TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 686/2016-RA

Sucre, 12 de septiembre de 2016


Expediente                : La Paz 63/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público 

Parte Imputada        : Ernesto Torrez Mamani y otros

Delito                : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de mayo de 2016, cursante de fs. 606 a 615, Ernesto Torrez Mamani, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 16/2016 de 8 de marzo, de fs. 595 a 598, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, Lucia Alapati Quispe, José Víctor Vargas Mamani y Milton Genaro Vargas Chino, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 47 con relación al inc. l) del art. 33, ambos de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


a) Por Sentencia 1/2009 de 5 de enero (fs. 422 a 427), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ernesto Torrez Mamani, Lucia Alapi Quispe, José Víctor Vargas Mamani y Milton Genaro Vargas Chino, autores de la comisión del delito de Fabricación de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 47 con relación al art. 33 inc. l) de la Ley 1008, imponiendo la pena de cinco años de privación de libertad a los dos primeros y de dos años de presidio a los dos últimos, al estar su conducta prevista en la segunda parte del citado art. 47 (como pisa coca), respecto a quienes además concedió el beneficio de perdón judicial.


b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Ernesto Torrez Mamani (fs. 434 a  436 vta.) y Lucia Alapati Quispe (fs. 444 a 445 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 16/2016 de 8 de marzo, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró inadmisibles los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada.


c) Por diligencia de 20 de mayo de 2016 (fs. 601), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 27 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de recurso de casación, se extraen  los siguientes motivos:


1) El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada dejando sin efecto el sorteo de Vocal relator efectuado por el sistema Ianus, señaló día y hora de audiencia de fundamentación complementaria, sin darle la oportunidad de subsanar su recurso de apelación restringida, violando el art. 399 del Código de Procedimiento Penal (CPP); al respecto, invoca como precedentes contradictorios la Sentencia Constitucional 1858/2003-R de 12 de diciembre y el Auto de Vista 54/2012 de 22 de marzo de 2012; además, en la parte final de su argumento de casación, refiere que se vulneró el debido proceso.

2) Argumenta que el Tribunal de alzada confirmó la Sentencia sin pronunciarse sobre el Auto complementario, que dispuso la confiscación de un inmueble y un vehículo, resolución que también habría sido motivo de apelación restringida, vulnerando el Ad quem el art. 398 del CPP, al no pronunciarse sobre el motivo de su recurso, hecho que hubiere sido apelado por el Ministerio Público, invoca como precedentes contradictorio los Autos Supremos 203/2013 de 16 de julio y 306/2013-RRC de 22 de noviembre, referido a que los Tribunales de alzada deben referirse a los aspectos cuestionados en alzada.


3) Haciendo referencia a los antecedentes del proceso, el recurrente alega que existiendo la disposición de remisión del caso ante el Tribunal de Sentencia de Turno de La Paz, por la imposibilidad de constituir Tribunal con jueces ciudadanos en la ciudad de El Alto, correspondía que el caso sea remitido ante el Tribunal Primero de Sentencia y no ante el Tribunal de Sentencia Sexto, como se hizo en el caso de autos, hecho que a decir de los recurrentes violó el debido proceso tutelado por el art. 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantía que también habría sido definida por la Sentencia Constitucional 0119/2003-R de 28 de enero, habiendo actuado el Tribunal de mérito sin jurisdicción ni competencia, incurriendo en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 1) del CPP.


4) Por último, alega que el Ministerio Público presentó acusación formal antes de la conclusión de la etapa preparatoria, causándole indefensión, violando el art. 134 del CPP, motivo en el que los recurrentes invocan como precedente contradictorio el Auto Supremo 32-E de 10 de enero de 2007.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 20 de mayo del 2015, fue notificado el imputado con el Auto de Vista hoy impugnado y el 27 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad en el primer motivo de casación, el recurrente a tiempo de alegar que el Tribunal de apelación no le dio la oportunidad de subsanar su recurso en vulneración del art. 399 del CPP, sin tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 416 del CPP, invocó como precedente contradictorio una Sentencia Constitucional, que por disposición de la norma legal citada precedentemente no tienen esa  calidad; en consecuencia, no pueden ser tomada en cuanta a fin de que este Tribunal ejerza su función unificadora de jurisprudencia. Por otra parte, en cuanto al Auto de Vista 54/2012 de 22 de marzo de 2012, es menester precisar que este Tribunal de Casación señaló que en caso de invocarse este tipo de resoluciones como precedentes, el recurrente debe cerciorarse de que estén ejecutoriados; es decir, que no sea una resolución susceptible de modificación; asimismo, debe adjuntarse el precedente al recurso de casación, exigencia que si bien no está prevista por el CPP, se hace imprescindible a fin de posibilitar la verificación de la posible contradicción, tomando en cuenta que este máximo Tribunal de Justicia no tiene acceso directo a esa información; al respecto, la Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo de Justicia, a través de varios Autos Supremos, entre ellos el 211 de 4 de abril de 2004 dispuso que: “Tan marcada y evidente es la incompatibilidad para determinar si verdaderamente existe contradicción entre los precedentes y el A.V. de fs. 375-377 objeto del recurso de casación, que a esto se suma la duda de que los Autos de Vista invocados como precedentes a fs. 378-379 y 381-384 de obrados, se hallan debidamente ejecutoriados, en los términos que previene el art. 126 de la Ley N° 1970, concordante con el art. 515 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, qué validez podría tener una resolución judicial susceptible de modificación por recursos ulteriores, si ésta es ofrecida como precedente?; el entendimiento doctrinario y sentido interpretativo del tercer periodo del art. 416 del Código de Procedimiento Penal, radica en buscar la uniformidad de la jurisprudencia y en tal virtud el presupuesto indispensable es que dichos precedentes invocados por los recurrentes en casación, estén debidamente ejecutoriados, lo que supone del tribunal la exigencia del requisito, y con mayor sigilo si se invocan como precedentes Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Distrito del país en sus Salas Penales”. Por lo que, el recurrente no cumplió con proveer el requisito de admisibilidad previsto por el art. 417 del CPP.


Ahora bien, pese a la inobservancia de los requisitos citados, este Tribunal no puede soslayar que el recurrente en esta denuncia claramente identifica el debido proceso como garantía presuntamente vulnerada, proporcionando aún de manera escueta, los hechos generadores del recurso al reclamar que el tribunal de alzada dejó sin efecto el sorteo de la causa convocando a audiencia de fundamentación inobservando las previsiones del art. 399 del CPP, imposibilitándole la ampliación o corrección de su recurso de apelación restringida que conforme los antecedentes fue finalmente declarado inadmisible; por lo que se concluye la concurrencia de los presupuestos de flexibilización descritos en la última parte del acápite anterior, a los fines de verificar en el fondo si la denuncia tiene o no sustento.


En el segundo motivo de casación, el recurrente a tiempo de denunciar incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado, pues el Tribunal de alzada no se habría pronunciado en cuanto al motivo de apelación por el cual observó el Auto complementario que dispuso la confiscación de bienes, cumplió con la carga procesal de invocar los Autos Supremos 203/2013 de 16 de julio de 2013 y 306/2013-RRC de 22 de noviembre, como precedentes contradictorios, transcribiendo parcialmente los mismos en la parte pertinente relacionada con el motivo de casación, enfatizando la necesidad de que el tribunal de alzada se circunscriba a los puntos apelados; por lo que, corresponde resolver este motivo en el fondo del recurso, ante el cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.


En el tercer y cuarto motivo de casación, el recurrente sin observar lo dispuesto por el art. 416 del CPP, que establece la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia,   expone defectos que se hubiesen producido en actos previos a la emisión de la Sentencia, pero sin establecer de manera fundada cuál la determinación y sus razones, que hubiese asumido el Tribunal de alzada respecto a esos defectos, por lo que teniendo en cuenta que este Tribunal no puede ejercer un control directo sobre los posibles defectos en la tramitación de la causa y en la emisión de la Sentencia, pues su labor se circunscribe al control de la actuación del Tribunal de alzada, resulta inviable la consideración de fondo de ambos motivos.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara  ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ernesto Torrez Mamani; únicamente para el análisis de fondo del primer y segundo motivo identificados en el acápite II incs. 1) y 2) del presente fallo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA