TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO N° 636/2016-RA

Sucre, 23 de agosto de 2016


Expediente                : La Paz 59/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Héctor Antonio Solares Maymura y otros

Delitos                : Uso Indebido de Influencias y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 1 de abril de 2015 y 6 de abril de 2016, cursantes de fs. 2802 a 2821 y fs. 3153 a 3161 vta., Héctor Antonio Solares Maymura, además de Fernando Valenzuela Billewicz y Mary Cruz Flores Clavijo en representación de la Cámara de Diputados, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 108/1014 de 19 de diciembre, de fs. 2767 a 2781 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Cámara de Diputados contra Héctor Antonio Solares Maymura, Williams Gustavo Paniagua Yépez, Guillermo Javier Olmos Tórrez y Tania Gloria Esther Loayza Dalence, por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 146, 150, 154, 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 06/2011 de 18 de marzo (fs. 2320 a 2341), el Tribunal de Sentencia Segundo de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró al imputado Héctor Antonio Solares Maymura, autor de la comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, tipificados por los arts. 146 y 150 del CP, imponiéndole la pena de ocho años de privación de libertad; asimismo, le absolvió de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 154, 198, 199 y 203 del CP. Por otro lado, declaró a la co-imputada Tania Gloria Esther Loayza Dalence, autora de la comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, en grado de complicidad, tipificados por los arts. 146 y 150 en relación al art. 23 del CP, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión; además, a ambos imputados se les condenó al pago de daños civiles y costas en favor del Estado y de doscientos días multa a razón de Bs. 3.- (tres bolivianos) por día. Finalmente, declaró la absolución de los imputados Williams Gustavo Paniagua Yépez y Guillermo Javier Olmos Tórrez, de todos los delitos endilgados.


b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada Tania Gloria Esther Loayza Dalence (fs. 2378 a 2381), la representación de la Cámara de Diputados (fs. 2385 a 2392), el imputado Héctor Antonio Solares Maymura (fs. 2409 a 2423), el Ministerio Público (fs. 2426 a 2431) y William Paniagua Yepez (fs. 2439 a 2441 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 32/2012 de 24 de enero (fs. 2491 a 2499), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 202/2013 de 16 de julio (fs. 2620 a 2634); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de La Paz, pronunció el Auto de Vista 75/13 de 16 de septiembre (fs. 2639 a 2646 vta.); que también fue dejado sin efecto por Auto Supremo 438/2014-RRC de 11 de septiembre (fs. 2739 a 2753 vta.). Es así, que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de La Paz, dictó el Auto de Vista 108/2014 de 19 de diciembre (fs. 2767 a 2781 vta.), que declara admisibles e improcedentes los recursos de apelación restringida de fs. 2378 a 2381, fs. 2385 a 2392, fs. 2409 a 2423 y fs. 2426 a 2431; y, procedente en parte las cuestiones planteadas en el recurso de fs. 2439 a 2441, confirmando la sentencia emitida en primera instancia, con la modificación de procederse a la regulación de costas a favor del acusado Williams Gustavo Paniagua Yépez, con cargo a la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por haberse dictado Sentencia absolutoria a su favor.


c) Por diligencias de 26 y 31 de marzo de 2015 (fs. 2784 a 2785), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista impugnado; y, el 1 de abril de 2015 y 6 de abril de 2016, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De la revisión de los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


11.1. Del recurso de casación de Héctor Antonio Solares Maymura.


a) El recurrente refiere que pese al pronunciamiento del Auto Supremo 438/2014-RRC de 11 de septiembre emitido en la presente causa, a través del cual esta Sala Penal se pronunció sobre varios tópicos, denuncia que el Tribunal de alzada al emitir el fallo impugnado incurrió en las siguientes contradicciones: i) Primera contradicción.- Indica que en la fundamentación del Auto de Vista recurrido, en tres oportunidades se habría señalado que hubiera sido Diputado Nacional y en esa condición habría hecho uso indebido de sus influencias sobre el personal administrativo encargado del manejo económico del proyecto; señalando que esa afirmación sería errónea, ya que su persona sólo era un funcionario de menor jerarquía que no podía-influenciar sobre las autoridades administrativas, aspecto que ya habría sido resuelto en el Auto Supremo 438/2014-RRC de 11 de septiembre; ii) Segunda contradicción.- La declaración de Tania Gloria Esther Loayza Dalence, habría sido realizada en una simple entrevista ante la Contraloría General del Estado que carecería de todo valor probatorio, al no haber sido ratificada ni judicializada en el juicio oral, por lo que la indicada prueba sería nula; sin embargo, se hubiera constituido en base de la Sentencia, aspecto sobre el cual denuncia que el Auto de Vista recurrido no resolvió este aspecto, con el argumento de que no fue denunciado en el juicio oral, cuando a decir del recurrente ese motivo fue denunciado en el recurso de apelación restringida; ¡¡¡) Tercera contradicción.- De manera irregular se habría excluido del proceso a Raúl Moreno Zaconeta, Oficial Mayor Administrativo de la Cámara de Diputados, siendo que fue quien manejó los recursos que ahora le acusan de haberse apropiado o beneficiado, aspecto sobre el cual el Auto Supremo 438/2014-RRC también se hubiese pronunciado; y, iv) Cuarta contradicción.- Se asevera que su recurso de apelación habría expuesto supuestos errores cometidos en la audiencia conclusiva, siendo que jamás se realizó la referida actuación, aspecto que indica estaría demostrada y resuelta por el Auto Supremo 438/2014-RRC de 11 de septiembre de 2014.


b) Denuncia de incongruencia omisiva, indicando que el Auto de Vista recurrido no se habría pronunciado sobre los siguientes aspectos: i. Sobre la errónea valoración en la adecuación de la conducta a los elementos constitutivos de los tipos penales 146 y 150, citando al efecto como precedente contradictorio el Auto de Vista 37 de 2 de febrero de 2007; ii. Errónea valoración y violación de los arts. 76 y 78 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque a decir del recurrente la víctima sería la Embajada de Reino de Dinamarca y no la Cámara de Diputados, indicando que no estaría demostrado que la indicada Cámara hubiere cumplido con desembolsar la contraparte comprometida, punto sobre el cual el Tribunal de alzada se habría pronunciado de manera incompleta, porque sólo habría manifestado que esa situación debió ser reclamada en su momento, con lo cual se hubiese dejado en indefensión a la supuesta víctima, indicando que a ese fin presentó como precedente contradictorio la Sentencia Constitucional 1054/2006-R de 23; iii. Falta de valoración y correcta resolución a la violación del art. 342 del CPP, porque el Tribunal de alzada no habría respondido a la denuncia de que en el auto de apertura no se fijaron los puntos de hecho a ser probados; iv. Falta de valoración de los arts. 323 y 335 del CPP, indicando que no se resolvió sobre la situación jurídica del imputado Raúl Moreno Zaconeta; v) Incorrecta valoración del art. 325 del CPP, indicando que no se pronunciaron sobre la denuncia de la no realización de la audiencia conclusiva; y, vi) Finalmente denuncia falta de valoración y resolución de los arts. 330 y 334, porque no se habría pronunciado respecto a la vulneración de los principios de inmediación y continuidad.


II.2.Del recurso de casación de los representantes de la Cámara de Diputados.


Indican que el Estado se halla excluido del pago de costas y honorarios profesionales, a no ser que se vulnere derechos fundamentales de las personas, indicando que esa situación no habría ocurrido en el caso de autos; por lo que, denuncian que el Tribunal de alzada se habría alejado del art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamental y del Decreto Supremo 23215, disposiciones que excluirían de la condenación de costas al Estado, sus instituciones centrales, descentralizadas, autonómicas y organismos del nivel central y autonómico, en procesos judiciales o administrativos en general y de cualquier naturaleza jurídica en los que interviene, al efecto cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 18/2014 de 07 de febrero.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.11 de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se considera que los plazos procesales fueron dejados en suspenso por Auto de 22 de enero de 2015 de fs. 2783, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mientras se tramite el incidente de Extinción de la Acción Penal por prescripción, que fue resuelto en apelación incidental mediante Resolución notificada a los recurrentes el 16 de diciembre de 2015 y 5 de abril de 2016, conforme se observa en las diligencias de fs. 3116 y 3117, interponiéndose los recursos de casación el 1 abril de 2015 y 6 de abril de 2016; es decir, dentro de los cinco días hábiles que otorga la ley, habida cuenta que incluso el primero fue presentado antes de la suspensión de plazos, por lo que corresponde verificar la concurrencia de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Del recurso de casación de Héctor Antonio Solares Maymura.


Como primer motivo, el recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido hubiere incurrido en una serie de contradicciones que son detalladas en los puntos i), iii) y iv) del acápite II.1.a) de la presente resolución, referidas a una supuesta condición de Diputado Nacional, a la exclusión del proceso de Raúl Moreno Zaconeta, y, a uno supuestos reclamos que hubiese efectuado con relación a la audiencia conclusiva qué nunca se efectivizó; pese a que esta Sala Penal a través del Auto Supremo 438/2014-RRC de 11 de septiembre, se hubiese pronunciado respecto a esos temas, por lo que asumiéndose que dicho fallo constituye el precedente a los fines de efectuarse la labor de contraste, corresponde verificar, en, el fondo si evidentemente el Tribunal de alzada incurrió en. las contradicciones ampliamente descritas por el recurrente.


Se deja constancia que el tema descrito en el punto ii) relativo a una declaración testifical, no será abordada en el fondo, al no hacerse referencia alguna a precedente contradictorio, menos a la precisa contradicción con el fallo impugnado conforme la exigencia establecida por el art. 417 del CPP.


En el segundo motivo, el recurrente denuncia incongruencia omisiva, indicando que el Tribunal de alzada no hubiera dado respuesta a las denuncias de: i) Errónea valoración en la adecuación de la conducta a los elementos constitutivos de los tipos penales 146 y 150; ii) Errónea valoración y violación de los arts. 76 y 78 del CPP; iii) Falta de valoración y correcta resolución a la violación del art. 342 del CPP, porque el Tribunal de alzada no habría respondido a la denuncia de que el auto de apertura no habría fijado los puntos de hecho a ser probados; iv) Falta de valoración de los arts. 323 y 335 del CPP, indicando que no se resolvió sobre la situación jurídica del imputado Raúl Moreno Zaconeta; v) Incorrecta valoración del art. 325 del CPP, por no pronunciarse sobre la denuncia de la no realización de la audiencia conclusiva; y, vi) sobre la falta de valoración y resolución de los arts. 330 y 334, por no pronunciarse sobre la vulneración de los principios de inmediación y continuidad; al efecto, se observa que de manera muy sucinta indica que no se habría dado cumplimiento al Auto Supremo 438/2014-RRC de 11 de septiembre, emitido con anterioridad en la presente causa; por lo que, con la finalidad de verificar si la resolución recurrida dio cumplimiento al referido Auto Supremo, se debe ingresar al análisis de fondo de este motivo, habida cuenta que estos mismos aspectos fueron denunciados en el anterior recurso de apelación y que el referido precedente los declaró fundados a tiempo de ordenar se corrijan esos aspectos.


IV.2. Del recurso de casación de la Honorable Cámara de Diputados.


En este recurso, los representantes de la citada Cámara denuncian que es ilegal la determinación asumida por el Tribunal de alzada de condenar a la Cámara de Diputados al pago de costas procesales a favor del imputado Williams Gustavo Paniagua Yepes, que fue declarado absuelto de pena y culpa de los delitos acusados, señalando que esa determinación es reñida con el art. 39 de la Ley SAFCO, Ley de Administración y Control Gubernamental (LACG); además, del art. 52 del DS 23215.


En el planteamiento se verifica que los recurrentes citan una serie de Sentencias Constitucionales que de acuerdo a lo establecido por esta Sala Penal, no constituyen precedentes contradictorios a los fines de la formulación del recurso de casación, sin que tampoco ostente esa calidad el Auto Supremo 1812014 de 7 de febrero, al haber sido emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo, pues debe tenerse en cuenta que de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 416 y 419 del CPP, sólo tienen calidad de precedentes contradictorios los Autos de Vista dictados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos emitidos por esta Sala Penal.


Sin embargo, este Tribunal no puede soslayar que el planteamiento que hace la parte recurrente tiene que ver con una posible ilegalidad en la orden de pago de costas de la Cámara de Diputados a favor de uno de los absueltos, proveyendo la base normativa que funda su reclamo, por lo que en consideración al principio de legalidad en el que se sustenta entre otros, la jurisdicción ordinario conforme lo dispuesto por el art. 180.1 del CPE, resulta pertinente aperturar la competencia de este Tribunal a fin de determinar si la decisión asumida por el Tribunal de alzada se ajusta a las normas vigentes.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Héctor Antonio Solares Maymura de fs. 2802 a 2821, en los límites señalados precedentemente [II.1.a) incs. i), iii) y iv)]; y, por los representantes de la Cámara de Diputados, cursante de fs. 3153 a 3161 vta. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA