TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 715/2016-RA

Sucre, 19 de septiembre de 2016


Expediente                : Cochabamba 50/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público 

Parte Imputada        : Freddy Simón Álvarez Camperos

Delito        : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de julio de 2016, cursante de  fs. 187 a 188, Freddy Simón Álvarez Camperos, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 12 de febrero de 2016 de fs. 183 a 184 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I.ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a) Por Sentencia 19/2014 de 23 de mayo (fs. 140 a 147), el Juez de Partido Liquidador y de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Cochabamba, declaró a Freddy Simón Álvarez Camperos, autor de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el los arts. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiéndole  la pena privativa de once años de privación de libertad, más el pago de quinientos días multa a razón de Bs. 0.20.- (cero veinte centavos) por cada día, costas y pago de responsabilidad civil a favor del Estado. Más la confiscación definitiva de $us. 3.000.- (tres mil dólares estadounidenses), Bs. 1.600.- (mil seiscientos bolivianos) y dos celulares, según acta de secuestro.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Freddy Simón Álvarez Camperos (fs. 163 a 164), interpuso recurso de apelación restringida,  resuelto por Auto de Vista de 12 de febrero de 2016, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedente en parte el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia apelada con la modificación del quantum de la pena, impuesta al imputado siendo esta de diez años de presidio, que deberá cumplir en la cárcel pública de San Sebastián varones.


c) Por diligencia de 14 de julio de 2016 (fs. 186), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista y el 21 del mismo mes y año, interpone el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) El Auto de Vista al modificar el quantum de la pena de once a diez años, no realizó una adecuada valoración de las pruebas en su conjunto a prudente arbitrio y conforme las reglas de la sana critica, como lo establece el art. 135 del CPP, norma que constituye garantía del debido proceso, considerando que tiene íntima relación con el principio de imparcialidad de los Jueces y Tribunales en la valoración de las pruebas que se constituyen en principios rectores de la correcta administración de justicia; en este caso, en primera y segunda instancia se evidencia que la Sentencia tiene como base de su fundamento una valoración parcializada de la prueba de cargo (diligencias de policía), las que en el desarrollo del proceso no fueron corroboradas por otros medios de prueba para determinar la imposición de diez años de presidió por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, sin considerar que las diligencias de policía judicial no constituyen prueba; asimismo, refiere que no se valoró la prueba de descargo vulnerando el art. 135 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por la existencia de deficiente valoración de la prueba.


2) Al valorar su conducta se incurrió en violación del art. 48 de la Ley 1008, pues su conducta no se adecua a dicha norma siendo que cuando fue detenido estaba transitando en una senda en la cual se le encontró transportando sustancias controladas; por lo que, al transportar dicha sustancia se debió aplicar el art. 55 del a Ley 1008 con relación al octavo del CP y se le deberá imponer la pena de ocho años en grado de transporte. Con relación a la temática planteada invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2003.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme a lo normado en el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días, verificándose en el presente caso que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista el 14 de julio de 2016 (fs. 186), planteando su recurso de casación el 21 del mismo mes y año, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal, correspondiendo; por lo tanto, verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos.


Con relación al primer motivo, en el que señala que el Auto de Vista no realizó una adecuada valoración de las pruebas en su conjunto a prudente arbitrio y conforme las reglas de la sana critica, como lo establece el art. 135 del CPP, norma que constituye garantía del debido proceso considerando que tiene íntima relación con el principio de imparcialidad de los Jueces y Tribunales en la valoración de las pruebas que se constituyen en principios rectores de la correcta administración de justicia; en este caso, en primera y segunda instancia se evidencia que la Sentencia tiene como base de su fundamento una valoración parcializada de la prueba de cargo (diligencias de policía), la que en el desarrollo no fueron corroboradas por otros medios de prueba para determinar la imposición de diez años de presidió por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas sin considerar que las diligencias de policía judicial no constituyen prueba.


Con relación a la temática plateada, se advierte que en este motivo no invoca precedente contradictorio del cual se haya realizado la labor de contraste con el Auto de Vista impugnado a los fines de establecer alguna contradicción; por lo que, se advierte que el recurrente en este motivo no cumple con el requisito establecido en el art. 417 del CPP. 


Asimismo, respecto de la supuesta vulneración a sus derechos constitucionales, si bien refirió la garantía del debido proceso considerando que tiene íntima relación con el principio de imparcialidad de los Jueces y Tribunales; sin embargo, no identificó plenamente el defecto absoluto que no es susceptible de convalidación sin especificar los hechos concretos que le causan agravio y el argumento que el Auto de Vista no habría analizado correctamente; y, el resultado dañoso emergente del defecto, teniendo en cuenta que solo mencionó que se infringió el  principio y la garantía señalados sin explicar jurídica y doctrinalmente, cómo la emisión del Auto de Vista le generó tal infracción teniendo en cuenta que solo refirió la vulneración del art. 135 del CPP, del cual no se advierte su pertinencia con lo solicitado teniendo en cuenta que dicho artículo se refiere a la retardación de justicia. De la fundamentación expuesta en el recurso, se observa que no se cumplió con los presupuestos de flexibilización.

 

Con relación al motivo segundo, referido que a tiempo de valorar su conducta se incurrió en violación del art. 48 de la Ley 1008, pues su conducta no se adecua a dicha norma, siendo que cuando fue detenido estaba transitando en una senda en la cual se le encontró transportando sustancias controladas; por lo que, al transportar dicha sustancia se debió aplicar el art. 55 del a Ley 1008 con relación al octavo del CP y se le deberá imponer la pena de ocho años en grado de transporte.


Con relación a este motivo, se advierte la invocación del Auto Supremo 417/2003 de 19 de agosto; sin embargo, el recurrente omitió explicar en términos precisos cuál la contradicción con los argumentos del Auto de Vista impugnado, señalando simplemente la parte que creyó pertinente del precedente sin precisar qué aspecto del Auto de Vista es contradictorio al entendimiento que menciona de dicho precedente; por tanto, la imposibilidad de establecer el sentido jurídico contradictorio que se hubiere aplicado en la referida resolución y esta falencia no puede ser suplida de oficio.


Por otro lado, a tiempo de fundamentar la vulneración a sus derechos constitucionales, no identificó plenamente el defecto absoluto que no es susceptible de convalidación, refiriendo solamente que el debido proceso implica que la tipicidad delictual debe adecuarse a los hechos; por tanto, si bien precisó la garantía y/o principio constitucional supuestamente vulnerada; sin embargo, no explicó el resultado dañoso emergente del defecto. Por tanto, de la fundamentación expuesta en el recurso, se observa que no se cumplió con los presupuestos de flexibilización, haciendo inviable la admisión de este motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Freddy Simón Álvarez Camperos, cursante de fs. 187 a 188.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA