TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 632/2016-RRC

Sucre, 23 de agosto de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 38/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Erwin Sánchez Freking

Delito                        : Uso de Instrumento Falsificado

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 15 de febrero y 8 de abril de 2016, cursantes de fs. 1647 a 1654 vta. y fs. 1661 a 1675 vta., Raúl Paniagua Coca y Erlan Paniagua Coca, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 2 de 14 de enero de 2016, de fs. 1634 a 1641, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Erwin Sánchez Freking, por la presunta comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del Código Penal (CP).


I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 09/13 de 5 de marzo de 2013 (fs. 1159 a 1191 vta.), el Juez Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; declaró al imputado Erwin Sánchez Freking, autor de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión, más el pago de costas y responsabilidad civil a calificarse en ejecución de sentencia, siendo concedido el beneficio del Perdón Judicial.


b) Contra la mencionada Sentencia, presentaron recursos de apelación restringida, el imputado Erwin Sánchez Freking (fs. 1202 a 1218) y el querellante Raúl Paniagua Coca (fs. 1220 a 1221), adhiriéndose a ambos recursos Erlan Paniagua Coca (fs. 1231 a 1233 vta.); resueltos por Auto de Vista 219 de 11 de diciembre de 2013 (fs. 1396 a 1402), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 100/2014-RRC de 7 de abril (fs. 1465 a 1471 vta.), fallo contra el que, Raúl y Erlan ambos Paniagua Coca, interpusieron Acción de Amparo Constitucional cuya tutela fue concedida por Resolución 360/2014 de 8 de octubre y aprobada por Sentencia Constitucional Plurinacional 0413/2015-S1 de 30 de abril; en cuyo mérito, se emitió el Auto Supremo 568/2015-RRC de 4 de septiembre (fs. 1622 a 1630), que dejó sin efecto el Auto de Vista 219 de 11 de diciembre de 2013; es así, que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó el Auto de Vista 2 de 14 de enero de 2016 (fs. 1634 a 1641), que declaró admisible y procedente el recurso de apelación restringida interpuesta por el imputado; por ende, anuló totalmente la Sentencia apelada y dispuso la reposición del juicio ante otro Juez llamado por Ley; además, declaró admisibles e improcedentes la apelación y adhesión de los querellantes, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación.


De los recursos de casación interpuestos y del Auto Supremo 476/2016-RA de 24 de junio, se extraen los motivos a ser analizados en la presente resolución:


I.1.1.1. Del recurso de casación de Raúl Paniagua Coca.


El recurrente refiere que la doctrina legal en la que se basa la decisión de alzada, era absolutamente inaplicable al caso, puesto que en el Auto Supremo 679 de 17 de diciembre de 2010, el acto de protocolización no fue tachado de falso, nunca se atacó la veracidad o no de la comparecencia de los suscribientes del formulario de reconocimiento de firmas ni la protocolización, sino que el hecho falso consistía en la adulteración de superficie del terreno objeto de la venta; empero, en el caso presente, el hecho es completamente distinto, referido a que una persona muerta supuestamente fue a una Notaría a firmar y participar de un acto jurídico de reconocimiento de firmas de una minuta falsa, persona que conforme consta en la prueba desfilada en juicio, murió el 30 de mayo de 2002 y resulta que aparece el 21 de septiembre de 2004 firmando el reconocimiento de firmas de la falsa minuta de venta de su casa; resultando notoria la omisión de análisis del presupuesto fáctico que dio origen a la citada doctrina, la cual se refería al supuesto de simple adulteración de la minuta en sí (superficie del predio), pero jamás de simulación de un acto notarial completamente falso, en el que la vendedora Isabel Banegas, jamás compareció y pudo reconocer sus firmas, debido a que ya había fallecido, conllevando mayor afectación al bien jurídico como es la fe pública.


Consiguientemente, el razonamiento de que se haya tratado de un simple documento privado no tiene el menor asidero jurídico, pues jamás fue así, ya que no se acusó una “modificación de la superficie de ningún predio”, sino que se acusó y condenó en primera instancia, la simulación de una falsa venta con una vendedora que no estaba viva, extremo que era de conocimiento del imputado y su esposa; en consecuencia, del fallo queda completamente claro que se trató de un documento público falso como es el formulario notarial en el que falsamente apareció como viva una persona muerta, que además fue publicitado en la Alcaldía, Catastro Urbano y Derechos Reales, llegando a ganar y percibir alquileres ilícitos, lo cual fue delatado por el mismo Auto de Vista recurrido, cuando citó las pruebas de cargo y señaló “fs. 24 (documento público de reconocimiento de firmas)”.


Por lo expuesto, acusa que el Tribunal de apelación violó la previsión de los arts. 416 y 420 del CPP; por cuanto, para activar la casación se debe invocar un precedente contradictorio “ante una situación de hecho similar”; es decir, que para aplicar una doctrina legal, se debe aplicar el mismo sentido o razonamiento legal, que será vinculante en el marco el art. 420 in fine citado, solo si se tratan de hechos en esa misma identidad fáctica, pero jamás como en el precedente, que es una doctrina legal impertinente a los hechos motivos de juzgamiento y con el único afán de acompañar la falsificación de documento público, invocando como causal la previsión del art. 363 inc. 3) del CPP; es decir, que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no participó en el.


I.1.1.2. Del recurso de casación de Erlan Paniagua Coca.


a) El Tribunal inferior, aplicó erróneamente el Auto Supremo 679 de 17 de diciembre de 2010, debido a que contiene supuestos fácticos totalmente distintos a los del presente caso, incurriendo en los mismos errores y defectos de manera deliberada del Auto de Vista 219 de 11 de diciembre de 2013, al aplicar nuevamente la citada Resolución, pese a haber sido advertido por el Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo 568/2015-RRC de 04 de septiembre y el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0413/2015-S1 de 30 de abril; por cuanto, en los hechos que dieron lugar al Auto Supremo 679, no el acto de protocolización no fue tachado de falso, sino que el hecho falso consistía en la adulteración de la superficie del terreno de la venta; empero, en el caso presente, se cuestiona el hecho que una persona muerta haya ido a firmar a una notaría y participar en un acto jurídico de reconcomiendo de firmas, lo que constituye una falsedad totalmente distinta, pues evidentemente se trata de un documento público, así lo expresó el Juez a momento de dictar la Sentencia.


b) El Tribunal de apelación, se refirió a la extinción de la acción penal del tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado, sin considerar que el acusado, ya planteó este aspecto, el que fue rechazado por el Juez de Sentencia decisión que no impugnó en su momento, pues al parecer conocía que era indefendible y no existían argumentos para desvirtuar el fallo, más aun tomando en cuenta lo manifestado en relación a ello por el Auto Supremo 400 de 18 de agosto de 2003, que establecido el carácter permanente del tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado, manteniéndolo entre los ilícitos exentos de la institución de la prescripción, resultando dicho pronunciamiento totalmente ilegal; por cuanto, no se hallaba en discusión en la apelación restringida; por lo que, mal pudieron extralimitarse a ello, en desmedro de lo establecido en el Auto Supremo 568/2015-RRC de 4 de septiembre referente al art. 398 del CPP.


c) En el fallo recurrido se argumentó que, habiéndose declarado la prescripción de los delitos de Falsedad Material y de Falsedad Ideológica, decisión que no fue apelada por él, habría consentido implícitamente la inexistencia de dicho delito; por lo que, no encontrándose probados dichos ilícitos, el debate del juicio no permitió la probanza de la falsedad y por lo tanto, regiría el principio de que “toda falsedad debe ser declarada judicialmente”. Al respecto aclara que respecto al delito de Uso de Instrumento Falsificado no operó la prescripción y tampoco fue objeto de impugnación por parte del imputado, permaneciendo incólume hasta su juzgamiento, habiéndose realizado dentro del juicio el análisis del documento incriminado de falso, en base a la prueba legalmente incorporada al juicio, determinando así su falsedad, más allá de que resulta por demás evidente la imposibilidad de que una persona muerta pueda firmar cualquier tipo de documento; entonces, el documento fue declaro falso judicialmente, a través de una Sentencia penal de condena, en base a criterios objetivos deducidos racionalmente de las pruebas legalmente incorporadas al juicio y no de manera extrajudicial o en base a presunciones antojadizas. Asimismo, el razonamiento del Tribunal de alzada no es concebible por cuanto el delito de Uso de Instrumento Falsificado no depende de otros delitos, conforme a lo manifestado por el Auto Supremo 411/2014-RRC de 03 de septiembre, del cual se evidencia claramente que no es necesaria condena previa por delito de falsedad para configurar el tipo penal referido.


d) Con relación al fundamento del Auto de Vista recurrido, sobre la existencia de una deuda que creó una relación jurídica con anterioridad a la pretendida comisión del hecho delictivo, situación que constituye un antecedente de suma relevancia a los efectos de determinar la presencia o ausencia del elemento subjetivo referido al dolo en la conducta del sujeto activo, traducida en el ánimo de causar perjuicio, en base a lo cual concluyó que el Juez inferior debió verificar si existió dolo y el ánimo de causar perjuicio en el actuar del acusado, situación omitida por el Juez inferior, el recurrente advierte que el Tribunal de alzada vuelve a confundir los elementos constitutivos del tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado al afirmar que sería un requisito la presencia del ánimo de causar perjuicio, confundiendo el mismo con el concepto de dolo, siendo que los elementos constitutivos del tipo penal están definidos expresamente en el art. 203 del CP. Al respecto, cita el Auto Supremo 411/2014-RRC de 3 de septiembre, de cuyo contenido infiere que el daño o perjuicio no constituye un requisito para configurar el tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado; y, en lo relativo a la existencia del dolo, es evidente que el que a sabiendas usa un documento falso o adulterado está actuando con dolo, al tener conocimiento de la falsedad y actúa con voluntad, extremo que fue probado de forma suficiente y con prueba relevante que el acusado al momento de usar el documento tenía conocimiento de que las ideas insertas en él eran falsas; en consecuencia, el argumento del Tribunal de apelación, constituye una revalorización de pruebas, que intenta cambiar los hechos, afectando los principios de inmediación y contradicción, así como el derecho al debido proceso, con el afán de dejar impune al acusado. Cita el Auto Supremo 256/2015-RRC de 10 de abril, sosteniendo que al haberse demostrado el dolo y al existir perjuicio, pese a no ser requisito indispensable para constituir el tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado, resulta innecesaria la decisión de ordenar un reenvío.


e) El Auto de Vista cuestionado, menciona que no se valoró las pruebas testificales y documentales para luego contradictoriamente concluir que incurrió a la vez en “valoración defectuosa de la prueba”, también que “(…) donde se evidencia la existencia de una deuda que creó una relación jurídica con anterioridad a la pretendida comisión el hecho delictivo, (…)” (sic), dando por sentado la existencia de una deuda que nunca existió y que el acusado jamás pudo probar en juicio resultando dicha aseveración totalmente irrelevante para calificar su conducta; igualmente, se refirió a las declaraciones de descargo de Nery, René, Luis todos Paniagua Banegas, Shirley Patricia Paniagua Lino y Nelly Heidy Paniagua Loma de Sánchez, sobre el pago total de una deuda de préstamo concedida por el Banco Mercantil a favor de Benjamín Paniagua Banegas, pretendiendo a título de observar el error de valoración, dar una nueva valoración sin precisar cuál la causa del error en la apreciación de las pruebas; es decir, de qué forma se violentó las reglas de la sana crítica para declarar ese defecto y además arrogarse una valoración de lo que supuestamente pasó con el acusado.


Por otra parte, sobre el hecho de que el Tribunal decida anular el juicio, cita el Auto Supremo 344 de 15 de junio de 2011, de cuyo contenido asevera que el Tribunal de alzada no está facultado a anular una sentencia que fue correcta y debidamente emitida, entrando a revisar cuestiones de hecho; sin embargo, en el presente caso los argumentos plasmado en el Auto de Vista impugnado, se dirigieron a revisar cuestiones de hecho, al no existir cuestiones de derecho que influyeron en la parte resolutiva de la misma, intentando cambiar los hechos tenidos como probados por el Juez de manera correcta en la Sentencia, afectando así los principios de inmediación y contradicción, como el derecho al debido proceso, mismo fundamento con el que cita el Auto Supremo 568/2015-RRC de 4 de septiembre.


I.1.2. Petitorios.


Con los antecedentes señalados, ambos recurrentes piden se admitan sus recursos, y deliberado en el fondo se declaren procedentes los mismos y se disponga la nulidad del Auto de Vista recurrido y los autos complementarios, para que se emita otro Auto de Vista aplicando la doctrina legal vigente en cuanto a la prohibición  de anular el juicio ilegalmente y la ilegal interpretación del art. 203 del CP.   


I.2. Admisión de los recursos.


Mediante Auto Supremo 476/2016-RA de 24 de junio, cursante de fs. 1685 a 1691, se determinó la admisión del primer motivo del recurso de casación de Raúl Paniagua Coca, y los incs. i), ii), iii), iv) y v), del recurso de casación interpuesto por Erlan Paniagua Coca. 

  

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Juzgado Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó la Sentencia 09/13 de 5 de marzo de 2013, declarando al imputado Erwin Sánchez Freking, autor de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, condenándolo con la pena de dos años, más el pago de costas y responsabilidad civil a calificarse en ejecución de sentencia, siendo concedido el beneficio del Perdón Judicial; fallo que se basa en los siguientes fundamentos:


1) Por el Certificado de Defunción, se habría comprobado que Isabel Banegas Coca, fallece el 30 de mayo del 2002, de modo que cualquier negocio jurídico o vínculo contractual posterior a esa fecha, en el que figure el nombre de la señora Banegas, es un hecho inverosímil; sin embargo, el inmueble de la Av. Viedma 465, fue transferido el 21 de septiembre de 2004, a favor del acusado Erwin Sánchez Freking, situación que está probada por la documental “PD3, PD5 y PD8”, que demuestra la introducción de hechos e ideas falsas en un documento, si bien la forma del documento es verdadera; empero, contiene declaraciones falsas que hacen aparecer como verdaderos hechos que no han ocurrido o han ocurrido de un modo diferente, concluyendo en consecuencia que el referido documento contiene ideas falsas.


2) El imputado conocía del fallecimiento de la vendedora, extremo acreditado por la declaración de su esposa, quien indicó que le tenía mucho cariño, y que sabe que falleció la misma al haber asistido junto con su esposo (el imputado) al sepelio de quien fuera su abuela paterna Isabel Banegas Coca, por lo que no se puede alegar desconocimiento de este hecho. A su vez, los testigos Moisés Yamil Chamon e Ingrid Paola Hurtado Coronado, señalan haber visto al imputado firmar el documento de transferencia, quien se encontraba acompañado de su esposa, elementos que acreditarían que el imputado Erwin Sánchez Freking, tenía pleno conocimiento en primer lugar del fallecimiento de Isabel Banegas Coca, y por ende, el contenido del documento de transferencia; es decir, que estaba comprando un bien inmueble de una persona fallecida, desplegando con dicha acción, la inserción en un documento, de una declaración falsa que luego pasó al protocolo; asimismo, se conoce la trayectoria del profesional del imputado, quien salió a prestar sus servicios en el exterior del territorio nacional, lo que hace innegable que tiene conocimiento de situaciones contractuales.


3) Las firmas insertas en el documento de transferencia de 21 de septiembre de 2004 y la del protocolo, pertenecen al imputado Erwin Sánchez Freking, aspecto corroborado por la declaración del Perito y la prueba documental “PD11” de fs. 197 a 244, que indican que las firmas consignadas en los documentos de transferencia provienen de la autoría de Erwin Sánchez Freking.


4) Indistintamente que la firma de la vendedora haya sido determinada por esta pericia, ya que el documento no puede ser firmado por una persona fallecida, este sólo hecho, implica la falsedad de las ideas insertas en estos documentos; desde el momento de su elaboración, el documento de transferencia ya contenía información no verás; es decir, es ideológicamente falso.


5) El referido documento falso habría sido utilizado, para registrar su derecho propietario en Derechos Reales, el imputado no efectuó el referido trámite, pero sabía que la vendedora estaba muerta, usó el documento privado de transferencia, consintiendo su protocolización, y el uso no quedó ahí, sino que en busca del perfeccionamiento de su derecho propietario, el documento protocolizado fue usado para el pago del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles y los trámites administrativos para la obtención del plano catastral, plano de uso de suelo, lo que acredita que el instrumento falsificado está siendo usado por el imputado Erwin Sánchez Freking, culminando con la inscripción correspondiente en Derechos Reales, siendo actual propietario del inmueble objeto de la transferencia.


6) Producido el fallecimiento de Isabel Banegas Coca, los herederos de la de cujus adquieren la posesión de la herencia y para ejercer este derecho es necesaria la apertura del juicio sucesorio respecto de la masa hereditaria, encontrándose dentro de ella el inmueble ubicado en la Av. Viedma 465 de Santa Cruz, que se encuentra en estado de indivisión, mientras no se realice la declaratoria de herederos y su correspondiente partición, y para el caso de que uno de los coherederos falleciera, en este caso Benjamín Paniagua Banegas, quien falleció el 9 de julio de 1999, dejando herederos, éstos ingresan y tendrán derecho en el acervo hereditario de Isabel Banegas Coca, y de no considerarlos se les estaría causando perjuicio a estas personas; es decir, que con la suscripción de la transferencia, se está perjudicando a los herederos de Benjamín Paniagua, ya que no recibirían su alícuota parte que les pertenece por estirpe, concurriendo así el elemento de causar perjuicio del tipo penal de uso de instrumento falsificado.


7) “Se habla de sesión de derechos hereditarios, en el caso presente reitero estos contratos ha sido realizados posteriormente a la suscripción del documento de transferencia efectuado por la difunta Isabel Banegas Coca en fecha 21 de septiembre del año 2004 ya que el caso analizado está referido a reprochar conductas anteriores a estos actos el cual versa sobre el uso de instrumento falsificado” (sic).


II.2.  De las apelaciones restringidas.


II.2.1. Recurso de apelación restringida de Erwin Sánchez Freking.


El acusado formuló recurso de apelación restringida, planteando en síntesis entre sus agravios, los siguientes aspectos:


a) Denuncia inobservancia o errónea aplicación de la Ley (art. 370 inc. 1 del CPP), indicando que se habrían vulnerado garantías y derechos a la seguridad jurídica, legalidad, igualdad y legítima defensa, además de los derechos al debido proceso y presunción de inocencia; para fundamentar este agravio, el recurrente inicialmente realiza una relación de los antecedentes consistentes en las querellas presentadas en su contra, la conversión de acción y los fundamentos de la Sentencia que dan por probada la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, cuestionando que no se realizó el análisis para determinar si el instrumento supuestamente adulterado es de carácter público o de orden privado, a los efectos de la calificación del hecho y de la graduación de la pena, requisito que a su criterio debe ser analizado previamente, conforme lo habrían establecido los Autos Supremos 150 de 7 de abril de 1997 y 679 de 17 de diciembre de 2010, que señalan que la Minuta a la que por acuerdo de partes se le otorga la calidad de escritura privada y que es reconocido en sus firmas, ostenta la naturaleza de documento privado, porque no reúne los requisitos señalados en el art. 1287 del Código Civil (CC), razón por la cual consideró que el Juez de Sentencia, al calificar el tipo penal, inobservó la norma y aplicó erróneamente la ley sustantiva y fijó erróneamente la pena; al respecto, solicitó que el Tribunal de alzada proceda a reparar el defecto y lo declare absuelto de pena y culpa.


b) Agregó que la errónea aplicación también se hizo evidente, puesto que la falsedad no debe ser presumida, sino probada judicialmente, y que en el caso analizado, si bien fue acusado por los delitos de falsedad material y Falsedad ideológica; empero, estos delitos fueron excluidos del proceso por la vía del instituto de la extinción por prescripción, de tal manera que al no haber sido juzgados dichos delitos, no fueron probados los mismos, y al no estar judicialmente declarada la falsedad del documento incriminado, menos podía probarse la existencia del delito de Uso de Instrumento o Documento Falsificado, conforme a la doctrina legal establecida en los Autos Supremos 236/2007 de 7 de marzo, 241/2006 de 6 de julio y 450/2004 de 19 de agosto, referidos a la no revalorización de la prueba, y también el Auto de Vista 372 de febrero de 1999, que considera que el delito de Uso de Instrumento Falsificado está ligado a los delitos de Falsedad Material e Ideológica y no goza de autonomía propia, por lo que el Juez de Sentencia, al haber presumido la falsedad del documento incriminado, incurrió en errónea aplicación de la ley adjetiva.


c) De otro lado, denunció la vulneración de las reglas de la sana crítica, al considerar probado que su persona tenía conocimiento de la falsedad del documento con reconocimiento de firmas y de las ideas insertas en dicho documento, cuando recién en octubre de 2009, con el inicio de la presente acción, tuvo conocimiento sobre el cuestionamiento del contrato privado e instrumento público referido, que dos meses después fue demandado de nulidad por su persona, acción que beneficia a los acusadores particulares, quienes podrán invocar sus derechos que consideran vulnerados.


d) Asimismo, señala que el origen de los hechos tuvo que ver con un crédito en mora a nombre de Benjamín Paniagua Banegas, que fue garantizado con el inmueble ubicado en la Av. Viedma de propiedad de Isabel Paniagua Coca, por cuya razón la entidad bancaria procedió a ejecutar la misma y para evitar el remate, ante el pedido de los familiares estando trabajando en Portugal, mediante débito de su cuenta procedió a pagar la deuda; en forma posterior los familiares y herederos decidieron honrar la deuda, aceptando de su parte, con la única condición de que la titulación le fuera entregada al día, encomendándose los trámites a Rubén Paniagua Banegas, quien debería realizar la declaratoria de herederos y posterior titulación; sin embargo, el mismo omitió el trámite y realizó directamente la minuta de transferencia, en cuya elaboración y uso no fue parte.


e)Con la cita de Sentencias Constitucionales referidas a los delitos instantáneos y permanentes, señaló que su actuar no fue dañoso o de peligro y que no se prolongó en el tiempo como señaló el Juez que sustanció el juicio.


f) La Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales; al respecto, hizo referencia a la declaración de Moisés Yamil Chamón Salces, que fue corroborada por Ingrid Paola Hurtado Coronado, quienes señalaron que se apersonó ante la Notaría solamente en compañía de su esposa; asimismo, cuestionó la admisión de la declaración testifical de Carlos Ramiro Oporto, Mayor de Policía, quien se refirió a un trabajo pericial realizado fuera  del ámbito del presente juicio que fue convertido de acción penal pública a privada, en transgresión de los arts. 204 y siguientes en relación al 349, ambos del CPP, concluyendo sobre la base de esos antecedentes que la Sentencia condenatoria se basó en prueba pericial efectuada fuera del presente proceso, pues si bien fue designado perito en el proceso penal público, en el presente sólo participó como testigo de cargo y no como perito designado por el Juez de Sentencia, ni se fijaron puntos de pericia y plazo de presentación, razón por la que considera ilegal la introducción a juicio del Dictamen Pericial Grafotécnico 169/2009.


g) Finalmente, denunció fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, remitiéndose a los antecedentes que dieron origen al proceso, para señalar que debió aplicarse el principio de in dubio pro reo, por existir duda razonable a su favor; además, reiteró sus argumentos referidos a la prescripción de los delitos de Falsedad Material e Ideológica, y a la imposibilidad de consumación del delito de Uso de Instrumento Falsificado que no goza de autonomía propia.


II.2.1. De la apelación restringida de Raúl Paniagua Coca.


El acusador Raúl Paniagua Coca, interpuso recurso de apelación restringida, en lo que respecta únicamente al quantum de la pena, solicitando al Tribunal de alzada que directamente imponga el máximo de la pena. Adhiriéndose a ambas apelaciones el coacusado Erlan Paniagua Coca.    

 

II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 2 de 14 de enero de 2016, declarando admisible y procedente la apelación restringida interpuesta por el acusado Erwin Sánchez Freking; consiguientemente, anuló totalmente la Sentencia de fs. 1159 a 1191 vta., ordenando la reposición de juicio por otro juez llamado por ley; admisibles e improcedentes la apelación restringida interpuesta por Raúl Paniagua Coca y la adhesión de Erlan Paniagua Coca; y admisible e improcedente la apelación incidental interpuesta contra la resolución que rechazó la extinción de la acción penal por duración máxima.


A los fines de resolver el presente recurso a continuación se extraen los argumentos siguientes:


Inicialmente señala que para que se configure el delito de Uso de Instrumento Falsificado, necesariamente deben concurrir dos elementos, que a decir del acusado son: un elemento objetivo, que consiste en la falsedad del documento o de su contenido, estableciendo además que la referida nulidad debe ser declarada judicialmente; y el segundo elemento es subjetivo, consistente en el conocimiento de la falsedad del documento, además del ánimo de causar perjuicio (dolo).


a) Respecto a la falta de determinación, en relación a que si el documento supuestamente alterado es de orden público o privado, señaló que el Juez de sentencia no habría fundamentado, ni especificado, sobre la clase de documento falsificado que fue usado por el acusado, indicando que tanto la Minuta de Trasferencia, el Documento de Reconocimiento de Firmas, como el Protocolo de Testimonio no se encontrarían dentro de la categoría de documentos públicos, y que la protocolización de una minuta privada, no convierte al documento en público, conforme lo establece el A.S. 679 de 17 de diciembre de 2010, por lo que a criterio del Tribunal de alzada, de haberse comprobado la concurrencia de todos los elementos del tipo penal, correspondía relacionar el delito acusado Uso de Instrumento Falsificado- con el delito de Falsificación de Documento Privado, y no así con los delitos de Falsedad Material o Falsedad Ideológica, por lo que concluye que el Juez de mérito incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva y valoración defectuosa de la prueba, además de falta de fundamentación de la sentencia, establecidos en los arts. 370 incs. 1 y 5, además de constituir un defecto absoluto previsto por el art. 169. 3) ambos establecidos en el CPP, al mismo tiempo da a entender que si hubiera incurrido el dolo en la falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado privado, estarían ampliamente prescrito, de conformidad al art. 29 inc. 3 del CPP; al respecto también indica que el a quo no habría determinado cual fue el último momento de su consumación, simplemente lo declaró como permanente, siendo que el referido delito sería también sujeto de prescripción.  


b) Sobre el segundo motivo, reitera que toda falsedad debe ser declarada judicialmente, por lo que señala que el Juez a quo, procedió de manera incorrecta a pronunciar una sentencia condenatoria, incurriendo en defectos previstos en los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP, por errónea aplicación de la ley sustantiva y valoración defectuosa de la prueba, por haber valorado de manera defectuosa la prueba producida en juicio, concluyendo que el Juez de mérito no habría encuadrado su razonamiento a las reglas de la sana crítica, porque al valorar la prueba testifical y documental, solo habría realizado una mención expresa, superficial, subjetiva y literal de la prueba; al efecto el Tribunal de apelación evidencia que existe una deuda anterior que creó una relación jurídica con anterioridad a la pretendida comisión del hecho delictivo, antecedente que considera de relevancia a los efectos de determinar si existió o no el dolo en la conducta del sujeto activo, traducida la misma en el ánimo de causar perjuicio, señalando que las testificales de descargo condicen con la documental de descargo signada como “PD2” que demuestra que se débito la suma de setenta y ocho mil setecientos dieciocho dólares americanos del banco Mercantil, monto con el cual se canceló el préstamo Nº 1104453, prueba que habría sido valorada defectuosamente por el Juez de mérito, por no señalar que la mencionada prueba acredita o desacredita el hecho, concluyendo que esa omisión constituye valoración defectuosa de la prueba, previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, concluyendo que el inferior en grado estaba en el deber de verificar si existió dolo y el ánimo de causar perjuicio en el actuar del acusado.


c) Por lo que concluye que no se habría realizado la fundamentación intelectiva.


d) Respecto al quantum de la pena concluye que no se puede pedir concurso, cuando el juicio solo se realizó por un solo delito, al haberse declarado extinguidos los otros dos delitos acusados, resolución que no fue recurrida por la parte acusadora.


II.4. Del Auto de Vista complementario.   


Respecto a la Explicación, complementación, y enmienda interpuesta por Raúl Paniagua Coca, mediante Auto de 21 de enero (fs. 1645 y vta.), a Tribunal de alzada aclara que los Autos Supremos 679 y 150 fueron citados sólo con la intensión de aclarar sobre la calidad de un documento, es decir explicar cuando es público y cuando es de orden privado.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente proceso ambos acusadores presentaron sus recursos a su turno, en cuyo mérito corresponde analizar y resolver los motivos contenidos en ambos, conforme los límites establecidos en el Auto de Admisión 476/2016-RA de 24 de junio; a cuyo fin, antes de identificar los entendimientos asumidos en los precedentes invocados por los recurrentes y el análisis particular de cada recurso, resulta menester efectuar una precisión sobre la labor de contraste en el recurso de casación por parte del Tribunal Supremo.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y, c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.


III.2. En cuanto a la denuncia de aplicación errónea del Auto Supremo 679 de 17 de diciembre de 2010.


A efectos de resolver el recurso de casación formulado por Raúl Paniagua Coca y el primer motivo del interpuesto por Erlan Paniagua Coca, es preciso señalar que ambos son similares, por lo que se ingresa a resolverlos de manera conjunta; es así, que los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada, aplicó de manera indebida la doctrina legal del Auto Supremo 679 de 17 de diciembre de 2010, porque a decir de los acusadores esa doctrina se habría emitido en situaciones fácticas diferentes a las que motivan la presente causa penal; al efecto, citan como precedentes contradictorios el mismo Auto Supremo sindicado de impertinente y el Auto Supremo 568/2015-RRC de 4 de septiembre, emitido con anterioridad por esta Sala Penal en la presente causa.

El primer precedente, fue emitido dentro de un proceso seguido por el delito de Falsedad Material y otros, en el cual la extinta Corte Suprema de Justicia, estableció que los Tribunales inferiores realizaron una mala calificación de los tipos penales, concluyendo que la conducta de los incriminados estaba prevista por el art. 200 del CP, indicando que a los efectos de subsumir los hechos a los tipos penales de Falsedad Material, Falsedad ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previamente se debe determinar si el instrumento alterado es de carácter público o privado, a efectos de calificar el hecho o graduar la pena; con ese razonamiento, dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, estableciendo como doctrina legal aplicable la siguiente: “…Frente a la calificación del hecho endilgado a un delito en la querella, es responsabilidad del a quo tratándose de delitos de falsificación de documentos realizar un análisis y determinar si el instrumento alterado es de carácter público o de orden privado a los efectos de la calificación del hecho.


De acuerdo a la dogmática penal, una minuta, a la que se otorga por acuerdo de partes en una de sus cláusulas la calidad de escritura privada y estando a su vez reconocida, ostenta sin lugar a duda la naturaleza indiscutible de documento privado porque no reúne los requisitos señalados en el artículo 1287 del Código Civil, y artículos 1, 22, 23, 24 y 25 de la Ley del Notariado. En consecuencia, el tipo adecuado para el presente caso de falsedad es el tipificado en el artículo 200 del Código Penal y no el 198 del Código Penal, como falsa y erróneamente fue tipificado, dado que una protocolización no convierte un documento privado en público, tenida cuenta que la protocolización según el derecho notarial tiene peculiares efectos”. 


El segundo precedente, fue pronunciado dentro del presente proceso, como consecuencia de un anterior recurso de casación, estableciendo el siguiente entendimiento ante la denuncia de uso del Tribunal de alzada del Auto Supremo 679 de 17 de diciembre de 2010 con supuestos fácticos ajenos: “(…) de la revisión del Auto de Vista recurrido contemplado en síntesis en el acápite II.3 de la presente Resolución, se desprende que el Tribunal de alzada a momento de dar respuesta al primer punto apelado en cuanto al precedente erróneamente aplicado, según los recurrentes, indica entre otros aspectos: `A.S. 679 de 17 de Diciembre del 2010 en la Doctrina Legal Aplicable de manera contundente dice: que la protocolización de una minuta privada, no convierte al documento en público; por lo que la conducta del incriminado en caso de haberse comprobado la concurrencia de todos los elementos del delito y del tipo penal, sería relacionado con el art. 200 del Código Penal (Falsificación de documento privado) y no así en los Arts. 198 (Falsedad  Material) ni 199 (Falsedad ideológica) del mismo compilado legal. Como consecuencia del análisis precedente´ (sic), concluyendo que el Juez de instancia incurrió claramente en errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 370 inc. 1 del CPP).


Argumento del cual evidentemente se extraña el análisis fundamentado del Tribunal de alzada sobre el porqué correspondía la aplicación del Auto Supremo 679 de 17 de diciembre de 2010, limitándose a indicar una parte de la doctrina legal que contiene el mismo al señalar que: `la protocolización de una minuta privada, no convierte al documento en público´, para luego concluir abruptamente en que hubo errónea aplicación de la ley sustantiva, sin referirse en absoluto a los supuestos fácticos que lo llevan a esta conclusión, precisamente a efectos de dar respuesta clara y precisa al apelante, que ampara su agravio formulado en el citado precedente, pues debe considerarse que la doctrina legal aplicable contenida en el precedente citado fue establecida en un caso en el cual se procedió a la venta de inmuebles con base a un documento en el que se adulteró la superficie total, siendo empleado posteriormente en reparticiones públicas, en tanto que el presente caso versa sobre la transferencia de un bien realizada en un fecha posterior al fallecimiento de la vendedora; sin soslayar, que el análisis del Juez de Sentencia se tradujo en cinco conclusiones destacando que el imputado no sólo al momento de la suscripción del documento de reconocimiento de firma de 21 de septiembre de 2004, tenía conocimiento de la falsedad del documento, sino también que el imputado al firmar el protocolo de 14 de diciembre del mismo año, que se tradujo en el instrumento 4085/04 sabía que las ideas insertas en dicho documento eran falsas”, con base al análisis glosado, esta Sala Penal de manera puntual y categórica concluyó que ante la falta de similitud fáctica resultaba inaplicable el Auto Supremo 679/2010.


Ahora bien, no obstante la conclusión asumida por esta Sala, de la revisión de los antecedentes, se verifica que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida formulada por el imputado Erwin Sánchez Freking, relativo específicamente a la denuncia referida al análisis para la determinación si el instrumento supuestamente alterado es de carácter público o de orden privado, nuevamente acudió a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 679 de 17 de diciembre de 2010, para concluir que el Juez de Sentencia incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva y valoración defectuosa de la prueba, así como en falta de fundamentación de la sentencia, lo que denota no solamente una contradicción evidente con los precedentes, sino también una notoria inobservancia del Tribunal de alzada a una determinación asumida por esta Sala que conforme las previsiones del art. 420.II del CPP, es de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores, cuando dispone que: “La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá ser modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, lo que implica, que el cumplimiento de los fallos de este Tribunal, no está sujeto o reatado a la circunstancialidad o a la voluntad de las autoridades jurisdiccionales, sino que es el resultado de una estructura procesal recursiva, como de la vigencia de los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que son base de la jurisdicción ordinaria, desprendiéndose del contenido del art. 419.II del propio CPP, un entendimiento básico, sin lugar a interpretaciones, que se trata de la insoslayable obligación de parte de Jueces o Tribunales inferiores, de cumplir con los razonamientos jurídicos y la doctrina establecida en un Auto Supremo, ello en la circunstancia que se identifiquen hechos fácticos análogos o similares, así como tal obligación se ve visiblemente amplificada cuando un Auto Supremo deje sin efecto un Auto de Vista recurrido de casación y ordene el pronunciamiento de un nuevo, bajo los entendimiento de la doctrina legal emergente de un Auto Supremo; de modo que una omisión de naturaleza contraria a la expuesta, importa el incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal; en cuyo mérito, el motivo planteado por los recurrentes resulta fundado, sin que la explicación efectuada por el Tribunal de alzada a través del Auto de 21 de enero de 2015 -pronunciado en mérito a la solicitud de explicación, complementación y enmienda-, en sentido de que el Auto Supremo 679, fue citado con la intención de aclarar sobre la calidad del documento, tenga el mérito de desvirtuar el análisis efectuado en el presente motivo. 


III.3.   Respecto a la denuncia de pronunciamiento ultra petita.


En el segundo motivo de su recurso de casación, el recurrente Erlan Paniagua Coca denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en una actuación ultra petita, al hacer referencia  a la prescripción del delito de Uso de Instrumento Falsificado, cuando dicho aspecto ni fue puesto en discusión en el recurso de apelación restringida; al respecto, es menester precisar que la incongruencia constituye un desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, generando a su vez una verdadera denegación del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una modificación sustancial de los términos en los que fueron planteados los términos de los recursos, resultando que la incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido.


En ese sentido, el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial, precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del recurso delimitado por el petitum, de modo que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio los alcances de la solicitud, pues el tribunal se estaría pronunciando sin oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi. A este fin, el art. 398 del mismo adjetivo penal señala que: "Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución".


Con esa puntualización, se tiene que el recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 568/2015-RRC de 4 de septiembre, emitido en esta causa con anterioridad, que en su parte pertinente estableció que de conformidad al art. 398 del CPP, la competencia del Tribunal de alzada se halla delimitada únicamente a los aspectos cuestionados en el recurso de apelación restringida.


En el caso de autos, de la revisión minuciosa del Auto de Vista recurrido, se tiene que al resolver el primer motivo de la apelación restringida por el imputado, el Tribunal de alzada luego de concluir en la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva y valoración defectuosa de la prueba, así como en falta de fundamentación de la sentencia conforme los defectos previstos por el art. 370 incs. 1 y 5 del CPP, agregó: “si hipotéticamente hubiera concurrido los elementos del tipo (dolo), de falsificación de Documento Privado y consiguientemente Uso de Instrumento Falsificado, estaría ampliamente prescrito conforme al Art. 29 Inc. 3 del C.P.P.,” (sic); cuando de la revisión del recurso de apelación restringida interpuesta por el imputado, se evidencia que esa cuestión no fue denunciada, lo que demuestra que el Tribunal de alzada actuó de forma ultra petita, al introducir una cuestión no planteada por las partes y ajenas de este modo a la relación jurídico-procesal, en contradicción con el Auto Supremo citado como contradictorio, al haberse pronunciado incluso en términos hipotéticos sobre una eventual prescripción del delito de Uso de Instrumento Falsificado, situación que conforme señala la parte recurrente no fue denunciada en apelación restringida, máxime si se evidencia que el imputado opuso incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, ante cuyo rechazo formuló apelación incidental que fue declarada improcedente por el Auto de Vista recurrido.


En consecuencia, al concluirse que la actuación del Tribunal de alzada es impertinente y oficiosa, en inobservancia del art. 398 del CPP, este motivo deviene en fundado.


III.4. Con relación al criterio asumido por el Tribunal de alzada en cuanto a los delitos de falsedad y uso de instrumento falsificado.


En el tercer motivo de su recurso de casación, Erlan Paniagua Coca denuncia que es errada la determinación del Auto de Vista impugnado, en sentido que previamente se tendría que probar la falsedad de un documento, para demostrar la concurrencia del delito de Uso de Instrumento falsificado, siendo que a criterio del recurrente este último delito es independiente de los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica; al efecto, cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 411/2014-RRC de 3 de septiembre.

El referido precedente, fue emitido dentro de un proceso seguido por el delito de Falsedad Ideológica y otros, estableciendo esta Sala el siguiente criterio respecto a la temática planteada en el recurso de casación sujeto al presente análisis: “(…) el principio de legalidad en materia penal, obliga a los juzgadores a someterse a la voluntad de la ley y en esa sumisión deben emitir resoluciones realizando una tarea objetiva de subsunción que evidencie ecuánimemente, el encuadramiento perfecto sin lugar a dudas de las conductas antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal. Se vulnera este principio, cuando el juez al aplicar un tipo penal o imponer una sanción, se aparta del tenor del precepto o cuando la aplicación de un determinado precepto obedezca a interpretaciones manifiestamente irrazonables e incompatibles con el ordenamiento legal, que obviamente desconoce derechos y garantías constitucionales, entre estos el debido proceso y la seguridad jurídica; asimismo, dentro de la labor de control ejercido por el Tribunal de alzada corresponde verificar si, según los hechos acaecidos, la conducta de los acusados pueden ser subsumidos en el tipo penal acusado, fundamentando los motivos por los cuales arribó a esa conclusión; bajo tales parámetros se advierte que el Tribunal de apelación confirmó la resolución del Tribunal de Sentencia de Uncía que determinó que la prueba producida en juicio no fue suficiente para generar convicción sobre la culpabilidad de los encausados, en especial por no haberse probado la existencia de daño o perjuicio, elemento constitutivo de los tipos penales de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, señalando la independencia de ambos tipos que no debía ser confundida por el recurrente que visualizaba una aparente dependencia, reiterando el Tribunal de alzada, que el elemento perjuicio no se demostró para la adecuación de la conducta de la parte imputada al delito de Falsedad Ideológica como tampoco al de Uso de Instrumento Falsificado, concluyendo que la decisión asumida por el tribunal de juicio no podía ser objetada porque se ingresaría en una revalorización de la prueba.


En el caso de autos, se evidencia que tanto en el Tribunal de Sentencia de Uncía y la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, coinciden en el hecho de que no existió un daño y perjuicio, que se hubiera ocasionado con la aprobación de la planilla Nº 1 de avance de obras por parte de los acusados, el mismo día de la suscripción del contrato; sin embargo, la doctrina penal establece que el tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado es considerado como un delito de mera actividad conforme lo señala la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1424/2013 de 14 de agosto, que estableció: `…por regla genérica, todo tipo penal gira en torno a un elemento central, que es la conducta típica o verbo rector del tipo, que justamente es la acción humana exterior evitable que se considera lesiva a un determinado bien jurídico protegido (Ej. En el homicidio es matar, en el hurto apoderarse ilegítimamente, en la falsedad material forjar en todo o en parte un documento público), motivo por el que la primera clasificación relevante gira en torno a las modalidades de la acción típica, distinguiéndose los delitos de pura actividad y los de resultado, pues la acción puede ir o no seguida de un resultado separable espacio-temporalmente de la conducta. En los delitos de mera actividad, no existe dicha separación, pues al no existir la causación de un resultado, el verbo rector del tipo se agota con la sola realización de la conducta, razón por la que la determinación del tiempo y lugar del delito no presenta mayores problemas en esta clase de delitos (Ej. Allanamiento del domicilio o sus dependencias, amenazas).


En contrapartida se tienen los delitos de resultado, en los cuales existe la causación de un resultado que es separable espacio-temporalmente de la conducta, pues se consumen el momento en que el autor ha alcanzado el resultado típico (v.gr. En el homicidio la acción puede ser disparar, acuchillar, estrangular, y el resultado típico es la muerte). Ahora bien, tanto los delitos de pura actividad como los de resultado pueden dividirse en instantáneos y permanentes según que la actividad o resultado determinen la aparición de una situación lesiva al bien jurídico de cierta duración o no; los primeros, se consumen al instante, sin crearse una situación lesiva duradera en el tiempo, mientras que los segundos suponen el mantenimiento de una situación lesiva por voluntad del autor, por lo que el delito se sigue consumando hasta que abandona la situación (v.gr. Secuestro, desaparición forzada de personas, reducción a la esclavitud o estado análogo). Cabe resaltar que la situación lesiva permanente está delimitada por las características del tipo penal en concreto, y no así por la existencia de un concurso ideal homogéneo o los efectos indirectos del tipo penal.


En esa línea argumentativa, se establece que el tipo penal de uso de instrumento falsificado (art. 203 del CP), es un delito de pura actividad e instantáneo, pues éste se consuma el momento en que el autor hace uso de un documento falso o adulterado, esto es, con la sola realización de la conducta, razón por la que es erróneo sostener que se trate de un delito permanente, ya que se confunde la posibilidad de estar frente a un concurso ideal homogéneo (el documento falso o adulterado puede ser utilizado sucesivamente) con la conducta típica sancionada (hacer uso del documento), que como se dijo se agota con la pura actividad y de manera instantánea…`  (el resaltado es propio).


Cabe precisar que, en los delitos de pura actividad, el legislador penal redacta una acción sin resultado físico, material, hecho que no significa que no haya un desvalor de resultado, en el cual el delito se consuma cuando se produce la actividad; es decir, con la utilización del documento falso de modo que exista la posibilidad de causar un perjuicio, independientemente se logre o no un resultado; en este tipo penal los bienes jurídicos que se tratan de proteger resultan ser bienes jurídicos inmateriales como son -el honor, la imagen, fe pública entre otros-además que son esencialmente dolosos, resultando importante determinar el propósito, el ánimo, el móvil del sujeto así como la consecuencia o posible consecuencia de la conducta del agente para poder determinar si hay responsabilidad penal. Los delitos de falsedad se configuran como delitos de mera actividad, en los que no se pena la efectiva lesión del bien jurídico tutelado sino su mera puesta en peligro”.


Más adelante agregó: “Debe comprenderse que la norma penal sólo puede motivar y amenazar de una forma general con una pena, comportamientos objetivamente peligrosos y realizados más allá del riesgo permitido. Así los tratadistas Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y Luis Arroyo Zapatero, en su libro `Lecciones de Derecho Penal Parte General´ (pág. 141) refieren: `Solo es objetivamente imputable un resultado por una acción humana cuando dicha acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado, que se ha realizado en el resultado típico…´; en los tipos penales de falsedades contenidos en el Libro Segundo, Título IV, capítulo III del Código Penal no se requiere la producción de un daño y perjuicio efectivo, es por ello que resulta exigente un estudio profundo de cada uno de los elementos del tipo analizado con relación al hecho delictivo en particular para poder establecer la culpabilidad sobre una persona, así como de aquellos supuestos que hacen determinar la voluntad del sujeto activo para actuar; el art. 203 del CP, señala: `El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad´,  en principio, este precepto penal, incluido dentro de las normas penales que protegen el bien jurídico, Fe Pública, tiene estrecha relación con los diferentes tipos penales de falsedad previstos en el capítulo relativo a la `Falsificación de Documentos en General´ del Código Penal, tiene como verbo rector del tipo penal, hacer uso del documento falso con conocimiento de su falsedad; el referido precepto normativo penal está dirigido a castigar precisamente la conducta de agentes que no han intervenido en la elaboración del documento falso, pero que hacen uso de él, de ahí que no puede existir, por ejemplo, concurso de los delitos de falsedad (sea material o ideológica) con el uso de dicho documento, porque a la conducta del agente que labró el documento, no le alcanza el tipo penal de Uso, esta figura penal está dirigido exclusivamente a la conducta del tercero que no intervino en el forjado, pero que utilizó un documento falso, teniendo conocimiento que no era auténtico o verdadero.


Ahora bien, teniendo presente que este tipo de delito es de pura actividad e intantáneo que se agota con la simple actividad, como señaló la SCP 1424/2013 de 14 de agosto antes citada, quienes pongan en tráfico jurídico un documento falso, es decir lo utilicen, cometen este delito sin ser necesario que prospere un daño o perjuicio, por ejemplo si una persona utiliza un documento falso para obtener algún beneficio económico y en el interin se percatan de la falsedad del documento e impiden la efectividad del daño o perjuicio al tercero, esa simple actividad ya configura el tipo penal de uso de instrumento falsificado, no puede soslayarse que esa conducta ha tenido una finalidad, lo contrario implicaría que cualquiera libremente utilice documentos falsos y solo sean punibles cuando exista un daño real; de lo expuesto, se colige que resulta suficiente poner en peligro el bien jurídico protegido. Sobre la misma temática, el profesor español Francisco Muñoz Conde, comentando este delito, también previsto en la legislación española con similares características a la nuestra, señala: `La falsificación de un documento desemboca naturalmente en su uso. Por eso, si el uso es llevado a cabo por el propio falsificador, es un acto posterior impune.


El Código castiga el uso llevado a cabo por el no falsificador si es para perjudicar a otro o si lo presenta en juicio. La primera modalidad se incrimina en razón del perjuicio económico que puede causarse.´ (Derecho Penal Parte Especial, pag. 706).


Por su parte, el tratadista Carlos Creus, en su obra `Derecho Penal-Parte Especial´ Tomo 2, pág. 473, haciendo referencia a la conducta típica de este delito señaló: `Es la de hacer uso, es decir utilizar el documento o certificado falso en cualquier acto (público o privado) de acuerdo con su destino probatorio; requiere una actividad que puede revertir sobre derechos de un tercero no la constituye la mera tenencia del documento o certificado- empleándolo con propiedad, es decir de acuerdo con la finalidad del documento o certificado (p. ej. no lo sería, el exhibir el falso documento por vanagloria o un falso certificado médico con fines de maledicencia), presentándolo a las autoridades para su registración, intentando hacer efectivo los derechos que emanaría de él por vía jurisdiccional o privada, etcétera´,  de otro lado respecto al perjuicio manifestó: `El peligro de perjuicio o el perjuicio tiene que provenir del modo como se utilice el documento o certificado, ya que si se los usa de un modo que no es el que pueda originarlos, tales resultados no serían atribuibles a la conducta del autor, con lo cual se quebraría la hilación conducta-resultado que configura la acción típica”.


En armonía con el fallo glosado precedentemente, sobre el desarrollo del delito de Uso de Instrumento Falsificado, ya el Auto Supremo 055/2014-RRC de 24 de febrero, estimó que: “…este precepto penal, incluido dentro de las normas penales que protegen el bien jurídico Fe Pública, tiene estrecha relación con los diferentes tipos penales de falsedad previstos en el capítulo relativo a la Falsificación de Documentos en General del Código Penal, a saber: Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado y Falsedad Ideológica en Certificado Médico, pues el verbo rector del tipo penal es hacer uso de un documento falso, lo que remite necesariamente a los delitos señalados. Sin embargo, esta remisión no importa, como condición o elemento configurativo del tipo penal, que previamente se acredite la autoría del documento falso en cuestión y menos que el autor del delito de Uso de Instrumento Falsificado sea condenado previamente o al mismo tiempo, como autor de la falsedad; es decir, del forjado del documento falso o adulterado, pues el referido precepto normativo penal, está dirigido a castigar precisamente la conducta de agentes que no han intervenido en la elaboración del documento falso, pero que hacen uso de él, de ahí que no puede existir, por ejemplo, concurso de los delitos de falsedad (sea material o ideológica) con el uso de dicho documento, porque a la conducta del agente que labró el documento, no le alcanza el tipo penal de Uso. Esto es, porque la condición configurativa del tipo penal de los delitos de falsedad es el perjuicio, por tanto, el mismo tipo penal ya encierra o cubre la conducta de utilización del documento falso; al contrario, el tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado está dirigido exclusivamente a la conducta del tercero que no intervino en el forjado, pero que utilizó un documento falso, teniendo conocimiento que no era auténtico o verdadero.


Analizado el caso de autos, se observa que el Auto de Vista recurrido, al resolver el segundo motivo de apelación restringida y previa referencia a la resolución judicial que admitió la excepción de extinción de la acción penal por prescripción respecto a los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica, dejó constancia que la parte acusadora no interpuso recurso de apelación incidental, lo que significa que dicha resolución quedó ejecutoriada, por lo que estando declarados prescritos los delitos previstos por los arts. 198 y 188 del CP, no se habría llegado a establecer judicialmente la falsedad del documento al que supuestamente le habría dado uso el acusado, no bastando la simple apreciación, aseveración o declaración de la parte sobre la falsedad material o ideológica del documento en cuestión; al respecto, el Tribunal de alzada, en primer término no tomó en cuenta que la jurisprudencia con relación al delito de Uso de Instrumento Falsificado, conforme la glosa cursante en los párrafos anteriores, ha sostenido que su juzgamiento y posterior sanción, no tiene como condición o elemento configurativo del tipo penal, que de forma previa se acredite la autoría del documento falso en cuestión y menos que el autor del delito de Uso de Instrumento Falsificado sea condenado previamente o al mismo tiempo, como autor de la falsedad, teniendo en cuenta que si bien resulta constatable que en el caso de autos se declaró la prescripción de la acción penal por la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Falsedad Material, dicha determinación judicial únicamente afecta al ejercicio de la acción penal al constituir una causal de extinción en términos de la asignación de responsabilidad penal al presunto autor, sin que ello implique la inexistencia del hecho, pues en segundo término, el Tribunal de alzada soslayó en el análisis del motivo alegado en apelación restringida, un elemento que fue destacado por el Juez de Sentencia y que resulta claro, preciso y fundamentalmente acorde al sentido común, en sentido de que un documento de transferencia como el que motiva la presente causa, no podía ser suscrito o firmado por una persona fallecida, cuyo deceso además era de conocimiento del imputado; lo que implica, como sostuvo el juez de origen la falsedad de las ideas insertas en el documento cuestionado; deviniendo en fundado este motivo.


III.5. Sobre la denuncia de confusión de los elementos constitutivos del delito de Uso de Instrumento Falsificado.

En el cuarto motivo, Erlan Paniagua Coca cuestiona que es impertinente la consideración por parte del Tribunal de apelación sobre la existencia de una deuda anterior, que resultaría en su criterio trascendental para determinar la concurrencia del elemento subjetivo del dolo en la conducta del acusado, con lo cual en el planteamiento del recurrente se estuviera confundiendo el dolo con la intención de causar perjuicio, invocando al respecto los Autos Supremos 411/2014-RRC de 3 de septiembre y 256/2015-RRC de 10 de abril.


El primer precedente fue emitido dentro de un proceso seguido por el delito de Falsedad Ideológica y otros, el cual ya fue objeto de análisis en el anterior motivo y que estableció sustancialmente que el delito de Uso de Instrumento Falsificado, es un delito de pura actividad además de ser de carácter instantáneo, que se consume en el momento en que el autor hace uso de un documento falso o adulterado, independientemente se logre o no un resultado; en tanto que el Auto Supremo 256/2015-RRC de 10 de abril, refiriéndose sobre los tipos penales de falsedad con relación al de Uso de Instrumento Falsificado, expresó: “Éste máximo Tribunal de Justicia, emitió un criterio en el Auto Supremo 055/2014-RRC de 24 de febrero, referido a los tipos penales de Falsedad Material y sus variantes en relación al de Uso de Instrumento falsificado,  que es imprescindible reiterar en la presente resolución, a fin de sentar doctrina legal de cumplimiento obligatorio. En ese contexto, se tiene que el tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado, cuyo precepto legal está incluido dentro de las normas penales que protegen el bien jurídico Fe Pública, tiene estrecha relación con los diferentes tipos penales de falsedad previstos en el capítulo relativo a la `Falsificación de Documentos en General´ del Código Penal, a saber: Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado y Falsedad Ideológica en Certificado Médico, pues el verbo rector del tipo penal es hacer uso de un documento falso, lo que remite necesariamente a los delitos señalados. Sin embargo, esta remisión no importa, como condición o elemento configurativo del tipo penal, que previamente se acredite la autoría del documento falso en cuestión y menos que el autor del delito de Uso de Instrumento Falsificado sea condenado previamente o al mismo tiempo, como autor de la falsedad; es decir, del forjado del documento falso o adulterado, pues el referido precepto normativo penal, está dirigido a castigar precisamente la conducta de agentes que no han intervenido en la elaboración del documento falso, pero que hacen uso de él, de ahí que no puede existir, por ejemplo, concurso de los delitos de falsedad (sea material o ideológica) con el uso de dicho documento, porque a la conducta del agente que labró el documento, no le alcanza el tipo penal de Uso. Esto es, porque la condición configurativa del tipo penal de los delitos de falsedad es el perjuicio, por tanto, el mismo tipo penal ya encierra o cubre la conducta de utilización del documento falso; al contrario, el tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado está dirigido exclusivamente a la conducta del tercero que no intervino en el forjado, pero que utilizó un documento falso, teniendo conocimiento que no era auténtico o verdadero.


Este entendimiento tiene su base legal en el mismo tipo penal del art. 203 del Código Penal Boliviano que señala: `El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad.´ La última idea, da cuenta de todo lo que hasta ahora se ha dicho, pues claramente la norma prescribe: `…como si fuere autor de la falsedad´, luego, la propia norma descarta que el sujeto activo de este tipo penal, sea la misma persona que forjó ese documento, en conclusión, no se puede sancionar al mismo sujeto, como autor de un delito de Falsedad y también de Uso”.


En el caso de autos, se advierte que el Tribunal de alzada efectuando el análisis del tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado, sostiene que son dos los elementos para que se configure el citado delito; por un lado, uno objetivo, consistente en la falsedad del documento o de su contenido, que debe ser judicialmente declarada; y, otro subjetivo, consistente en el conocimiento de la falsedad y el ánimo de causar perjuicio; en ese contexto, haciendo referencia a la existencia de una deuda que creó una situación jurídica con anterioridad a la pretendida comisión del hecho delictivo, el Tribunal de alzada asigna a esta situación un antecedente de suma relevancia a los efectos de determinar la presencia o ausencia del dolo en el imputado traducida en el ánimo de causar perjuicio; incurriendo en la confusión alegada por el recurrente, por cuanto el delito de Uso de Instrumento Falsificado conforme se advierte de toda la jurisprudencia glosada en el presente fallo, emitida tanto por este Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, es un delito de pura actividad e instantáneo, de modo que al no existir la causación de un resultado, el verbo rector del tipo se agota con la sola realización de la conducta; soslayando además, conforme se precisó en el acápite anterior, el análisis efectuado por el Juez de sentencia, del cual se extrae por un lado, que la supuesta vendedora Isabel Banegas Coca a la fecha de la supuesta suscripción de transferencia de un inmueble al imputado, estaba muerta y no podía dar su consentimiento, destacando que la única condición para que un documento sea verídico, es que su texto o mensaje escrito se adecue fielmente al mensaje ideal, de modo que lo que exprese sea exactamente lo que debe proclamar, extremo no ocurrido en el caso de autos, por cuanto el documento en cuestión no podía haber sido suscrito por una persona muerta, lo que denota la falsedad del documento empleando las reglas básicas del sentido común; y sin considerar, que el Juez de origen también estableció, resultado de la actividad probatoria en el acto de juicio, que el imputado conocía del fallecimiento de la supuesta vendedora con anterioridad a la suscripción del documento en cuestión, para su posterior uso en el tráfico dirigido al perfeccionamiento de su derecho propietario, deviniendo en consecuencia fundado el presente motivo. 


III.6. Con relación a la denuncia de revalorización por parte del Tribunal de alzada.


Finalmente, el recurrente Erlan Paniagua Coca, como quinto motivo denuncia que el Tribunal de apelación habría revalorizado prueba, al determinar que con anterioridad a la pretendida comisión del hecho delictivo existía una deuda, refiriéndose a las testificales de descargo, que reflejarían el pago de la deuda al banco, sin precisar cuál sería la causa del error en la apreciación de las pruebas, señalando que esa situación sería contradictoria a los Autos Supremos 344 de 15 de junio de 2011 y 568/2015-RRC de 4 de septiembre.


El primer precedente fue emitido dentro de un proceso seguido por el delito de Instigación Pública a Delinquir y otros, en el cual la ex Corte Suprema de Justicia, constató que el Tribunal de alzada anuló una Sentencia que fue dictada de manera clara, precisa y coherente, que condenó a los acusados con los elementos suficientes, individualizando a cada uno y atribuyéndoles la responsabilidad penal que les correspondía, por lo que anuló el Auto de Vista recurrido, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “El Tribunal de Alzada no está legalmente facultado para anular una Sentencia que fue correcta y debidamente emitida, con individualización de los procesados y determinación de la correspondiente responsabilidad penal atribuible; y menos es competente en ese caso, para ordenar la reposición del juicio; que conllevaría una inoficiosa retardación de justicia; debiendo el Tribunal de Apelación en su caso, aplicar el contenido del art. 414 del Código de Procedimiento Penal, en sentido de que si existieran errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no se anulará la Sentencia, pero serán corregidos, así como los errores u omisiones formales; pudiendo el Tribunal de Apelación efectuar una fundamentación complementaria, sin anular la Sentencia”.


El segundo precedente es el que fue emitido en el caso de autos, que resolvió el mismo motivo y anuló el anterior Auto de Vista, en los siguientes términos: “…En esa dirección de larga data y ya constituida postura, los Tribunales de apelación al momento de tomar conocimiento de las resoluciones en apelación restringida, no pueden revalorizar la prueba de instancia, ni modificar la situación jurídica de los imputados de absuelto a culpable y/o viceversa….


(…)


En el caso de autos, los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada a través de la valoración de la prueba de `cinco testigos de descargo y una de cargo´ (sic), pretende a título de observar error de valoración, dar una nueva valoración, sin precisar cuál la causa del error en la apelación de las pruebas, de qué forma se violentó las reglas de la sana crítica, arrogándose una valoración de lo que supuestamente pasó con el acusado, pese a que la norma penal proscribe la valoración de la prueba, pues quien tiene la competencia jurisdiccional para el conocimiento directo de la prueba, es el Tribunal de juicio y no el Tribunal de alzada, ya que sus integrantes jamás vieron ni escucharon a los testigos, no sabiendo todo lo que dijeron.


Continúan su argumentación, señalando que la actuación del Tribunal de alzada es contraria a la previsión de los arts. 329 y 330, siendo que esa labor no constituye una facultad prevista por el art. 413 in fine, ni de rectificación conforme el art. 414 del CPP; al contrario, se decidió darle crédito aislado a los testigos del imputado, en desmedro de la prueba de cargo, llegando a una antojadiza presunción de que se trató del pago de una deuda y que ello habría sido consentido por su padre, lo que no es aceptable, ya que no existe un sólo elemento probatorio en ese sentido, constituyendo lo señalado por el Tribunal de alzada una transcripción ciega de lo expresado por el acusado en su defensa.


Esta absolución directa del acusado, no señala cuál de las vertientes del art. 363 inc. 3) del CPP, se aplica y porqué de la decisión, frente al hecho de que el imputado se valió de un documento falso para hacerse propietario vía compraventa con una persona muerta, de toda una propiedad, que les correspondía en igualdad de condiciones.


En cuanto a este motivo se tiene que conforme se desarrolló en el acápite II.3. de la presente Resolución, referido al Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada al dilucidar el agravio del apelante sobre la labor de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Sentencia; inicialmente extrañó la concurrencia del elemento objetivo y subjetivo del dolo en el tipo penal atribuido, advirtiendo que el Juzgador incurrió en valoración defectuosa de la prueba, observando la relación jurídica existente anterior al hecho delictivo, situación que para el Tribunal de alzada resultaba relevante para determinar la existencia de dolo, para ello es que el Tribunal de alzada hizo alusión a las atestaciones prestadas en el caso de autos `incidiendo´ que son uniformes y contestes, sobre el hecho de que el imputado dio dinero para el pago de una deuda contraída por Benjamín Paniagua Banegas, con el fin de evitar el remate del inmueble, aspecto consentido por sus hermanos (incluido el padre de los hoy acusadores Rubén Paniagua Banegas), quien conocía de la suscripción de la minuta, dichas declaraciones resultarían coincidentes con la documental consistente en la nota que autorizó el débito para el pago del préstamo, además del comprobante de amortización, extremos que para el Tribunal de alzada demostraron el ánimo de suscribir la minuta de transferencia, en compensación a una deuda pendiente y cuya cancelación quedó debidamente acreditada por la testifical y documental de descargo, que no fue valorada por el Juez de Sentencia.


Este conjunto de argumentos y afirmaciones denotan una valoración efectuada por el Tribunal de alzada del acervo probatorio, desconociendo que esta atribución corresponde al Tribunal de Sentencia en resguardo del principio de inmediación, más cuando llegó inclusive a concluir que por las circunstancias anotadas se habría desvirtuado la existencia de dolo en la conducta del acusado; puesto que de acuerdo al art. 398 del CPP su competencia se halla delimitada únicamente a los aspectos cuestionados en el recurso de apelación restringida como medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la emisión de sentencia, no así para revalorizar pruebas o revisar cuestiones de hecho, como aconteció en el caso de autos, en vulneración del debido proceso, puesto que si un Tribunal de alzada advierte que en el proceso hubo incorrecta valoración de pruebas, debe en su caso anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal en aplicación de lo determinado por el art. 413 del CPP, que claramente dispone: `Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal”.


Ahora bien, a los fines de resolver este motivo, debe agregarse que en los casos en los que se denuncie defectuosa valoración de la prueba como defecto de Sentencia, la norma habilitante es el inc. 6) del art. 370 del CPP, que debe encontrarse vinculada a la infracción del art. 173 del mismo cuerpo legal; es decir, a la vulneración de las reglas de la sana crítica, que son aquellas que conoce el hombre común (sentido común conocimiento adquirido por cualquier persona de forma espontánea como verdad irrefutable); las reglas de la ciencia, entre las cuales la más aplicada es la de la psicología, que en el caso del juzgador requiere conocimientos mínimos (se aplican cuando el juzgador observa comportamientos); además de las reglas de la lógica (la lógica de lo razonable); las reglas de la identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente, para crear un razonamiento debidamente estructurado. Lo que implica, que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar información necesaria que posibilite identificar cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente; de modo que únicamente  planteado en esos términos el recurso, es posible el control sobre la valoración de la prueba, control que debe ser ejercitado sobre la logicidad de la Sentencia, teniendo como circunscripción lo argumentado en el recurso.


Resultando en el caso de autos, de la revisión del Auto de Vista recurrido, que el Tribunal de alzada al resolver la denuncia de valoración defectuosa de la prueba, estableció que el Juez de Sentencia no valoró las pruebas testificales y documentales, que evidencian en su análisis la existencia de una deuda que creó una relación jurídica con anterioridad a la pretendida comisión del hecho delictuoso, constituyendo este un antecedente, en criterio del Tribunal de apelación, de suma relevancia a los afectos de determinar la presencia o ausencia del elemento subjetivo referido al dolo en la conducta del imputado; en tal sentido, se tienen en la afirmación del Tribunal de apelación- las declaraciones de los testigos de descargo NERY PANIAGUA BANEGAS, RENE PANIAGUA BANEGAS, EZEQUIEL PANIAGUA ANEGAS, LUIS PANIAGUA BANEGAS, SHIRLEY PATRICIA PANIAGUA LINO y NELLY HEIDY PANIAGUA LOMA DE SANCHEZ, para luego de hacer referencia a un depósito bancario y el pago total de un préstamo, destacar que el Juez de sentencia refirió que le asignó el valor correspondiente, pero no señaló qué hechos acreditó o desacreditó dicha valoración; por lo que se evidencia tal como refiere el recurrente, que el Tribunal de alzada no estableció de manera precisa y fundada cuál el error en la apreciación de las pruebas, es decir de qué forma se vulneraron las reglas de la sana crítica para concluir en la existencia del defecto previsto por el art. 370.6) del CPP, incurriendo en contradicción con los precedentes invocados, al asumir la existencia de aspectos fácticos que emergerían de determinadas pruebas, ejerciendo una labor vinculada a la prueba cuya ponderación corresponde privativamente a los jueces y tribunales competentes para sustanciar el acto de juicio, resultando en consecuencia también fundado el presente motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Erlan Paniagua Coca y Raúl Paniagua Coca; en consecuencia DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 2 de 14 de enero de 2016, disponiendo que el Tribunal de alzada, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nueva resolución observando la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17. IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Civil Gonzalo Rojas Segales en Suplencia Legal

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA