TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 726/2016-RA

Sucre, 26 de septiembre de 2016


Expediente                : Cochabamba 53/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Antonia Mamani Copacaba y otro

Delito        : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO



Por memorial presentado el 23 de mayo de 2016, cursante de fs. 415 a 417, Richard Choquechambi Choque, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 11 de abril de 2014, de fs. 357 a 363 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Antonia Mamani Copacaba y el recurrente, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 7/2013 de 14 de mayo (fs. 332 a 336 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia de Villa Tunari de la Provincia Chapare del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró al imputado Richard Choquechambi Choque, autor de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiéndole la pena de trece años de presidio, más el pago de diez mil días multa a razón de Bs. 0,50.- (cincuenta centavos) por día, haciendo un total de Bs. 5000.- (cinco mil bolivianos), mas costas a favor del Estado a averiguarse en ejecución de Sentencia; así como la absolución de Antonia Mamani Copacaba por el citado delito.


b) Contra la referida Sentencia, el representante del Ministerio Público (fs. 338 a 342 vta.) y  Richard Choquechambi Choque (fs. 344 a 347), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista de 11 de abril de 2014, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedentes ambas apelaciones y confirmó la Sentencia, procediendo a la corrección únicamente de la multa estableciendo a cien días multa a razón de un boliviano por día, quedando firmes los demás aspectos de la resolución.


c) Dándose por notificado el recurrente con el referido Auto de Vista, el 23 de mayo de 2016, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 415 a 417, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente alega que de forma incongruente, el Auto de Vista impugnado considera que la sentencia se encuentra fundada; en ese sentido, señala que a tiempo de formular apelación restringida contra la sentencia, invocó como precedente contradictorio la Sentencia Constitucional 012/2006 de 4 de enero, sobre la falta de fundamentación adecuada y coherente de acuerdo a la sana crítica, por cuanto no se individualizó ni fundamentó, la autoría de cada uno de los encausados, observando la falta de prueba que los individualice, vulnerando el derecho a la defensa y el debido proceso, surgiendo así el in dubio pro reo, advirtiendo que frente a la duda razonable debió emitirse una resolución absolutoria. Manifiesta también que el precedente citado señala que los operadores de justicia (en el presente caso los Jueces Técnicos y Jueces ciudadanos), deben valorar de forma adecuada cada una de las pruebas, otorgándoles a cada una ellas el valor probatorio, contando con una sana crítica, coherente y  fundamentar en sentencia, de acuerdo a un debido proceso, sin basarse únicamente en informes y declaraciones de funcionarios como ocurrió; puesto que, de la revisión de los fundamentos de la sentencia, se desprende que su persona se encontraba fuera del domicilio en el que se encontraron las sustancias controladas, que en su inocencia y al percatarse de la presencia policial en el inmueble, se apersonó al domicilio de sus padres, con la finalidad de cerciorarse que ocurría en aquel domicilio, que no imaginó que por ser el hijo de los propietarios del inmueble sería aprehendido, sin que hubiere sido sorprendido en posesión, comercialización, transporte o realizando una transacción (traficando) las sustancias controladas como sostiene el Ministerio Público.


Asimismo, señala que si bien es cierto que el Tribunal de alzada no puede ingresar  al análisis y valoración de la prueba, no es menos cierto que frente al precedente contradictorio, debió anular la sentencia condenatoria por mala valoración de la prueba al no fundarse en la sana crítica, valoración defectuosa que también fue objeto de apelación por el Ministerio Público; en consecuencia, aduce que no se tiene convicción de que su persona estaría ligado a las sustancias controladas, aspecto y precedente que no fueron considerados en el Auto de Vista impugnado, confirmado la sentencia que vulnera sus derechos y garantías constitucionales de contar con una Sentencia absolutoria, en infracción de los arts. 173  y 339  del CPP.


En cuanto a la vulneración de los principios legales con relación a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y el defecto en la sentencia contenido en el inc. 5) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), reitera que no existen suficientes elementos de convicción para dictar una sentencia condenatoria en su contra, que la valoración no emitió resultados suficientes para individualizar a cada uno de los imputados, existiendo duda razonable, frente a la cual debió haberse dictado una sentencia absolutoria a su favor; consecuentemente, debe anularse y dictarse una nueva sentencia que valore correctamente las pruebas.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se tiene, que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que se dio por notificado con el Auto de Vista recurrido a momento de presentar el recurso de casación de 23 de mayo de 2016, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, en cuanto a los demás requisitos de admisibilidad, se verifica que el recurrente cuestiona la conclusión asumida por el Tribunal de alzada en sentido de que la Sentencia se encontraría fundada, pese a que no se individualizó ni fundamentó su autoría, y que la valoración no emitió resultados suficientes sobre su participación; sobre este motivo, se observa que el recurrente incumple con la carga procesal de invocar los precedentes presuntamente contradictorios en relación al Auto de Vista impugnado, omitiendo explicar en consecuencia de manera clara, precisa y debidamente fundamentada, la situación de hecho similar y principalmente la contradicción en relación a lo determinado en el Auto de Vista ahora impugnado, conforme a las exigencias establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP.


No obstante, este Tribunal no puede soslayar que el recurrente denuncia la vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, precisando que el Auto de Vista de forma incongruente indica que la sentencia se encuentra fundada, identificando así los hechos que le causan agravio y el argumento del Auto de Vista que habría originado la restricción, para luego referirse a su alzada afirmando que no se individualizó, ni fundamentó la autoría de cada uno de los encausados, surgiendo una duda razonable que debió motivar su absolución, aludiendo a aspectos fácticos que no generan convicción que su persona hubiere incurrido en el ilícito atribuido, sin que hayan sido considerados por el Tribunal de alzada que confirmó la sentencia en su planteamiento, en vulneración de los principios legales, debido a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y la concurrencia del defecto de sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, explicando así meridianamente en qué consistió las omisiones y deficiencias en que incurrió el Tribunal de alzada; y, el resultado dañoso emergente del defecto, al carecer de certidumbre sobre el fallo judicial en cuanto a su autoría.


De la fundamentación expuesta en el recurso, se observa que el recurrente cumplió aunque mínimamente con los presupuestos de flexibilización, haciendo viable la admisión del motivo en forma extraordinaria; dejándose constancia en cuanto a la invocación de la Sentencia Constitucional 012/2006 de 4 de enero, que en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales, no tienen la calidad de precedentes contradictorios, conforme lo ha sostenido esta Sala de manera uniforme y reiterada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Richard Choquechambi Choque, cursante de fs. 415 a 417; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA