TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 667/2016-RRC

Sucre, 12 de septiembre de 2016


Expediente                                : Cochabamba 30/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Teófilo Coca Montecinos

Delito                        : Violación de Niño, Niña o Adolescente

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de abril de 2015, cursante de fs. 534 a 553 vta., Teófilo Coca Montecinos, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 24 de febrero de 2015, de fs. 525 a 531 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, integrada por las Vocales Nuria Gisela Gonzales Romero y Karen Lorena Gallardo Sejas, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Teodoro Rocabado Coca y Margarita Rojas de Rocabado en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis. con la agravante del art. 310 inc. 3), ambos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


1) Por Sentencia 46/2013 de 27 de septiembre (fs. 374 a 385), el Tribunal de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Cochabamba, declaró a Teófilo Coca Montecinos, autor de la comisión del delito de Violación de Niña, Niño o Adolescente previsto y sancionado por el art. 308 Bis. con la agravante del art. 310 inc. 3) del CP, imponiendo la pena de veinte años de privación de libertad sin derecho a indulto, con costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de Sentencia.


2) Contra la mencionada Sentencia el imputado Teófilo Coca Montecinos, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 390 a 407 vta.), resuelto por Auto de Vista de 16 de mayo de 2014 (fs. 458 a 463), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 663/2014-RRC de 20 de noviembre (fs. 508 a 515); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera el Tribunal Departamental de Cochabamba, dictó el Auto de Vista de 24 de febrero de 2015 (fs. 525 a 531 vta.), que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia impugnada, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 363/2015-RA de 11 de junio, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El Auto de Vista, no aplicó debidamente el Auto Supremo 92/2013 de 28 de marzo (cuyo contenido transcribe), relativo a la producción de la prueba extraordinaria, ni el Auto Supremo 434/2009 de 20 de agosto, que determina los límites de la presentación y producción de la prueba dentro del juicio oral, favoreciendo unilateralmente a la acusación particular “sin darle la oportunidad”. Cita al efecto el art. 370 inc. 4) del CPP, aseverando que la cuestionada Resolución, indicó que la declaración de Juan Ojeda no incide, pero no advierte que su procedimiento fue ilegal dentro de las reglas de la prueba extraordinaria, aceptada “SIN QUE HUBIEREN SENTADO LAS BASES” y negada a la defensa la prueba literal, consistente en un certificado médico legal de 14 de octubre de 2009, emitido por el Director Nacional del IDIF, emergente de la declaración de su perito Ballesteros; sin embargo, de manera ilegal y arbitraria se negó su producción sin justificativo valedero.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se anule al Auto de Vista recurrido, se establezca la contradicción con los precedentes invocados y se ordene la emisión de un nuevo Auto de Vista y sea tomando en cuenta el Auto Supremo 562/2004.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 363/2015-RA de 11 de junio, cursante de fs. 604 a 609, este Tribunal admitió el recurso interpuesto por Teófilo Coca Montecinos, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación, se transcribe lo siguiente, observándose solo lo pertinente al motivo admitido:


II.1. De la Sentencia. 


Concluida la fase de los debates y conclusiones, el Tribunal de juicio emitió la Sentencia 46/2013 de 27 de septiembre, habiendo determinado en el CONSIDERANDO III, que luego de valorar y analizar la prueba en base al art. 173 del CPP, aplicando las reglas de la sana crítica, el tribunal llegó a la convicción de que el acusado adecuó su conducta al tipo penal acusado, estableciendo como hechos probados los siguientes: Primero, que el imputado vivía desde hace veinte años con la familia Rocabado Rojas familia de la víctima- y que la víctima el año 2011 tenía la edad de cinco años, estableciéndose además que los padres de la víctima son sobrinos del imputado; Segundo, el 15 de enero de 2011, el acusado fue sorprendido in fraganti cometiendo el delito acusado; Tercero, el imputado al verse sorprendido en el acto de agresión sexual a la menor, la soltó y se puso de rodillas suplicando y llorando pidiendo perdón; Cuarto,  por el Certificado Médico Forense, elaborado por Dorian Sandy Chávez Abasto, se tiene que la menor AA de seis años de edad al examen físico, ginecológico, obstétrico y proctológico, no evidenció lesiones externas pero al ”…examen genital presentó genitales propios de la edad, verificándose en el introito vaginal un desgarro antiguo en membrana himenal a horas 7 según las manecillas del reloj, asimismo al examen anal, no se evidenció lesiones, teniéndose como Diagnóstico desgarro antiguo en membrana himenal a horas 7 según las manecillas del reloj, lo que establece que la menor penetrada sexualmente” (sic); Quinto, el imputado Teófilo Coca Montecinos ha cometido el delito de Violación Niño, Niña o Adolescente; y, Sexto, el imputado “…es autor de un primer delito, sin antecedentes penales, de la tercera edad de buena conducta” (sic).


A continuación se observa que en el CONSIDERANDO IV Pruebas)(sic), realiza la fundamentación descriptiva de la prueba testifical de cargo de Teodoro Rocabado Coca; Margarita Rojas de Rocabado, la menor AA, esta última habría señalado: “que un día que no recuerda le bajo su pantalón y su calzón, que este le besaba mostrando con sus manos, su cuello, hombro, pecho y piernas, en varias oportunidades cuando estaba sola que también le tocaba mostrando tímidamente su entre pierna (parte de su vagina), que en una oportunidad le bajó su pantalón y le toco su vagina (mostrando esta parte) que ella se durmió, que después su madre no la dejaba y la llevaba a su venta (…), que nadie la ha enseñado lo que está indicando, que ella no miente, (…) la menor al prestar esta declaración lo hizo mirando a los jueces, si dudar, en momentos con lágrimas en los ojos sin contradicciones, a un a las preguntas de la parte imputada” (sic); Fabiola Alejandra Rocabado Rojas; además del Médico Forense Dorian Sandy Chávez Abasto, quien en lo sobresaliente refiere que el 20 de agosto de 2012, realizo la valoración médica de la menor XXX observando de la región genital un desgarre del himen a horas 07:00, posteriormente a solicitud de la fiscalía realizó un informe complementario reconociendo la prueba “MP-7”, que los desgarros no son producto de caídas, de manejar bicicletas y otros actos, que el himen está situado en una región protegida por labios mayores, menores en el introito vaginal, por lo que los desgarros son producto de penetraciones de índole sexual; se observa también que describe la prueba extraordinaria, consistente en la testifical de Juan Ojeda Mamani, quien señaló que el imputado le habría referido que le botaron de su casa, “que tenía relaciones con una menor y que su mamá la pilló, pero que la otra hija Alejandra no se la iba a perder” (sic), del mismo modo describe la testifical de Rina Mercedes Rodríguez Rocha, que es la profesora de la víctima.


Asimismo, describe los Certificados Médicos, emitidos por los doctores Abraham Quinteros Virreyra y Dorian Sandy Chávez, signados como “MP-1 y MP-2”, propuestos por el Ministerio Público, las actas de entrevista a la víctima de 24 de agosto de 2011, entrevistas policiales del 20 de agosto del mismo año acta de reconocimiento de persona desfile de identificación, acta de inspección ocular, informe Psicológico pericial, nota informe (copia fotostática) de 7 de diciembre del Dorian Chávez Abasto.


También cumple con describir la prueba de descargo, consistente en la prueba pericial, de Herbert Richard Quiroz Montenegro y Joaquín Alberto Ballesteros, además de las testificales de Rosa Flores Peñarrieta, Carla Isabel Barrancos y Vidal Choque García; asimismo, como pruebas literales presentó testimonio de derechos reales, certificación que establece que es miembro de una OTB, fotostática de un memorial en el que habría denunciado a los acusadores por los delitos de Tentativa de Asesinato, Lesiones Graves y Leves, Amenazas, Allanamiento de Domicilio, regularización de lote, muestrario fotográfico, inicio de proceso de despojo, informe al Juez Técnico del Tribunal de Sentencia, actas de declaración y de medidas cautelares.


En el reiterado CONSIDERANDO IV, se observa que el Tribunal de sentencia realiza la fundamentación intelectiva, donde se observa que de la valoración de las pruebas testificales, periciales y literales, establece de manera irrefutable y concluyente que la menor XXX, según certificado forense de 20 de agosto de 2011, sufrió desgarro antiguo en membrana himenal a horas 07:00 según las manecillas del reloj, prueba que merece toda fe probatoria expedido por el Dr. Dorian Chávez Abasto, quien sin contradicciones en forma creíble sin interés en el presente caso concluyó que la menor fue penetrada sexualmente antes del 9 de agosto de 2011; asimismo, la madre de la menor Margarita Rojas Rocabado vio a su tío Teófilo Coca agarrando a su pequeña hija por la espalda, tomándole con las manos el abdomen de la menor, quien al ser sorprendido la soltó subiéndose los pantalones, y poniéndose de rodillas pidió perdón, llorando señalando que se iría de la casa; además, de la declaración de la víctima AA que “se evidenció en los ojitos de la menor que ella indicó este hecho aun siendo preguntada de diferentes formas, ha establecido que quien metía sus dedos y pene en la vagina de la menor era su tío el pajla que vivía con ellos, que estas declaraciones y sobre todo de la menor, testigo presencial, establece la verdad histórica del hecho y que las mismas son corroboradas por otras pruebas testificales y literales, concatenadas entre sí, lo que lo condujo a una conclusión inequívoca más allá de la duda razonable de que la menor XXX, a su corta edad fue objeto de abuso sexual por el imputado Teófilo Coca Montecinos, quien aprovechando que la menor estaba a su alcance, al vivir bajo el mismo techo aprovecho para realizar actos de introducir sus dedos y pene a la menor hasta ser sorprendido por la madre de la menor…” (sic).


Situación que es corroborada por la profesora Rina Mercedes Rodríguez, la que indicó que la niña le refirió que le había pasado algo grave y que tenía vergüenza contarlo; además, la sentencia también se apoya en el desfile identificativo, en el que sin duda alguna la niña identificó y señaló al imputado Teófilo Coca, como la persona que le bajaba su buzo.


Por otra parte, en relación a las pruebas de descargo consistente en el psicólogo clínico Herbert Richard Quiroz quien realizó el peritaje sobre el peritaje de la Lic. Cusicanqui, indicando en su informe que la niña se desenvuelve perfectamente y que no existe indicador que fuera abusada sexualmente; asimismo el Dr. Joaquín Ballesteros Pereira, que realizó pericia del certificado médico forense, sosteniendo que no pudo haber penetración sexual; al respecto de estas declaraciones el Tribunal refirió que “… este tribunal de sentencia ha tenido innumerables casos de violaciones de niñas menores de 11 años, sin que exista la lesión que necesariamente comprometa un desgarro externo hacia el ano, el imputado introducía sus dedos a la vagina de la menor y también tuvo un acceso vestibular utilizando su pene” (sic); por lo que, aplicando los elementos de la sana crítica, llega a la verdad histórica del hecho y que el argumento del imputado, en sentido que la acusación es una forma de despojarlo de su inmueble, “no es verdad, como se tiene porque los hechos son posteriores al hecho denunciado” (sic).


Consiguientemente, el Tribunal de Sentencia emitió sentencia condenatoria contra el imputado y le declaró autor del delito de Violación Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis con la agravante del art. 310 inc. 3) ambos del CP, imponiéndole la pena de veinte años de presidio sin derecho a indulto.


II.2. De la apelación restringida.


El imputado interpone recurso de apelación restringida, reclamando la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva relacionado al art. 370 incs. 5), 6) y 8) del CPP: i) Refiriendo que la única juez técnico señaló, que el juzgado tenía bastantes casos de violaciones de niñas menores de once años y el caso presente se trata de una menor de cinco años, teniendo que haber lesiones sin duda; ii) Se le condenó con prueba semiplena, tomándose en cuenta el certificado médico forense y la versión de la víctima, sin acreditarse la configuración del art. 308 del CP; iii)  No fue considerada la declaración del perito Joaquín Ballesteros, habiéndose rechazado su informe pericial con el argumento de que se trataba de una simple fotocopia; iv) No se hizo una cabal interpretación del art. 308 del CP; v) Refirió base doctrinal; vi) La Sentencia sostuvo que se produjo la agresión sexual sin considerar el informe del Instituto de Investigación Forense (IDIF), haciendo notar que el certificado médico forense data después de siete meses de ocurrido el hecho, tampoco se tomó en cuenta  el informe de su perito; vii) Los hechos fueron forzados y no probados, al no reflejar la sentencia la fidelidad de las declaraciones de cargo, sin constar el día y hora de los hechos y ser contradictorio lo cual refleja actividad valorativa no correcta; viii) Reafirmó las contradicciones de las declaraciones de los testigos de cargo; y, ix) Observó el certificado médico forense al no haber seguido las normas, protocolos y procedimientos para su emisión. 


Defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP, al haberse aceptado la prueba extraordinaria respecto a la declaración de Juan Ojeda, prueba que vulneró sus derechos fundamentales al no observar las formalidades previstas por ley.


Defectos de Sentencia previstos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, ya que el Tribunal de juicio omitió realizar un análisis congruente de las pruebas de cargo y descargo, lo cual es vicio absoluto que atenta su derecho  a la defensa y al debido proceso, además debió emitirse la Sentencia debidamente motivada guardando coherencia entre la parte considerativa con la resolutiva, sin incurrir en contradicciones, resultando en ausencia de fundamentación,  al haber expresado el Tribunal de juicio que habría visto que las niñas de once años no sangran y no existen lesiones.


Como defectos absolutos insubsanables denunció: 1) La prueba extraordinaria consistente en la declaración de Juan Ojeda, habría sido aceptada por el Tribunal de Sentencia, sin determinar la suspensión de juicio para contrastar el mismo, citando el Auto Supremo 92/2013 de 28 de marzo de 2013; 2) El Rechazo de prueba de descargo, ya que al testificar el perito Joaquín Ballesteros, sobre la interpretación científica del certificado médico forense practicado en la menor XXX de 20 de agosto de 2011, solicitó la prueba “DP-13”, reconociendo el perito su firma; sin embargo, dicha literal fue excluida con el argumento de que sólo eran meras fotocopias, aspecto que resulta una violación al debido proceso y la defensa; y, 3) La negación de producción de prueba extraordinaria sin razones valederas, respecto al informe del Director Nacional del IDIF sobre la interpretación de otro certificado médico, con similares características de una niña de cinco años de fecha 14 de octubre de 2009, habiendo solicitado se suspenda la audiencia y se produzca dicha prueba extraordinaria, lo cual hubiera ayudado científicamente a establecer la verdad histórica de los hechos; empero, dicha petición fue negada, violando con ello el principio de contradicción.


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


Previa la emisión del Auto Supremo 663/2014-RRC de 20 de noviembre, que dejó sin efecto el anterior Auto de Vista emitido en la causa, se pronunció la resolución impugnada a través de la cual el Tribunal de alzada declaró improcedente la apelación restringida interpuesta por el imputado y confirmó la sentencia apelada, con los siguientes argumentos, en relación al motivo que se analiza:


Señaló que en relación de que la sentencia se basa en medios o elementos incorporados ilegalmente a juicio, por haber aceptado el Tribunal de Sentencia la incorporación de la testifical de Juan Ojeda, bajo el concepto de prueba extraordinaria, asumiendo el entendimiento del Auto Supremo 663/2014-RRC de 20 de noviembre, no basta criticar la incorporación ilegal de una prueba o denunciar los vicios de ciertas pruebas, sino que debe demostrarse, además el valor decisivo de los mismos en la fijación de los hechos y no es suficiente meramente conceptuarlos como tales, debiendo agregar su contraste con el resto del material probatorio ponderando en la Sentencia y corroborando por el método de la supresión hipotética de ellos, demostrar cabalmente que sin la utilización de la prueba considerada ilegal, el Tribunal no habría podido arribar a las conclusiones contenidas en la sentencia. Del mismo modo, corresponde a la parte apelante demostrar el interés directo y concreto; y, su carácter esencial dentro el contexto probatorio y mencionar el perjuicio o gravamen que las mismas asumen, pues no basta con identificar y criticar la incorporación ilegal de una prueba o denunciar los vicios de ciertos actos de la investigación, del proceso o en los fundamentos de una decisión de ciertos actos de investigación, del proceso o en los fundamentos de una decisión, sino demostrar que esa prueba ilegal fue decisoria para el Tribunal y el fundamento que utilizó para sustentar el Tribunal su decisión. 


Con ese argumento, concluyó que las referidas pruebas extraordinarias consistentes en la declaración de Juan Ojeda y la fotocopias de la prueba pericial documental de descargo, no son relevantes para la emisión de una sentencia condenatoria, indicando que la sentencia esencialmente se habría basado en el Certificado Médico, además de las declaraciones del médico forense, de la madre de la menor de la víctima, de los testigos de cargo ofrecido por el Ministerio Público y la acusación particular, en la documental, pruebas que habrían establecido la verdad histórica del hecho; por lo que, aun de excluir las mencionadas pruebas, la Sentencia estaría sustentada en otras pruebas; por cuanto, determinó que ese argumento no tiene sustento.


III. VERIFICACIÓN DE LA CONTRADICCIÓN ENTRE EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO Y LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el caso presente, la parte imputada denuncia que el Auto de Vista impugnado incurrió en contradicción con los precedentes invocados, al resolver los reclamos relativos a la declaración de Juan Ojeda recibida como prueba extraordinaria y a la negación de la judicialización de una prueba literal emergente de la declaración de su perito de apellido Ballesteros, por lo que corresponde resolver las problemáticas planteadas.


III.1. Sobre la obligatoriedad de la doctrina legal aplicable.

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.


En este contexto, el recurso de casación previsto en el art. 416 del CPP, procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; siendo la tarea principal de este Tribunal, el de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual, evitando de esta manera que se produzca una anarquía en la aplicación de la ley; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Asimismo, es importante destacar que la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos y que constituye la interpretación de la Ley efectuada por este máximo Tribunal de Justicia, tiene como efecto fundamental su obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento; es decir, una vez puesto en conocimiento de las salas penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, es de cumplimiento obligatorio y debe ser acatado por jueces y tribunales inferiores, tal cual lo establece el art. 420 del CPP, dado que sólo así se garantiza una protección efectiva e igualdad de los litigantes ante la ley; consecuentemente, ningún juez o Tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún motivo, puesto que obrar en contrario implica evidente vulneración a los principios de celeridad y economía procesal constitucionalizados bajo el concepto de justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y, en caso de evidenciarse su cumplimiento, el Juez o Tribunal será pasible de las responsabilidades que emerjan de tal inobservancia.


III.2.Análisis de caso concreto.


En el presente caso, el recurrente alega que el Tribunal de alzada no habría advertido que el procedimiento para la obtención de la declaración de Juan Ojeda, fue ilegal dentro de las reglas de la prueba extraordinaria y por otra parte cuestiona el rechazo a la solicitud de producción de prueba literal emergente de la declaración de su perito Ballesteros; estableciéndose de los antecedentes del proceso, que el Tribunal de alzada en mérito a la apelación restringida formulada por la parte imputada, pronunció el Auto de Vista de 16 de mayo de 2014, que dispuso la anulación de la Sentencia condenatoria emitida en la causa y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia; en cuyo mérito, ante el recurso de casación formulado por los acusadores particulares, esta Sala Penal emitió el Auto Supremo 663/2014-RRC, que dejó sin efecto el referido Auto de Vista, refiriéndose en las consideraciones doctrinales y normativas a los principios de la verdad material, a la valoración integral de las pruebas sobre el conocimiento de las formas y al principio de trascendencia vinculado a la verdad material; es así, que dentro de ese contexto, a tiempo de efectuar el análisis del caso concreto, estableció los siguientes criterios con relación al primer motivo vinculado a la declaración del testigo Juan Ojeda:


“Sobre el primer motivo, la denuncia de los recurrentes primordialmente radica en que el Tribunal de alzada habría procedido a la anulación de la Sentencia refiriendo que no hubo suspensión de la audiencia de juicio al disponerse la producción de prueba extraordinaria y la correspondiente recepción de la declaración testifical; sin embargo, no tomó en cuenta que no era necesario la ampliación de los diez días y que dicha declaración no tuvo incidencia en la resolución final de la condena.


Este reclamo del acusador particular surge a emergencia de que el Auto de Vista impugnado consideró el argumento del imputado para dejar sin efecto la Sentencia; quien en apelación restringida denunció como defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP y como defecto absoluto que, la Sentencia se basó en medios o elementos de prueba no incorporados legalmente a juicio, respecto al testigo Juan Ojeda que en audiencia de juicio oral fue propuesto y se recibió su declaración como prueba extraordinaria, sin haberse procedido a la suspensión de la audiencia conforme establece la doctrina legal aplicable.


Ante este extremo, el Auto de Vista basado en el Auto Supremo 92/2013 de 28 de marzo, determinó que la denuncia efectuada por el imputado era correcta al no haberse suspendido la audiencia y darse oportunidad a ejercer el derecho a la defensa del acusado; resolviendo anular la sentencia y disponer juicio de reenvió.


Sobre esta determinación, corresponde realizar en primer lugar el análisis del Auto Supremo 92/2013 de 28 de marzo, utilizado por el Tribunal de apelación para resolver la denuncia; es así, que dicho precedente tiene como antecedente que, en audiencia de juicio oral al recibirse la declaración testifical y en base a ello procederse a la recepción de prueba extraordinaria consistente en un recibo, no se suspendió la audiencia; aspecto que el apelante consideró que vulneraba sus derechos, ante lo cual el Tribunal de apelación resolvió por denegar el reclamo sosteniendo que la incorporación del recibo fue espontanea, casual y de buena fe por la testigo, que no influyó en lo más mínimo en la decisión final; argumento, que a parecer del Tribunal de casación no resultó evidente, estableciendo que, en Sentencia si se analizó dicha prueba en el apartado de los hechos probados; consiguientemente, dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado.


Ahora bien, en el presente caso el Tribunal de alzada no tomó en cuenta que no corresponde determinar la nulidad por la mera nulidad, sino que esta decisión debe estar supeditada al análisis de los principios de la verdad material y de la trascendencia, relacionado a la valoración integral de las pruebas en las que adquirió conocimiento los jueces para resolver sentenciar al acusado; es decir, analizado los antecedentes y revisada la Sentencia, la declaración del testigo observado no tuvo incidencia en la decisión final de la sentencia, toda vez que conforme establece el apartado el Tribunal de juicio adquiere convicción de la culpabilidad del imputado en base a las conclusiones identificadas en el considerando IV (fundamentación intelectiva) sobre el certificado médico forense, la declaración de la médico forense, declaración de la madre de la menor (testigo presencial del hecho), declaración de la niña de seis años, precisando el Tribunal de juicio que: “…estas declaraciones y sobre todo de la menor, testigo presencial, es tomado en cuenta para establecer la verdad histórica del hecho y que las mismas son corroboradas por otras pruebas testificales y literales, concatenadas entre sí nos conduce a una conclusión inequívoca, mas halla de toda duda razonable de que la menor XXX, a su corta edad fue objeto de abuso sexual por el imputado Teófilo Coca Montecinos quien aprovechando que la menor estaba a su alcance, al vivir bajo el mismo techo aprovecho para realizar actos de introducir sus dedos y pene a la menor hasta ser sorprendido por la madre de la menor” (sic), a esto, sumada la declaración de la profesora y el desfile identificativo en el cual fue señalado como el autor del ilícito; sin que se denote que la prueba extraordinaria consiste en que la declaración testifical de Juan Ojeda haya sido determinante o haya tenido trascendente en la decisión final de la Sentencia, cuando se establece que la verdad de los hechos quedó dilucidada por la valoración de otros elementos de prueba incorporados a juicio legalmente.


Con relación al Auto Supremo utilizado por el Tribunal de alzada para determinar anular la Sentencia, la situación de hecho de ese precedente judicial consiste en que, ante el pedido del Ministerio Público de la producción de prueba extraordinaria y la suspensión de audiencia, el Tribunal de Sentencia de manera ultrapetita procedió a la incorporación del recibo, además sin otorgar un determinado tiempo para la preparación de la defensa, aspecto vital, ya que desde la producción de pruebas y hasta el pronunciamiento de la sentencia, se realizó la valoración del recibo, el cual tuvo vital incidencia en el resultado de la resolución; este escenario es diferente  al presente caso; ya que como se explicó la declaración extraordinaria de Juan Ojeda no tuvo incidencia determinante en la Resolución de juicio; consiguientemente, no implica vulneración del principio de trascendencia al no haber gravitado esa atestación en la decisión del juzgador y no es aplicable el Auto Supremo 92/2013 de 28 de marzo al tratarse de problemáticas diferentes.


Además, respecto a la interpretación del art. 335 del CPP, que indica que la audiencia del juicio se suspenderá únicamente “…cuando sobreviniere la necesidad de producir prueba extraordinaria…”, dicha norma procedimental no debe considerarse solamente en su sentido literal, sino en consonancia al art. 167 ultima parte del norma adjetiva citada, en sentido que las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causen agravio, -principio de trascendencia- lo que no ocurrió,  toda vez que al no ser vital o trascedente la declaración testifical extraordinaria en la decisión final, no origina agravio al imputado. Más aún, cuando a la luz del principio de verdad material contenida en el art. 180.I de la CPE, los sucesos fueron claramente demostrados durante la sustanciación del juicio oral a través de todo el desfile probatorio ya referido, siendo innecesario dar aplicación a meras formalidades que no afectan en lo sustancial, que es, el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos, en este caso la verificación del abuso sexual de la niña por parte del imputado.


Consiguientemente, el Tribunal de alzada al haber determinado otorgar mérito a la denuncia del imputado sobre la incorporación de la prueba testifical extraordinaria, no actuó conforme a los lineamientos constitucionales de la verdad material y ordenamiento procesal del principio de trascendencia, habiéndose vulnerado los derechos de la menor y no haber velado por el interés superior resguardado por el ordenamiento internacional como interno, a fin de evitar una nueva re victimización con la determinación tomada de un nuevo juicio, por lo cual, el presente agravio deviene como fundado”.


Por otra parte, con relación al motivo relativo al rechazo de solicitud del imputado sobre producción de prueba literal, esta Sala Penal en el Auto Supremo emitido con anterioridad en la causa señaló: “Sobre el tercer motivo, los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada anuló la Sentencia al referir que el Tribunal de juicio prohibió la introducción de fotocopias de una pericia; pero se trataba de una mera pericia que no desvirtuaría los fundamentos de la médico forense.


Ahora bien, en la apelación restringida interpuesta por el imputado en su agravio cuarto, respecto a los defectos absolutos, refirió que el Tribunal de juicio mientras declaraba su perito pretendió producir el informe del mismo, pero fue rechazada dicha prueba bajo el argumento de que se trataba de fotocopias simples; ante este reclamo el Tribunal de apelación señaló que la producción de un elemento de prueba es un aspecto esencial del derecho a la defensa, teniendo el imputado la posibilidad de presentar prueba que vaya a desvirtuar la acusación, siempre que sea oportuna y pertinente, lo cual constituiría vulneración del debido proceso, ya que dicha prueba conduciría al descubrimiento de la verdad histórica de los hechos.


La conclusión arribada por el Tribunal de alzada, no es evidente, ya que la verdad histórica de los hechos fue determinada por el Tribunal de juicio mediante el análisis del conjunto de todas pruebas producidas, tal y como se tiene establecido en el análisis de los motivos anteriores y no como pretende insinuar que esta prueba rechazada conduciría al descubrimiento de si fue evidente o no la violación a la menor, además debe tenerse presente que el perito Joaquín Ballesteros, realizó la declaración sobre la interpretación científica del certificado médico forense practicado en la menor XXX de 20 de agosto de 2011; es decir, que la atestación fue oída por el Tribunal de sentencia en pleno, siendo el informe rechazado -por ser meras fotocopias- una ratificación de lo que expresó dicho profesional; además, como bien se señaló en los motivos anteriores no se evidencia la trascendencia de esa formalidad, ya que al conjunto de todas las pruebas analizadas conforme a las reglas de la sana crítica por los juzgadores determinaron con certeza la responsabilidad penal del imputado en la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente.


Consiguientemente el Tribunal de apelación no actuó conforme a los criterios de aplicación de los principios de verdad material y de trascendencia, deviniendo el presente motivo como fundado”.


Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se tiene que el Tribunal de alzada en cumplimiento a la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 663/2014-RRC de 20 de noviembre, declaró improcedente la apelación restringida formulada por el imputado, confirmando la sentencia apelada al establecer en consideración al marco doctrinal y normativo del precedente y al análisis del caso efectuado por esta misma Sala Penal, que las pruebas extraordinarias consistentes en la declaración de Juan Ojeda y las fotocopias de la prueba pericial documental de descargo, no eran relevantes para la emisión de una sentencia condenatoria, pues la sentencia esencialmente se basó en el certificado médico, en las declaraciones del médico forense, de la madre de la víctima, de los testigos de cargo y de la documental judicializada, que establecieron la verdad histórica del hecho, por lo que aun excluyendo las mencionadas pruebas, la sentencia se sustentaba en otras pruebas; lo que implica, que el Tribunal de alzada se limitó a aplicar en su resolución la doctrina legal aplicable establecida en el citado Auto Supremo 663/2014-RRC de 20 de noviembre, en armonía con los criterios asumidos en el acápite III.1 de la presente resolución, más cuando a través del Auto Supremo 322/2013-RRC de 6 de diciembre, este tribunal enfatizando sobre la obligatoriedad de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia por parte de los Tribunales inferiores, señaló que del art. 419.II del propio CPP: “(…) se desprende un entendimiento básico, sin lugar a interpretaciones, que se trata de la insoslayable obligación de parte de Jueces o Tribunales inferiores, de cumplir con los razonamientos jurídicos y la doctrina establecida en un Auto Supremo, ello en la circunstancia que se identifiquen hechos fácticos análogos o similares, así como tal obligación se ve visiblemente amplificada cuando un Auto Supremo deje sin efecto un Auto de Vista recurrido de casación y ordene el pronunciamiento de un nuevo, bajo los entendimiento de la doctrina legal emergente de un Auto Supremo; una omisión de naturaleza contraria a la expuesta, importa incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal” (las negrillas y subrayado no cursan en el original).


En consecuencia, al advertirse que el Tribunal de alzada en la emisión del fallo impugnado, se limitó a sujetar su actuación a un anterior fallo pronunciado por esta Sala, la parte recurrente no puede pretender que las dos problemáticas planteadas en el presente recurso, sean nuevamente consideradas por este Tribunal, al haber sido resueltas de manera fundada y precisa en un anterior Auto Supremo emitido en esta causa, deviniendo en consecuencia en infundado el presente recurso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los artículos 184. 1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ y 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el acusado Teófilo Coca Montecinos, cursante de fs. 534 a 553 vta.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA