TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 647/2016-RA

Sucre, 24 de agosto de 2016


Expediente                : Santa Cruz 63/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Cleya Menacho Morón

Delito        : Asesinato en grado de Tentativa y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de junio de 2016, cursante de fs. 3294 a 3299, Cleya Menacho Morón, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 27 de 12 de mayo de 2016, de fs. 3252 a 3256, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el representante del Ministerio Público, Liliana Takushi Arze y Juan Carlos Prieto Escalante contra la parte recurrente, por la presunta comisión de los delitos Asesinato en grado de Tentativa y Lesiones Gravísimas, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 2) y 3) con relación al 8 y 270 incs. 2) y 3) todos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 115/15 de 2 de septiembre de 2015 (fs. 3142 a 3153), el Tribunal Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a la imputada Cleya Menacho Morón, absuelta de la comisión de los delitos de Asesinato en grado de Tentativa y Lesiones Gravísimas, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 2) y 3) con relación al 8 y 270 inc. 2) y 3) del CP.


b) Contra la referida Sentencia, el representante del Ministerio Público (fs. 3163 a 3170) corregida por memorial (fs. 3179 a 3185) y los acusadores particulares Liliana Takushi Arze y Juan Carlos Prieto Escalante (fs. 3171 a 3177 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 27 de 12 de mayo de 2016, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles y procedentes los recursos planteados y anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo el reenvío del expediente ante otro Tribunal de sentencia llamado por Ley.

c) Por diligencia de 30 de mayo de 2016 (fs. 3257), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista y el 6 de junio del mismo año, interpuso recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 3294 a 3299, se extrae el siguiente motivo:


La recurrente, previa referencia de los arts. 329 y 342 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que la base del juicio lo constituyen las acusaciones fiscal y particular, no pudiendo el juez o Tribunal incluir hechos no contemplados en la acusación, también cita, los arts. 348, 360 y 368 todos del referido Código, así como, los Autos Supremos 113 de 31 de enero de 2007, 179 de 6 de febrero de 2007, 175 de 15 de marzo de 2006 y las Sentencias Constitucionales 487/2004-R de 31 de marzo, 1312/2003-R de 9 de septiembre y 1733/2003-R de 27 de noviembre, manifiesta que resulta importante sus aplicaciones; toda vez, que determinan el marco en el que el imputado asumirá su defensa a fin de poder desvirtuar la acusación, proponiendo pruebas y participando en la práctica probatoria y en los debates, que sobre ese marco legal estableció los hechos en la acusación particular y pública, su persona asumió defensa; no obstante, el Auto de Vista recurrido en inobservancia de la normativa y jurisprudencia señalada, incurrió en revalorización de las pruebas; por cuanto, observó los siguientes extremos: i) Que: “el Tribunal de Primera Instancia no toma en cuenta ni valora el conocimiento que tenía la imputada Cleya Menacho Morón de que su marido Javier Chávez, se encontraba armado”, argumentos que afirma, no constan del pliego acusatorio fiscal que alegó: “Siete testigos prestan su declaración informativa, relatando que los imputados, fueron hasta el domicilio de las víctimas a agredirlos físicamente para luego dispararles, agregando que testigos presenciales de los hechos manifiestan textualmente como la acusada Cleya Menacho Morón daba órdenes a Javier Chávez, para que dispare contra la humanidad de ambas víctimas y que después de haber herido a una de ellas, era ella quien insistía en subirlo al vehículo que conducían, hecho que no se llegó a materializar, gracias a la intervención de los vecinos del lugar”, menos la acusación particular que arguyó que: “Cleya Menacho se enfureció más y volvió a agredir a Liliana Takushi, generándose una gresca y luego Javier Chávez sacó un arma y la mujer de nombre Cleya decía a gritos mátalos, mátalos Chávez seguía disparando hasta impactarlo con el arma de fuego…”, acusaciones de los que su persona se defendió, ya que que ninguno de los testigos manifestó que su persona dijese “mátalos” que fue la base para que el fiscal la acuse, y en ninguna parte de la acusación se estableció que su persona y esposo hubieren planificado el hecho, menos que su persona tenía conocimiento de que su esposo portaba un arma de fuego y constituir ese hecho base de la acusación, situación por el que no se produjo prueba alguna; toda vez, que los mismos acusadores reconocieron que fue un hecho espontáneo y no planificado; empero, el Tribunal de alzada de manera  incomprensible, forzado y atentatorio a las reglas del debido proceso, la justicia y seguridad jurídica, ingresando en un campo especulativo revocó la sentencia, dejándole en absoluta indefensión; ii) Que: “el juez de instancia no toma en cuenta que la señora Cleya va a reclamar cuentas a casa de la víctima en horas de la madrugada”, aspecto que afirma, fue explicado por la sentencia en los antecedentes y en los hechos probados de las declaraciones testificales de Roxana Avalos, Henry Bustillos, Julio Cesar Vargas, Felipe Justiniano, Flavio Zamora, Germain Takushi, Maritza Vargas e Inés Aguirre, que claramente señalaron el lugar de los hechos, resultándole la observación del Tribunal de alzada sin asidero ni relevancia legal en la determinación final; a cuyo efecto, invoca el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003 que establecería que no existe doble instancia; y, iii) En la declaración del testigo Miguel Ángel Eguez habría señalado, que el Presidente del Tribunal de instancia le señaló que estaba sacando copia y no le mostró el cuaderno procesal, concluyendo el Tribunal de alzada, que el 5 de octubre de 2015 un mes después de la finalización del juicio no estaba redactada la Sentencia, lesionándose el principio de concentración y continuidad, agregando que una Sentencia redactada después de un mes no reflejaría lo visto y oído en el juicio; toda vez, que de la mente no va a salir aspectos que estaban reflejados anteriormente, cuando el mismo Tribunal reconoció que el acta de lectura de Sentencia fue de 7 de septiembre de 2015, dentro de los tres días como lo exige el procedimiento; no obstante, que reunió todas las formalidades de ley, ya que fue suscrito por el Tribunal de instancia y el Secretario, el Tribunal de alzada le otorgó valor y sirvió para la revocatoria de la sentencia, no considerando que la no exhibición de un expediente puede deberse a varios factores y no porque la Sentencia no este redactada, aspecto que infringe los arts. 173, 413, 361 y 342 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y vulnera su derecho a la presunción de inocencia, legalidad de la prueba y defensa, dejándole en indefensión por incluir hechos no contemplados en la acusación, de los cuales no tuvo la oportunidad de asumir defensa.


Finalmente, invoca los Autos Supremos 113 de 31 de enero de 2007, 179 de 6 de febrero de 2007, 175 de 15 de marzo de 2006, 88 de 18 de marzo de 2008, 151 de 15 de febrero de 2007, 219 de 28 de junio de 2006 y 53 de 19 de marzo de 2012 y las Sentencia Constitucionales 0487/2004-R de 31 de marzo, 1312/2003-R de 9 de septiembre, 1733/2003-R de 27 de noviembre y 1274/01-R de 4 de diciembre de 2001.  


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 30 de mayo de 2016 (fs. 3257), presentando su recurso de casación el 6 de junio del mismo año, conforme consta del cargo electrónico de recepción de fs. 3294, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP.


Ahora bien, respecto al único motivo en el que denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en revalorización de la prueba; por cuanto, no habría considerado que la base del juicio son las acusaciones fiscal y particular, de las cuales afirma, se defendió; no obstante, revocó la sentencia ingresando en un campo especulativo; puesto que, observó que el Tribunal de juicio no consideró: i) El conocimiento del arma, fundamentó que no constó en los pliegos acusatorios público ni particular, ya que en ninguna parte de las acusaciones se estableció que su persona y esposo hubieren planificado el hecho, menos que su persona tenía conocimiento de que su esposo portaba un arma de fuego y constituir ese hecho base de la acusación, situación por el que no produjo prueba alguna; toda vez, que los mismos acusadores reconocieron que fue un hecho espontáneo y no planificado; ii) El lugar del hecho, aspecto que afirma fue explicado por la Sentencia, conforme los hechos probados por las declaraciones testificales de Roxana Avalos, Henry Bustillos, Julio Cesar Vargas, Felipe Justiniano, Flavio Zamora, Germain Takushi, Maritza Vargas e Inés Aguirre, resultando la observación sin asidero ni relevancia legal en la determinación final; y, iii) Respecto de la declaración del testigo Miguel Ángel Eguez que habría señalado, que el Presidente del Tribunal de instancia le señaló que estaba sacando copia y no le mostró el cuaderno procesal, concluyendo el Tribunal de alzada, que después de un mes de la finalización del juicio no estaba redactada la Sentencia, cuando el mismo reconoció, que reunió todas las formalidades de ley, ya que fue suscrito por el Tribunal de instancia y el Secretario; empero, le otorgó valor y sirvió de fundamento para la revocatoria de la sentencia, infringiéndose los arts. 173, 413, 361 y 342 del CPP y sus derechos a la presunción de inocencia, legalidad de la prueba y defensa, dejándole en indefensión por incluir hechos no contemplados en la acusación, de los cuales no tuvo oportunidad de asumir defensa.


Sobre este reclamo, invocó los Autos Supremos 113 de 31 de enero, 179 de 6 de febrero ambos de 2007, 175 de 15 de marzo de 2006, que establecerían que no puede incluirse hechos no contemplados en la acusación fiscal o del querellante, que no está permitido introducir hechos o producir pruebas de oficio dentro del proceso penal y que precisado el hecho adecuándolo al tipo penal es la base material con la que se inicia el juicio, señalando la recurrente que conforme establecerían los precedentes al encontrarse establecidos los hechos de las acusaciones particular y pública, sobre los cuales asumió defensa, el Tribunal de alzada habría observado hechos que no estaban contemplados en las acusaciones; así también, invocó el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, que señalaría que el Tribunal de segunda instancia no es el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que hacen los jueces o Tribunales inferiores, afirmando la recurrente, que las observaciones arribadas por el Tribunal de alzada que concluyeron en la revocatoria de la Sentencia devienen de una revalorización de las pruebas testificales, en la argumentación de este recurso, se evidencia que la recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado; en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando admisible.


En cuanto, a la invocación de los Autos Supremos, 88 de 18 de marzo de 2008, 151 de 15 de febrero de 2007, 219 de 28 de junio de 2006 y 53 de 19 de marzo de 2012, no serán considerados en el análisis de fondo; toda vez, la recurrente se limitó a citarlos, no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues no basta con citar y transcribir los Autos Supremos; sino, corresponde explicar por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos de los precedentes invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió.


Finalmente, respecto a la invocación de las Sentencia Constitucionales 0487/2004-R de 31 de marzo, 1312/2003-R de 9 de septiembre, 1733/2003-R de 27 de noviembre y 1274/01-R de 4 de diciembre de 2001, corresponde señalar, que en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales, no tienen la calidad de precedentes contradictorios, constituyendo tales, únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos en materia penal donde se establezca o ratifique doctrina legal aplicable, no siendo válido el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Cleya Menacho Morón, cursante de fs. 3294 a 3299; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Civil Gonzalo Rojas Segales en Suplencia Legal

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA