TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 642/2016-RRC

Sucre, 24 de agosto de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 19/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Ricardo Fresco Callau y otros

Delitos                        : Estafa y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de marzo de 2016, cursante de fs. 1516 a 1520, Matías Ernesto Colque Valdés, en representación legal de Sociedad Inversiones Sucre S.A. “ISSA” CONCRETEC, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 4 de 11 de febrero de 2016, de fs. 1511 a 1512 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda  del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por los Vocales Victoriano Morón Cuellar y Mirael Salguero Palma, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del recurrente contra Ruperto Durán Galarza, Cosme Damián Ipáno Romero y Ricardo Fresco Callau, por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Uso de Instrumento Falsificado, Falsificación de Documentos Privados y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 335, 203, 200 y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) En aplicación de la normativa del procedimiento abreviado, por Sentencias de 19 de octubre (fs. 1422 a 1423) y 6 de noviembre de 2015 (fs. 1440 a 1441), el Tribunal Doceavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Ruperto Durán Galarza, Cosme Damián Ipáno Romero y Ricardo Fresco Callau, autores y culpables de la comisión de los delitos de Estafa, Uso de Instrumento Falsificado, Falsificación de Documentos Privados y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 335, 203, 200 y 132 del CP, imponiéndoles a los dos primeros la pena de tres años y al tercero la pena de cinco años de reclusión, con el pago de mil días multa a razón de Bs.- 1 (un boliviano) por día, más el pago de la reparación de los daños civiles ocasionados al Estado, a calificarse en ejecución de Sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, el querellante representado legalmente por Matías Ernesto Colque Valdés, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1454 y vta.), resuelto por Auto de Vista 4 de 11 de febrero de 2016, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 380/2016-RA de 24 de mayo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) El recurrente refiriendo antecedentes del caso, sostuvo que tanto el Tribunal de Sentencia como el de alzada, a su turno no escucharon la oposición fundamentada por parte de las víctimas al Procedimiento Abreviado, del cual se benefició uno de los principales co-autores de los delitos cometidos dentro de la Sociedad Inversiones Sucre S.A. “ISSA” CONCRETEC, donde  cometía ilicitudes, en complicidad de altos directivos de la empresa; por lo que, el procedimiento común y no el Abreviado permitiría un mejor conocimiento de los hechos ocurridos estableciendo el grado de participación de los co-autores.


Continúa argumentando que con esa determinación se lesionó los arts. 11 y 373 parágrafo III del CPP; toda vez que, “dicha norma señala que en caso de oposición fundada de la víctima o que le procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, y de un análisis de dicha normativa se tiene la letra o, como disyuntiva de la determinación de lo uno u lo otro, a diferencia de la y, como conjuntiva del cumplimiento de las dos vertientes de forma necesaria, entonces se tiene que el Art. 373-III del C.P.P., exige solamente el cumplimiento de una de las dos vertientes a decir, la oposición de la víctima o la permisibilidad del procedimiento común en el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos…” (sic), situación ésta por la cual, se opusieron fundadamente al beneficio del Procedimiento Abreviado; por lo cual, haría necesario determinar la magnitud o preponderancia de su participación o si habrían sido posible la consumación de los delitos sin su participación, siendo que el art. 110 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE), hace referencia sobre “La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a su autores intelectuales y materiales; MÁXIME si se tiene, que los delitos consumados son lesivos a intereses económicos del ESTADO PLURINACIONAL (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado)…” (sic), de esta manera lesionaron además el art. 121 parágrafo II de la CPE, derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y tratados internacionales, quebrantando el debido proceso en sus vertientes de legalidad, derecho a la defensa, seguridad jurídica, acceso a la justicia y Tutela Judicial Efectiva.


2) Denunció también, en el acápite subtitulado: “INCUMPLIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y CONTROL JURISDICCIONAL EN DELITOS DE CORRUPCIÓN POR DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO” (sic), que: i) El presente proceso se inició por delitos ordinarios en la Unidad Económico Financiero de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y ante la evidencia de “DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO” (sic), por disposición de la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz mediante Resolución de 01 de julio de 2014, fue remitido a la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción-FEPDC; toda vez, que por Decreto Supremo 5135 de 21 de enero de 1959, se constituyó la Fábrica Nacional de Cemento FANCESA S.A., con la participación accionaria de 33.4% del Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca, con 33.3% del Gobierno Municipal Autónomo de Sucre y con 33.3% de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, de lo que se advierte que la participación accionaria mayoritaria de FANCESA, estaría compuesta por patrimonio del Estado; ii) En ese sentido la Empresa ISSA-CONCRETEC, vino a  constituir en Empresa subsidiaria de FANCESA, cumpliendo funciones de  designación de Gerente General de las Empresas Subsidiarias como el caso ISSA-CONCRETEC, en ese marco es que pasó el caso a la Unidad Especializada en persecución de Delitos de Corrupción, en atención a la disposiciones de la Ley 004; iii) Presentándose querella por delitos sancionados por la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas, entre los que estaba contemplado el ilícito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado, contra el imputado, que inclusive la Fiscal de Materia subsumió la conducta del imputado al delito de Incumplimiento de Deberes previsto en el art. 154 del CP, el cual no fue investigado por el Ministerio Público, siendo su deber hacerlo, bajo responsabilidad; v) Que, además incurriendo en incongruencia y falta de fundamentación del Acuerdo Legal de Procedimiento Abreviado, cometiéndose consecuentemente “NULIDADES PROCESALES INSUBSANABLES, es decir inclusive en el PUNTO UNO de la cláusula TERCERA del acuerdo legal de procedimiento abreviado…” (sic), se reconoció los ilícitos previstos en los arts. 335, 200 y 132 del CP, como “reformado por la ley 004” (sic), existiendo “INCONGRUENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE QUE LOS TIPOS PENALES SE HAN PROMOVIDO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ya que el FISCAL DE MATERIA NO HA INVESTIGADO el delito querellado de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO…” (sic), concluyendo que el Acuerdo de Procedimiento Abreviado sería “NULO DE PLENO DERECHO” (sic), y con dicho actuar se afectó derechos y garantías constitucionales, como el debido proceso, en su vertiente de acceso a la justicia, economía procesal, celeridad, legalidad, tutela judicial efectiva, congruencia y fundamentación por vulneración de las normas sustantivas, adjetivas y líneas jurisprudenciales, previstas en los arts. 115. II, 116. I, 119, 178 I de la CPE y arts. 3 incs. 4) y 7); y, 15.I de la Ley 025 e infringiendo los arts. 44, 70 y 279 del CPP, art. 225 del CPE, art. 48 de la Ley 004 y 154 del CP.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se case el Auto de Vista recurrido, declarando la nulidad del acuerdo de procedimiento abreviado que beneficia al imputado Ricardo Fresco Callau y se conmine la investigación del delito de Enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 380/2016-RA de 24 de mayo, cursante de fs. 1529 a 1532, este Tribunal declaró admisible por flexibilización el recurso interpuesto por Matías Ernesto Colque Valdés en representación legal de la Sociedad Inversiones Sucre S.A. “ISSA” CONCRETEC.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y detallado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1. Del procedimiento abreviado y la Sentencia.


Conforme el memorial de 9 de octubre de 2015, cursante a fs. 1410 la representante del Ministerio Público solicitó se señale audiencia de consideración de procedimiento abreviado, para los imputados Ruperto Durán Galarza, Cosme Damián Ipamo y Ricardo Fresco Callau, conforme a los acuerdos suscritos a fs. 1407, 1408 y 1409, a mérito de lo solicitado el 19 de octubre de 2015 se efectúa la correspondiente audiencia, en la que el abogado de la empresa querellante se opone a la solicitud de procedimiento abreviado respecto de Ricardo Fresco Callau, refiriendo que el procedimiento común -juicio oral- permitirá una mejor comprensión de lo ocurrido, pues con base a los elementos probatorios recolectados en la etapa preparatoria se podría acceder a un mejor conocimiento de la verdad histórica de los hechos acusados. Asimismo, el otro abogado de la víctima señaló que conforme los argumentos del otro representante de la víctima se estaría ante un hecho en el cual se realizó un daño económico de más de “10.000 de bs” (sic); por lo tanto, debería tenerse presente que los acusados a pesar de que realizaron un acuerdo sólo con el Ministerio Público no manifestaron su voluntad de resarcir del daño ocasionado y conforme a la fundamentación realizada por la víctima en audiencia de juicio oral se podrá establecer la existencia de otras personas implicadas en el hecho, puesto que habrían sido varios empleados los que trabajaban o participaban para realizar el daño; por lo tanto, solo se allanaron a la aceptación de procedimiento abreviado para dos de los imputados y se niegue la solicitud para Fresco Callao.


Atendiendo dichos argumentos, el Tribunal Doceavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió por dictar Sentencia condenatoria contra Ruperto Duran Galarza y Cosme Damián Ipamo y respecto de Ricardo Fresco Callau, rechazó la solicitud de procedimiento abreviado conforme lo previsto en el art. 373 inc. III) del CPP.


El 22 de octubre de 2015, la representante del Ministerio Público en virtud a un nuevo acuerdo suscrito con Ricardo Fresco Callau (fs. 1430), solicitó nueva audiencia de procedimiento abreviado, siendo desarrollada el 6 de noviembre, emitiéndose Sentencia en la que cursa un fragmento de la oposición de la víctima a la solicitud del procedimiento abreviado, señalando que existen nuevos elementos de convicción y la ampliación de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO en la acusación particular, presentada con relación al art. 28 de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, solicitando nuevamente que se llegue a juicio oral contradictorio, oídos los argumentos el Tribunal Doceavo de Sentencia en lo Penal emite Sentencia Condenatoria, declarando a Ricardo Fresco Callau, autor y culpable de los delitos de Estafa, Uso de Instrumento Falsificado, Falsificación de Documentos Privados y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 335, 203, 200 y 132 del, CP imponiéndole la pena de 5 años de privación de libertad.


II.2. De la apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, Matías Ernesto Colque Valdés, en representación legal de los querellantes, interpone recurso de apelación restringida que en lo que respecta a los agravios a considerarse en casación denuncia:

 

De acuerdo a los datos existentes en la investigación se tendría que el acusado y beneficiado con el procedimiento abreviado Ricardo Fresco Callau, fue el principal autor material de los ilícitos cometidos en la empresa de Inversiones Sucre S.A. “ISSA”; consiguientemente, el viabilizar el procedimiento abreviado a su favor significó un flagrante atentado al derecho que les asiste como víctima y que se traduce en impedir conocer objetivamente la verdad histórica de los hechos y tener la posibilidad de proponer el juzgamiento de todos los partícipes en sus distintos grados, fundamento que fue puesto oportunamente a conocimiento de la autoridad que tramitó la solicitud de procedimiento abreviado, pues el procedimiento común (Juicio oral, público y contradictorio) podría permitir un mejor conocimiento de los hechos ocurridos, estableciéndose con certeza la participación de todos los implicados, pidiendo se tome en cuenta la complejidad del caso, el daño económico ocasionado y el interés del Estado como víctima.


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó el Auto de Vista 4 de 11 de febrero de 2016, que declara admisible e improcedente la apelación restringida planteada en Autos, de acuerdo a los siguientes argumentos:


En cuanto al argumento expuesto por la víctima, referido a que al existir otros elementos de prueba y otras personas supuestamente involucradas, debería preferirse el procedimiento común de juicio oral, público y contradictorio, que permita un mejor conocimiento de los hechos ocurridos; se tiene que al tratarse de delitos de orden público, el Ministerio Público como acusador fiscal prefirió la salida alternativa de procedimiento abreviado en conjunto con el imputado Ricardo Fresco Callaú, suscribiéndose el  correspondiente acuerdo de 20 de octubre de 2015, en el cual se acordó la imposición de una pena de cinco años de reclusión, por los delitos de Estafa, Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Asociación Delictuosa, en cuyo procedimiento el acusado admitió su responsabilidad penal, al igual que los dos anteriores acusados que fueron también sometidos a un procedimiento abreviado; sin embargo, el apelante pretendería involucrar al imputado Ricardo Fresco Callau en delitos de corrupción sin tener en cuenta que la Ley 004, sólo es aplicable a los servidores públicos y en este caso el nombrado acusado nunca fue servidor público, motivo por el cual su conducta no se encontraría enmarcada en lo previsto en los arts. 27 y 28 de la citada Ley.

Asimismo, observó que el recurso de apelación restringida no cumplió con las formalidades exigidas por el art. 408 del CPP, ya que no se hizo una expresión de agravios, no citó concretamente las leyes que se considera violadas o erróneamente aplicadas, ni cuál la aplicación pretendida; es decir, no indicó separadamente cada violación con sus fundamentos respectivos tal como lo exige el procedimiento de la materia, de lo que resultaría la apelación improcedente.


III. VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO, DERECHOS DE LA VITIMA, ACCESO A LA JUSTICIA, ECONOMIA PROCESAL, CELERIDAD, LEGALIDAD, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,  CONGRUENCIA Y FUNDAMENTACIÓN


Este Tribunal admitió el presente recurso, abriendo su competencia a objeto de verificar la posible vulneración de los derechos constitucionales de la víctima y querellante ante la denuncia de la emisión de un Auto de Vista que: i) no consideró los argumentos de oposición al procedimiento abreviado respecto del imputado Ricardo Freso Callau; ii) el Ministerio Público no hubiese cumplido con su deber de investigar delitos de corrupción, y; iii) omitió considerar la falta de fundamentación e incongruencia del Acuerdo de procedimiento abreviado.


III.1. Sobre el debido proceso vinculado al procedimiento abreviado.


En el ordenamiento jurídico nacional, el debido proceso se encuentra reconocido en la Constitución Política del Estado en una triple dimensión tanto como derecho, garantía y principio. El debido proceso como derecho se encuentra establecido en el art. 115.II de la CPE, señalando que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; por otro lado como garantía, dispone el art. 117.I de la referida Ley fundamental, en sentido que “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”; finalmente conocida como un principio procesal en el art. 180.I de la CPE, estableciendo que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.


Sobre esta temática, el profesor Durán expresó que el debido proceso es el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley. (Durán Ribera, Willman Ruperto. Principios, derechos y garantías constitucionales. Editorial el País. Año 2005. Pág. 134)


Asimismo, el debido proceso es entendido como: “el derecho a la justicia lograda en un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaron a una simple cobertura del derecho de defensa en juicio. No estaremos hablando más de reglas, sino de principios”. (Gozaíni, Osvaldo Alfredo. El debido proceso en la actualidad Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Año 2004 Nº 2. Pág. 67). En este contexto, el debido proceso se proyecta en bloque en todo el ámbito procesal penal, al resultar una garantía expansiva y polivalente, pues se encuentra presente en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación inicial ante la comisión de un hecho ilícito hasta la propia ejecutoria de la Sentencia.


Precisamente una de la formas de finalizar un conflicto penal es conocida como el procedimiento abreviado, que como la doctrina ha expuesto a diferencia de otras salidas alternativas, no extingue ni suspende el ejercicio de la acción penal, sino la abrevia y provoca la solución inmediata a la litis; ahora bien, su objetivo tiene que ver con políticas de administración de justicia que permitan el máximo aprovechamiento de los recursos, el descongestionamiento y la oxigenación del sistema penal, la concentración del Estado en la persecución de los ilícitos penales más graves; y, la permisión de acuerdos que generen una solución rápida y eficiente del conflicto.


En Bolivia, el procedimiento abreviado fue incorporado al sistema procesal penal con el vigente Código de Procedimiento Penal (Ley 1970 de 25 de marzo 1999), “Cuya aplicación sólo puede ser solicitada por los acusadores, constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado”. (Comisión Redactora, exposición de motivos del Código de Procedimiento Penal. http://www.procedimientopenal.com.bo/).


En estas condiciones, el procedimiento abreviado coadyuva en el descongestionamiento y oxigenación del sistema penal; asimismo, es una opción legal “…que tiene el MP para evitar el juicio oral por motivos de utilidad social o por razones político criminales”, fundamentándose en los principios de objetividad y probidad que deben presidir las actuaciones y decisiones del Ministerio Público establecidos en el art. 72 del CPP. (Herrera Añez, William. El proceso penal boliviano. Editorial Kipus. Año 2007. Pág. 372).


Para que se sea efectiva la aplicación del procedimiento abreviado o alegación pre acordada, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del CPP y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo, cuya resolución en definitiva dependerá del juez de instrucción que conoce la causa y en audiencia pública.


Por lo señalado, el debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado, cuyo requerimiento podrá ser formulado por el representante del Ministerio Público en dos momentos procesales: a) Al finalizar la investigación preliminar conforme el art. 301 inc. 4) del CPP; b) A la conclusión de la etapa preparatoria de acuerdo al art. 323 inc. 2) del citado Código; sin perjuicio, de que las partes puedan proponer su aplicación, en ejercicio de la facultad que el art. 326 inc. 7) del CPP, reconoce a las partes; y, de su aplicación durante la audiencia de juicio hasta antes de dictada la Sentencia, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 586 de “Descongestionamiento y efectivización del sistema procesal penal”.


Respecto al trámite, el art. 374 de la norma adjetiva penal señala que: “En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado; 2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario”; esto significa que, una vez presentado el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, el juez de la causa señalará día y hora para el verificativo de la audiencia, determinación que deberá ser puesta en conocimiento de las partes que intervendrán en dicha actuación, donde serán escuchadas con finalidades distintas: En el caso del representante del Ministerio Público, para fundamentar oralmente su requerimiento conclusivo, al imputado para la admisión verosímil de su participación en el hecho atribuido y la constatación de que la renuncia al juicio oral ordinario fue voluntaria; y, a la víctima para que pueda en su caso oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado.


De manera particular, la víctima o el querellante, conforme el tercer párrafo del art. 373 del CPP, podrá plantear su oposición fundada a la aplicación del procedimiento abreviado, derecho que debe ser respetado y garantizado durante la tramitación del referido mecanismo de descongestionamiento procesal, pues la víctima o querellante puede ejercerlo por todos los medios legales previstos, una vez tenga conocimiento de la pretensión del imputado a la aplicación de la salida alternativa y del contenido del requerimiento conclusivo formulado por parte del Fiscal; además, del derecho de participar en la audiencia a ser señalada por el Juez cautelar para el trámite y resolución de procedimiento abreviado. De modo que establecer limitaciones a este derecho de oposición, significaría vulnerar el derecho que tiene la víctima de oponerse a tal pretensión; entendido como la posibilidad a expresar su disconformidad con una petición, la que puede ser aceptada o no por el juzgador.


Debe agregarse que la oposición de la víctima podrá fundarse en el hecho de que el acuerdo suscrito entre la representación del Ministerio Público, el imputado y su defensor, no observe el principio de legalidad, por la falta de consideración de circunstancias fácticas que incidan en la calificación jurídica de la conducta del imputado, establecida incluso en una eventual acusación particular o en la solicitud de imposición de una pena que no se encuadre a los límites establecidos por la norma sustantiva, considerando que la normativa expresamente establece en el art. 374 del CPP, que la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal; pero también cuando considere la víctima que la realización del juicio oral permita un mejor conocimiento de los hechos, habida cuenta que los dos supuestos previstos en el art. 373.II del CPP, no resultan excluyentes.


III.2. Los derechos de la víctima.


El modelo de Estado asumido en Bolivia, se constituye en un verdadero Estado constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales de soberanía popular en el ejercicio del poder público y reforzando el principio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos, pues se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores; además, se señalan como fines y funciones del Estado, entre otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE); se señalan como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3), así como también consagra de manera expresa el principio de legalidad y supremacía constitucional en el art. 410.I de la CPE, señalando que: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución”, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa (Sentencia Constitucional 0112/2012).


En ese ámbito normativo, la Constitución Política del Estado, asume una nueva visión del principio de eficacia y la protección a la víctima, conforme a la voluntad del constituyente -arts. 180.I y 113.I CPE-, a partir de estos postulados fundamentales deben desarrollarse, la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, orientando el sistema hacia un Estado más garantista y respetuoso de los derechos humanos. 


Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas adoptó en la Asamblea General del 29 de noviembre de 1985 en la Resolución Nº 40/34, la primera declaración sobre la protección a la víctima: “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, estableciendo, los siguientes derechos de las víctimas:


Acceso a la justicia y trato justo: Las víctimas deben ser tratadas con compasión y  respeto a su dignidad, superando los paradigmas del proceso penal para facilitar el acceso y permitir el pago por los daños y perjuicios ocasionados por la existencia de un hecho delictivo, para ello los procesos judiciales y administrativos deberán adecuarse a las necesidades de la víctima, el resarcimiento y la asistencia.


Sobre los derechos de las víctimas, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia C- 277/98, emitió el siguiente discernimiento: “Los derechos de las víctimas del proceso penal y, en particular a la indemnización de perjuicios, no son sólo una manifestación de los derechos de justicia e igualdad sino que se constituyen también en una expresión de los deberes constitucionales del Estado. "(…).


Dentro de la concepción de Estado social de derecho, que reconoce como principios esenciales la búsqueda de la justicia y el acceso a la misma, el derecho procesal penal no sólo debe operar, como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino que debe procurar también por los derechos de la víctima. Debe entonces -el proceso penal- hacer compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política”.


En este mismo marco, la jurisprudencia constitucional refiriéndose a la revalorización de la víctima en el proceso penal, mediante la SC 01388/2011-R, del 30 de septiembre señaló:


“Debemos tener presente que todo hecho punible genera como su natural efecto, una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado y en último término de la sociedad; por ello, el debido proceso se muestra en toda su intensidad como la única lógica para resolver los conflictos penales.


En ese marco, la Constitución Política del Estado, asume una nueva visión sobre la protección a la víctima; así tenemos el art. 113.I. A partir de éste postulado fundamental deben desarrollarse la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, orientando el sistema constitucional hacia un Estado más garantista y respetuoso de los Derechos Humanos.


Si bien es el Estado el que asume el ius puniendi; actualmente cobran importancia trascendental los derechos de la víctima, que antes pasaron a un segundo plano, por ello, desde que el Estado se hace cargo de procesar y sancionar a los delincuentes, éste debe garantizar a la víctima un mínimo de condiciones que permitan su recuperación moral y material; por ello debe formarse conciencia en torno que, necesariamente, se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el estado Plurinacional, el `equilibrio`y `el bienestar común´ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto `buen vivir´y del modelo boliviano de ´Estado de Derecho del vivir bien`, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental.


(…)


En la misma línea, se constata que existe una revalorización de la víctima en este nuevo modelo de Estado Constitucional, plasmado en el art. 121.II de la CPE que determina que: `La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado`; norma que claramente amplía los derechos establecidos en el Código de Procedimiento Penal que en su art. 11, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, establece: `La víctima por si sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante`.


Asimismo, refiriéndose a la víctima, el art. 77 del CPP, establece que: ´Aun cuando la víctima no hubiera intervenido en el proceso, deberá ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento´.


Por su parte, el art. 76 del CPP, revoluciona el concepto de víctima e incluye en el término no solo a las personas directamente ofendidas por el delito sino también al cónyuge o conviviente, a los parientes y otros.


En coherencia de dichas normas procesales penales, y dando concreción a los derechos de la víctima, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la SC 1173/2004-R de 26 de julio, señaló el equilibrio necesario que debe existir entre el respeto a los derechos del imputado y de la víctima, conforme al siguiente entendimiento: `…tanto los derechos del imputado como los de la víctima pueden encontrar equilibrio si se respetan los lineamientos procesales del Código de procedimiento, pues como ha quedado establecido, la opción política asumida por el Estado Boliviano 'asigna dos fines al sistema procesal penal (igual de importantes uno y otro): garantiza la libertad del ciudadano y la seguridad de la sociedad. En este orden de cosas, en el sistema penal elegido, destacan dos derechos de amplio contenido y realización material: el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva'.


Así, SC 1859/2010-R de 25 de octubre, reiterando lo señalado por la SC 1844/2003-R de 12 de diciembre, dijo que: Se considera víctima a la persona directamente ofendida por el delito, la que puede participar en el proceso como querellante, pero aun cuando no hubiere participado en el proceso en tal calidad, es obligación del fiscal, juez o tribunal y bajo su responsabilidad, informarle sobre el resultado de las investigaciones y el proceso, pues ésta (la víctima) tiene derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla…” .


Consiguientemente, en un Estado Constitucional de Derecho, el razonamiento de los jueces debe partir de la Constitución,  y en caso de que exista un choque jurídico entre los derechos de víctima como las del imputado -considerando que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de igualdad de garantías para su protección (Art. 109 de la CPE)- el juzgador debe buscar el estándar más alto según cada caso concretopara que partir de la ponderación, resuelva la causa siempre en busca de la eficacia de los derechos y garantías constitucionales llegando sobre todo a efectivizar el valor justicia, pues no debe olvidarse que el principio de aplicación directa de los derechos, como sostuvo la SCP 0121/2012, supone la superación formalista del sistema jurídico y se constituye en un postulado para consolidar el valor normativo de la Constitución Política del Estado:


“…la premisa en virtud de la cual se debe asegurar la eficacia máxima de los derechos fundamentales, exige en términos de teoría del derecho, la superación de una concepción ius-positivista y formalista del sistema jurídico, e implica la adopción de postulados jurídicos enmarcados en cánones constitucionales no solamente destinados a limitar el poder, sino fundamentalmente direccionados a consagrar y consolidar la vigencia material de los derechos fundamentales.


(…) el principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales, constituye un postulado que consolida el valor normativo de la Constitución, por el cual, los derechos fundamentales tienen una efectividad plena más allá de un reconocimiento legislativo o de formalismos extremos que puedan obstaculizar su plena vigencia, aspecto que caracteriza la 'última generación del Constitucionalismo', en el cual, el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, se consagra y alcanza su esplendor a través del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales, el cual se materializa a través del nuevo rol de las autoridades jurisdiccionales en su labor de interpretación constitucional acompañada de una coherente teoría de argumentación jurídica”.


III.3. Análisis del caso concreto.


En cuanto al primer motivo referido a la falta de consideración a la oposición fundada de la víctima a la viabilización del procedimiento abreviado respecto al imputado Ricardo Fresco Callau; se debe tener presente  previamente  los argumentos empleados por el Tribunal de alzada para declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida presentada por la parte recurrente; estableciéndose que asumió el entendimiento de que al tratarse de delitos de orden público, el Ministerio Público como acusador fiscal, prefirió la salida alternativa de procedimiento abreviado en acuerdo con el imputado Ricardo Fresco Callaú, fijándose para ello una pena de cinco años de reclusión por los delitos de Estafa, Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Asociación Delictuosa, en cuyo procedimiento el acusado admitió su responsabilidad penal, al igual que los dos anteriores acusados que fueron también sometidos a un procedimiento abreviado; enfatizando además que la pretensión de involucrar al imputado Ricardo Fresco Callau en delitos de Corrupción, no tomaba en cuenta que la Ley 004, sólo es aplicable a los servidores públicos y en este caso el nombrado acusado nunca fue servidor público, motivo por el cual su conducta no se encontraría enmarcada en lo previsto en los arts. 27 y 28 de la Ley 004.


De la presente conclusión, se observa que el Tribunal de alzada no efectuó un análisis adecuado de los argumentos expuestos por la parte recurrente en su apelación relativos a la oposición que planteó a la aplicación de salida alternativa respecto a uno de los imputados, pero principalmente de los antecedentes cursantes en el proceso, respecto a los actuales debió emitirse una decisión, siendo en consecuencia importante precisar los siguientes aspectos:


Primero, de fs. 1422 a 1423 cursa la Sentencia emitida el 19 de octubre de 2015 por el Tribunal 12vo. en lo penal, en la que respecto del imputado Ricardo Fresco Callau, ante el planteamiento expuesto en la audiencia por los representantes de ISSA CONCRETEC de oposición a la aplicación de procedimiento abreviado para el imputado Ricardo Fresco Callau, dispuso rechazar la solicitud de procedimiento abreviado, en aplicación del art. 373 inc. III) del CPP, que establece: “En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, la o el juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado”, siendo menester señalar que al no ser recurrible dicha resolución por mandato del art. 403 del CPP, correspondía como efecto procesal la prosecución del juicio oral respecto del citado imputado; sin embargo, esto no acontece y pese a una decisión judicial firme, la representación del Ministerio Público con base a otro acuerdo con el imputado y su defensor, presenta una nueva solicitud de procedimiento abreviado.

Segundo, de fs. 1440 a 1441 cursa la Sentencia emitida el 6 de noviembre de 2015 (menos de un mes de la anterior), emitida por el mismo Tribunal que rechazó anteriormente el procedimiento abreviado para Ricardo Fresco Callau, disponiendo en esta ocasión la procedencia a la solicitud, pese a la oposición de la víctima que con similares argumentos asumidos en una Sentencia anterior logró el rechazo a la aplicación del procedimiento abreviado; es decir, que el procedimiento común o juicio oral lograría esclarecer los verdaderos hechos ocurridos en la empresa a la que representan los querellantes.


Estos dos puntos esenciales no fueron motivo de un correcto análisis del Tribunal de alzada, vulnerando los derechos de la víctima hoy recurrente, porque no estableció los alcances del primer rechazo a la aplicación de procedimiento abreviado, que en base a la legalidad que debe primar en la tramitación de la causa penal, correspondía el cumplimiento a lo dispuesto, por ende, la continuación del procedimiento común respecto del imputado Ricardo Fresco Callau, por no ser impugnable dicha decisión; debiendo precisarse que si bien resulta viable la presentación de una nueva solicitud de procedimiento abreviado, esto es posible únicamente en el supuesto de que se hayan observado cuestiones formales y no así cuando se asumió la determinación judicial de rechazo fundada en la oposición de la víctima, pues un entendimiento contrario implicaría una relativización en la participación efectiva de la víctima en la tramitación de la causa en desmedro de los derechos y garantías reconocidas no sólo en el ámbito normativo interno sino también internacional en los términos detallados en el acápite III.2. de la presente resolución.


Por lo referido, no se advierte en el Auto de Vista recurrido un análisis del porqué el Tribunal de alzada considera correcto que en la segunda Sentencia se haya dado curso al procedimiento abreviado cuando días antes (menos de un mes), el mismo Tribunal de Sentencia estableció que no correspondía su aplicación al imputado Ricardo Fresco Callau, por cumplimiento del art. 373 inc. III) del CPP; más cuando no se advierte un argumento que precise cuáles los criterios que generaron el cambio de decisión y menos porqué los fundamentos de la víctima ya no eran valederos para oponerse a la aplicación de procedimiento abreviado. Al respecto, el Tribunal de alzada debe tener presente que el trámite solicitado por el representante del Ministerio Público y el imputado, no se limita al mero cumplimiento automático de los requisitos previstos en los arts. 373 y siguientes del CPP; es decir, a la existencia de la solicitud del Fiscal, aceptación del imputado y su defensor, fundada en la admisión del hecho y su participación, pues si bien este procedimiento tiene como finalidad acortar procedimientos, no es menos cierto que ello genera el deber de emitir una resolución judicial (sentencia), que no puede estar exenta de los parámetros mínimos de fundamentación que permitan establecer con claridad el porqué es justo y correcto aceptar o rechazar una salida alternativa al procedimiento común; habida cuenta que el procedimiento abreviado como salida alternativa, ciertamente es un mecanismo destinado a descongestionar el sistema con la finalidad de que no todas las causas que ingresen en él sean resueltas a través de la realización de un juicio oral; empero, no es menos evidente que el procedimiento abreviado está sustentado en el principio de legalidad y de la verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes; de modo, que la falta de consideración de la oposición fundamentada por la víctima a la aplicación del citado mecanismo procesal respecto a uno de los imputados, hace evidente las vulneraciones a derechos y garantías constitucionales alegadas por la parte recurrente.


De igual manera, se debe tener presente que en el desarrollo de un proceso penal se juzgan y prueban hechos y no calificaciones jurídicas que en todo caso resultan ser provisionales, pues recién en sentencia podrán ser subsumidas por el Tribunal juzgador, no siendo atinada la conclusión del Tribunal de alzada sobre la aplicabilidad o no de la Ley 004 al caso de autos, cuando en el fondo observó la parte apelante para objetar y oponerse al procedimiento abreviado, la gravedad del daño económico ocasionado; consiguientemente, estos aspectos deberán ser tomados en cuenta a los fines de la nueva resolución a emitirse por el Tribunal de alzada.


Finalmente, sobre lo resuelto en la última parte del Auto de Vista respecto de que el recurso de apelación restringida formulada por la parte recurrente, no hubiese cumplido con lo previsto en el art. 408 del CPP, a los fines de evitar futuras impugnaciones, se recuerda al Tribunal de alzada el cumplimiento del art. 399 de la misma norma procesal penal.


Respecto del segundo motivo traído en casación en el que de manera puntual se alega que; i) Que el Ministerio Público incumplió con su deber de investigar los delitos de corrupción que generaron daño económico al Estado; y, ii) La existencia de incongruencia y falta de fundamentación del acuerdo de procedimiento abreviado; corresponde aclarar que la labor de este Tribunal de Casación se encuentra restringido a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a las actuaciones realizadas por el Tribunal de alzada, así se desprende de lo establecido en los arts. 416 y siguientes del CPP, referidos a la procedencia y requisitos indispensables que viabilizan la admisibilidad y resolución del recurso de casación. Ahora bien, el presente motivo se encuentra destinado a observar actuaciones meramente delegadas por ley al Ministerio Público; es decir, a la persecución penal (investigación y emisión de requerimientos conclusivos) y la posibilidad de efectuar y suscribir acuerdos para solicitar la aplicación de procedimiento abreviado, situaciones que no pueden ser motivo de pronunciamiento por este Tribunal por no encontrase dentro de los alcances de su competencia, sino como ya se estableció únicamente en cuanto a lo resuelto por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia; en consecuencia, resulta infundado este motivo, más cuando la parte recurrente en correspondencia a sus reclamos, solicita expresamente se conmine la investigación de un delito, cuando dicha pretensión no considera la clara distinción de funciones del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia en el sistema procesal penal vigente de corte acusatorio.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Matías Ernesto Colque Valdés en representación legal de Sociedad Inversiones Sucre S.A. “ISSA” CONCRETEC, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 4 de 11 de febrero de 2016, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que, por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA