TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 624/2016-RA

Sucre, 18 de agosto de 2016


Expediente                : Santa Cruz 60/2016

Parte Acusadora        : Bárbara Yobana Burgoa Araoz

Parte Imputada        : Julieta Mejía Gómez

Delitos        : Apropiación Indebida


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de mayo de 2016, cursante de fs. 119 a 120 vta., Julieta Mejía Gómez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 33 de 29 de febrero de 2016 de fs. 110 a 114, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Bárbara Yobana Burgoa Araoz contra la parte recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 1/2015 de 22 de julio (fs. 81 a 88), el Juez de Partido Mixto y de Sentencia de San Ignacio de Velasco del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a la imputada Julieta Mejía Gómez, autora de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, imponiéndole la pena de dos años y cuatro meses de reclusión, más el pago de cien días multa a razón de Bs. 5.- (cinco bolivianos), más el pago de daños y perjuicios.


b) Contra la referida Sentencia, la imputada Julieta Mejía Gómez, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 91 a 92 vta.), resuelto por Auto de Vista 33 de 29 de febrero de 2016, dictado por la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente la apelación restringida.


c) Por diligencia de 6 de mayo de 2016 (fs. 116), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 13 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 119 a 120 vta., se extrae el siguiente motivo:


La recurrente en base a cuatro subtítulos señala que el Tribunal de alzada no consideró su alzada respecto a que la sentencia incurriría en: i) Contradicción entre la parte considerativa, dispositiva y la valoración de las pruebas; en ese sentido, aduce que el Tribunal de Alzada efectúa una interpretación incorrecta del art. 345 del CP, al advertir que el hecho existió y se adecua a los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza; por cuanto, en sentencia sólo se aprecia la no restitución del valor ajeno y darle el convenido destino, cuando en la doctrina se requiere que el sujeto activo hubiere actuado desde el inicio con el ánimo de apropiarse, manifiesta que en su alzada expuso de que no se valoró su declaración ni de los testigos de descargo que sostienen que no conocía a la parte adversa, ni tuvo trato comercial y si bien existió un depósito bancario, no se le comunicó qué destino debía tener; por lo que, el elemento subjetivo de devolver no existió, no obstante afirma que el Tribunal de Alzada al igual que el de Sentencia aplicó la misma norma, sin apreciar ni valorar éstos elementos; asimismo, afirma que respecto al delito de Abuso de Confianza, el Tribunal de apelación incurrió en contradicción respecto a la valoración de testigos y de la acusada, puesto que no tomó en cuenta que reiteró que entre sujeto activo y pasivo no se conocían; y, que en el caso de autos el sujeto activo recibió la cosa de su enamorado mediante un llamado telefónico en el que indicaba que era como una forma de pago por un préstamo que le realizó; ii) Refiere que existe valoración defectuosa de la prueba, alegando que el Tribunal de apelación incurre en ella, al igual que el inferior, al no tomar en cuenta la declaración de la acusada como de los testigos de descargo puesto que no se demostró que el sujeto pasivo o titular del derecho propietario le comunique que realizaba un depósito de dinero a su cuenta y que debía devolverlo o entregarlo a un destinatario, basándose únicamente en un recibo de depósito bancario, razones por las que considera que el Tribunal ad quem no aplicó correctamente la ley sustantiva penal, tampoco reparó los agravios sufridos respecto a las causales 1 y 5 del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP); iii) Señala que existe contradicción en la fundamentación de la Sentencia, advirtiendo que el Tribunal ad quem no valoró ni apreció su alzada haciendo referencia nuevamente a las declaraciones de la acusada como de los testigos de descargo, que el Juez de Sentencia en audiencia erróneamente se basó en el comportamiento de su perfil  psíquico, su capacidad personal, determinando que debía darse cuenta de lo que hacía, que estaba prohibido y que debe comportarse de acuerdo a ley; empero, no consideró si estaba o no en situación de declarar, sin darle la última palabra o la oportunidad para que se defienda o pueda decir algo a su favor, observando que quienes deben valorar comportamientos y capacidades psíquicas deben ser técnicos, peritos psicólogos, etc.; y, iv) En cuanto, a la errónea aplicación del art. 350 párrafo 3 del CPP, señala que el Tribunal de apelación no apreció ni valoró la credibilidad de la acusada y de los testigos de descargo presentados en el recurso de apelación, ya que de acuerdo a la previsión del “inc. 3” (sic) del art. 350 del CPP  las declaraciones son parte de la fundamentación de la Sentencia; por lo que, de acuerdo al art. 413 del CPP, considera que era necesario que se anule la sentencia disponiendo un nuevo juicio, puesto que esa prueba no fue sometida al contradictorio dentro del juicio oral, afectando la validez de las conclusiones del Juez de Sentencia.  

    

III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; empero, “El derecho a recurrir es un derecho condicionado, su ejercicio va a depender de la concurrencia de los presupuestos y requisitos legalmente establecidos” (Rosa Pascual Los recursos en el Código de Procedimiento Penal Boliviano); por lo cual los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, deben observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


Dentro de ese mismo contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la Resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se tiene, que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificada con el Auto de Vista recurrido el 6 de mayo de 2016, presentando el recurso de casación el 13 del mismo mes y año,  cumpliendo de esta manera con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Ahora bien, en cuanto motivo alegado en casación, subdividido en cuatro subtítulos, se tiene que la recurrente con una falta total de técnica recursiva, expuso de forma poco clara y reiterativa que el Tribunal de alzada no consideró su apelación, aduciendo que la Sentencia incurriría en: i) Contradicción entre la parte considerativa, dispositiva y la valoración de las pruebas; ii) Que existe valoración defectuosa de la prueba en cuanto a su declaración y de los testigos de descargo; iii) Que existe contradicción en la fundamentación de la sentencia, advirtiendo que el Tribunal de apelación no valoró ni apreció su alzada; y, iv) En cuanto a la errónea aplicación del art. 350 párrafo 3 del CPP, el Tribunal de apelación no apreció ni valoró su credibilidad, menos de los testigos de descargo presentados en el recurso de apelación.  


Constatándose que en dicho planteamiento, la recurrente no cumplió con la carga procesal de invocar los precedentes presuntamente contradictorios en relación al Auto de Vista impugnado, omitiendo por ende la tarea de explicar de manera clara, precisa y debidamente fundamentada, cuál la contradicción en relación a lo determinado en el Auto de Vista ahora impugnado, conforme a la exigencia establecida por los arts. 416 y 417 del CPP, y pese a que la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1716/2013 de 10 de octubre, hizo especial referencia al precedente contradictorio a tiempo de formularse un recurso de casación, conforme los criterios asumidos en las SSCC 0424/2013 de 27 de marzo, 1546/2012 de 24 de septiembre y 1468/2004-R de 14 de septiembre.

Asimismo, considerando que reiteradamente la parte recurrente hace alusión a que no se habría valorado la prueba, se tiene que aun acudiendo a los presupuestos de flexibilización se extraña que la recurrente no hubiere precisado los derechos o garantías vulnerados y si bien hace referencia a su declaración y de los testigos de descargo (sin identificarlos, ni detallar sus atestaciones), omite referir de qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta; teniendo presente que en armonía con los presupuestos de flexibilización destacados en el acápite anterior, por Auto Supremo 51/2014-RA de 17 de marzo, estableció respecto a las denuncias  vinculadas a la valoración de la prueba que: “La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: a) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; b) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones”, presupuestos no cumplidos en el caso de autos.


Consecuentemente, el incumplimiento a las exigencias previstas por la norma procesal y la falta de concurrencia a los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal, provocan la inadmisibilidad del recurso de casación sujeto a análisis.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Julieta Mejía Gómez, cursante de fs. 119 a 120 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA