TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 724/2016-RRC

Sucre, 19 de septiembre de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 44/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                 : Leodan Castellón Díaz

Delitos                        : Homicidio y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de diciembre de 2016, cursante de fs. 880 a 883 vta., Alfredo Romero Ávila, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 150 de 10 de noviembre de 2015, de fs. 873 a 878 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por los Vocales Mírael Salguero Palma y Wilder Vaca Serrano, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Leodan Castellón Díaz, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito; y, Omisión de Socorro, previstos y sancionados por los arts. 261 y 262 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 1/14 de 13 de enero de 2014 (fs. 624 a 637 vta.), el Juez Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al imputado Leodan Castellón Díaz, autor de la comisión de los delitos de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito; y, Omisión de Socorro, tipificados por los arts. 261 y 262 del CP, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión, con costas y el pago de daños civiles a ser calificados en ejecución de Sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Alfredo Romero Ávila (fs. 656 a 659) y el imputado Leodan Castellón Díaz (fs. 661 a 667 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 75 de 19 de septiembre de 2014 (fs. 722 a 726), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 343/2015-RRC de 3 de junio (fs. 782 a 791 vta.), que dispuso la emisión de un nuevo Auto de Vista aplicando la doctrina legal aplicable; en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 150 de 10 de noviembre de 2015 (fs. 873 a 878 vta.), que declaró admisible y procedente el recurso planteado por el imputado y anuló en su integridad la Sentencia apelada, ordenando el reenvío del expediente ante otro Juez de Sentencia; y, admisible e improcedente el presentado por la acusación particular.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 490/2016-RA de 27 de junio, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Denuncia que el Auto de Vista recurrido anuló la Sentencia de mérito, supuestamente en cumplimiento de la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 343/2015-RRC de 3 de junio dictado anteriormente en la misma causa, pese a que este en ningún momento dispuso que el Tribunal de alzada asuma dicha determinación y lo hizo bajo el argumento de carente fundamentación del fallo de mérito con relación al delito de Omisión de Socorro y falta de consideración del concurso real de delitos; y, a la imposición de la pena.


Agrega que al margen de lo señalado, sobre el primer punto referido a la carencia de fundamentación del fallo de mérito, con relación al delito de Omisión de Socorro y falta de consideración del concurso real de delitos, los Vocales incurrieron en error; puesto que, el Juez de primera instancia consideró dicho delito, explicando aunque no ampulosamente las razones por las cuales el acusado adecuó su conducta a dicho ilícito, mencionando las circunstancias del caso, no habiendo más que desarrollar al respecto. En todo caso, no correspondía que el Tribunal de apelación anule por anular; sino más bien, si consideraba que en la Sentencia faltó fundamentación en cuanto al delito de Omisión de Socorro podía subsanarlo directamente, más no anular el juicio.


Con relación al segundo punto relativo a la imposición de la pena, el Auto de Vista afirmó de manera equivocada que la falta de fundamentación constituye errónea aplicación de la ley, conforme al art. 370 inc. 1) del CPP, conforme al entendimiento desarrollado en la Sentencia Constitucional 0727/2002-R y el Auto Supremo 343/2015-R, este último en cuya doctrina establece que el Juez inferior, al momento de determinar el quantum de la pena a imponer lo hizo correctamente; sin embargo, los Vocales de la Sala Penal Segunda asumieron como segundo elemento para anular totalmente la Sentencia, la supuesta falta de consideración del concurso real de delitos y la imposición de la pena, extremo que también podía ser corregido directamente en alzada.


I.1.2 Petitorio.


El recurrente en mérito a los argumentos expuestos en su recurso, solicita se declare procedente el recurso de casación y se disponga la nulidad del Auto de Vista impugnado, para que pronuncie nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal vigente.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo de 490/2016-RA de 27 de junio, cursante de fs. 901 a 905 este Tribunal admitió por precedente el recurso de casación, para el correspondiente análisis de fondo de la denuncia planteada.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 1/14 de 13 de enero de 2014, el Juez Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al imputado Leodan Castellón Díaz, autor de la comisión de los delitos de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito; y, Omisión de Socorro, tipificados por los arts. 261 y 262 del CP, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión, teniéndose como argumentos para la decisión asumida los siguientes:


“Que, a hs. 07:00 p.m. a 07:30 p.m. más o menos del día 16 de mayo de 2010, Leodan Castellón Díaz, se encontraba al mando de un vehículo clase camión, marca Mercedes de color celeste con placa de control No. 398-NZF, que en el afán de auxiliar una vagoneta encunetada deja su camión estacionado, sin cuña en una pendiente sin las precauciones correspondientes de poner alguna cuña o enganchado con freno de mano este se baja unos 35 metros hacia atrás, habiendo golpeado en su trayectoria a la occisa MAURA AVILA MONTENEGRO DE ROMERO y que no la socorrió o le prestó asistencia.


Que como consecuencia de ese accidente, se ha provocado la muerte de la señora MAURA AVILA MONTENEGRO DE ROMERO, por traumatismo encéfalo craneano por aplastamiento.


(…)


Se comprobó que las causas del accidente se debió por imprudencia y negligencia del acusado Leodan Castellón Díaz.


Que, por los hechos que se tienen probados conforme a la prueba que se tiene valorada, se concluye que el acusado Leodan Castellón Díaz, el día 16 de mayo del año 2010, dejo el vehículo encendido y sin cuñar sin los cuidados que requiera la seguridad de tránsito; es decir, que los conductores  están obligados a dejar enganchado un vehículo o colocar una cuña este o no en un terreno plano o con pendiente e incumple la obligación de la previsibilidad; vale decir, la situación imprevista de que ocurra un siniestro en caso de no hacerlo.


(…)


Estos aspectos han sido considerados al momento de hacer la valoración de las pruebas testificales y documentales de cargo y de descargo, los cuales ya han sido considerados y se les ha otorgado el valor respectivo, existen testigos como Daniel Gonzalo Zambrana, el cual ha respondido  con total y absoluto nerviosismo en todas su preguntas entrando en contradicción, este testigo ha tratado de indicar aspectos como que no ocurrió en la hora indicada es decir de 7:00 a 7:30 p.m. y que el hecho ocurrió cuando todavía existía luz para indicar que al existir luz y al retroceder el vehículo no existía nadie en la parte trasera del lugar donde retrocedió el vehículo al igual para indicar que estaba en estado de sobriedad ingresando en contradicción ya que después este testigo indica que si compró dos latas de cerveza, de igual manera indicó que no se vio a nadie en la parte trasera y que no vio ningún cuerpo, pero reitero sus contradicciones y nerviosismos hacen que su declaración no sea creíble, por otra parte los otros dos testigos como Milton Rojas Claure y Yimmy Álvarez Contreras, vinieron a indicar en primer lugar que llegaron al lugar como a las 6:30 y que ambos no vieron ningún cuerpo, no se les da credibilidad, porque a la hora en que llegaron solo ambos sabían que había una vagoneta encunetado y solamente este hecho se sabía y ambos dijeron no ver nada en el lugar, pero no se puede sacar conjeturas que si ambos imputados vieron un cadáver, ya que hasta ese momento en que llegaron no se sabía nada del fallecimiento de ninguna persona y por lo tanto no se puede sacra conjeturas que ellos estuvieran pendientes de ver en el camino un cadáver por lo que no se pudo obtener ningún elemento probatorio de estas personas además que uno de los testigos Yimmy Álvarez Contreras se puso muy nervioso al momento de contestar todas las preguntas, titubeaba por lo que tampoco es creíble la declaración de este testigo y véase que el primero de estos dos testigo solo se bajó a ver el lugar donde se encunetó la vagoneta e inmediatamente se dirigieron para su destino. Por otra parte las pruebas documentales han sido valoradas de acuerdo a la sana crítica indicada anteriormente, el hecho que nadie haya visto que el vehículo con placa 398NZF haya pisado a la señora Maura Ávila Montenegro no implica que no se pueda construir el mismo a través de una sumatoria de indicios que hagan pensar diferente al Juzgador, a esto se conoce como el principio de verdad material, por otra parte el decir que el laboratorio de análisis clínico y toxicológico M.A.B.E. hay indicado negativo para sangre, no implica que le hecho no haya ocurrido o que el acusado no haya participado en este hecho, ya que casos de esta naturaleza se arman con indicios, que crean convicción en el Juzgador de cómo pudieron ocurrir los hechos, no nos olvidemos que el camión fue secuestrado a horas 23:30 p.m. y considerando que el hecho ocurrió entre las 7:00 a 7:30 p.m. aproximadamente, ha pasado mucho tiempo hasta su secuestro, ya no que no se ha cumplido la cadena de custodia de este vehículo como prueba fundamental, véase que no se tiene ninguna documentación que asevere este aspecto, ello implica que esta acción fue extemporánea para poder garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de elementos materiales como las muestras (orgánicas e inorgánicas), para que sean entregados posteriormente a los laboratorios respectivos y además entregados a los especialistas para analizar y obtener por parte de los expertos, técnicos o científicos, un concepto pericial, es decir no se han cumplido el manejo idóneo de los elementos materiales de prueba desde su identificación en el lugar de los hechos, pasando el laboratorio, hasta el envío del resultado pericial a la autoridad correspondiente, véase que no se tiene prueba alguna de cómo se aseguró en el vehículo los lugares de donde se obtuvieron las muestras y tampoco se tiene prueba de quien recogió el examen de este laboratorio solo se cuenta la entrega y recepción al laboratorio, es decir y es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de la cadena de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos para tal fin el procedimiento de control sobre la prueba material que se ejercerá por medio de la cadena de custodia, proporciona seguridad a la administración de justicia y a los sujetos procesales, la autenticidad y legalidad del material probatorio material (indicios materiales) que se recaudaron en el lugar de los hechos y que posteriormente se constituyen en prueba esencial para una decisión ya que conforme las previsiones del art. 173 del CPP, se ha efectuado anteriormente una debida fundamentación probatoria descriptiva, estableciendo con precisión los hechos acreditados con los distintos elementos probatorios producidos en el desarrollo del acto del juicio; además contiene la constancia en el caso de la prueba testifical de las ideas principales y pertinentes que se extraen de la declaración de los testigos y de los datos más relevantes aportados por la prueba documental” (sic).


Previa referencia a los arts. 261 y 262 del CP, concluyó que se reunieron los elementos propios que configuran el hecho punible, en los siguientes términos:


“a) El imputado Leodán Castellón Díaz, si bien se ha realizado el acto, pero el resultado antijurídico no ha sido querido por él, sino que su obrar ha sido por falta de previsión.


b) El medio de transporte fue el vehículo Marca Mercedes con placa de control 398-NLF.


c) El resultado fue la muerte de la señora Maura Avila Montenegro la cual no fue asistida ni socorrida.


En tal virtud, en cuanto a la forma de culpabilidad se trata de un típico delito culposo, ya que la conducta del imputado se subsume al tipo penal previsto como delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito y omisión de socorro previsto y sancionado en la primera parte del Art. 261 y art. 262 del Cod. Penal” (sic).


Seguidamente, concluyó que: “…de la valoración de la prueba, se tiene que el acusador ha probado la existencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado, el Art. 261 y 262 del Cod. Penal, es culpable porque se produjo la muerte y se ha omitido socorrer o asistir a la víctima, si bien en este tipo de delitos no se tiene la intención de causar la muerte o las lesiones, ya que se trató de un accidente de tránsito, es así que esa relación causal de orden lógico y material según los hechos probados, este ha sido causante de la muerte de la señora MAURA AVILA MONTENEGRO, aunque no fue prevista ni querida o deseada por acusado. Que, con toda la prueba desfilada e incorporada al juicio oral, tanto la testifical y la documental, genera en el juzgador la convicción que Leodán Castellón Díaz es autor del hecho tipificado como delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito y Omisión de socorro, previsto y sancionado en el Art. 261 y 262 del Cod. Penal. Que, el suscrito Juez toma conocimiento de este hecho, como ya se encuentra descrito, por la prueba testifical y prueba literal producida en el juicio oral incorporada cumpliendo con la norma procesal y las reglas del debido proceso. Por tanto, la parte querellante ha desvirtuado el estado de inocencia del imputado.” (sic).


II.2. Del Auto de Vista impugnado.


El Auto de Vista impugnado, declara procedente el recurso del imputado y anula en su integridad la Sentencia apelada, ordenando el reenvío del expediente ante otro Juez de Sentencia, de acuerdo a los siguientes argumentos:


Se tiene que la condena fue por dos delitos, de Homicidio en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro dentro de un Concurso real de delitos y se llega a la condena de cuatro años, pero ese entendimiento el Juez no lo expresa en la Sentencia, pues no dice cómo llega a dicha conclusión de esa pena, puesto que de la lectura de la Sentencia no se encuentra un análisis del delito de Omisión de Socorro, cómo es que el imputado a subsumido también su conducta a ese tipo penal, todo el análisis, valoración de la prueba y subsunción es del delito de Homicidio en Accidente de Tránsito, pero de ninguna manera se analiza la conducta dolosa como es la Omisión de Socorro que es un hecho posterior al accidente y está claro que para condenar por los delitos debe quedar definida que la conducta del imputado se subsume a ambos delitos, pero en la estructura de la Sentencia no se encuentra absolutamente nada que se refiera al concurso de delitos y a un análisis separado respecto del delito antes mencionado, vulnerándose así el debido proceso en su componente al derecho a la tutela judicial efectiva y a una resolución motivada, ¿pues como se le va a declarar culpable de omisión de socorro si no se le dice por qué?. Claro está que no se desconoce que se hubiere justificado la convicción por el Juez a quo del delito de Homicidio en Accidente de Tránsito; por todo ello, existe una evidente inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, en este caso del art. 262 del CP.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


Este Tribunal admitió el presente recurso, abriendo su competencia a fin de verificar la supuesta contradicción del Auto de Vista impugnado con el Auto Supremo 343/2015-RRC del 3 de junio, dictado anteriormente en la misma causa, ante las denuncias interpuestas vía recurso de casación respecto a que, dicho precedente no dispuso que el Tribunal de alzada asuma la determinación de anular la Sentencia; además, que no sería evidente que el A quo hubiere incurrido en carencia de fundamentación con relación al delito de Omisión de Socorro y a la falta de consideración del concurso real y porque hubiese sostenido erróneamente que la falta de fundamentación constituiría en una errónea aplicación de la ley, ambos extremos que en caso de ser ciertos -a decir del recurrente- podían haber sido corregidos directamente en el Auto de Vista sin necesidad de declarar su nulidad.


III.1. Del precedente invocado.


Conforme se destacó en el preámbulo del presente acápite, se tiene que en el presente recurso se denunció y admitió una sola temática; por lo que, se pasa a analizar la misma a partir de la identificación del precedente invocado por el recurrente. 


El recurrente invoca el Auto Supremo 343/2015-RRC del 3 de junio, dictado dentro del presente proceso, que dejó sin efecto el Auto de Vista emitido por el Tribunal de alzada con anterioridad, al evidenciarse que incurrió en vulneración del art. 399 del CPP, al no otorgar el plazo para subsanar o corregir los defectos del recurso de apelación restringida al imputado; además de ello, ingresó al fondo respecto al recurso de casación de la víctima señalando:


“Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en el concurso real, en el caso boliviano se aplica la pena correspondiente al delito más grave, de donde se puede concluir que rige el principio de absorción, esto significa que la pena del delito más grave `absorbe´ las penas de los delitos menos graves que han entrado al concurso; sin perjuicio de la facultad reconocida al juzgador de aumentar el máximo a la mitad, introduciendo en este punto el principio de aspersión.


En el caso analizado, el delito de Homicidio y Lesiones en Accidente de Tránsito tiene una pena de uno a dos años de reclusión cuando la muerte se produjere como consecuencia de una grave inobservancia de la ley, el código y el reglamento de tránsito que establece los deberes de cuidado del propietario, en tanto que el tipo penal de Omisión de Socorro, tiene una sanción de reclusión de uno a cuatro años. El delito más grave es de Omisión de Socorro; por lo tanto, se aplica su penalidad en la escala prevista por la norma de uno a cuatro años de reclusión, quedando absorbida la pena del delito menor, por lo que no se cuenta; debiendo enfatizarse que la norma de concurso real señala que el juez `puede´ agravar en una mitad la sanción; lo que implica, que la determinación de la agravante es facultativa, correspondiendo al juez decidir sobre la reprochabilidad del hecho, en ese caso la pena de reclusión se tiene que establecer en el rango de uno a cuatro años.


En el presente caso, el Tribunal de juicio determinó aplicar la escala sin la agravante; es decir, la pena privativa en la escala de uno a cuatro años, sobre cuya base consideró la existencia de atenuantes y agravantes, aplicando finalmente la pena de cuatro años; determinación, que fue ratificada por el Tribunal de apelación entendiendo que el Juez o Tribunal para la fijación de la pena debe aplicar las reglas generales de la determinación de la pena previstas por el Código Penal.


Este Tribunal partiendo de la finalidad constitucional de la pena y en observancia estricta del Código Sustantivo Penal, entiende que no existe agravio en la determinación del Auto de Vista en cuanto a la confirmación de la pena impuesta por el Tribunal de juicio al imputado, pues en su fijación se consideraron las reglas de aplicación de la pena prevista por la norma sustantiva, pues se consideró el actuar imprudente del imputado, así como el hecho de ser persona joven, con educación, con familia, hermanos y padres. Asimismo, debe aclararse que este entendimiento tampoco contradice la doctrina establecida por los Autos Supremos invocados, que en su doctrina legal aplicable señalaron que: `cuando exista concurso real de delitos será sancionado con la pena del más grave y es facultad privativa y discrecional del juez aumentar el máximo hasta la mitad. Art. 45 del Código Penal...´, criterio ratificado también en el presente fallo, por lo que el recurso formulado por el acusador particular Alfredo Romero Ávila, deviene en infundado” (sic).


III.2. Análisis del caso concreto.


Ahora bien, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde analizar si efectivamente el Tribunal de alzada cumplió con el precedente emitido dentro de este proceso; en este sentido, de la revisión del Auto de Vista ahora impugnado, se tiene que para disponer la anulación en su integridad de la Sentencia, ordenando el reenvío del expediente ante otro Juez de Sentencia, dicha resolución argumentó en el sentido de que la Sentencia llega a condenar a cuatro años al imputado, sin previamente analizar sobre el delito de Omisión de Socorro y que en la estructura de la misma no se encuentra absolutamente nada que se refiera al concurso de delitos.


En este sentido y de la revisión de los argumentos del precedente, se tiene que este Tribunal (dentro de este proceso penal) mediante el Auto Supremo 343/2015-RRC del 3 de junio, fundamentó efectivamente respecto a la pena de los delitos de Homicidio en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, así también sobre el concurso real; concluyendo que no existe agravio en la determinación del Auto de Vista en cuanto a la confirmación de la pena impuesta por el Tribunal de juicio al imputado, porque en su fijación se consideraron las reglas de aplicación de la pena prevista por la norma sustantiva.


Consiguientemente, se evidencia que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ya se pronunció sobre la fijación de la pena y el concurso real de los delitos; aspecto que, no fue considerado por el Tribunal de alzada al momento de emitir el nuevo Auto de Vista que anuló injustificadamente la integridad de la Sentencia por una indebida motivación de la misma; en coherencia con ello, si consideraba que la Sentencia carece de motivación respecto al delito de Omisión de Socorro, con la facultad conferida por el legislador (arts. 413 y 414 del CPP) correspondía que los Vocales realicen una fundamentación complementaria, considerando los hechos probados y datos del proceso, garantizando así no solo el principio de celeridad, sino también el derecho al acceso a la justicia; es así, que el Auto Supremo 037/2013-RRC del 14 de febrero, entre otros, señaló: “…ante la advertencia de falta de fundamentación en la Sentencia, que no influyó en la parte dispositiva, el Tribunal de alzada, sin necesidad de anularla, tiene la facultad de realizar una fundamentación complementaria; un entendimiento contrario, significa desconocer su competencia prevista por los arts. 413 y 414 del CPP, con la consiguiente restricción al derecho de acceso a la justicia reconocido por la Constitución Política del Estado”.


En ese orden de ideas, no correspondía al Tribunal de alzada anular la Sentencia sino más bien complementarla, más aun tomando en cuenta que ya existía un pronunciamiento de fondo de este Tribunal al momento de realizar el control de legalidad del anterior Auto de Vista, en el sentido de que la fijación de la pena y el concurso real de los delitos se encuentra acorde a derecho; es más, se evidencia que el Auto de Vista ahora impugnado, erróneamente relaciona la falta de fundamentación de la Sentencia con la errónea aplicación de la Ley sustantiva, siendo institutos totalmente diferentes que de ninguna manera justifican la nulidad de la Sentencia.


En el marco referido, corresponde que el Tribunal de alzada emita una nueva resolución, considerando por una parte que el Auto Supremo 037/2013-RRC, ya se pronunció sobre la pena fijada mediante el análisis objetivo del quantum de ambos delitos y el concurso real cuestionado; y, por otra parte, complemente sobre la fundamentación extrañada en la Sentencia sobre el delito de Omisión de Socorro; pues en contrario sensu, constituiría un desconocimiento de la jurisprudencia emitida por el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, cuyos fallos tienen carácter vinculante; es así, que el Auto Supremo 272/2013-RRC del 17 de octubre de 2013 entre otros señaló: “…se tiene que los Jueces o Tribunales inferiores, tiene la obligación insoslayable de cumplir con los razonamientos expuestos y la doctrina establecida en el Auto Supremo respectivo, y de no hacerlo así, se vulnera el debido proceso en su vertiente de legalidad, pues cualquier omisión importa incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal”.


En este sentido, el Auto de Vista contradice el precedente invocado y emitido en el presente proceso; por lo que, corresponde declarar fundado el recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 150 de 10 de noviembre de 2015, cursante de fs. 873 a 878 vta. y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA