de cargo signada como documental 9, invocando los Autos Supremo 006 de 26 de enero de 2007 y 309/2012 de 29 de octubre. Al respecto, el recurrente cumple con la carga mínima argumentativa de señalar cual la contradicción que pretende sea resuelta en el fondo, invocando los precedentes contradictorios además de precisar la relación con estos, en consecuencia el presente motivo deviene en admisible.


En cuanto a los Autos Supremos 360/2012 de 28 de noviembre, 325/2012 de 10 de diciembre y 142/2013 de 28 de mayo, no serán motivo de contraste en el fondo por haberse efectuado una simple mención de lo que referirían los mismos.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara  ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Germán Paniagua Mourthe, cursante de fs. 555 a 568 vta., únicamente para el análisis de fondo de los motivos primero, cuarto y quinto, identificados en el punto II. de la presente resolución; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA