TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 722/2016-RRC

Sucre, 19 de septiembre de 2016


Expediente                        : Potosí 14/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Hilarión Alave Guarayo y otro

Delito                        : Robo  

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 5 y 9 de mayo de 2016, cursantes de fs. 733 a 737 y 739 a 740 vta., Hilarión Alave Guarayo e Isauro Jhonnson Romay Valda, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 11/2016 de 26 febrero de fs. 720 a 724 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, integrada por los Vocales Julio Miranda Martínez y María Cristina Montesinos, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Marcelo Rafael Mariscal Reyes en contra de los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Robo, previsto y sancionado por el art. 331 del Código Penal (CP).


I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 7/2015 de 11 de septiembre (fs. 646 a 662 vta.), el Tribunal de Sentencia de Tupiza de las Provincias Nor y Sud Chichas del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a los imputados Hilarión Alave Guarayo e Isauro Jhonnson Romay Valda, absueltos de la comisión del delito de Robo, previsto y sancionado por el art. 331 del CP.


b) Contra la mencionada Sentencia, el querellante (fs. 678 a 686) y el Ministerio Público (fs. 688 a 689 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 11/2016 de 26 de febrero, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró procedentes los citados recursos y dispuso la nulidad de la Sentencia, con remisión de obrados al Tribunal llamado por Ley para el correspondiente juicio de reenvío, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación.


De los memoriales de recursos de casación y del Auto Supremo 517/2016-RA de 5 de julio, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Del recurso de casación de Hilarión Alave Guarayo. 


1)  El recurrente denunció que el Auto de Vista incurrió en vicio de incongruencia ya que pese a que dicha resolución rechazó los agravios del acusador particular referidos a la exclusión de prueba testifical, la violación a la defensa y vulneración de su derecho a la defensa técnica del acusador particular y la presunta valoración defectuosa de la prueba del Ministerio Público; sin embargo concedió lo solicitado en cuanto a la falta de fundamentación de la Sentencia “art. 310 inc. 5)” cuando es obligación del Tribunal de alzada circunscribir su decisión a los puntos impugnados por el recurrente, que deben ser fundamentados con razonamientos claros, expresos, positivos y lógicos al motivo de apelación restringida, respecto de la aplicación de los arts. 124 y 173 del CPP; al respecto señaló que el Tribunal de alzada no advirtió que los apelantes en su denuncia de la falta de fundamentación probatoria intelectiva y jurídica de la prueba documental y testifical no fundamentaron ni invocaron cual la violación de las reglas de la sana crítica, vulnerándose el art. 398 del CPP que señala que los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución. Se alegó también la incongruencia pues, pese a no haber sido impugnada la defectuosa valoración de las pruebas MP1 testimonio Nº 01/11 de Amparo administrativo, MP2, MP4, MP5, MP8, MP10, MP11, MP12, MP13, al Tribunal de alzada suplió la omisión de la parte apelante quién no identificó estas pruebas como defectuosa valoración; por lo que, al pronunciarse respecto de las mismas lo hizo de manera extra petita; alegaron también que el Auto de Vista no explicó apropiadamente si la sentencia incurrió en inobservancia o errónea aplicación de la reglas de la sana crítica que pongan en duda la razón de los fundamentos de la Sentencia dictada por el Tribunal a quo, porque el Tribunal de apelación debía identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y de las pruebas. Aclara que la prueba MP1 referida a la resolución del Amparo administrativo minero no tiene efecto para el imputado por no haber intervenido como demandado o demandante, por cuanto los efectos de dicha resolución administrativa no le alcanzan en virtud de que la responsabilidad penal es intuito personae.


2) Denunció defecto absoluto y vulneración del debido proceso porque se demostró que fue correcta la labor del Tribunal de Sentencia al absolverle de culpa y pena, señalando en todo caso que el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación, debido a que respecto de la argumentación de la Sentencia realizada en el resultando III, IV.1 Fundamentación jurídica refiere que el Auto de Vista de manera equivocada incurriendo en tautología al señalar que “la concreción realizada por el Tribunal de alzada, en ese sentido no fundamenta porque no se aplicó el art. 331 del CP ni el art. 20 de la CP, ya que no es posible advertir una plataforma o base fáctica de donde se puedan extraer los hechos que refieren fundan la resolución y decisoria”; consecuentemente, se advertiría que el Tribunal de alzada efectuó una valoración parcial de la prueba MP1, más no se realizó un control del iter lógico que efectuó el A quo en la sentencia; es más, no circunscribió sus actos a los asuntos que fueron objeto de la apelación restringida, porque al no haber fundamentado adecuadamente los recursos de apelación explicando con análisis crítico la violación o inobservancia de las reglas de la sana crítica debía declarar la improcedencia del recurso de la apelación restringida confirmando la sentencia apelada, se alega también que en el Auto de Vista recurrido no se detectó cual la violación de derechos fundamentales que dé lugar al juicio de reenvío que permita una posible solución diferente a la establecida en la Sentencia; por cuanto, la anulación de la misma no daría lugar a un cambio radical respecto de la absolución, aspectos por los cuales señala que en el Auto de Vista no existió una correcta aplicación de las normas, infringiendo el art. 124 del CPP al carecer de una fundamentación con base al control de la reglas de la sana crítica.

 

Del Recurso de casación de Isauro Jhonnson Romay Valda.


Denunció la existencia de contradicciones con los precedentes invocados con relación al Auto de Vista impugnado, respecto del defecto comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP, porque obro ultra petita sin considerar que la sentencia cumplía con los presupuestos establecidos por el art. 124 del CPP, teniendo en cuenta que ésta contenía una fundamentación fáctica, jurídica y probatoria adecuada; más al contrario de lo señalado se advirtió que los recursos de apelación restringida no cumplieron con los presupuestos establecidos en el art. 408 del CPP, porque no se planteó con una estructura sólida sobre el supuesto agravio sin señalarse la aplicación que se pretende, la cual estuviera debidamente estructurada. El Auto de Vista incurrió en vulneración del arts. 124, 163, 166, 169 inc. 3) del CPP, siendo contradictorio al Auto Supremo 27/2013 de 8 de febrero.


I.1.2. Petitorios.


Hilarión Alave Guarayo solicitó que con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado para que el Tribunal de alzada dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable; en tanto que el recurrente Isauro Jhonnson Romay Valda impetró que luego de la comprobación de las contradicciones alegadas, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se disponga la emisión de una nueva resolución acorde a la jurisprudencia establecida.


I.2. Admisión de los recursos.


Mediante Auto Supremo 517/2016-RA de 5 de julio, cursante de fs. 751 a 755, este Tribunal admitió los recursos de casación de Hilarión Alave Guarayo e Isauro Jhonnson Romay Valda, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS A LOS RECURSOS


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 7/2015 de 11 de septiembre, el Tribunal de Sentencia de Tupiza de las Provincias Nor y Sud Chichas del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a los imputados Hilarión Alave Guarayo e Isauro Jhonnson Romay Valda, absueltos de la comisión del delito de Robo, previsto y sancionado por el art. 331 del CP.


En cuanto a los agravios traídos en casación, en el acápite destinado a la  fundamentación intelectiva de la sentencia, respecto de la prueba MP1 (Testimonio 01/11 correspondiente a un Amparo Administrativo), el Tribunal de juicio señaló que este elemento de prueba, constituía la constancia de registro de los actuados esenciales desarrollados en el trámite de Amparo Administrativo, adquiriendo relevancia como medio de procedencia para el inicio del proceso penal, que por sí solo no causaba asidero para determinar una eventual responsabilidad penal, siendo insuficiente, motivo por el que correspondía ser valorada por toda la masa probatoria.

  

II.2.De la apelación restringida del acusador particular.


En cuanto a la falta de fundamentación de la Sentencia, defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 con relación al art. 124 del CPP, se alegó la simple enunciación de los elementos producidos en juicio, incumpliendo lo establecido en el Auto Supremo 152/2013 de 31 de mayo, pues en el Resultando III de la resolución apelada, sólo se advertiría apreciaciones tanto de la prueba documental como testifical, sin identificar de manera concretas si las conclusiones eran coherentes o incoherentes, consistentes o inconsistentes, veraces o falsas, advirtiéndose sólo una labor de sintetización de las pruebas, omitiendo una correcta fundamentación acorde a la jurisprudencia invocada, alegando también que respecto del tipo penal de robo (art. 331 del CP) y de la autoría ( art. 20 del CP), se efectuó una justificación de la inexistencia de uno de los elementos del tipo penal, cuestión totalmente diferente a la teoría del delito, ya que no sólo correspondía justificar los elementos del tipo, sino también la existencia o inexistencia de los demás elementos del delito, no habiéndose señalado la falta de antijuridicidad y culpabilidad.


Como norma vulnerada se citó el art. 124 con relación al inc. 5) del art. 370 del CPP, pidiendo que en aplicación de los arts. 17 de la LOJ y 413 del CPP, se anule totalmente la sentencia apelada, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 65/2012-RA de 19 de abril.


II.3.De la apelación restringida del Ministerio Público.


Se denunció la falta de fundamentación de la Sentencia 07/2015 de 11 de septiembre, ya que en la parte de la fundamentación analítica intelectiva, sólo se formuló apreciaciones con criterios subjetivos de la prueba documental y testifical introducida a juicio, sin indicar por qué la prueba literal era coherente o incoherente, consistente o no, verdadera o falsa; no se indicó por qué se debía creer o no en los testimonios ni por qué se otorgó o no valor a la prueba literal, careciendo de esta manera la Sentencia de una correcta fundamentación, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 314 de 25 de agosto de 2006. De igual manera se denunció la defectuosa valoración probatoria en cuanto a la participación de los imputados en el ilícito acusado.


II.4.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Potosí, emite el Auto de Vista 11/2016 de 26 de febrero, declarando procedentes las apelaciones formuladas y no siendo posible reparar directamente los defectos observados ante la existencia de defectos absolutos, dispuso la nulidad de la Sentencia y remisión de obrados ante el Tribunal llamado por ley para el correspondiente juicio de reenvío, señalando entre sus argumentos lo siguiente: 


En cuanto a la falta de fundamentación de la Sentencia estableció: i) Sobre la prueba MP1 Testimonio 01/11 de Amparo Administrativo, el Tribunal de Sentencia determinó que equivalía a una denuncia para poner en movimiento el sistema procesal penal, por eso adquiría relevancia pero no fundamentaba por si una responsabilidad penal por lo cual debía ser valorada con las demás pruebas; al respecto y en el entendido de que el defecto denunciado incidía particularmente en una falta de fundamentación probatoria intelectiva; es decir, una ausencia o insuficiencia de la misma, de acuerdo a los parámetros o sistemática establecida para la valoración intelectiva, se concluyó sobre dicha prueba que dio un valor legal por haber sido introducida de acuerdo al art. 333 inc. 3) del CPP y una credibilidad; y, un valor parcial, advirtiendo que para fundar la responsabilidad penal por si sola era insuficiente, condicionando sobre esa afirmación que debía ser valorada con la demás prueba, en ese margen se advirtió que se valoró la prueba de forma individual y parcial respecto a la parte dispositiva del mencionado documento sin vincularla a otras, dejando pendiente la valoración de tal documento a una valoración ulterior con las demás pruebas, labor que en la secuencia del apartado no se dio; en consecuencia, la fundamentación intelectiva respecto a tal prueba resultaba insuficiente porque quedó pendiente la valoración integral que la propia sentencia dio a entender que realizaría.


Las pruebas MP2, MP4, MP5, MP6, MP8, MP10, MP11, MP12 y MP13 y todas las demás pruebas; en cuanto, a su valoración intelectiva tendría una sistemática similar pues, se les otorga credibilidad parcial y se las condicionó a una valoración en conjunto y no existiría en la fundamentación probatoria intelectiva una valoración integral de las pruebas vinculadas una a otra; en cuanto, a los elementos que se extrajo sobre los hechos que puedan determinarse como probados por ser creíbles o no. La valoración del Tribunal A quo se efectuó de cada una de ellas de manera individual advirtiendo una valoración integral ex post la cual no se realizó lo que implicó que la fundamentación probatoria intelectiva realizada no esté acorde a los parámetros exigidos por los arts. 124 y 173 del CPP. Dicha falencia impidió al tribunal de alzada realizar un control de la sentencia en cuanto a su fundamentación valorativa intelectiva, así sobre la prueba signada como MP1 en la fundamentación descriptiva realizada sobre el medio de prueba se extractó: “se trata de un testimonio que contiene una resolución final que resuelve conceder el Amparo en virtud de las consideraciones arribadas y que el demandado en el plazo de 48 horas se proceda al desalojo y se remita antecedentes penales”. Sobre esos hechos en la fundamentación intelectiva se determinó que se trataba de una denuncia valorada en consideración (Valor de credibilidad); sin embargo, se advirtió que la argumentación de que por sí sola no fundaba responsabilidad penal y debía ser analizada con la demás prueba; en ese margen, el Tribunal desconoció con posterioridad que debía ser analizada con la demás prueba, esta falencia impediría establecerse que hechos contenía la resolución final (amparo administrativo), qué consideraciones fueron a las que se arribó, por qué se dispuso el desalojo conforme enunció el Tribunal, en ese margen inteligible establecer que una resolución final emergente de un proceso administrativo es solamente asimilable a una denuncia y peor cuando en el curso de la valoración no se relaciona a ésta, en el valor que le otorga con otras referidas al inicio o activación del proceso (denuncia) y a la vez que se advierta que por sí misma no puede fundar responsabilidad penal, hizo inevitable cuestionar que contendría la mencionada vinculada con otras que probablemente pudieran haber sido conducentes a establecer una responsabilidad penal, lo que demostró también una ausencia de fundamentación descriptiva e intelectiva.


Respecto de la fundamentación jurídica en cuanto al tipo penal acusado con relación al art. 20 del CP, el Tribunal de alzada efectuó la precisión sobre los hechos motivo del proceso penal y las conclusiones arribadas por el Tribunal de sentencia respecto de que la prueba no hubiese generado convicción suficiente para aplicar una condena particularmente sobre el elemento “el que se apoderase de una cosa muebles ajena”, porque los recursos naturales son de dominio del Estado y porque el acusador tenía una concesión legal del Estado y al arrendar la bocamina “Aníbal”, determinó que la extracción de mineral era legítima y legal por existir una relación contractual, que se probó la existencia de divergencias entre el acusador y los comunarios de Almona que pusieron las trancas privándole al propietario de su derecho de la concesión; sin embargo, no existía medio de prueba que vincule a los acusados con los comunarios para promover la explotación, también sobre la contradicción de que el mineral habría sido de propiedad de Alave, a cambio de un contraprestación por ende de manera material los acusados no hubiesen participado en la sustracción porque no hubo prueba. Asimismo, en cuanto a una ausencia de tipicidad en la dimensión descriptiva esencialmente sobre la ajenidad, en el que se fundó bajo la afirmación de que no se daba porque existía o concurría una relación contractual, además de que la extracción sería legítima y hasta legal descartando la autoría de tipo material o directo al no probarse el vínculo entre los comunarios y los acusados, de igual manera en cuanto al elemento “con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas”, sosteniendo al respecto que en la explotación de mineral hubo fuerza para arrancar el mineral como es natural pero tampoco se probó tal hecho presumiendo que fue de esa forma y si hubo violencia e intimidación tiene relación a la conducta asumida por los comunarios, respecto de esta última conclusión se sustentaría en dos afirmaciones sobre la concurrencia de dos hechos uno que no se probó y el otro si se probó (si existió violencia pero no de forma directa por los acusados).


Sobre la Autoría mediata “… que el delito se cometió por medio de otros, los comunarios, es decir serían los instigadores o autores intelectuales, tampoco se ha acreditado la relación causa y efecto entre comunarios y acusados, es decir no se ha probado la planificación intelectual o lo actos preparatorios”, la fundamentación de su inconcurrencia se sustenta también en afirmación de haber o no probado hechos, en conclusión la fundamentación sobre los elementos del tipo penal acusado y su autoría se fundamentan en afirmación que infieren se han probado o no. Sobre ese margen de acuerdo a la normativa sustantiva mencionada en el presente acaso, las normas que no se aplicaron serían los arts. 331 y 20 del CP, por que no se probaron diferentes hechos y en consecuencia “… no se apoderaron de una cosa mueble ajena” ni “con fuerza en las cosas con violencia o intimidación en las personas” infiriendo al respeto legitimidad, legalidad en la extracción de minerales y ausencia de violencia e intimidación, sin señalar un soporte factico, ni jurídico. Al respecto, la concreción realizada por el Tribunal, se concluyó que no fundamentó porque no se aplicó los arts. 331 y 20 del CP, ya que de lo descrito anteriormente no sería posible advertir una plataforma o base fáctica de donde el Tribunal de alzada pueda extraer los hechos que refieren el A quo y en los que se funda su resolución y decisorio o en su caso tratándose de una cuestión inherente a la fundamentación jurídica sustantiva denunciada como insuficiente, complementar la misma.


El Tribunal de alzada concluye que de acuerdo a los antecedentes señalados partiendo de la acusación y el problema vinculado a una Resolución de Amparo Administrativo Minero que disponía un desalojo basado en normativa propia de tal actividad, lo que implicaba en el plano jurídico analizar la normativa que sustentaba tal resolución su incidencia como se alegó en la acusación fiscal mencionado normativa al respecto lo que implicaba fundamentar jurídicamente respecto al elemento ajenidad y sobre el valor, vigencia del contrato de concesión, el de arrendamiento aspectos no realizados por el Tribunal A quo, extrañándose una plataforma fáctica extractada al respecto que contenga qué valor tiene en realidad esos medios de prueba, que hechos concretaron los mismos, la fundamentación jurídica establece una extracción de mineral, actos de violencia e intimidación sobre una concesión a la que tiene derecho el acusador; sin embargo, descarta la autoría y participación sin una teoría jurídica al respecto, solo se efectuó afirmaciones fácticas deviniendo en consecuencia en evidente el agravio denunciado.


III. VERIFICACIÓN DE VULNERACION DE DERECHOS Y GARANTÍAS

Y DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el caso presente, este Tribunal admitió el recurso interpuesto por Hilarión Alave Guarayo ante las denuncias de que el Auto de Vista impugnado incurrió; i) En vicio de incongruencia respecto del presunto defecto de la sentencia establecido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, pues el Tribunal de alzada no se hubiese circunscrito a los puntos impugnados por los recurrentes, vulnerándose el art. 398 del CPP, igual error hubiese incurrido al pronunciarse sobre la defectuosa valoración de las pruebas MP1, MP2, MP4, MP5, MP8, MP10, MP11, MP12, MP13, que tampoco fueron motivo de reclamo, y; ii) Defecto absoluto y vulneración del debido proceso porque se demostró que fue correcta la labor del Tribunal de Sentencia al absolverle de culpa y pena, señalando en todo caso que el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación, infringiendo el art. 124 del CPP, al carecer de una fundamentación con base al control de la reglas de la sana crítica.


De igual manera, se admitió el recurso de casación de Isauro Jhonnson Romay Valda, en el que se denunció que el Auto de Vista impugnado, al resolver el defecto comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP, obró de manera ultra petita sin considerar que la sentencia cumplía con los presupuestos establecidos por el art. 124 del CPP; más al contrario no se observó que los recursos de apelación restringida no cumplieron con los presupuestos establecidos en el art. 408 del CPP, invocando el Auto Supremo 27/2013 de 8 de febrero.


III.1.Respecto al recurso de Casación de Hilarión Alave Guarayo. 


El recurrente inicialmente denuncia que el Auto de Vista incurrió en vicio de incongruencia, ya que pese a que dicha resolución rechazó los agravios del acusador particular referidos a la exclusión de prueba testifical como violación a la defensa y vulneración de su derecho a la defensa técnica del acusador particular y la presunta valoración defectuosa de la prueba del Ministerio Público, concedió lo solicitado en cuanto a la falta de fundamentación de la Sentencia “art. 310 inc. 5)”, cuando era obligación del Tribunal de alzada circunscribir su decisión a los puntos impugnados,  que deben ser fundamentados con razonamientos claros, expresos, positivos y lógicos al motivo de apelación restringida, respecto de la aplicación de los arts. 124 y 173 del CPP; que el Tribunal de alzada no advirtió que los apelantes en su denuncia de falta de fundamentación probatoria intelectiva y jurídica de la prueba documental y testifical, no fundamentaron ni invocaron cuál la violación de las reglas de la sana crítica, vulnerándose el art. 398 del CPP. De igual manera, pese a que no se impugnó la defectuosa valoración de las pruebas MP1 testimonio Nº 01/11 de Amparo administrativo, MP2, MP4, MP5, MP8, MP10, MP11, MP12, MP13, el Tribunal de alzada suplió la omisión de la parte apelante y se pronunció al respecto denotando un pronunciamiento extra petita.


A fin de resolver la problemática planteada es pertinente acudir al art. 398 CPP, que dispone que los Tribunales de alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución de cual se apela, no pudiendo considerar otros aspectos procesales que ameriten obrar en forma "ultrapetita" esto en aplicación del principio de "legalidad", que obliga a los Tribunales de alzada de observar estrictamente esta disposición, a no ser que se evidencien violaciones a derechos y garantías constitucionales, vicios insubsanables no sujetos a convalidación contenidos en los arts. 169 inc. 3) y 370 del CPP, ya que lo contrario significaría actuar en vulneración a la garantía constitucional del debido proceso.


Con la anterior precisión corresponde previamente contextualizar los antecedentes de los recursos de apelación restringida resueltos por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista ahora recurrido, siendo así que conforme lo desarrollado en el acápite II.2. y II.3 (Apelaciones restringidas del acusador particular y Ministerio Público) de la presente resolución, se tiene que de manera coincidente los acusadores denunciaron el defecto de  Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) con relación a los arts. 173 y 124 todos del CPP, citando las referidas normas legales como preceptos legales defectuosamente aplicados, pidiendo se disponga la nulidad de la Sentencia de acuerdo a la previsión del art. 413 del CPP, ya que la valoración descriptiva e intelectiva de la Sentencia sería deficiente, por haberse efectuado sólo apreciaciones generales tanto de la prueba documental como testifical, sin identificar de manera concreta si las conclusiones eran coherentes o incoherentes, consistentes o inconsistentes, veraces o falsos, advirtiéndose sólo una labor de sintetización de las pruebas omitiendo una correcta fundamentación acorde a la jurisprudencia invocada, se alegó también que respecto del tipo penal de Robo (art. 331 del CP) y de la Autoría (art. 20 del CP), se incurrió en el mismo defecto de falta de fundamentación. 


Conforme los antecedentes desarrollados supra, se tiene de manera inequívoca que el Tribunal de alzada al resolver los recursos de apelación restringida tanto del acusador particular como del representante del Ministerio Público, no incurrió en un pronunciamiento ultra petita, al existir la denuncia expresa sobre la falta de fundamentación intelectiva de la Sentencia, agravio que fue resuelto dentro el margen de la competencia establecida por el art. 398 del CPP, pues evidentemente en ninguna de las apelación se efectuó una relación de las pruebas presuntamente mal valoradas, por el lógico hecho de que se denunció la “falta de fundamentación intelectiva”; es decir, que respecto del conjunto de pruebas producidas en juicio no existió una motivación sobre cuál el valor otorgado a éstas; consecuentemente, mal se podría alegar que no se señaló primero qué pruebas fueron defectuosamente valoradas, cuando se comprende de  la verificación del agravio subido en apelación, que la denuncia iba contra toda la prueba producida en juicio, resultando injustificado pedir que se identifique cada una de las pruebas. En segundo término, resulta comprensible que no se alegue o precise cuál la regla de la sana crítica que hubiese sido infringida cuando se trata de falta de fundamentación, pues resulta coherente que ante una falta de fundamentación probatoria, ésta representa la imposibilidad para establecer qué regla de la sana crítica fue infringida, por la lógica razón de que no existe un pronunciamiento positivo o negativo por parte del Tribunal de Sentencia, respecto de la prueba a ser valorada, impidiendo a su vez que el Tribunal de alzada ejerza el correcto control legal sobre la valoración probatoria que al identificar una falta de motivación sobre el valor otorgado le resulta excusable señalar cual la vulneración a la sana crítica.


En todo caso, se concluye que el Tribunal de alzada actuó acorde a los entendimientos asumidos por esta sala en el Auto Supremo 65/2012-RA de 19 de abril, que señaló: “El tercer momento es la fundamentación analítica o intelectiva, en la que no sólo se trata de apreciar cada elemento de juicio en su individualidad, sino de aplicar conclusiones obtenidas de un elemento a otro, lo que implica, una apreciación en el conjunto de toda la prueba judicializada. En este momento, la autoridad judicial competente de emitir una sentencia, deberá dejar constancia de los aspectos que le permitieron concluir en el caso de las declaraciones testificales porque consideró coherente, incoherente, consistente o inconsistente, veraz o falsa la declaración de los testigos, es decir, expresar tanto las razones que se tiene para creer a alguno o algunos de los testimonios, como las razones que se tiene para rechazar o desechar otro u otros; similar tarea deberá ser desarrollada respecto a la prueba documental y pericial, debiendo dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de cada prueba así como su relevancia o no”. Es decir, el Tribunal de alzada  de manera correcta estableció que el Tribunal a quo, a tiempo de la fundamentación individual de la prueba MP1, la condicionó para su valoración a tiempo de efectuar la consideración de toda la masa probatoria, aspecto que con posterioridad no fue cumplido con ésta ni con las demás pruebas observadas en el Auto de Vista recurrido.


Asimismo, en la referida doctrina legal, en cuanto al conjunto de elementos que hacen a la debida fundamentación de toda sentencia y la consecuencia de su ausencia, se señaló a manera de síntesis: “Una vez desarrollado el acto de juicio y agotadas las distintas actividades descritas por el Código de Procedimiento Penal, que hacen a su sustanciación, el Juez o Tribunal de Sentencia en observancia del derecho al debido proceso, deberá proceder a emitir la Sentencia que corresponda a través de una resolución debidamente fundamentada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad y precisión; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, esto es la labor de adecuación o no del hecho al presupuesto normativo; y, la aplicación de la pena; incurriéndose en fundamentación insuficiente la ausencia de cualquiera de las fundamentaciones señaladas; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP.


Ahora bien, el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP, tiene el deber de verificar que el tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, por lo que de constatar la concurrencia de fundamentación insuficiente, en consecuencia del defecto insubsanable señalado por el citado art. 370 inc. 5) del CPP; disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia”. Entendimiento que fue reiterado por esta Sala en los Autos Supremos 073/2013-RRC de 19 de marzo y 123/2013-RRC de 10 de mayo, entre otros.

    

Respecto a que el Auto de Vista no explicó apropiadamente, si la sentencia incurrió en inobservancia o errónea aplicación de la reglas de la sana crítica, que pongan en duda la razón de los fundamentos de la Sentencia dictada por el Tribunal a quo, porque el Tribunal de apelación debía identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y de las pruebas, aclarando el recurrente que la prueba MP1 referida a la resolución del Amparo administrativo minero no tiene efecto para su particular situación por no haber intervenido como demandado o demandante, por cuanto los efectos de dicha resolución administrativa no le alcanzan en virtud de que la responsabilidad penal es intuito personae; conforme lo desarrollado  anteriormente, se reitera a la parte recurrente que cuando se trata de una denuncia de falta de fundamentación de la sentencia en cuanto a la valoración intelectiva, no resulta necesario precisar cuál la aplicación incorrecta de las reglas de la sana crítica, pues se entiende que al no existir una fundamentación de las pruebas de forma positiva o negativa resultaría imposible identificar esta situación. Asimismo, se debe tener presente que el defecto de la sentencia identificado por el Tribunal de alzada no solo fue con relación a la prueba signada como MP1, sino del total de la prueba documental, lo que hace que la falta de participación del recurrente en la suscripción de la citada prueba no lo excluye en cuanto a una posible participación, deviniendo en consecuencia en infundado el presente motivo.


Por otra parte, el recurrente denuncia defecto absoluto y vulneración del debido proceso porque se demostró que fue correcta la labor del Tribunal de Sentencia al absolverle de culpa y pena, señalando en todo caso que el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación, debido a que respecto de la argumentación de la Sentencia realizada en el resultando III, IV.1 Fundamentación jurídica refiere que el Auto de Vista de manera equivocada incurriendo en tautología señaló que: “la concreción realizada por el Tribunal de alzada, en ese sentido no fundamenta porque no se aplicó el art. 331 del CP ni el art. 20 de la CP, ya que no es posible advertir una plataforma o base fáctica de donde se puedan extraer los hechos que refieren fundan la resolución y decisoria”; consecuentemente, se advertiría que el Tribunal de alzada efectuó una valoración parcial de la prueba MP1 más no se realizó un control del iter lógico que efectuó el A quo en la sentencia; es más, no circunscribió sus actos a los asuntos que fueron objeto de la apelación restringida, porque al no haber fundamentado adecuadamente los recursos de apelación explicando con análisis crítico la violación o inobservancia de las reglas de la sana crítica, debía declarar la improcedencia del recurso de la apelación restringida confirmando la sentencia apelada. Se alega también que en el Auto de Vista recurrido no se detectó cual la violación de derechos fundamentales que dé lugar al juicio de reenvío que permita una  posible solución diferente a la establecida en la Sentencia; por cuanto, la anulación de la misma no daría lugar a un cambio radical respecto de la absolución; aspectos por los cuales señala que en el Auto de Vista no existió una correcta aplicación de las normas, infringiendo el art. 124 del CPP, al carecer de una fundamentación con base al control de la reglas de la sana critica.


En cuanto a la problemática planteada, se debe tomar en cuenta como base para tomar la decisión lo que se entiende por la debida fundamentación de las resoluciones de alzada, señalando que el art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece al debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, el acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado sobre todos los motivos alegados en un recurso. Por ello, es obligación de los Tribunales de alzada pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos apelados.


No existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista impugnado, cuando se evidencia que el Tribunal de alzada no se pronunció de manera expresa, clara, concreta y lógica, sobre cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida. El cumplimiento de estas exigencias exterioriza el fundamento de la decisión adoptada, explicando una determinada interpretación del Derecho y permitiendo de ese modo el eventual control jurisdiccional de aquella; sin embargo, ello no implica imponer una especial estructura en el desarrollo de los razonamientos, pues una motivación escueta y concisa no deja; por ello, de ser motivación, así como una fundamentación ampulosa tampoco garantiza que lo sea. Lo fundamental es que la Resolución contenga una relación fáctica o de antecedentes y en el caso concreto de la apelación, del o los agravios denunciados y por otra, una valoración jurídica suficientemente razonada acerca de dichos agravios.


Ahora bien, ingresando al examen del Auto de Vista impugnado, se tiene que de manera correcta se precisa cada uno de los agravios denunciados tanto por el acusador particular como fiscal, resolviendo cada uno de éstos y particularmente el referido al defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, que es el alegado en casación que conforme se desarrolló en el primer agravio, se resolvió acorde a las normas legales correspondientes a la materia, pero además también siguiendo la línea jurisprudencial establecida por esta Sala  Penal, resultando en todo caso reiterados los argumentos efectuados por el recurrente, cuando señala que no se estableció cuál la vulneración a las reglas de la sana crítica o en su caso que las apelaciones no cumplían con los requisitos de formalidad, tópicos ya resueltos en el primer motivo. Finalmente, en cuanto a que el Auto de Vista recurrido no detectó cual la violación de derechos fundamentales, que dé lugar al juicio de reenvío que permita una posible solución diferente a la establecida en la Sentencia; por cuanto, la anulación de la misma no daría lugar a un cambio radical respecto de la absolución no resulta evidente, pues al contrario se estableció cuáles los elementos esenciales que pueden dar lugar a establecer la verdad histórica de los hechos que no  fueron considerados por el Tribuna a quo; es decir, que partiendo de la acusación y el problema vinculado a una Resolución de Amparo Administrativo Minero, que disponía un desalojo basado en normativa propia de tal actividad, implicaba en el plano jurídico analizar la normativa que sustentaba tal resolución, su incidencia como se alegó en la acusación fiscal, mencionando la normativa lo que implicaba fundamentar jurídicamente, respecto al elemento ajenidad y sobre el valor, vigencia del contrato de concesión el de arrendamiento, aspectos como fueron señalados anteriormente, no fueron ponderados por el Tribunal a quo y que deberán ser considerados en el Juicio de reenvío; por lo tanto, ante tal falencia resulta apresurado asumir un criterio como el del recurrente de señalar que la situación jurídica no cambiaría con un nuevo juicio; en consecuencia, no siendo evidente lo alegado el presente recurso deviene en infundado.


III.2.En cuanto al recurso de casación de Isauro Jhonnson Roma Valda.


En este recurso se denuncia de contradicción con el precedente invocado y el Auto de Vista impugnado, refiriendo que a tiempo de resolverse el defecto de la sentencia comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP, se obró de manera ultra petita sin considerar que la sentencia cumplía con los presupuestos establecidos por el art. 124 del CPP, teniendo en cuenta que ésta contenía una fundamentación fáctica, jurídica y probatoria adecuada; más al contrario, se observó que los recursos de apelación restringida no cumplieron con los presupuestos establecidos en el art. 408 del CPP, porque no se planteó con una estructura sólida sobre el supuesto agravio sin señalarse la aplicación que se pretendía,  incurriendo en consecuencia el Auto de Vista en vulneración de los arts. 124, 163, 166, 169 inc. 3) del CPP; siendo contradictorio al Auto Supremo 27/2013 de 8 de febrero.


Respecto del precedente invocado en cuanto al pronunciamiento ultra petita, se tiene que el Auto Supremo 27/2013 de 8 de febrero, fue emitido dentro de un proceso seguido por los delitos de Falsedad Material y otros, teniendo como antecedente generador de doctrina que en la fundamentación realizada por el Tribunal de Alzada, omitió pronunciarse de manera específica en relación a la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva [art. 370 inciso 1) del CPP]; toda vez, que se circunscribió a dar concepciones jurídicas generales, como el de describir los delitos contra la fe pública y el bien jurídico protegido, que si bien corresponden al marco jurídico, la misma se tiene que adecuar a responder las denuncias expresadas en el recurso de apelación restringida; por ende, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “De acuerdo al entendimiento ratificado por el Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del por qué dicho acto se considera defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el artículo 398 del citado compilado procesal pues los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, no siendo suficiente acudir a fundamentos evasivos y referidos a defectos que conforme al artículo 399 del Código de Procedimiento Penal pudieron ser observados en su oportunidad en el marco del respeto al principio pro actione.


De lo expuesto, se evidencia que el Auto de Vista motivo de impugnación fue dictado sin observar las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye un defecto absoluto al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del artículo 419 del citado Código, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas, sean subsanadas“.


Teniendo identificado el precedente contradictorio que permite efectuar la labor de contraste solicitado, al ser similar en cuanto al agravio traído en casación -que el Tribunal de alzada actuó de forma ultra petita al considera que el recurso no cumplía con las formalidades del art. 408 del CPP, se vulneró el art. 398- del CPP, corresponde establecer si efectivamente existe la contradicción alegada.


Al respecto, resultaría repetitivo volver a establecer los argumentos para concluir que el Tribunal de alzada no incurrió en un pronunciamiento ultra petita, cuando a tiempo de resolver el primer agravio del co-imputado  Hilarión Alave Guarayo, se argumentó de manera por demás clara que en la emisión del Auto de Vista recurrido se cumplió ampliamente con los arts. 398, 124 y 370 inc. 5) del CPP, pues existió un correcto planteamiento por parte de los apelantes (acusador particular y fiscal), en cuanto al defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, señalándose cuáles las normas denunciadas como violadas así como la aplicación pretendida,  lo que abrió la competencia al Tribunal de alzada para resolver conforme a derecho, no resultando evidente que haya obrado al margen de su competencia; en consecuencia, el presente recurso resulta también infundado conforme los argumentos expuestos a tiempo de resolver el primer agravio del co-impuitado Hilarión Alave Guarayo que resulta ser idéntico en su planteamiento.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Hilarión Alave Guarayo e Isauro Jhonnson Romay Valda.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA