TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 628/2016-RRC

Sucre, 23 de agosto de 2016


Expediente        : La Paz 28/2016

Parte Acusadora        : Oscar Antonio Cruz Llanos

Parte Imputada        :        Demetrio Alejandro Maldonado Noya

Delitos        : Apropiación Indebida y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO

Por memorial presentado el 3 de febrero de 2016, cursante de fs. 330 a 334 vta., Oscar Antonio Cruz Llanos, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 94/2015 de 9 de diciembre, de fs. 325 a 326 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los Vocales Elías Fernando Ganam Cortez y Rubén Ramírez Conde,  dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente en representación legal de OSMAN SRL. SOCIEDAD COMERCIAL contra Demetrio Alejandro Maldonado Noya, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP).

I.  DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 30/2015 de 1 de julio (fs. 188 a 194), el Juez Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró al imputado Demetrio Alejandro Maldonado Noya, autor de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, imponiéndole la pena de tres años y tres meses de reclusión, con costas y resarcimiento de daños.

b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Demetrio Alejandro Maldonado Noya, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 215 a 223), resuelto por Auto de Vista 94/2015 de 9 de diciembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible el recurso planteado y anuló totalmente la Sentencia impugnada, disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, lo que motivó la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 368/2016-RA de 24 de mayo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución,  conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) El recurrente sostiene que no obstante haber demostrado en juicio oral, público y contradictorio con prueba plena, la autoría del imputado en la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, siendo inclusive que la doctrina legal aplicable estableció que dicha conducta se subsume a los tipos penales referidos; sin embargo, el Auto de Vista recurrido dispuso la anulación de la Sentencia y repuso el juicio, bajo el argumento que no se habrían cumplido todos los elementos constitutivos de los tipos penales atribuidos, dado que la Apropiación Indebida está condicionada al provecho para sí o un tercero, circunstancia que no hubiere dado cumplimiento, tomando en cuenta que el acusado formaría parte de la Sociedad, y de similar forma en cuanto al Abuso de Confianza, respecto del cual se señaló que no se demostró el daño ocasionado, más al contrario, “este delito menciona de retener como dueño lo recibido por título posesorio, siendo que el acusado formaría parte de la sociedad” (sic); puesto que, la víctima OSMAN SRL es una persona jurídica representada por Oscar Cruz Llanos; por lo tanto, si el imputado es o no socio de la misma y si tiene un porcentaje de cuotas de capital en ella, es totalmente irrelevante; habida cuenta, que el único que puede tomar decisiones sobre la administración y disposición de bienes de la sociedad es su administrador, es más cualquier división de la sociedad, debe hacérsela en Asamblea de Socios y no arbitrariamente como lo hizo el procesado.


Agrega, que en cuanto al elemento constitutivo de la Apropiación Indebida relativo al provecho, se demostró con documentación y prueba idónea, que la mercadería se entregó de manera personal a Demetrio Alejandro Maldonado Noya y que el producto de su venta aún continúa en su poder, sin que hasta ahora hubiere devuelto ese dinero a la Sociedad, extremos que demuestran que este elemento del tipo no se encuentra ausente.


Y respecto al Abuso de Confianza, alega que el Auto de Vista señaló que no se demostró el daño causado, extremo falso ya que las pruebas judicializadas en juicio oral acreditaron las transferencias interbancarias internacionales realizadas en sumas grandes de dinero, lo cual obviamente no se pudo recuperar, ya que los productos se encuentran en posesión del imputado, quien hasta el presente se rehúsa a devolverlo, lo cual sin duda provocó un gran perjuicio económico a la Empresa que actualmente está quebrada y sin movimiento alguno. En calidad de precedente contradictorio, invoca el Auto Supremo 134/2013-RRC de 20 de mayo, cuya doctrina legal otorga los elementos constitutivos de ambos tipos penales.


2) Añade que, de otro lado la Resolución de alzada anuló la Sentencia, porque no se habría valorado la prueba de manera correcta, en particular la Escritura Pública 307/2012 de Constitución de la Sociedad OSMAN SRL, sin demostrar que dicha omisión valorativa ocasiona un verdadero perjuicio al fallo, cuando además sí se procedió a dicha valoración, pues durante la tramitación del juicio siempre se manifestó que el acusado es socio de la empresa; empero, dicha condición no le otorga la posibilidad de disponer arbitrariamente de los bienes de la Empresa, ni mucho menos apropiárselos en su provecho para sí mismo.


Alega que, a más de lo señalado el acusado no ofreció prueba alguna dentro de los plazos procesales; por lo que, mal ahora se podría indicar que no se valoraron pruebas que ni siquiera fueron ofrecidas por su parte, ya que de ocasionar un perjuicio, la supuesta falta de valoración de la prueba, sería en contra de la parte querellante que ofreció la misma y no así del acusado; en consecuencia, no existiría perjuicio al ser prueba de cargo y no de descargo, y en todo caso, su valoración no cambiaría el fondo de la decisión asumida en la Sentencia. Labor que sin duda, no puede ser ejercida por el Tribunal de alzada, tal como se estableció en el Auto Supremo 251/2012-RRC, pese a lo cual lo hizo, otorgando un determinado valor al Testimonio aludido, para establecer que el imputado sería socio, justificando dicha calidad para anular la Sentencia. En cuanto, a la doctrina legal aplicable al caso de nulidad, invoca los Autos Supremos 107/2005 y 408/2013.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se anule el Auto de Vista impugnado y se ordene el pronunciamiento de uno nuevo, con costas.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 368/2016-RA de 24 de mayo, cursante de fs. 347 a 349 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Oscar Antonio Cruz Llanos, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 30/2015 de 1 de julio, el Juez Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declara al imputado Demetrio Alejandro Maldonado Noya, autor de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, en concurso ideal, imponiéndole la pena de tres años y tres meses de reclusión, con costas y resarcimiento de daños, advirtiendo de la prueba producida que en vigencia de la sociedad OSMAN S.R.L. el socio Demetrio Maldonado Noya no demostró aporte ninguno en favor de la sociedad; que el 9 de octubre de 2013, recibió cantidades importantes de bebidas energizantes para su comercialización, sin embargo no se demostró la contra entrega de los dineros emergentes de su venta o la devolución de los productos, tampoco descargos de los dineros que le fueron entregados al imputado adecuando así su conducta a la apropiación indebida emergente de la confianza lograda, responsabilidades que no las cumplió según considera el Juez a quo, advirtiendo que con una sola  acción incursionó su conducta en el concurso ideal y que no obstante de existir un documento de constitución de sociedad, por el que ante las controversias surgidas deben someterse a un arbitraje, el documento señalado no cuenta con un respaldo legal en cuanto a la participación del socio imputado; por lo que, no podría alegar derechos, que el Juzgador considera nunca los tuvo, al ser empleado vendedor de los productos importados, manifestando el Juez a quo que no se le podría considerar su tratamiento por otra vía ante la conducta asumida adecuándose a los tipos penales acusados, que establecen responsabilidades civiles y penales. 


II.2.De la apelación restringida del imputado.


El imputado Demetrio Alejandro Maldonado Noya, interpuso recurso de apelación restringida, aduciendo en síntesis que el contenido de la Sentencia desconoce el principio de legalidad y el debido proceso infringiendo preceptos y garantías constitucionales con inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, emitida con una fundamentación insuficiente y contradictoria tanto probatoria, intelectiva como jurídica en infracción de los arts. 370 incs. 1), 5) y 6), 124 y 173 del CPP; es así que, advierte que la Sentencia está basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, además de existir inobservancia en la aplicación de la ley sustantiva, que sobre el concurso de delitos y múltiple juzgamiento existe errónea aplicación de la ley sustantiva y observa la falta de fundamentación en cuanto a la fijación de la pena e inobservancia en la aplicación de la ley sustantiva.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Auto de Vista impugnado, anula la Sentencia emitida en la causa, disponiendo la reposición de juicio por otro Tribunal de Sentencia, al advertir que los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza en concurso ideal son ilícitos que protegen el bien jurídico de la propiedad; es así que, el primer delito condiciona su aplicación en el elemento de provecho para sí o de un tercero, circunstancia que según el juzgador no se da cumplimiento, porque no se sustentó que por la Escritura Pública  307/2012, el apelante formaría parte de la sociedad de la empresa OSAM S.R.L.; asimismo, en cuanto al delito de Abuso de Confianza, el daño ocasionado durante el juicio no estuvo claro, además que este delito involucra el elemento de retener como dueño lo recibido por título posesorio; empero, el apelante tendría parte societaria de la Empresa OSMAN S.R.L.

Sobre la errónea defectuosa valoración de las pruebas, el Tribunal de alzada manifiesta que de la revisión de la sentencia apelada observa una mera enunciación de las pruebas judicializadas en juicio como la Escritura Pública 307/2012, por la que las partes habrían conformado una sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social de OSMAN SRL dedicada a la importación y distribución de bebidas energizantes; asimismo, en cuanto a las otras pruebas 5, 7 y 8, afirma que denotan ausencia de argumentación jurídica y conclusiones sobre las mismas, extrañando la valoración de las pruebas de cargo 6, 9 y 10, cuando se debió verificar los elementos de la teoría de la prueba: utilidad, pertinencia, necesidad y conducencia, al no haber acontecido ello en el proceso concluye que existe un defecto absoluto en la sentencia previsto en los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, además de infringir el art. 173 dl mismo Código modulado por la Sentencia Constitucional 1480/2005-R, concluyendo que evidenció una errónea o defectuosa valoración de la prueba defecto absoluto insubsanable, advirtiendo también que el art. 124 del CPP, fue inobservado por el Ad quo afirmando que la sentencia carece de la debida fundamentación y motivación que la ley exige.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el caso presente, el acusador particular denuncia que el Auto de Vista impugnado, erradamente consideró que se incumplieron los elementos de los tipos penales imputados en la conducta del procesado y procedió a la anulación de la sentencia aduciendo que no se valoró correctamente la Escritura Publica 307/2012, por lo que siendo admitido el recurso corresponde resolver ambas problemáticas.


III.1. Respecto a la denuncia relativa a los elementos constitutivos de los tipos penales atribuidos.

Con relación al primer motivo, referido a que el Auto de Vista impugnado erradamente considera que se incumplieron los elementos de los tipos penales imputados en la conducta del procesado, el recurrente invocó como precedente el Auto Supremo 134/2013-RRC de 20 de mayo, pronunciado en un caso sobre Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, donde inicialmente se dictó Sentencia condenatoria que apelada esta fue confirmada por Auto de Vista, que sin embargo fue dejado  sin efecto, en razón a que el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida no ejerció a cabalidad la función de debido control respecto a la subsunción efectuada por el Juez de Sentencia, a partir de los elementos constitutivos de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, limitándose a asumir conclusiones genéricas sin la correspondiente motivación, vulnerando el derecho al debido proceso, en su componente de la debida motivación; en ese sentido, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “debe tenerse en cuenta que el tipo penal de `Apropiación Indebida´ utilizando el juicio de imputación objetiva tiene los siguientes elementos objetivos: 1) Apropiarse de una cosa mueble ajena o valor ajeno; 2) Que la conducta de apropiarse sea en provecho de si o de tercero; 3) Que el autor tuviera la posesión o tenencia legítima del bien, y 4) Que la posesión del bien implique la obligación de entregar o devolver. En tanto que el tipo penal `Abuso de Confianza´, tiene estos elementos objetivos: i) Valerse de la confianza dispensada por una persona, ii) Causar daño o perjuicio en sus bienes o retener como dueño los bienes que hubiera recibido a titulo posesorio”.


Ahora bien, en el caso presente el acusador particular argumenta que no obstante haber demostrado en juicio oral, público y contradictorio con prueba plena, la autoría del imputado en la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, siendo inclusive que la doctrina legal aplicable estableció que dicha conducta se subsume a los tipos penales referidos; el Auto de Vista recurrido dispuso la anulación de la Sentencia y repuso el juicio, bajo el argumento que no se habrían cumplido todos los elementos constitutivos de los tipos penales atribuidos, dado que la Apropiación Indebida está condicionada al provecho para sí o un tercero, circunstancia que no se hubiera dado cumplimiento, tomando en cuenta que el acusado formaría parte de la Sociedad y de similar forma en cuanto al Abuso de Confianza, respecto del cual se señaló que no se demostró el daño ocasionado, más al contrario: “este delito menciona de retener como dueño lo recibido por título posesorio, siendo que el acusado formaría parte de la sociedad” (sic), puesto que la víctima OSMAN SRL es una persona jurídica representada por Oscar Cruz Llanos; respecto a lo cual el recurrente refiere que si el imputado es o no socio de la misma y si tiene un porcentaje de cuotas de capital en ella, es totalmente irrelevante, habida cuenta que el único que puede tomar decisiones sobre la administración y disposición de bienes de la sociedad es su administrador; es más, cualquier división de la sociedad, debe hacérsela en Asamblea de Socios y no arbitrariamente como lo hizo el procesado.


Agrega que en cuanto al elemento constitutivo de la Apropiación Indebida relativo al provecho, se demostró con documentación y prueba idónea, que la mercadería se entregó de manera personal a Demetrio Maldonado y que el producto de su venta aún continúa en su poder, sin que hasta ahora hubiera devuelto ese dinero a la Sociedad, extremos que demuestran que este elemento del tipo no se encuentra ausente; y, respecto al Abuso de Confianza, alega que el Auto de Vista señaló que no se demostró el daño causado, extremo falso ya que las pruebas judicializadas en juicio oral acreditaron las transferencias interbancarias internacionales realizadas en sumas grandes de dinero, lo cual obviamente no se pudo recuperar, ya que los productos se encuentran en posesión del imputado, quien hasta el presente se rehúsa a devolverlos; lo cual sin duda provocó un gran perjuicio económico a la empresa que actualmente está quebrada y sin movimiento alguno.


Para resolver este primer motivo, se debe partir señalando que por Sentencia se declaró al imputado Demetrio Alejandro Maldonado Noya, autor de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, a raíz de que por la prueba producida se habría demostrado que durante la sociedad OSMAN S.R.L., el 9 de octubre de 2013, recibió cantidades importantes de bebidas energizantes para su comercialización, sin que hubiere entregado el dinero de su venta o en su defecto la devolución de los productos o descargos, fallo que apelado por el imputado, el Tribunal de Alzada mediante el Auto de Vista impugnado anuló la sentencia y ordenó la reposición de juicio por otro Tribunal de Sentencia, al advertir entre otros aspectos que el delito de Apropiación Indebida condiciona su aplicación en el elemento de provecho para sí o de un tercero, lo cual no se presentó en el presente proceso, ya que por la Escritura Pública 307/2012, el imputado forma parte de la sociedad; y, en cuanto al delito de Abuso de Confianza, no es claro el daño ocasionado observando que no se presenta este elemento.


De acuerdo al precedente invocado por el recurrente (Auto Supremo 134/2013-RRC de 20 de mayo), se advierte que el delito de Apropiación Indebida contiene como elementos objetivos: 1) Apropiarse de una cosa mueble ajena o valor ajeno; 2) La conducta de apropiarse sea en provecho de si o de tercero; 3) El autor tuviera la posesión o tenencia legítima del bien; y, 4) La posesión del bien implique la obligación de entregar o devolver; a su vez, el delito de Abuso de Confianza, tiene como elementos objetivos: i) Valerse de la confianza dispensada por una persona; ii) Causar daño o perjuicio en sus bienes o retener como dueño los bienes que hubiere recibido a titulo posesorio.


En el caso de autos, no obstante que el Juez de Sentencia subsumió la conducta del acusado en los ilícitos denunciados, el Tribunal de alzada observó que en el delito de Apropiación Indebida no se presentó el elemento del provecho para sí o de un tercero; por cuanto, el imputado es parte de la sociedad según la Escritura Pública 307/2012, sin considerar que los hechos fácticos que provocaron el inicio del presente proceso, se deben precisamente a que el imputado recibió bebidas energizantes para su comercialización, sin que hubiere entregado el dinero de su venta ni la devolución de los productos, tampoco efectuó los descargos correspondientes, de modo que el análisis que realiza el Tribunal de alzada al respecto, es ajeno a este hecho al avocarse únicamente a que el procesado conformó la sociedad y que únicamente por este punto no se habría presentado el elemento extrañado como es la Apropiación Indebida en provecho del acusado; similar situación, acontece con el delito de Abuso de Confianza donde se afirma que no se demostró el daño causado, sin considerar el hecho de que al retener el dinero de la venta de la bebida energizante y el mismo producto sin que se hubiese presentado descargos, no desvirtúa que no se causó daño, razones por las que resulta evidente lo señalado por el ahora recurrente; por cuanto, el Auto de Vista impugnado al haber extrañado la presencia de ciertos elementos en los ilícitos acusados con un análisis alejado de los hechos fácticos que motivaron el proceso, efectuó una deficiente labor de control sobre la subsunción efectuada por Juez de Sentencia, aspecto que denota contradicción con la doctrina legal aplicable citada por el impetrante, deviniendo el presente motivo en fundado.


III.2. Sobre la denuncia referida al motivo de anulación de la Sentencia.


En cuanto al segundo motivo, referido a que el Auto de Vista impugnado procedió a la anulación de la sentencia aduciendo defectuosa valorización de la prueba, el recurrente invocó como primer precedente el Auto Supremo 251/2012-RRC de 12 de octubre, emitido dentro de un proceso por el delito de Abuso deshonesto, donde se dictó sentencia absolutoria, que apelada fue revocada mediante Auto de Vista que declaró al imputado, autor del delito atribuido condenándolo a pena privativa de libertad, con costas y pago de daños y perjuicios. Este fallo fue dejado sin efecto a raíz de que el Tribunal de alzada no realizó un control de la valoración de la prueba, sino una nueva valoración de la prueba, agravando la situación del imputado, habiéndose emitido la siguiente doctrina legal aplicable: “La apelación restringida no es un medio que abra la competencia del Tribunal de apelación para la revalorización de la prueba, puesto que en el sistema procesal acusatorio vigente rige el principio de inmediación por el que los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad, de modo que corresponde al Tribunal de apelación realizar el control de la valoración efectuada por el juez o tribunal de juicio, actividad que debe ceñirse al respeto de las reglas relativas a la carga de la prueba -onus probandi-, la legalidad de la prueba practicada y a la razonabilidad y ausencia de arbitrariedad en las apreciaciones y conclusiones que se extraen de dichas pruebas, o dicho de otro modo el control de la valoración de la prueba está referido los vicios de fundamentación, vicios en la sentencia, violación de la sana critica, inclusión de prueba que no ha sido producida, exclusión de la prueba que si ha sido producida, valoración de prueba ilícita”.


También invocó el Auto Supremo 107/2005 de 31 de marzo, dictado dentro de un proceso sobra Falsificación de documento privado y Hurto, donde se emitió sentencia condenatoria, recurrida de apelación, por Auto de Vista se declaró su procedencia y anuló actuados hasta que el Fiscal presente la imputación formal al juez cautelar para que éste notifique de manera personal al imputado. El auto de vista fue dejado sin efecto porque se advirtió el cumplimiento del art. 302 in fine del CPP, existiendo la notificación personal al imputado con el actuado referido, sin que se genere estado de indefensión; por lo que, los argumentos del imputado de que no existió notificación por parte del juez cautelar, sino directamente por el fiscal con la imputación formal no se encuentra prevista en el art. 166 del CPP como causal de nulidad de notificación, lo cual tampoco fue oportunamente reclamado, aspectos inobservados por el Tribunal de Apelación, habiéndose emitido la doctrina legal aplicable siguiente: “Estando demostrada la participación del procesado en el hecho punible, conforme la penalidad impuesta por el a quo, es correcta y se rige por los artículos 37 y 38 del Código Penal al haberse llevado adelante el juicio oral, público y contradictorio en estricta observancia de las disposiciones legales que le son aplicables, normas del debido proceso por lo cual no puede obtener vigencia el instituto de la nulidad, entendiéndose a éste, a decir del tratadista Osorio, como a `la ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma´ o, como también determina Francisco Carrara, refiriéndose a la aplicación de la nulidad `cuando exista un vicio en el acto jurídico, si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido´. En materia de nulidad, de obrados se determina que no existe la nulidad por nulidad, pues ningún otro vicio o causa que no nazca de la ley, como es el caso de los artículos 166, 169 y 370 del Código de Procedimiento penal, podrá ser calificado como vicio que da curso a esta nulidad”.


Por último, invocó el Auto Supremo 408/2013 de 30 de agosto, pronunciado en un proceso sobre Robo Agravado, donde se dictó inicialmente sentencia condenatoria, que apelada mereció el Auto de vista que anuló el juicio y la sentencia, disponiendo la reposición del juicio por otro tribunal, fallo que recurrido de casación, fue dejado sin efecto a raíz de que el Tribunal de alzada, no consideró que no hay nulidad por nulidad ni ejerció, un correcto control sobre la valoración de la prueba por parte del Tribunal de Juicio, habiendo incumplido con los presupuestos procesales para anular el juicio y la sentencia, limitándose a referir además falsamente que la sentencia no contendría más que una descripción de la prueba producida en juicio; consecuentemente, al haberse acreditado los defectos procesales absolutos, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “I Los errores o inobservancias del procedimiento, serán calificados como lesivos a la garantía del debido proceso y, consiguientemente, anulables, solo en aquellos casos en los que provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro, no siendo coherente anular los actos procesales y disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando al final de ellos se arribara a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante el acto, pues, en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado. Los Tribunales de alzada tienen la obligación de demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponerse la anulación de la sentencia de grado y la reposición del juicio oral por otro Tribunal. Así, no todo defecto o no toda irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento produce la nulidad y para declarar dicha nulidad se debe tomar en cuenta determinados principios como: no hay nulidad sin texto, vale decir, que la irregularidad de la que adolece el acto debe estar sancionada de manera expresa, pero además debe tener trascendencia, es decir, que el vicio debe ser de tal magnitud que impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido en orden al derecho o garantía que se dice violado; pero además las nulidades deben ser interpretadas de manera restrictiva a efectos de evitar se desvirtúe el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica y finalmente debe tomarse en cuenta el interés o perjuicio, pues no hay nulidad por la nulidad misma en sentido de que la nulidad puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas se traduce en un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa. Exacerbar privilegios o garantías constitucionales en una incorrecta aplicación, daña el supremo interés u orden público afectando la seguridad del cuerpo social. II. Se deberá considerar que toda resolución dictada en apelación debe estar debidamente fundamentada, lo que obliga a todo juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica, exigencia que no responde únicamente a un mero formulismo de estructura, sino que al margen de ello, responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez, que a su vez implica el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales. Así, la garantía del debido proceso, en el ámbito de sus presupuestos, exige que toda resolución sea debidamente fundamentada, por cuanto, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no solo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en uno o en otro sentido. III. Considerando que la valoración de la prueba y de los hechos es de competencia privativa del Juez o Tribunal de Sentencia, por ser ellos quienes se encuentran presentes en la producción de la prueba, el tribunal de apelación debe circunscribir su análisis y control a si la valoración, apreciación y conclusiones obtenidas de las pruebas por parte del Juez o Tribunal de Sentencia, responden a un procedimiento lógico, razonable, valorativo o teleológico; en caso de establecer que la valoración o apreciación de la prueba fue efectuada con infracción de las reglas jurídicas que regulan la forma y contenido de la motivación o que los juicio vertidos sobre las pruebas no responden al procedimiento descrito precedentemente, deberá cumplir con la obligación de explicar y exponer los motivos o razones jurídicas que justifiquen la infracción de las reglas de apreciación que se deduzcan. Al respecto, también corresponde precisar que, naturalmente, el control jurídico que debe desarrollar el Tribunal de Apelación sobre la valoración y apreciación de las prueba, así como la motivación de las razones que llevan a la conclusión de dicho control en alzada, deberá ser efectuado de manera legítima, es decir, deberá realizarse y fundarse respectivamente, en elementos de prueba que sean objetivamente verificables en los antecedentes del proceso y no fundarse en presunciones subjetivas del Tribunal. Así, si bien la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la Sentencia quedan fuera de la competencia de los Tribunales de Apelación, está sin embargo sujeto a impugnación y control judicial en vía de apelación el proceso lógico seguido por el juez de la causa en su razonamiento, siendo posible al Tribunal de Apelación realizar bajo este aspecto un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por la Ley procesal penal, a fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la motivación de la Sentencia, verificando si se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia, control jurídico que de ninguna manera implica vulnerar el principio de intangibilidad de los hechos, ni efectuar una valoración ex novo de las pruebas producidas en juicio”.


En el presente caso, el recurrente señala que la Resolución de alzada, anuló la Sentencia porque no se habría valorado la prueba de manera correcta, en particular la Escritura Pública 307/2012 de Constitución de la Sociedad OSMAN SRL, sin demostrar que dicha omisión valorativa ocasiona un verdadero perjuicio al fallo, cuando además se procedió a dicha valoración, pues durante la tramitación del juicio siempre se manifestó que el acusado es socio de la empresa; empero, dicha condición no le otorga la posibilidad de disponer arbitrariamente de los bienes de la empresa ni mucho menos apropiárselos en su provecho.


Alega que a más de lo señalado, el acusado no ofreció prueba alguna dentro de los plazos procesales; por lo que, mal ahora se podría indicar que no se valoraron pruebas que ni siquiera fueron ofrecidas por su parte, ya que de ocasionar un perjuicio, la supuesta falta de valoración de la prueba, sería en contra de la parte querellante que la ofreció y no así del acusado; en consecuencia, no existiría perjuicio al ser prueba de cargo y no de descargo y en todo caso su valoración no cambiaría el fondo de la decisión asumida en la Sentencia. Labor que sin duda, no puede ser ejercida por el Tribunal de alzada; pese a lo cual, lo hizo otorgando un determinado valor al Testimonio aludido, para establecer que el imputado sería socio, justificando dicha calidad para anular la Sentencia.


Sobre el particular, se debe tener presente que el Tribunal de alzada sobre la  defectuosa valoración de las pruebas, observó que la sentencia se limitó a la mera enunciación de las pruebas como ocurrió con la Escritura Pública 307/2012, de conformación de la sociedad OSMAN SRL dedicada a la importación y distribución de bebidas energizantes, que en relación a las pruebas 5, 7 y 8, carecen de argumentación jurídica y conclusiones, además de no haberse valorado las pruebas de cargo 6, 9 y 10, incurriéndose en un defecto absoluto y que la sentencia se halla dentro de los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP e infringe el art. 173 del CPP, advirtiendo una errónea o defectuosa valoración de la prueba, además de faltar de una debida fundamentación y motivación.


Al respecto, este Tribunal observa que en el punto referido a las pruebas presentadas por la parte querellante,  es evidente que el Juez de Sentencia  citó las pruebas 5 (Recibos por 20.800.- y $us 2.650.- recibido por Maldonado, detalle de gastos realizados en Iquique y Arica por la importación), 7 (Pólizas de Importación de Mercadería) y 8 (Facturas de depósitos aduaneros), pruebas que fueron objeto de valoración y análisis en el acápite de Valoración y Fundamentación Jurídica de la Prueba, señalando en el considerando segundo lo siguiente: “(…) productos  que cuentan con Póliza de importación y facturas por gastos erogados (pruebas 7 y 8), también se  demuestra por Prueba 5, haber recibido el imputado diferentes sumas  de dinero del querellante” (sic); asimismo, en cuanto a las pruebas 6 (Comprobantes de Transferencia Interbancaria Internacional del Banco Los Andes de su cuenta para compra de mercadería), 9 (Permisos de Inocuidad alimentaria de importación del Senasag) y 10 (Facturas de Agencia Despachante de Aduanas J. LINO SRL.), si bien no se encuentran precisadas en el análisis del A quo, no se puede soslayar que este llegó a las conclusiones arribadas no sólo por la prueba documental presentada por la parte querellante sino también por la declaración testifical de cargo, bastando esa prueba para emitir el  fallo, donde se expresó los motivos de hecho y de derecho en los que fundó su convencimiento del hecho y de la responsabilidad penal, haciendo denotar inclusive que la parte imputada no presentó prueba alguna en su defensa; por lo que, no queda evidenciada la defectuosa valoración de la prueba,  que  motivó la anulación de la sentencia,  por cuanto el Tribunal de Alzada  no precisó qué reglas de la sana crítica y del recto entendimiento humano o razonamientos aseverativos, se habrían encontrado fuera de la lógica o no se hubiese procedido a un procedimiento lógico, razonable, valorativo ni teleológico, que acredite que la valoración o apreciación de la prueba fue efectuada de manera arbitraria o sesgada, explicando los motivos o razones jurídicas que justifiquen la infracción de las reglas de su apreciación, lo cual no efectivizó el Tribunal ad quem a través del Auto de Vista impugnado que procedió arbitrariamente a la nulidad de la sentencia; por consiguiente, resulta evidente la denuncia del recurrente en sentido de que el Tribunal de alzada consideró erróneamente que existió una defectuosa valoración de la prueba por parte del Juez de Sentencia,  resultando en consecuencia que el Auto de Vista impugnado es contrario al precedente invocado contenido en el Auto Supremo 408/2013 de 30 de agosto, no así respecto a los Autos Supremos 251/2012-RRC de 12 de octubre y 107/2005 de 31 de marzo, que responden a distintas problemáticas con hechos fácticos diferentes al caso de autos, deviniendo el presente motivo en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Oscar Antonio Cruz Llanos, cursante de fs. 330 a 335, con los fundamentos expuestos precedentemente; y, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 94/2015 de 9 de diciembre, que cursa de fs. 325 a 326 vta., disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Civil Gonzalo Rojas Segales en Suplencia Legal

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA