TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 678/2016-RRC

Sucre, 12 de septiembre de 2016


Expediente                : Pando 5/2016

Parte Acusadora                : Ministério Público

Parte Imputada                : Raúl Alberto Vaca Roca

Delito                : Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán

RESULTANDO


Por memorial presentado el 25 de abril de 2016, cursante de fs. 142 a 146, la representante del Ministerio Público, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 1 de abril de 2016, de fs. 106 a 108 vta., pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, integrada por los Vocales German Miranda Guerrero y Juan Pereira Olmos, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente contra Raúl Alberto Vaca Roca, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 61/2015 de 23 de octubre (fs. 24 a 28) el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Raúl Alberto Vaca Roca, autor de la comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña y Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, imponiéndole la pena de veinte años de privación de libertad, más costas del proceso, así como daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Raúl Alberto Vaca Roca, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 84 a 86), resuelto por Auto de Vista de 1 de abril de 2016, dictado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró procedente el citado recurso y anuló en todos sus extremos la Sentencia apelada, ordenando la reposición de un nuevo juicio por otro Tribunal de Sentencia.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 479/2016-RA de 24 de junio, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial.


El recurrente alega incongruencia e insuficiente fundamentación del Auto de Vista recurrido, que habría infringido el debido proceso y por ende lo preceptuado por el art. 124 del CPP, así como el principio procesal de verdad material, puesto que: 1) Sostuvo de manera falsa, que no se puso en conocimiento del imputado la prueba emitida por el IDIF, cuando éste se encontraba prófugo; 2) Señaló que el Informe Psicológico emitido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se realizó fuera del control jurisdiccional al no contener requerimiento fiscal, dejando de lado lo establecido por los arts. 42, 43 y 95 de la Ley 348; 3) Afirmó, que el Certificado Médico se emitió antes de la interposición de la denuncia y no se cumplió con el plazo de veinticuatro horas para su presentación ante la autoridad jurisdiccional, inaplicando lo preceptuado por los arts. 171 del CPP y 86 de la Ley 348; 4) Interpretó falsamente que la pericia no fue puesta a conocimiento del imputado, sin tener presente que el abogado defensor fue debidamente notificado mientras el procesado se encontraba rebelde; y, 5) Asume que la falta de notificación al imputado con la Sentencia el día de su lectura, afectó sus derechos, sin tener presente que no afectó la presentación de los recursos de impugnación posteriores.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente en mérito a los argumentos expuestos en su recurso, solicita se admita el recurso de casación y la Sala Penal pronuncie nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable, conforme a los parámetros de la tutela judicial efectiva.

I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 479/2016-RA de 24 de junio, cursante de fs. 152 a 154 vta., este Tribunal admitió vía flexibilización el recurso de casación, interpuesto por la representante del Ministerio Público, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 61/2015 de 23 de octubre, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declara         a Raúl Alberto Vaca Roca, autor de la comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña y Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, imponiéndole la pena de veinte años de reclusión, teniéndose como argumentos para la decisión asumida, que:


Analizada la prueba se tiene como acreditado, que el 20 de mayo de 2014 la menor AA, se encontraba en el domicilio de Raúl Alberto Vaca Roca, lugar de donde fue rescatada y llevada a la Defensoría de la Niñez y posteriormente al SEDEGES, así se tiene de las pruebas MP1 y MP2 y la declaración del testigo José Gutiérrez, quien en audiencia ratifica las circunstancias de cómo fue rescatada la menor; también, quedó demostrado mediante la prueba MP6 que la menor a la fecha (20/05/2014) tenía trece años de edad, como también el morador del domicilio donde se encontraba la menor antes de ser rescatada es hoy acusado, así como también se acreditó que éste mantuvo relaciones sexuales con la menor AA, así se tiene de la prueba MP12, introducida al juicio como anticipo de prueba, donde la víctima es entrevistada por el Psicólogo quien en audiencia de juicio señala que tomó la entrevista a la menor, prueba que en las partes relevantes establece que la menor conoció al ahora acusado por intermedio del internet y a la pregunta si alguna vez tuvo relaciones sexuales con él, responde que Sí, a la pregunta de cuantos años tuvo la primera relación sexual, responde a los trece años, a la pregunta con quien tuviste, responde con Raúl.


Por su parte la Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en audiencia de juicio señaló que tomó la entrevista a la menor, la cual en sus partes más relevantes, señaló que conoce al imputado por las redes sociales y que se llama Raúl Vaca, que está enamorando con él. Que no está embarazada, a la pregunta de cuantas veces tuvo relaciones sexuales con él, responde que dos veces, estas entrevistas guardan relación con la prueba MP13, que es el dictamen pericial, cuya conclusión segunda señala: “En la determinación del antígeno prostático específico (PSA), del extracto obtenido a partir de las muestras del caso IDIF M1, M2 M3 y M4 (HISOPOS) de la víctima YPM se detectó la presencia del antígeno prostático específico” que si bien no señala que pertenece al hoy acusado, corrobora lo manifestado por la víctima que mantuvo relaciones sexuales con el acusado, ya que conforme a la prueba  MP13 del Certificado Médico Forense y Acta de Toma de Muestras y Cadena de Custodia adjunto, se establece que las muestras fueron tomadas en fecha 20/05/2015; es decir, el día del hecho en que precisamente fue rescatada la menor del domicilio del acusado, tal cual establece la prueba MP1 y la declaración de Jaime Josué Gutiérrez Rojas quien relata en juicio, la forma en la que fue rescatada la menor del domicilio del acusado, que inclusive querían salir por otro lado, pero que al final la menor salió del domicilio, así también apoya la declaración de la víctima, la prueba MP3, Certificado Médico Forense que señala en su conclusión: himen con desgarro antiguo, pruebas que valoradas en su conjunto establecen que el ahora acusado tuvo acceso carnal, con la víctima menor de catorce años, generando la convicción ante el Tribunal sobre la responsabilidad penal del acusado en el delito de Violación de Infante Niño, Niña y Adolescente; por lo que, el hecho existió, el imputado ha participado en él, de conformidad al art. 20 del CP en calidad de autor; además, de que aún se alegue consentimiento  la condición de la víctima menor de edad hace que la Ley proteja ese grupo etario.


II.2. De la apelación restringida interpuesta por el acusado.


Contra la referida Sentencia, el acusado interpone recurso de apelación restringida, refiriendo en cuanto a lo atinente al motivo traído en casación lo siguiente:


a) En el juicio oral luego de que fue declarado probado su incidente, se dispuso que sea notificado con la acusación fiscal y en su caso con la del querellante y las pruebas de cargo ofrecidas; sin embargo, está disposición fue incumplida, ya que sólo fue notificado con el pliego acusatorio y no así con las pruebas de cargo, omisión que le hubiese ocasionado una indefensión total.


b) El Tribunal de juicio con una fundamentación totalmente insuficiente admitieron la judicialización de la prueba MP1, señalando que la Defensoría es una instancia receptora de denuncias y que por eso debe facilitar al máximo sus gestiones y entre ellas es anexar a la denuncia los informes realizados que contengan elementos que sirvan para el esclarecimiento de los hechos y que la entrevista psicológica no vulnera derechos del imputado, sin considerar el Tribunal de juicio que no puede existir ningún acto investigativo sin conocimiento o participación del imputado.


c) Se realizó un peritaje para encontrar espermatozoides o antígeno prostático, pero esa pericia hubiese sido realizada sin su conocimiento y peor intervención; es así, que la representante del Ministerio Público presentó como prueba sin ninguna notificación a su persona, sin poder recusar al perito, complementar los puntos de pericia; es decir, poder intervenir en el mismo conforme establece el art. 209 del CPP, vulnerando así sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.


d) El Fiscal de materia Carlos Acosta, realiza una serie de actos investigativos el 20 de mayo,  luego traducidos como actos de prueba y recién se presenta denuncia en su contra por el delito de violación al día siguiente 21 de mayo de 2015; o sea, sin que hubiere causa y no exista ni registro ni fiscal asignado, menos control jurisdiccional sobre dichos actos, pero el Tribunal de Sentencia falseando los hechos y sin ninguna fundamentación argumentan que el representante del Ministerio Publico, actuó legalmente y que la prueba fue obtenida  conforme a procedimiento y mediante requerimiento.


e) Alega que fue notificado con la Sentencia y recién le notificaron con su contenido el 26 de noviembre 2015, treinta días después de haber sido dictada  y leída en su integridad en audiencia pública, lo que se constituye un defecto absoluto y es contrario a lo establecido por el art. 361 del CPP.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Auto de Vista de 1 de abril de 2016, declara procedente el recurso de apelación restringida y anula en todos sus extremos la Sentencia, ordenando la reposición de un nuevo juicio por otro Tribunal de Sentencia, con base a los siguientes argumentos:


Si bien el imputado “es notificado con el pliego acusatorio y con las pruebas de cargo, pero no se le pone en conocimiento de manera formal y material las pruebas documentales de cargo, en especial la prueba pericial que se había realizado a través de la IDI, concluyendo que al haberse privado al acusado de conocer físicamente las pruebas de cargo, provocaron un estado de indefensión…” (sic).    


La entrevista psicológica, traducido en un informe de entrevista, fue realizado para respaldar la denuncia, pero fue obtenido sin control jurisdiccional y sin requerimiento fiscal; por lo que, el Tribunal al haber aceptado la introducción de una prueba obtenida sin observar las formalidades legales, ha obrado de manera incorrecta.


El requerimiento del Fiscal Acosta fue realizado un día antes de la denuncia y sin que se hubiere puesto en conocimiento del Juez el inicio de las investigaciones; por lo tanto, las investigaciones fueron realizadas sin ningún control jurisdiccional; por lo que, el tribunal realizó una incorrecta valoración de la prueba a tiempo de resolver el incidente de exclusión probatoria.


La Fiscal de Materia requiere se realice una pericia biológica y el perito una vez realizado el examen emite un dictamen pericial en el que establece que no se ha encontrado espermatozoides, pero si la existencia de antígeno prostático; sin embargo, la facultad que le otorga el código a las partes para que puedan proponer u objetar los temas de pericia, no se ha cumplido, porque dicha actuación no fue notificada al imputado encontrándose con dicha pericia en juicio; todo acto debe ser necesariamente comunicado al imputado para que pueda asumir defensa, el no hacerlo vulnera el derecho a la defensa, pues en la imputación formal se conocía el domicilio del imputado donde debió ser notificado con la finalidad de no vulnerar el debido proceso.


Por otra parte, es evidente que concluida la lectura íntegra de la Sentencia el 23 de octubre de 2015, las partes no recibieron copia de la Sentencia vulnerando de esta manera lo establecido por el art. 361 última parte del Código de Procedimiento Penal.

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


El presente recurso de casación formulado por el Ministerio Público, fue admitido ante la concurrencia de los presupuestos de vía flexibilización, donde al denunciarse la incongruencia e insuficiente fundamentación del Auto de Vista recurrido respecto a cinco aspectos puntuales en infracción del debido proceso y el art. 124 del CPP, así como el principio procesal de verdad material.


III.1.Toda resolución judicial debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada.


El  derecho  a  una  resolución  fundamentada  o  derecho  a una resolución  motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso establecido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); en ese marco, la resolución judicial para su validez y plena eficacia, requiere cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente la misma; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir el  pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


En coherencia con las normas constitucionales citadas y la doctrina descrita, el legislador a partir del alcance previsto por el art. 124 del CPP, estableció que: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba”; bajo este alcance jurídico, toda autoridad judicial que emita una resolución debe exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, pues cuando un Juez o Tribunal omite fundamentar y motivar debidamente su razonamiento y determinación, toma una decisión de hecho contraria al espíritu de un debido proceso; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar, pero con precisión y claridad, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, claro está con la justificación legal que respalda además esa situación.


III.2. Sobre los criterios aplicables ante la denuncia de defectos no susceptibles de convalidación.


El art. 167 del CPP, en cuanto a la actividad procesal defectuosa, establece que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado.


Adicionando que, en los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causen agravio.


Dicha determinación, en coherencia con los razonamientos establecidos en la doctrina, han dado lugar al desarrollo de una amplia jurisprudencia sobre los criterios que deben observar tanto los recurrentes a tiempo de solicitar la nulidad de actuados, como las autoridades jurisdiccionales cuando determinan su procedencia, entre las que se encuentra el Auto Supremo 118/2015-RRC de 24 de febrero, que determinó: “(…)se debe establecer de forma precisa si lo denunciado constituía un defecto absoluto no susceptible de convalidación y que ameritaba la nulidad de la Sentencia emitida por el Tribunal de grado; es así, que para la consideración de la problemática planteada (defectos absolutos) estos deben cumplir con ciertas premisas que permitan su análisis y resolución: 1) Que, el acto procesal denunciado de viciado debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; en el caso presente, la no realización de pruebas de narco test a la totalidad de los sobres encontrados en posesión de la recurrente, no desvirtúa la existencia de delito, pues en todo caso tendría significancia, para determinar la cantidad de sustancia controlada encontrada para establecer el quantum de la pena; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión, la recurrente en todo momento del proceso penal -etapa investigativa y de juicio- pudo activar los mecanismos de defensa previstos por ley, para hacer valer sus derechos y pretensiones jurídicas; es decir, solicitar las pruebas toxicológicas pertinentes y en su caso plantear las exclusiones probatorias; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable, como se estableció en el primer numeral se establece que la cantidad de la sustancia controlada no determina la inexistencia de delito, por lo que, no generó mayor perjuicio al haberse impuesto la pena mínima (diez años de presidio); 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente, se destaca este aspecto en mérito a que en etapa de producción y judicialización de la prueba, se debió oponer los medios de defensa pertinentes, aspecto no considerado por el Tribunal de alzada; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad, la no concurrencia de estas condiciones, dan lugar a establecer la inexistencia de defecto absoluto que amerite una medida tan gravosa como la de disponer la nulidad de la Sentencia, pues en el caso de Autos se tiene que no se estableció o por lo menos se precisó por parte del Tribunal ad quem la concurrencia de estos aspectos, pues en contrario sólo dispuso el reenvío de juicio sobre pruebas que materialmente son inexistentes; es decir, pese a que el propio Tribunal de alzada estableció que los siete sobres que no fueron sometidos a la prueba de campo fueron incinerados, dispone que sea otro Tribunal de Sentencia el que valore “de forma correcta” las pruebas colectadas por el Ministerio Público y ofrecidas en la acusación fiscal; en consecuencia, cuál el sentido jurídico de la reposición de juicio.


Finalmente, se debe tener presente que desde el punto de vista doctrinal, las nulidades  -según expone JORGE CLARIÁ OLMEDO- consisten en la invalidación de actos cumplidos e ingresados al proceso sin observarse las exigencias legales impuestas para su realización, en tal sentido, no todo defecto o no toda irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento produce la nulidad y para declarar dicha nulidad se debe tomar en cuenta determinados principios como: no hay nulidad sin texto, vale decir, que la irregularidad de la que adolece el acto debe estar sancionada de manera expresa, pero además debe tener trascendencia; es decir, que el vicio debe ser de tal magnitud que impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido en orden al derecho o garantía que se dice violado; pero además, las nulidades deben ser interpretadas de manera restrictiva a efectos de evitar se desvirtúe el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica y por último debe tomarse en cuenta el interés, pues no hay nulidad por la nulidad misma en sentido de que la nulidad puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas se traduce en un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa. Exacerbar privilegios o garantías constitucionales en una incorrecta aplicación, daña el supremo interés u orden público afectando la seguridad del cuerpo social” (el resaltado es propio).


III.3. El Tribunal de alzada debe fundamentar la trascendencia sobre las exclusiones probatorias.


En armonía con los criterios destacados en el anterior acápite, el Auto Supremo 394/2014-RRC de 18 de agosto, estableció: “…debe agregarse que ante la denuncia de la inobservancia del procedimiento para plantear y resolver las exclusiones probatorias, o en su caso, ante denuncias de rechazos indebidos de las solicitudes de exclusión probatoria; el Tribunal de alzada, para determinar la nulidad de la sentencia por circunstancias vinculadas con la exclusión probatoria, deberá verificar y considerar la trascendencia de aquellas pruebas en la decisión final, toda vez que deberá cuidar conforme ha establecido el Auto Supremo 133/2013-RRC de 20 de mayo: que el Tribunal de alzada debe fundamentar la trascendencia que la exclusión de ellas hubiera tenido en la decisión final, y si esas pruebas por sí mismas tenían la capacidad y suficiencia de afectar el resultado final de la sentencia”.


Por su parte, el Auto Supremo 133/2013-RRC del 20 de mayo, señaló: “Respecto al segundo punto apelado referido a la exclusión probatoria de las pruebas A-13 y A-14, el Tribunal de alzada resolvió este planteamiento, refiriendo la prevalencia del derecho sustancial al derecho formal, en la aseveración de que la exclusión de aquellas pruebas por motivos formales, constituyó defecto absoluto contenido en el art. 169 inc. 3 del CPP; empero, de la revisión de los antecedentes que hacen a este particular, se advierte que los apelantes, si bien promueven un agravio por aquellas exclusiones, tan sólo se limitan a enunciar las pruebas y a referir que fueron ofrecidas anteladamente, y no fundamentan la trascendencia que la exclusión de ellas hubiera tenido en la decisión final, y si esas pruebas por sí mismas tengan la capacidad y suficiencia de afectar el resultado final de la sentencia; esta carencia es convalidada por el Tribunal de alzada, que sin aplicar su propio razonamiento, por el contrario obrando contradictoriamente al criterio de que lo sustancial prevalece respecto a la forma, sustituye el cumplimiento de un formalismo por otro similar, sin ponderar y argumentar la afectación de los derechos que incumban y las repercusiones procesales que aquella decisión acarrea por el simple incumplimiento de las formas procesales”.


Consiguientemente, se tiene que ante la denuncia de rechazos indebidos de solicitudes de exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada debe resolver de manera fundamentada y motivada sobre la trascendencia de la exclusión de esas pruebas en la decisión final y la relevancia de afectación de las mismas en el resultado final de la Sentencia; además considerando que:“… en materia procesal, es necesario observar el cumplimiento de principios que estructuran el trámite penal, es así que: el principio de especificidad o legalidad, que señala cuáles son las causales de nulidad; el principio de trascendencia que establece que, no hay nulidad de forma si la alteración procesal no tiene vital importancia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, no pudiendo hacerse valer la nulidad cuando las partes no han sufrido un gravamen con la infracción; y, el principio de convalidación, por el cual, toda nulidad no observada oportunamente se convalida por el consentimiento, permitiendo que el acto quede ejecutoriado y firme en la producción de sus efectos”. (Auto Supremo 394/2014-RRC).


III.4. Análisis del caso concreto.


El recurrente alega, incongruencia e insuficiente fundamentación del Auto de Vista recurrido, el cual hubiese infringido el debido proceso y por ende, lo preceptuado por el art. 124 del CPP, así como el principio procesal de verdad material; consiguientemente, este Tribunal abre su competencia para verificar únicamente la vulneración del debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación, motivación e incongruencia a partir del horizonte que otorga y plasma la jurisprudencia que antecede.


Del análisis del Auto de Vista impugnado, se tiene que los Vocales sobre el primer agravio del recurso de apelación restringida formulado por el imputado, argumentaron en un simple parágrafo, que si bien el imputado “es notificado con el pliego acusatorio y con las pruebas de cargo, pero no se le pone en conocimiento de manera formal y material las pruebas documentales de cargo, en especial la prueba pericial que se había realizado a través de la IDIF, concluyendo que al haberse privado al acusado de conocer físicamente las pruebas de cargo, provocaron un estado de indefensión…” (sic), argumentó que no se encuentra debidamente fundamentado y motivado, pues el Tribunal de alzada no explica razonablemente cuál la trascendencia de esta situación considerando -como dice el propio Tribunal- que efectivamente el acusado fue notificado con la acusación respectiva, la cual cumple los requisitos establecidos en el art. 341 del CPP; lo que significa, que materialmente se encuentra descrita en dicha acusación las pruebas ofrecidas que serán producidas en el juicio, donde también se especifican los documentos y pericia que sirven como base de dicha acusación y por ende del juicio; consiguientemente, existe una omisión de fundamentación y motivación que otorguen certeza de que el imputado quedó en estado de indefensión; por cuanto, corresponde se fundamente cuál la trascendencia y relevancia para la afectación del resultado final; por lo que, debe considerarse si efectivamente el acusado conoció o no las pruebas, pues en contrario sensu, sería distinto el hecho de que el imputado no sea notificado con la acusación -lo que no sucedió- cuyo efecto sería el desconocimiento de dichas pruebas y la lesión del derecho a la defensa; y, del debido proceso.


Por otra parte, en Tribunal de alzada en caso de nulidades, debe considerar y para ello fundamentar sobre el principio de convalidación, para ese efecto debe tomar en cuenta la situación del imputado, si se encontraba prófugo, o sí planteó en el momento procesal oportuno el incidente de actividad procesal defectuoso, o en su caso, si convalidó algún aspecto esperando recién reclamar sobre la pericia en el juicio oral, para dicho efecto el Tribunal de alzada debe considerar si en la etapa preparatoria el imputado tuvo conocimiento efectivo de todos los actuados investigativos y por ende de alguna pericia realizada, pues el art. 5 del CPP, le faculta al imputado ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados Internacionales reconozcan desde el primer acto del proceso hasta su finalización, aspectos que deben ser analizados y resueltos de manera fundamentada y motivada conforme exige la jurisprudencia citada en la presente resolución.                      


En el mismo orden respecto al segundo y tercer agravio, el Auto de Vista impugnado, argumenta que la entrevista psicológica, traducida en un informe de entrevista, fue realizada para respaldar la denuncia, pero fue obtenida sin control jurisdiccional y sin requerimiento fiscal; por lo que, el Tribunal al haber aceptado la introducción de una prueba obtenida sin observar las formalidades legales, hubiese obrado de manera incorrecta. Agrega que el requerimiento del Fiscal Acosta, fue realizado un día antes de la denuncia y sin que se hubiere puesto en conocimiento del Juez el inicio de las investigaciones; por lo tanto, las investigaciones fueron realizadas sin ningún control jurisdiccional; por lo que, el Tribunal hubiese realizado una incorrecta valoración de la prueba a tiempo de resolver el incidente de exclusión probatoria. De la misma forma, esta Sala Penal constata que el Tribunal de alzada no cumple con el debido proceso en su vertiente de debida fundamentación y motivación, ya que llega a una conclusión sin explicar cuál la relevancia de la exclusión probatoria en el resultado final y si dichas pruebas tienen la capacidad de afectar la Sentencia, sin ponderar y argumentar la afectación de los derechos que incumban y las repercusiones procesales que aquella decisión acarrea por el simple incumplimiento de las formas procesales; además, el Tribunal de alzada debe acompañar en su fundamentación, base legal que sustente de manera sólida su determinación considerando que el imputado fue condenado por el delito de Violación de Infante Niño Niña y Adolescente, tipificado por la Ley 348 que modifica el Código Penal; razón por la cual, para excluir cualquier prueba, previamente debe realizar el análisis sistemático de los arts. 42, 43 y 95 de la Ley antes referida y pronunciarse de manera motivada al respecto, considerando también no sólo el principio de trascendencia sino también -en su caso- el de convalidación descritos en la jurisprudencia en el fundamento III.1.2 de esta resolución; sin soslayar, las atribuciones que tienen las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, respecto a las cuales esta Sala Penal se pronunció a través del Auto Supremo 341/2014-RRC de 18 de junio, que también debe ser considerado por el Tribunal de alzada al emitir una nueva resolución. 

   

Sobre el cuarto motivo del recurso de casación, el Tribunal de alzada argumenta que, la Fiscal de Materia requiere se realice una pericia biológica y el perito una vez efectuado el examen emite un dictamen pericial en el que establece que no se ha encontrado espermatozoides, pero si la existencia de antígeno prostático; sin embargo, la facultad que le otorga el código a las partes para que puedan proponer u objetar los temas de pericia, no se han cumplido, porque dicha actuación no fue notificado al imputado encontrándose con dicha pericia en juicio; al respecto, este Tribunal constata que efectivamente el Tribunal de alzada no fundamenta conforme exige la jurisprudencia descrita en la presente resolución respecto a la trascendencia de dicha exclusión, tampoco sobre el principio de convalidación tomando en cuenta, si el imputado o su defensor, conoció efectivamente los actuados investigativos, la pericia en la etapa preliminar o preparatoria o en la audiencia de medida cautelar, situación que debe merecer un pronunciamiento debidamente fundamentado, tomando en cuenta también la normativa vigente al momento de ser procesado y condenado como se constituye la Ley 348.

   

Finalmente, el Auto de Vista argumenta para anular la Sentencia que, por otra parte, es evidente que concluida la lectura íntegra de la Sentencia el 23 de octubre de 2015, las partes no recibieron copia de la Sentencia vulnerando de esta manera lo establecido por el art. 361 última parte del CPP; sin embargo, de ello tampoco motiva su determinación respecto a cuál sería la relevancia constitucional y trascendencia de la supuesta omisión o de qué manera, el imputado quedó en indefensión absoluta, ya sea porque que no pudieron recurrir de apelación o realizar algún acto de defensa; además, en el mismo marco, el Tribunal de alzada no fundamenta si la presunta omisión de la notificación al imputado cumplió o no su finalidad.


Consiguientemente, este Tribunal evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente debida fundamentación y motivación, debiendo el Tribunal de alzada emitir una nueva resolución considerando los entendimientos jurisprudenciales destacados en la presente resolución.

   

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, cursante de fs. 142 a 146; y, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 1 de abril de 2016, disponiendo que la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, previo sorteo y sin espera de turno de forma inmediata, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA