TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 680/2016-RA

Sucre, 12 de septiembre de 2016


Expediente                : Cochabamba 43/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Hernán Rosas Siles

Delito        : Violación de Niño, Niña o Adolescente


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de julio de 2016, cursante de fs. 171 a 172, Hernán Rosas Siles, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 25 de Mayo de 2016, de fs. 163 a 165, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por los arts. 308 Bis con relación al 310 incs. c) y e), ambos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 23/2015 de 27 de julio (fs. 119 a 121), el Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró al acusado Hernán Rosas Siles, autor de la comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente con agravantes, previsto y sancionado por los arts. 308 Bis con relación al 310 incs. c) y e) del CP, imponiéndole la pena de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto; además, del resarcimiento del daño civil a favor de la víctima averiguable en ejecución de Sentencia.

b) Contra la referida Sentencia, el imputado Hernán Rosas Siles (fs. 129 a 131 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 25 de mayo de 2016, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente la apelación restringida  y confirmó la Sentencia.


c) Por diligencia de 30 de Junio de 2016 (fs. 166), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista y el 7 de julio del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente hace referencia a que el Código de Procedimiento Penal busca garantizar el debido proceso así como el derecho a recurrir, permitiendo la revisión de un fallo adverso, garantía  plasmada en la Constitución Política del Estado, así como el art. 8.2 inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica convenio ratificado por Ley 1430 de 11 de febrero de 1993 y art. 14.5 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos ratificados por Ley 2119 de 2 de septiembre de 2000; en ese contexto, afirma que se puede recurrir un fallo pronunciado por un Tribunal de primera instancia solicitando la corrección de oficio por el Tribunal de Alzada en el ejercicio de la facultad prevista en la “Ley Orgánica del Órgano Judicial” (sic) aunque no hubiere hecho reclamo oportuno para su saneamiento.


En ese sentido, el recurrente alega que el Auto de Vista impugnado, omitió pronunciarse sobre las atenuantes y agravantes de forma motivada y debidamente fundamentada; puesto que, entre los puntos apelados se encontraba la errónea aplicación de la ley sustantiva citando al efecto las Sentencias Constitucionales 727/2003 y 1075/2003, indicando que esto obedece a la errónea calificación de los hechos (tipicidad), errónea concreción del marco penal y errónea fijación judicial de la pena, manifestando que en la individualización de la responsabilidad penal de cada individuo, se debe considerar las atenuantes y agravantes de acuerdo a los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, al momento de imponer la pena, cuya omisión de fundamentación considera que constituye un defecto, resultando esencial el equilibrio y la proporcionalidad entre la culpabilidad y la punición, lo cual advierte que no ocurrió en el Auto de Vista impugnado, al no considerar que se trata de su primer delito, que no tiene antecedentes judiciales ni policiales, su grado de instrucción y que demostró su arrepentimiento en audiencia y pidió disculpas a los progenitores, además que el Ministerio Público manifestó que demostró estar arrepentido y que jamás estuvo al cuidado de la víctima.


Asimismo, manifiesta que el Auto Supremo 110 de 22 de abril de 2013, enfatiza las características imperativas de la pena prevista para el delito de violación, que además conlleva la declaratoria sin derecho a indulto; por lo que, considera que el Juez o Tribunal que fija la pena tiene la obligación de ceñirse a los lineamientos establecidos en el tipo penal, sin esperar que las partes la soliciten, lo cual supondría un incumplimiento de los deberes.


En cuanto a la “fundamentación y la debida fundamentación” (sic), indica que el Tribunal de Sentencia refiere la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, sin fundamentar cómo, cuándo, porqué o quiénes habrían incurrido en el ilícito, cuando la víctima indicó que tiene su novio con el que habría tenido relaciones consentidas, que el certificado médico forense establece que el himen contiene un desgarro antiguo, aspecto que el Tribunal pasa por alto, por lo que carece de fundamentación como característica del debido proceso y cita las Sentencias Constitucionales 261/13 de 19 de diciembre de 2013 y 017/15 de 16 de enero de 2015.


Posteriormente, bajo el subtítulo de la admisibilidad del recurso, señala que la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia refiere que al tratarse de defectos absolutos el recurso de casación puede ser admitido aún sin la invocación de precedentes contradictorios, a ese efecto cita: “el A.S. Nº 431 de 23 de noviembre de 1994 (LJ Pág. 422 apreciación de la prueba, AS 491 de 19 de octubre de 1995 (LJ Pág. 482 causal de nulidad  absoluta, AS 432 de 04 de octubre de  1995 LJ Pág.480) causal de nulidad en función del art. 416 segundo parte de la Ley 1970, A.S.  219 de 28 de  junio de 2006  Sala Penal Segunda  A.S. 535 de 29 de diciembre de 2006 A.S. 311 de 218 de mayo de 2014 Sala Penal, A.S. Nº 303 de 18 de mayo  de 2014 Sala Pernal, SS. CC. Nº  261/13- R de 19 de diciembre y 017/15 de 16 de enero de 2015” (sic), reconociendo que si bien para la procedencia del recurso de casación se debe cumplir los requisitos, la revisión excepcional y eventual de oficio procede cuando exista violación al debido proceso y defectos absolutos de procedimientos insubsanables o de la sentencia, de acuerdo a los arts. 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se tiene, que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista recurrido el 30 de Junio de 2016, presentando el recurso de casación el 7 de julio del mismo año,  cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, en cuanto a los demás requisitos de admisión, se verifica que el recurrente esencialmente denuncia una supuesta falta de fundamentación de parte del Tribunal de alzada respecto a dos temáticas planteadas en apelación restringida, por un lado a la falta de consideración de atenuantes y agravantes de forma fundamentada y motivada, y a la falta de debida fundamentación de la sentencia respecto a cómo, cuándo, porqué y quiénes habrían incurrido en el ilícito penal; al respecto, si bien el recurrente hace referencia a los Autos Supremos 110 de 22 de abril de 2013,  219 de 28 de  junio de 2006 y 535 de 29 de diciembre de 2006, no precisa la contradicción existente con la resolución impugnada en inobservancia de los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando a este Tribunal efectuar la labor de contraste; sin soslayar, que los Autos Supremos 431 de 23 de noviembre de 1994, 491 de 19 de octubre de 1995, 432 de 04 de octubre de 1995, fueron emitidos antes de la vigencia del actual Código de Procedimiento Penal y que los Autos Supremos 303 de 18 de mayo de 2014 y 311 de “218 de mayo de 2014” (sic), no figuran en la base de datos de este Tribunal, debiendo además precisarse que las Sentencias Constitucionales, conforme una correcta interpretación del art. 416 del CPP, no constituyen precedentes contradictorios.


Sin embargo, no es menos evidente que la parte recurrente alega la existencia de defectos absolutos originados en la denunciada falta de fundamentación de parte del Tribunal de alzada al resolver la alzada, y en ese ámbito identificó los hechos que le causan agravio (falta de fundamentación a momento de pronunciarse sobre las agravantes y atenuantes sobre la pena impuesta y falta de fundamentación de la sentencia respecto al hecho atribuido), precisando asimismo el derecho vulnerado (debido proceso), explicando meridianamente en qué consistió las omisiones y deficiencias en que incurrió el Tribunal de alzada; y, el resultado dañoso emergente del defecto (no tener certidumbre sobre el fallo judicial en cuanto a la pena que le fue impuesta). De la fundamentación expuesta en el recurso, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización, considerando que esta Sala a través del Auto Supremo 51/2014-RA de 17 de marzo, precisó que en las denuncias de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado”, por lo que estando cumplidos mínimamente estos presupuestos, resulta viable la admisión del presente recurso para su análisis de fondo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Hernán Rosas Siles, cursante de fs. 171 a 172; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA