TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 655/2016-RRC

Sucre, 31 de agosto de 2016


Expediente                      : La Paz 31/2016

Parte Acusadora              : Ministerio Público

Parte Imputada                : Yesid Leandro Campuzano Cabra y otros

Delitos                                : Robo Agravado y otro

Magistrada Relatora        Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial cursante de fs. 599 a 603 vta., Yesid Leandro Campuzano Cabra, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 82/2014 de 11 de noviembre, de fs. 584 a 586 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz integrada por los Vocales Ángel Arias Morales y Virginia Jeaneth Crespo Ibáñez, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, Wilmer Hernández Ramírez y Giovanni Orlando Vergara Ospina, por la presunta comisión de los Delitos de Robo Agravado y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 332 y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 41/2013 de 16 de enero de 2014 (fs. 426 a 427), el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Wilmer Hernández Ramírez, Giovanni Orlando Vergara Ospina y Yesid Leandro Campuzano Cabra, autores del delito de Robo Agravado, tipificado por los arts. 331 con relación al 332 inc. 2) del CP, imponiéndoles a los dos primeros la pena de tres años de reclusión y al tercero la sanción de seis años de privación de libertad.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Yesid Leandro Campuzano Cabra (fs. 469 a 470 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 82/2014 de 11 de noviembre, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, que rechazó el recurso interpuesto en aplicación de los arts. 399 y la parte in fine del 411 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y confirmó la Sentencia impugnada, motivando la interposición de recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 379/2016-RA de 24 de mayo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) La parte recurrente denuncia que el Auto de Vista, vulnera el principio de certeza objetiva al declarar que su recurso de apelación restringida fue interpuesto fuera de plazo; y por otro lado, argumenta que no habría cumplido los requisitos previstos por los arts. 407 y 408 del CPP, hecho que le impediría al recurrente saber con exactitud, si su recurso fue rechazado por extemporáneo o por no cumplir situaciones procesales determinadas en los arts. 408 y 407 del CPP, en vulneración de lo determinado por el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) en su vertiente principio de certeza, al ser la resolución hoy impugnada incongruente, motivo en el cual invoca el Auto Supremo 340/2006 de 28 de agosto, que estableció que si una resolución es incongruente e incompleta, constituye defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP.


2) Argumenta que no es evidente que su recurso de apelación restringida hubiere sido presentado fuera de plazo; toda vez, que conforme constaría en la diligencia de notificación, no se le entregó copia escrita de la Sentencia, sumado a ello en dicha diligencia constaría que se le habría notificado con la resolución 41/2014 -la cual no corresponde al caso de autos-, sino la resolución 41/2013; por lo que, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 41/2007 de 27 de enero, 27/2010 de 3 de febrero y 562/2004 de 1 de octubre, los cuales son transcritos parcialmente, señalando que oportunamente solicitó que con la potestad de corrección penal, se subsane los errores de notificación, errores que a decir del Tribunal de alzada quedaron validados, hecho que no sería evidente, pues al igual que en el recurso de casación se hubiere dado por notificado, lo que es diferente a validar dicha notificación para el cómputo del plazo.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se determine la existencia de contradicción entre el Auto de Vista con la doctrina emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 379/2016-RA de 24 de mayo, cursante de fs. 610 a 611 vta., se admitió el recurso de casación interpuesto por Yesid Leandro Campuzano Cabra, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 41/2013 de 16 de enero de 2014, el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Distrito Judicial de La Paz, declara a Wilmer Hernández Ramírez, Giovanni Orlando Vergara Ospina y Yesid Leandro Campuzano Cabra, autores del delito Robo Agravado, tipificado por los arts. 331 con relación al 332 inc. 2) del CP, imponiéndoles a los dos primeros la pena de tres años de reclusión y al tercero la pena de seis años de privación de libertad, en base a los siguientes motivos:


a) De conformidad a los arts. 373 y 374 del CPP, que establecen los aspectos para la procedencia del procedimiento abreviado, se puede establecer que en audiencia se pudo constatar que el representante del Ministerio Público emitió requerimiento conclusivo acusatorio con prueba que respalda su petición.


b) El imputado se sometió voluntariamente al proceso y reconoció la comisión del hecho delictivo por el cual es acusado, que no fue presionado y aceptó voluntariamente dicha salida alternativa.


c) Con toda la prueba aportada por el representante del Ministerio Público, se generó en el Juez la suficiente convicción, más allá de la duda razonable que los imputados: Wilmer Hernández Ramírez y Giovanni Orlando Vergara Ospina son autores del delito de Robo Agravado y Asociación Delictuosa, siendo el autor principal Yesid Leandro Campuzano Cabra.


II.2.  De la apelación restringida.


Notificada la Sentencia, Yesid Leandro Campuzano Cabra presenta recurso de apelación restringida, en base a los siguientes motivos:


i) Hace mención a los arts. 394, 407 y 370 del CPP, para afirmar que en el procedimiento abreviado no sólo se requiere la aceptación del hecho, sino también que la autoridad judicial haga una valoración integral del requerimiento conclusivo y medios de prueba adjuntos como fundamento y parámetro de la Sentencia y la imposición de la pena.


ii) Si bien existe un reconocimiento del hecho, también concurren los elementos que demuestran un arrepentimiento efectivo que dio lugar a que las víctimas puedan recuperar sus objetos sustraídos.


iii) Se cuestiona la pena impuesta, afirmando que previa valoración pudo imponerse una menor y no siempre la requerida para lo que tiene que considerarse las atenuantes, como que el recurrente jamás tuvo antecedentes ni en su país que es Colombia ni en Bolivia, que no se constituye en peligro efectivo para la sociedad ni cuenta con actividad delictiva reiterada; además, que en la investigación jamás se determinó que su persona hubiere utilizado coacción o coerción, ni pensar en el manejo de armas. Todo esto cuestionando el cumplimiento del art. 124 del CPP y con ello la valoración defectuosa de la prueba invocando el art. 370 inc. 5) del CPP, aspecto que sustenta con la Sentencia Constitucional 1369/2001 de 19 de diciembre.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


El recurso de apelación restringida es resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que previa referencia a los arts. 399 en relación a la última parte del 407 del CPP, rechaza el recurso de apelación restringida planteado y confirma la Sentencia bajo los siguientes argumentos:


a) Dictada la resolución 41/2013 de 16 de enero de 2014, el recurrente interpone recurso de apelación restringida el 26 de febrero de 2014, tal cual consta en el cargo de presentación de fs. 471; por consiguiente, dicho recurso fue presentado “fuera del plazo previsto por Ley, es decir, dentro del plazo previsto por la primera parte del art. 408 del CPP, en armonía con el Art. 130 del mismo Compilado Formal que rige la materia, en razón a que con la sentencia recurrida ha sido notificado al recurrente en fecha 16 de enero de 2014 como cursa a fojas 430 en la tercera diligencia; inclusive a su abogado en la misma fecha acorde a la tercera diligencia de fojas 431” (sic).


b) Remitida la causa en apelación restringida de la Sentencia pronunciada en los de la materia, la misma es sorteada por el sistema IANUS a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, conforme consta a fs. 574, luego del análisis del recurso de apelación restringida, a través del proveído de 2 de octubre de 2014 cursante a fs. 575, ante el incumplimiento del recurso de apelación restringida de los arts. 407 y 408 del CPP, se determina la notificación del apelante Yesid Leandro Campuzano Cabra, sea a efectos que en el término de tres días de su notificación de su recurso, adjunte los precedentes contradictorios, citando las disposiciones legales que considera violadas o erróneamente aplicadas, expresando cual es la aplicación que se pretende, bajo alternativa de rechazo; y consiguientemente, la inadmisibilidad del recurso conforme el art. 399 del CPP.


c) El apelante es notificado con el proveído de 9 de octubre de 2014, tal como se advierte de fs. 576, sin que pese al tiempo transcurrido hubiere presentado ningún escrito, incumpliendo la determinación señalada anteriormente; por tanto, se advierte que el apelante no cumplió con subsanar los defectos de su recurso acorde a las exigencias de los arts. 407 y 408 del CPP.


d) El Recurso de apelación restringida a más de haber sido presentado fuera del plazo, incumple con los arts. 407 y 408 del CPP, porque no cita concretamente las disposiciones legales inobservadas o erróneamente aplicadas, no especifica si se trata de una o de otra; es decir, inobservancia o errónea aplicación, no fundamenta debidamente el recurso acorde a su finalidad y los motivos  de su procedencia, no expresa cual es la aplicación que se pretende y no consigna ningún precedente contradictorio como lo exige el segundo párrafo del art. 416 del CPP, sino solo una Sentencia Constitucional que no es procedente.


e) De acuerdo al art. 399 del CPP, al recurrente se le concedió el plazo de tres días para que corrija los defectos u omisiones de forma, bajo apercibimiento de rechazo; sin embargo, no subsanó su recurso, por lo que es pasible a su rechazo.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE  VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS 


En el presente recurso de casación, el imputado Yesid Leandro Campuzano Cabra denuncia que: ¡) El Auto de Vista impugnado es incongruente en su fundamentación, lo que constituye defecto absoluto conforme lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP; y, ii) Su recurso de apelación restringida no fue presentado fuera de plazo, porque no se le notificó con la Sentencia y no se le entregó copia escrita de la misma, incumpliéndose con los requisitos que debe contener una diligencia de notificación; en consecuencia, corresponde resolver ambas problemáticas.


III.1.  La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por uno de los Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a precedentes pronunciados por otros similares Tribunales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.”


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores; y, sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


motivos de casación infundados.


III.2.Los principios que regulan la actividad procesal defectuosa.


Sobre la temática, este Tribunal mediante Auto Supremo 206/2014-RRC de 24 de mayo, estableció: “Respecto a la actividad procesal defectuosa y específicamente sobre los defectos absolutos y relativos, la amplia jurisprudencia emitida tanto por este digno Tribunal como por el Tribunal Constitucional, señaló que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y el Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado. El art. 168 del CPP, dispone las formas de corrección de los defectos procesales que puedan suscitarse durante la tramitación del proceso, en ese sentido, establece: "Siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido".


Por su parte, los arts. 169 y 170 del CPP, distinguen los defectos absolutos y los relativos. Los primeros, no son susceptibles de convalidación y el quebrantamiento de la forma está vinculado a la protección de un derecho o garantía constitucional; en tanto que los defectos relativos, son aquellos que pueden ser convalidados en los casos previstos expresamente por el precepto.


Los defectos absolutos se hallan enumerados por el art. 169 del CPP, en los siguientes términos: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece; 3) Los que implique inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad.


De las referidas normas, se advierte que el vigente sistema procesal penal permite la corrección de los actos procesales erróneos subsanando, renovando o rectificando, lo que importa un reconocimiento de la existencia de las actuaciones procesales, los que al tener defectos subsanables pueden ser corregidos; por lo mismo, la norma prevista por el art. 168 del CPP, no permite declarar la nulidad de obrados, que conceptualmente es diferente a la corrección, pues la primera permite al juzgador modificar o reparar todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante la tramitación del proceso, en cambio la segunda importa retrotraer el proceso hasta el punto original en que se produjo el vicio, implica un desconocimiento de los actos procesales realizados por tener vicios absolutos, lo que significa que dichos actos nunca nacieron a la vida jurídica, por lo mismo el juzgador no puede subsanarlos y proseguir el proceso sin retrotraer el procedimiento; por ello el legislador ha previsto la norma contenida en el art. 169 del CPP, en la que se enumeran los defectos absolutos. En consecuencia, la nulidad se opera frente a esos defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación.


Entre los defectos absolutos, conforme al art. 169 del CPP, además de los concernientes a la intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria, se encuentran los relativos a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que el Código establece, que encuentran su fundamento en el derecho inviolable a la defensa que tiene el imputado en el juicio, esto implica que un desconocimiento al derecho que tiene el imputado de ser asistido y a entrevistarse en privado con su defensor (art. 84 del CPP), de estar asistido por su defensor en sus declaraciones, a exponer su defensa durante el acto de juicio (art. 346 del CPP) y al derecho a la última palabra que tiene el imputado (art. 356 del CPP), constituyen entre otros, motivos para ser considerados como defectos absolutos.


Un tercer defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, está referido a aquellos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías, previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el Código de Procedimiento Penal, entre los que puede mencionarse el incumplimiento a las normas contenidas en los arts. 11 y 77 del CPP, respecto al derecho que tiene la víctima de ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o la suspensión de la acción penal a ser informada sobre sus derechos por los órganos de la persecución penal y por el juez o tribunal respecto a los resultados del proceso, a recurrir de las resoluciones judiciales dictadas conforme la parte in fine del art. 394 del CPP, o desde la situación del imputado, cualquier acto que implique un desconocimiento a los derechos a la defensa material o técnica.


Por último, entre los defectos absolutos se tienen aquellos que estén expresamente sancionados con nulidad, entre los que pueden citarse, aquellos que tienen que ver con la inobservancia de las reglas de la competencia por razón de la materia (parte in fine del art. 46 del CPP), la falta de intervención de un representante estatal de protección del imputado menor de edad (art. 85 del CPP), la falta de resolución fundamentada de incautación de correspondencia, documentos y papeles (art. 190 del CPP); y actos efectuados por la autoridad judicial después de producida la excusa o promovida la recusación (art. 321 del CPP).


De lo expuesto, se concluye que ante la existencia de defectos procesales, el juzgador tiene la facultad de subsanarlos, ya sea modificando, rectificando o aparando todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante la tramitación del proceso y sólo cuando se trate de defectos absolutos podrá retrotraer el proceso hasta el punto original en que se produjo el vicio por la afectación esencial a derechos fundamentales y garantías constitucionales que conlleva, lo que significa que corre a cargo de la autoridad judicial realizar el análisis de los actos procesales a efectos de determinar si se trata de defectos procesales subsanables o en su caso de defectos absolutos, pronunciando una resolución debidamente motivada que sustente su decisión.


Bajo este horizonte que refleja la jurisprudencia citada, se entiende que el régimen de nulidades en materia penal, se encuentra impregnada de algunos principios doctrinales que sin duda se constituyen en criterios para resolver una situación jurídica, en este caso, el régimen que ahora se aborda, así el propio ordenamiento jurídico procesal, específicamente el art. 167 del CPP -implícitamente- reconoce el principio de convalidación y el principio de trascendencia, al establecer que: No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado.


En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causen agravio.


Lo que demuestra que el principio de convalidación y trascendencia se encuentra sumido a la norma descrita, deduciéndose de la misma que, el afectado, demuestre objetivamente que en la tramitación del proceso el acto o defecto alegado como nulo, pueda ser subsanado o convalidado y en su caso, haya ocasionado un perjuicio o agravió, claro está, que no sea fruto de la conducta o actuación pasiva o negligente del interesado o de quien invoca el defecto; además, en concordancia con estos principios se tiene al principio de conservación, de modo que la nulidad siempre será la excepción y la regla la eficacia del acto procesal; o sea, ante una duda razonable, debe optarse por la interpretación propensa a conservar el acto procesal y así evitar la nulidad(resaltado propio).


El referido razonamiento, fue complementado por su similar 642/2014-RRC de 13 de noviembre, con el siguiente entendimiento: “…la nulidad procesal sólo se decretara cuando el vicio en que se incurre cause indefensión o no pueda ser subsanable por los efectos jurídicos que pueda originar, de modo que la sanción procesal de declarar ineficaz un acto, sólo debe ser aplicable cuando efectivamente se ha causado un perjuicio real e irreparable a las garantías constitucionales que regulan la potestad represiva del Estado dentro de un proceso penal; en consecuencia, no basta la simple infracción a la norma procesal, sino la existencia de la producción de un perjuicio real a cualquiera de las partes. Por otro lado, cuando se trate de vicios subsanables, el Juez advertido del mismo ordenará, aún de oficio, que se practiquen las diligencias necesarias para que aquél siga su curso normal o resolverá su saneamiento, siendo obligación del Juez de la causa evaluar sus efectos reales en el proceso, decretando la nulidad sólo cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento; es decir, que la nulidad no deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales, la nulidad siempre será la excepción y la regla la eficacia del acto procesal; o sea, ante una duda razonable, debe optarse por la interpretación propensa a conservar el acto procesal y así evitar la nulidad, conforme el principio de conservación(resaltado propio).


III.3. Respecto a la denuncia de incongruencia en el Auto de Vista impugnado.


En este primer motivo, el recurrente invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 340/2006 de 28 de agosto, que fue dictado dentro de un proceso penal por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, en el que se evidenció que: 1) En la resolución del Tribunal de alzada, existió incoherencia entre la parte considerativa y resolutiva del Auto de Vista porque en el Considerando primero hizo referencia a un sujeto procesal de otro proceso diferente al sustanciado, lo que generó que dicho fallo sea incongruente y confuso; 2) El Auto de Vista fue incompleto porque no dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el art. 413 del CPP, debido a que en su parte resolutiva, declaró únicamente, la “procedencia del recurso” sin especificar en qué sentido fue procedente, si anuló la sentencia condenatoria o si aumentó o disminuyó la pena impuesta, lo cual, evidentemente lo tornó en contradictorio e incompleto, más aún cuando en el considerando último "dispone el reenvió de la causa a otro juez", razonamiento que contradijo la línea doctrinal emitida por este Alto Tribunal de Justicia sobre la disposición establecida en el art. 414 del CPP, ya que si el error del juez de sentencia se basó en error de "derecho injudicando", que no influye en la parte dispositiva, sin necesidad del reenvío, debió proceder a su rectificación; por lo que, se estableció que el Auto de Vista impugnado, al contener evidentes imprecisiones, contradicciones y ser incompleta, vulneró la garantía del "debido proceso", enmarcándose entre los vicios absolutos de la sentencia, conforme lo previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, por lo que correspondió dejar sin efecto dicho Auto de Vista, con base a la siguiente doctrina legal aplicable: Se considera defecto absoluto, cuando el tenor de la resolución (Auto de Vista) es contradictorio, incongruente e incompleto traduciéndose en `defecto absoluto´ no convalidante de acuerdo a lo establecido en el artículo 169. 3) del Código de Procedimiento Penal porque deja en indefensión a las partes así como viola el Derecho Constitucional a la Seguridad Jurídica establecida en el artículo 7 Constitucional.


El juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, consecuentemente el Tribunal de alzada velando por su observancia y la economía procesal, debe emitir sus fallos fundadamente y en forma clara que pueda comprender el texto un ciudadano común así como debe proceder a anular el proceso cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando exista error injudicando el mismo que no influya en la parte dispositiva del fallo recurrido debe proceder a su rectificación directa sin necesidad del reenvío del proceso a otro Tribunal lo contrario significaría incurrir en incorrecta aplicación del artículo 413 del mismo cuerpo legal”.


Analizado el precedente, corresponde contrastarlo con el Auto de Vista, con la finalidad de verificar si evidentemente el Tribunal de alzada al momento de emitir su resolución incurrió en incongruencia en la fundamentación, teniendo en cuenta que no hubiere explicado si el recurso de apelación restringida planteado por el recurrente se rechazó porque se encontraba fuera de plazo previsto por Ley o porque no se cumplieron con los requisitos establecidos en los arts. 407 y 408 del CPP.


A los fines de resolver la problemática planteada es menester señalar que en el sistema procesal penal, en los arts. 394 y siguientes del CPP, se establecen las normas generales y los requisitos de tiempo y forma que se deben observar a tiempo de interponer los diferentes recursos, siendo facultad privativa de los Tribunales de apelación o alzada, velar por el cumplimiento de las normas que regulan el trámite y resolución de dichos recursos, y por ende, pronunciarse sobre la admisibilidad de los mismos.


De manera particular, por previsión expresa de los arts. 407 y 408 del CPP, el recurso de apelación restringida se interpondrá en el plazo de quince días de notificada la sentencia, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o adjetiva, cuando el vicio versa sobre la incorrección del juicio contenido en la sentencia o violación de ley sustantiva, o sobre la irregularidad en la actividad procesal, en el segundo caso, el recurso será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente, su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir durante la sustanciación del juicio, salvo en los casos de nulidad absoluta o vicios de sentencia previstos en los arts. 169 y 370 CPP.


Debe agregarse que conforme señalan los arts. 408 y 410 CPP, a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida, deberá citarse inexcusablemente, de manera concreta y precisa, las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, además de expresar cuál es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos, con el advertido de que posteriormente no podrá invocarse otra violación; resultando que esta exigencia se explica, porque el Tribunal tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que el procesado considera inobservada o erróneamente aplicada y fundamentalmente, cuál es la aplicación de la norma que pretende aquel que impugna de una sentencia, es decir, el recurrente tiene el deber, a partir de los motivos que alega en su recurso, indicar en su planteamiento cuál la solución que el Tribunal de alzada debiera dar a su caso.  Es menester tener en cuenta que de acuerdo a la Sentencia Constitucional 1075/-2003-R de 24 de julio: “Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cuál ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entiende inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal”.


De las previsiones legales referidas, se puede establecer que en la legislación penal boliviana el derecho al recurso no es absoluto, pues su existencia primero y su ejercicio después va a depender de la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos, requisitos o condiciones de admisibilidad del recurso; además, no puede ser ejercitado por cualquier persona, ni de cualquier forma, pues su ejercicio exige el cumplimiento de una serie de condiciones legalmente establecidas. Por lo tanto, el derecho a recurrir está supeditado y condicionado legalmente o dicho de otro modo, el recurso de apelación restringida debe ser formulado tal y como prevé la norma procesal, requiriendo la diligencia del recurrente.


En ese ámbito, la jurisprudencia ha determinado criterios en cuanto a los requisitos de forma en la interposición de la apelación restringida, en los términos contenidos en el Auto Supremo 10 de 26 de enero de 2007 que expresó: “El sistema de recursos contenido en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, ha sido trazado para efectivizar la revisión de los fallos dictados como emergencia del juicio penal, conforme disponen los artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica), y artículo 14.5) de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), asegurando el control del decisorio por un Juez o Tribunal Superior al que pronunció la resolución condenatoria”; para luego señalar lo siguiente: “(…) si el Tribunal de alzada observa el recurso de apelación restringida y otorga un plazo para subsanar el recurso conforme a la previsión del artículo 399 del Código Adjetivo Penal, debe precisar de manera clara y expresa en el decreto respectivo, la observación que realiza y los requisitos que extraña, toda vez que las resoluciones judiciales deben ser expresas y no tácitas.


En cuyo caso, si transcurridos los tres días, el recurrente no subsana el recurso conforme a las observaciones realizadas, precluye el derecho del recurrente por el transcurso del tiempo, debiendo el Tribunal ad quem dar estricta aplicación al artículo 399 del Código de Procedimiento Penal y RECHAZAR el recurso, sin ingresar a realizar consideraciones de fondo; de lo contrario tramitará el recurso conforme a procedimiento y dictará resolución declarando procedente o improcedente el recurso”. Entendimiento consolidado en los Autos Supremos 58 de 27 de enero y 219 de 28 de marzo, ambos del 2007, entre otros.  


Además, debe considerarse que la última parte del art. 399 del CPP, establece que si el recurso es inadmisible será rechazado sin pronunciarse sobre el fondo, supuesto que concurre ante la inexistencia de legitimación objetiva o cuando el Tribunal de alzada verifica una vez revisados los antecedentes, que el recurso fue interpuesto extemporáneamente, caso en el cual carecería de todo sentido la observancia de la primera parte del citado art. 399.


En el caso de autos, se verifica que remitidos los antecedentes al tribunal superior, como consecuencia del recurso de apelación restringida formulado por el imputado, el Tribunal de alzada en dos ocasiones mediante decretos de 29 de julio de 2104 (fs. 563) y 15 de septiembre de 2014 (fs. 570), ordenó la devolución de antecedentes a los fines de que se proceda a la notificación con la sentencia al imputado Yesid Leandro Campuzano, para luego mediante decreto de 2 de octubre de 2014, al amparo del art. 399 del CPP, conceder al recurrente el plazo de tres días con la finalidad de que se proceda a la corrección de los defectos y omisiones en el recurso de apelación restringida interpuesto.


Con estos antecedentes, se establece del contenido del Auto de Vista impugnado, que dos fueron las razones por las cuales fundó su decisión de rechazar el recurso de apelación formulado por el imputado: Por un lado el expuesto en el punto 1 del cuarto considerando, en el que efectuando el cómputo desde la diligencia de notificación de fs. 430 estableció que el recurso fue presentado fuera del plazo previsto por ley, criterio ratificado en el punto 5 al precisar “(…) a más de haber sido presentado fuera de plazo” (sic); y, por otro, debido a la falta de subsanación del recurso pese a la concesión de los tres días otorgados para ese fin conforme las previsiones del art. 399 del CPP.


Esto implica, que si bien el tema relativo al plazo de presentación del recurso pudo haberse resuelto de inicio, una vez remitidos los antecedentes al Tribunal de alzada a través de una decisión de rechazo in limine de acuerdo a lo previsto por el art. 399 parte final del CPP, no se evidencia la incongruencia denunciada por la parte recurrente, pues el Tribunal de alzada basó su decisión en dos razones que no se contraponen y por el contrario generan la misma consecuencia procesal, esto es la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida, más cuando se advierte que en absoluta correspondencia con el análisis efectuado en la parte considerativa del fallo impugnado aplicando los entendimientos jurisprudenciales contenidos en el Auto Supremo 599 de 27 de noviembre de 2003, el Tribunal de alzada en la parte resolutiva dejó constancia que la decisión que asumió se fundaba en el cumplimiento del art. 399 en relación a la última parte del art. 411, ambos del CPP; en consecuencia, se advierte que el Tribunal de alzada no incurrió en contradicción con el precedente contradictorio invocado, correspondiendo declarar infundado este motivo.   


III.4. Con relación al tema relativo al plazo de presentación del recurso de apelación restringida.


Dentro del presente motivo, el recurrente invocó el Auto Supremo 41/2007 de 27 de enero, dictado dentro de un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), que dejó sin efecto al Auto de Vista porque el Tribunal de alzada debió observar el incumplimiento de los arts. 160 y siguientes del CPP, además que la forma de notificación sea conforme a lo expresamente previsto fundamentalmente en casos como de privados de libertad, que no fueron debidamente conducidos a la audiencia de lectura íntegra de la Sentencia y se los notificó en la persona de su abogado defensor, omisión que privó en forma indebida el derecho de los procesados a conocer de manera expresa la resolución del proceso al que fueron sometidos; y en consecuencia, ejercitar los recursos que les provee la ley, defectos de notificación que fueron la causa principal para que el recurrente interponga tardíamente el recurso emergente; aspectos, de los cuales emerge la doctrina legal aplicable que señala: “Que la regla general para las notificaciones la establece el artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, por lo que una vez dictada la sentencia el Tribunal a quo tiene la obligación de controlar que las notificaciones ordenadas por el Secretario conforme a la previsión del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, se hayan cumplido debidamente, en las condiciones de forma previstas por ley y a todas las partes procesales, preservando la igualdad procesal, el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho al recurso efectivo y el derecho al acceso a la justicia.


La inobservancia de las normas procesales referidas a la notificación de las resoluciones judiciales, siempre y cuando cause grave perjuicio o no hubiera sido convalidado, constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación conforme a la previsión del artículo 169.3) del Código de Procedimiento Penal, ya que acarrea la restricción de los derechos y garantías previstos en la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código. Sólo el efectivo conocimiento de las resoluciones judiciales asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en todo proceso”.


Analizado el precedente invocado y a los fines de verificar la supuesta existencia de contradicción con el Auto de Vista impugnado, corresponde establecer si es evidente lo afirmado por el recurrente respecto de que su recurso de apelación restringida no fue presentado fuera de plazo porque no se le notificó con la Sentencia y no se le entregó copia escrita de la misma; por lo que, no se cumplió con los requisitos que debe contener una diligencia de notificación.


Por los antecedentes señalados en el acápite anterior del presente fallo, se tiene que el Tribunal de alzada al evidenciar la falta de notificación correcta con la sentencia, dispuso la devolución de antecedentes en dos ocasiones al tribunal de origen y una vez examinado el recurso por decreto de 2 de octubre de 2014, advirtió el incumplimiento de los arts. 407 y 408 del CPP, disponiendo: “se concede al recurrente el plazo de tres días, computándose con la notificación del presente proveído, sea a efectos de que subsane y corrija los defectos u omisiones de la apelación planteada, sea bajo apercibimiento de rechazo y consiguiente inadmisibilidad de su recurso como prevé el art. 399 del mismo cuerpo adjetivo penal debiendo el apelante señalar al mismo tiempo precedentes contradictorios citando las disposiciones violadas o erróneamente aplicadas y expresando cual la aplicación que pretende…”; por ese motivo, se puede advertir que si bien el tema relativo al plazo conforme se destacó anteriormente pudo haber sido resuelto inmediatamente recibidos los antecedentes en apelación y que motivó también la decisión de rechazo del recurso de apelación restringida, no es menos evidente que cualquier defecto originado en la notificación con la sentencia, quedó convalidado  al cumplirse con el objetivo de la diligencia conforme las previsiones del art. 166 parte in fine del CPP que dispone: “La notificación será válida cuando a pesar de los defectos enunciados haya cumplido su finalidad”; por cuanto el recurrente tuvo conocimiento de la Sentencia y en consecuencia planteó su recurso de apelación restringida, motivando incluso que el Tribunal de alzada le concediera el plazo de tres días para subsanar su recurso sin que el imputado pese al transcurso de tiempo después de su notificación haya presentado algún escrito, como destacó el Tribunal de alzada en la resolución impugnada; lo que implica, que en consideración a los principios que rigen el régimen de nulidades destallados en el acápite III.2 del presente fallo, este punto del motivo analizado resulta infundado, por cuanto el rechazo de su recurso se produjo por su negligencia de no subsanar las observaciones efectuadas a la apelación restringida, independientemente del plazo de presentación del citado medio de impugnación, debiendo dejarse constancia que establecido el ámbito de análisis del recurso a través del Auto de admisión 379/2016-RA de 24 de mayo, este Tribunal no puede analizar la decisión del Tribunal de apelación de rechazar el recurso de apelación restringida por falta de subsanación a los requisitos formales de la apelación, al no haber sido cuestionada por el imputado a través del recurso de casación sujeto a análisis.


Con relación al Auto Supremo 27/2010 de 3 de febrero, este precedente fue dictado dentro de un proceso penal, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, en el que se evidenció que ante la existencia de defectos absolutos el Tribunal de alzada debió corregirlos, aún de oficio inclusive en los supuestos en que los mismos no hubieren sido invocados por el recurrente oportunamente en el desarrollo del proceso; por lo que, correspondió dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido y establecer la doctrina legal aplicable:El art. 15 de la Ley de Organización Judicial, establece que los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes; debe tenerse presente que dicha revisión de oficio tratándose de procesos penales, está vinculada a precautelar los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales y el propio Código de Procedimiento Penal.


El tribunal de alzada, al resolver la apelación restringida como medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiere incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia por errores ´in judicando` o ´in procedendo`; tendrá en cuenta que las formas procesales precautelan el ejercicio de los derechos de las partes y las garantías constitucionales.


No son susceptibles de convalidación los defectos concernientes a los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en el Código de Procedimiento Penal.


El derecho a recurrir, a objeto de que la resolución pronunciada pueda ser sometida a consideración de un tribunal superior, constituye un derecho fundamental, que se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales, tales como los arts. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 14-5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.


Por otro lado el recurrente también invocó el Auto Supremo 562/2004 de 1 de octubre, dictado dentro de un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, en el que se estableció que al comprobarse la existencia de defectos absolutos, éstos debían ser corregidos aún de oficio por el Tribunal de Alzada, inclusive en el supuesto de que los mismos no hubieran sido acusados por el recurrente en el desarrollo del proceso por no ser subsanables, conforme establece la parte final del segundo parágrafo del artículo 407 del CPP, emitiendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de Alzada o el de Casación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad. Además en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva”.


Al respecto, con relación a los últimos dos precedentes invocados se establece que fueron emitidos como emergencia de que el Tribunal de alzada y casación debían realizar una revisión de oficio ante la existencia de defectos absolutos en aplicación del art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), resultando en consecuencia impertinentes al caso concreto teniendo en cuenta la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 185/2016-RRC de 8 de marzo que estableció: “…Es más, de la revisión de los puntos impugnados descritos en el recurso de apelación restringida interpuesto por la parte acusada, se tiene que, el Auto de Vista no refiere en lo absoluto sobre la denuncia específica del apelante, ni siquiera la menciona, pues ingresa curiosa y directamente a revisar la Sentencia de `oficio´, tratando de justificar su actuación con base a Sentencias Constitucionales que refieren al art. 15 de la LOJ abrogado; sin considerar los Vocales que ese artículo ya no se encuentra en la vida jurídica, ya que fue modificado por el legislador conforme se desprende de la doctrina descrita en el apartado III.2 de la presente resolución; pretendiendo confundir al sistema, ya que el art. 15 de la LOJ, independientemente que se encuentra abrogado, no contiene el mismo alcance que la norma ahora vigente establecida en el art. 17 de la LOJ (…)”.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Yesid Leandro Campuzano Cabra, cursante de fs. 599 a 603.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Civil Gonzalo Rojas Segales en Suplencia Legal

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA