TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 725/2016-RRC

Sucre, 19 de septiembre de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 47/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Milton Yupanqui Callahuara

Delito                        : Peculado

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de marzo de 2016, cursante de fs. 694 a 699, Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), representada por Guillermo Luís Achá Morales en su calidad de Presidente Ejecutivo a.i., interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 6 de 29 de febrero de 2016  de fs. 681 a 684 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por los Vocales Zenon Rodríguez Zeballos y Sigfrido Soleto Gualoa, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la parte recurrente en contra de Milton Yupanqui Callahuara, por la presunta comisión del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN 


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 3/2015 de 16 de abril (fs. 611 a 614), el Tribunal de Sentencia de Camiri de la Provincia Cordillera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, declaró a Milton Yupanqui Callahuara, absuelto de la comisión del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del CP y conforme dispone el art. 364 del Código de Procedimiento Penal (CPP), suspendió las medidas cautelares que fueron fijadas durante el proceso penal, ordenando la libertad del imputado en el acto.

b) Contra la mencionada Sentencia, YPFB en calidad de víctima (fs. 634 a 639 vta.) y el Ministerio Público (fs. 643 a 646), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 6 de 29 de febrero de 2016 (fs. 681 a 684 vta.), dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos interpuestos y confirmó la Sentencia impugnada, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 533/2016-RA de 14 de julio, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente refiere que el Auto de Vista impugnando infringe los arts. 77, 160, 163 inc. 1), 11 y 169 inc. 3) del CPP, debido a que se permitió que la víctima no tenga señalamiento de la audiencia de juicio, que no pueda estar presente para rebatir los postulados y mociones de la defensa y no se le oiga antes de ser tomada cualquier decisión judicial. Asimismo, dicha omisión impidió presentar mociones o incidentes que no se presentaron en oportunidad de la audiencia conclusiva, tales como solicitudes de exclusión probatoria de la prueba de descargo, simultáneamente vulneró el principio de igualdad de armas de partes. En ese sentido, no se consideró sus derechos constitucionalmente reconocidos como  el principio pro homine; por lo que, deberá retrotraer hasta el vicio más antiguo de la etapa preparatoria para que se notifique a la víctima como se tiene señalado en la acusación fiscal y así dar cumplimiento a los dispuesto en los arts. 11, 12, 76 y 77 del CPP, así como los arts. 115, 180 y 182 de la Constitución Política del Estado (CPE), señala prueba de lo manifestado el acta de audiencia de juicio oral como la Sentencia 03/2015 de 16 de abril.

I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se disponga se emita nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable, cumpliendo la jurisprudencia y la norma.   


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 533/2016-RA de 14 de julio, cursante de fs. 709 a 713, este Tribunal admitió el recurso interpuesto por YPFB, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1. Del acta de la audiencia conclusiva.


En la Audiencia conclusiva el 10 de octubre de 2013 (fs. 507 a 511), ante la inasistencia injustificada de YPFB pese a su legal citación, el Juez Primero de Instrucción, declaró el abandono de su querella en observancia del art. 292.2) del CPP.


II.2. De la Sentencia.


Por Sentencia 3/2015 de 16 de abril, el Tribunal de Sentencia de Camiri de la Provincia Cordillera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, declaró a Milton Yupanqui Callahuara, absuelto de la comisión del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del CP, suspendiendo la medidas cautelares fijadas en su contra y ordenando la libertad del imputado, con base a las siguientes conclusiones:


Por la documental legalizada por autoridades superiores del área administrativa y financiera de YPFB, se concluyó que Wilder Siles Ovando y


Juan Pablo Vedia eran funcionarios eventuales de apoyo en GLP, a quienes se les habría pagado por su trabajo, sin demostrarse que el imputado Milton Yupanqui Callahuara, hubiere administrado dinero en el tiempo que fungió como Jefe de Zona Comercial Camiri; por lo tanto, no pudo aprovecharse de su cargo para apoderarse de dineros, valores o bienes dentro de sus funciones, mas al contrario se evidencia que por las solicitudes que realizó,  se cumplió con los pagos a los trabajadores eventuales, situación que estaría respaldada por las documentales PD-13, PD-22, PD-32 y PD-25, además del cheque signado como prueba PD-9, cheque que fue admitido de manera legal por Víctor Eduardo López Torres, Jefe Administrativo de YPFB y no como se acusa que hubiere sido emitido por el imputado. De otro lado concluyó que tampoco hay prueba sobre la acusación relacionada con que el acusado hubiese cancelado la suma de Bs. 100.- (cien bolivianos) por el cobro del mencionado cheque.  

II.3. De la apelación restringida de YPFB.


La citada entidad formuló recurso de apelación restringida, planteando en relación al motivo que se analiza lo siguiente:


Denuncia que como víctima no tuvo conocimiento del señalamiento de la audiencia del juicio; por lo que, no pudo estar presente para debatir los postulados y mociones de la defensa, por cuanto no fue oído antes de tomar una decisión judicial. Además, señala que esa situación habría impedido presentar mociones o incidentes de exclusión probatoria en la audiencia conclusiva, lo que a decir de la parte recurrente se vulneró el derecho al debido proceso en su componente del derecho a la igualdad y los arts. 115. 180 y 182 de la CPE, 11, 12, 76 y 77 del CPP.


Concluye pidiendo se anule la sentencia y se reponga el juicio por otro Tribunal de sentencia.

II.4. Del Auto de Vista impugnado


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 6 de 29 de febrero de 2016, que declaró admisible e improcedente la apelación restringida interpuesta por YPFB y confirmó la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Camiri, al concluir respecto a la temática planteada en casación, que si bien la víctima no fue notificada con la primera audiencia del juicio oral; sin embargo, la parte querellante posteriormente tuvo conocimiento de todos los actos del proceso, interviniendo en el juicio oral, una vez dictada la sentencia, interpuso el Recurso de apelación restringida impugnando la Sentencia, convalidando los supuestos defectos relativos; por lo que, concluye que no existió restricción al debido proceso, ya que el representante del YPFB, se presentó tardíamente al juicio oral donde no pidió saneamiento, corrección, tampoco hizo reserva de recurrir; por lo que, declaro improcedente la apelación restringida.


III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE EXISTENCIA DE DEFECTOS ABSOLUTOS


Habiendo sido admitido el segundo motivo del recurso de casación, vía flexibilización, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro del límite establecido en el Auto Supremo de admisión 533/2016-RA de 14 de julio, por lo que con carácter previo, se establecerán las bases legales y jurisprudenciales que servirán de sustento a la presente resolución.      


III.1.Nulidad y Principio de Trascendencia.


La nulidad procesal, de manera general, significa castigar con ineficacia algún acto jurídico llevado a cabo en el proceso con inobservancia de algunos de los requisitos que la ley establece para su validez.


El Código de Procedimiento Penal, regula el régimen de nulidades en materia procesal penal al establecer en su art. 167 que: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado.


En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causaran agravio”.


El art. 170 del CPP, refiere: “Los defectos relativos quedarán convalidados en los siguientes casos: 1) Cuando las partes no hayan solicitado oportunamente que sean subsanados; 2) Cuando quienes tengan derecho a solicitarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; y, 3) Si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin con respecto a todos los interesados”.


Los defectos previamente descritos, se encuentran directamente vinculados a los principios procesales que rigen las nulidades; sin embargo, la nulidad procesal encuentra su límite en los principios que la rigen y a su vez excluyen los actos de la nulidad procesal, pues bajo ningún aspecto se puede consentir el uso indiscriminado de esta institución, que de forma lógica atenta al principio de celeridad que es una de las características principales del actual sistema procesal; por lo que, resulta trascendental  dejar sentando que no todo defecto y/o irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento tiene como efecto la nulidad, tal cual señala la normativa.


Además, es necesario considerar que el principio de trascendencia (pas nullite sans grief), que significa que: “no hay nulidad sin perjuicio”; es decir, que únicamente es posible declarar la nulidad, cuando los defectos procedimentales denunciados provoquen un daño de tal magnitud que dejen en indefensión material a las partes y sea determinante para la decisión adoptada en el proceso judicial, debiendo quedar claro que de no


haberse producido dicho defecto, el resultado sería otro o que el vicio impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido.


Para que opere la nulidad, establecidos en el art. 169 del CPP, quien la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos: i)  Alegar el perjuicio o daño, señalando de forma clara, cuál el acto que no pudo realizar o que se realizó incumpliendo las formas procesales, no resultando suficiente una invocación genérica de algún defecto, sin explicación clara y precisa de dichas circunstancias; ii) Debe acreditar de forma específica la existencia de perjuicio cierto, concreto y real en desmedro de sus derechos y/o garantías constitucionales, demostrando que la única forma de enmendar el error es por medio de la declaratoria de nulidad; y, iii) Debe existir interés jurídico en la subsanación; por lo que,  quien solicita nulidad, debe explicar por qué la solicita; toda vez, que el argumento de impetrante es el que permite al juzgador establecer el ámbito de pronunciamiento. 


El principio de Subsanación, que establece que no hay nulidad si el vicio alegado, no influye en el sentido o resultado del fallo o en las consecuencias del acto viciado; por lo que, puede ser objeto de subsanación sin que afecte al fondo del proceso.


Estos principios son orientadores de las nulidades, deben ser interpretados de manera restrictiva cuando se alegue nulidad. Se debe tomar en cuenta el interés y la magnitud del detrimento ocasionado; toda vez, que: “no hay nulidad por la nulidad misma”, sino requiere para su declaración que el incumplimiento de las formas se traduzca en un efectivo detrimento a los intereses de la defensa; es decir, que este tenga relevancia constitucional, lo contrario implicaría aceptar nulidades con base en un excesivo formalismo, que en muchos de los casos daría lugar a la invalidación de una gran cantidad de actos y en algunos casos de procesos, afectando con ello la búsqueda de la verdad material, por errores u omisiones involuntarias en clara infracción al principio de celeridad (art. 115.II de la CPE).


Respecto a los defectos absolutos, este Tribunal de justicia, estableció línea jurisprudencial en el Auto Supremo 021/2012-RRC  de 14 de febrero de 2012, señaló que: “El Código de Procedimiento Penal, tiene por finalidad regular la actividad procesal, en cuyo trámite pueden presentarse dos tipos de defectos, los absolutos y los relativos, que se diferencian en que los primeros no son susceptibles de convalidación y los otros quedan convalidados en los casos previstos por la norma; destacando, que la diferencia sustancial de los defectos absolutos y relativos, radica que el defecto absoluto, implica el quebrantamiento de la forma vinculado a la vulneración de un derecho o garantía constitucional; en cambio, en el defecto relativo al no afectar al fondo de las formas del proceso, pueden convalidarse si no fueron reclamados oportunamente, si consiguieron el fin perseguido respecto a todas las partes y cuando quien teniendo el derecho a pedir que sean subsanados, hubiera aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto defectuoso; a esto debe añadirse que las formas procesales precautelan el ejercicio de los derechos de las partes y las garantías constitucionales; en consecuencia, no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía constitucional se constituye en absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto denunciado de ilegal”.


III.2. Análisis del caso en concreto.


Habiendo sido admitido el recurso de casación formulado por los representantes de YPFB, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, corresponde verificar si existe o no el defecto absoluto, por la falta de notificación con el señalamiento de la audiencia de Juicio oral, situación que a criterio de la parte recurrente no le hubiere permitido presentar exclusiones probatorias de la prueba de descargo y rebatir los postulados y mociones de la defensa, lo que a su criterio vulneró el debido proceso y el principio de igualdad consagrados en los arts. 115, 180 y 182 de la CPE.


Analizados los antecedentes que informan el proceso, se tiene que los representantes de YPFB, durante la tramitación de la etapa preparatoria tuvieron una participación activa formulando una serie de planteamientos como su propio apersonamiento (fs. 23), objeción a documentación presentada en la causa (fs. 100 y vta.), criterios expresados sobre resoluciones judiciales (fs. 119 y 134), demanda de recusación (fs. 230), ampliación de denuncia (fs. 349), entre otros; hasta que por decreto de 27 de septiembre de 2012 (fs. 403), el Juez Cautelar otorgó a la parte recurrente el plazo de 10 días para que presente su acusación particular y por providencia de 21 de febrero de 2013, convocó a audiencia conclusiva siendo debidamente notificada con dicha determinación judicial, para distintas fechas como el 19 de marzo, 3 de abril, 18 de abril y 5 de junio, siendo suspendida la actuación convocada por ausencia de algunas de las partes, situación que fue de conocimiento de la parte recurrente, hasta que el 10 de octubre de 2013, la autoridad judicial encargada de ejercer el control jurisdicción de la investigación, ante el informe de la incomparecencia injustificada de YPFB a la audiencia pese a su legal citación, declaró el abandono de la querella conforme las previsiones del art. 292-2) del CPP.


Ahora bien, remitidos los antecedentes a la autoridad judicial competente para sustanciar la etapa del juicio de la causa, por decreto de 16 de diciembre de 2013 (fs. 520), el Tribunal de Sentencia de Camiri, radicó la causa y dejando constancia de la declaración de exclusión de la entidad querellante, en observancia del art. 77 del CPP, ordenó se ponga en conocimiento de la víctima, siendo cumplida la orden judicial conforme la diligencia practicada el 24 de diciembre del citado año (fs. 522 vta.); seguidamente, se emitió el Auto de apertura de juicio y se realizó la respectiva audiencia, presentándose un abogado de YPFB en la sesión de 16 de abril de 2015, destinada a la lectura íntegra de la sentencia, con el propósito de apersonarse, ordenando el Presidente del Tribunal, lo haga conforme a ley. Además, se verifica que la entidad recurrente formuló


recurso de apelación restringida contra la sentencia, mereciendo el pronunciamiento del Auto de Vista impugnado.


Este conjunto de antecedentes, demuestra en primer término que la parte recurrente no sólo tenía conocimiento de la existencia del presente proceso penal, sino que habiendo participado activamente en forma inicial, incurrió en una causal de abandono de querella declarada judicialmente, debido a su incomparecencia a la audiencia conclusiva; incluso, una vez radicada la causa ante el Tribunal de sentencia, fue legalmente notificada con la primera resolución de la etapa de juicio, sin que se haya apersonado en ella a los fines de ejercer los derechos inherentes a su condición de víctima que ahora a través del presente recurso de casación reclama hubiesen sido vulnerados; más cuando se advierte que en observancia del art. 394 del CPP, ejerció su derecho a recurrir contra la sentencia emitida en la causa; lo que implica, que la situación denunciada en casación, no se generó en la actuación de las autoridades judiciales que tramitaron la causa, sino en el accionar negligente de la entidad recurrente que no sólo dejó de asistir a la audiencia conclusiva, a pesar de su legal notificación con los efectos procesales previstos en la norma procesal penal, sino que pese a tener conocimiento de la radicatoria de la causa en etapa de juicio, no se apersonó a la causa, intentando hacerlo recién en la sesión destinada a la lectura de la sentencia, incluso sin guardar las formalidades que correspondían conforme fue advertido por el Tribunal de Sentencia; pese a ello, presentó su recurso de apelación restringida siendo resuelto por el Tribunal de alzada cumpliendo con lo dispuesto por el art. 11 del CPP.


En consecuencia, no se advierte que el Tribunal de alzada al pronunciar la resolución recurrida hubiese infringido las normas previstas por los arts. 77, 160, 163.1) 11 y 169 del CPP, menos las normas constitucionales invocadas, por cuanto al concluir que la parte querellante tuvo conocimiento de los actos del proceso, se presentó tardíamente al juicio oral y se le dio la oportunidad de interponer recurso de apelación restringida; resolvió el reclamo de su apelación en atención a los datos que informan el proceso y que se hallan identificados en la presente resolución, habida cuenta que la vulneración de derechos y garantías constitucionales, no se produce cuando la parte procesal asumió una actitud voluntariamente adoptada por ella o si la situación reclamada le fue imputable por falta de la necesaria diligencia; es decir, que no obstante conocer la existencia del proceso y poder intervenir en él, no lo hace por un acto de su propia voluntad, tal como sucedió en la presente causa, concluyéndose que el recurso sujeto a análisis resulta infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por YPFB, cursante de fs. 694 a 699.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA