TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 603/2016-RRC

Sucre, 10 de agosto de 2016


Expediente                        Tarija 12/2016        

Parte Acusadora                Ministerio Público

Parte Imputada                Mario Jhonny Ari Arancibia

Delito                            : Abuso Deshonesto

Magistrada Relatora : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de febrero de 2016, cursante de fs. 496 a 507 vta., Mario Jhonny Ari Arancibia, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 13/2016 de 3 de febrero de fs. 492 a 495, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, integrada por los Vocales Carolina Chamón Calvimontes y Ernesto Félix Mur, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por el presunto delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 con la agravante del art. 310 inc. 2), ambos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes. 


a) Por Sentencia 52/2015 de 17 de agosto (fs. 429 a 442), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado Mario Jhonny Ari Arancibia, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 con la agravante del art. 310 inc. 2) del CP, imponiéndole la pena de quince años de privación de libertad, con costas a favor del Estado y pago de daños y perjuicios a la víctima.


b) Contra la referida Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 453 a 461 vta.), resuelto por Auto de Vista 13/2016 de 3 de febrero, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.


I.2. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 281/2016-RA de 23 de mayo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente luego de invocar los precedentes contradictorios, señala que el Auto de Vista carece de los requisitos exigidos en la doctrina legal aplicable establecida en los referidos precedentes, al no cumplir con los siguientes requisitos: i) Expresa, porque en los apartados III.1.1 y III.1.2 de resolución impugnada se avocó a suplir la motivación por una remisión a otros actos, se limitó a reemplazar la fundamentación y motivación por una alusión global a la prueba rendida; puesto que, sólo se limitó a describir fragmentadamente lo referido en la prueba testifical, desconociendo que la Ley exige que el Juzgador consigne las razones que determinan la condena o la absolución, debiendo ser controlable el iter lógico  para arribar a la conclusión; asimismo, en los apartados III.1.4. y “III.5” (sic), se limitó a invocar citas doctrinales, inconexas e incoherentes con relación al último agravio expuesto en el recurso de apelación restringida; ii) Clara, porque los agravios expuestos en el recurso de apelación restringida, no fueron respondidos con la debida motivación y fundamentación exigida, no es ininteligible el razonamiento puesto que el pensar jurídico de los señores Vocales debió estar notoriamente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la lean; iii) Lógica, denotándose ausencia en el Auto de Vista de la aplicación de las reglas o leyes de la logicidad, que son la ley de coherencia, de derivación, el principio de no contradicción, de tercer excluido o el principio de razón suficiente; puesto que, al haberse expresado como agravio la existencia de fundamentación contradictoria; en cuanto, a la valoración de la declaración de los niños con relación a los informes periciales escritos y realizados en audiencia de juicio; y, que al haberse invocado la existencia de valoración defectuosa de la prueba y que la Sentencia se basó en hechos inexistentes y no acreditados, lo que se evidencia de los apartados III.1.3, III.1.4 y III.1.5. Refiere que el Tribunal de Apelación, al momento de resolver el recurso de apelación restringida, tenía la obligación de verificar la existencia o no de estos defectos, realizando una compulsa de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos de su decisión.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 281/2016-RA de 23 de mayo, cursante de fs. 513 a 515, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Mario Jhonny Ari Arancibia, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 52/2015 de 17 de agosto, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declara al imputado Mario Jhonny Ari Arancibia, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 con la agravante del  art. 310 inc. 2) del CP, imponiéndole la pena de quince años de privación de libertad, con costas a favor del Estado y pago de daños y perjuicios a la víctima.


II.2. Del recurso de apelación restringida. 


Contra la mencionada Sentencia, el imputado Jhonny Ari Arancibia, interpone recurso de apelación restringida, bajo los siguientes fundamentos: 


1) El Tribunal de Sentencia incurrió en defecto absoluto, por violar el derecho constitucional a la defensa y el debido proceso, identificando como normas violadas o erróneamente aplicadas, los arts. 167, 168 y 340.II del CPP y 115.II, 119.I.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), refiere como debió proceder el Tribunal de mérito después de recibir la acusación fiscal, alegando que su incidente de actividad procesal defectuosa fue rechazado por auto interlocutorio de 10 de agosto del 2015; por lo que, hizo “reserva” y que al presentar prueba de descargo, la Sentencia sería de absolución, con esos argumentos el recurrente solicitó que se dé cumplimiento al art. 340.II del CPP, notificando en primer lugar a la víctima y posteriormente a él. Invoca los Autos Supremos 006/2014 de 10 de febrero y 232/”013 de 27 de agosto, pidiendo que al haberse vulnerado la seguridad jurídica, legalidad, igualdad, legítima defensa en juicio y debido proceso, se anule la resolución y ordene la reposición del juicio conforme lo dispuesto por el art. 413 del CPP.


2) Denunció que se violó o aplicó erróneamente los arts. 124, 173, 350, 407 y 408 del CPP, 115.II, 117, 119 y 180 de la CPE, porque la Sentencia no tiene consignado; a) Todos y cada uno de los hechos debatidos en juicio, como las cuestiones incidentales o exclusiones probatorias y cuál fue el resultado de las mismas; b) La individualización de las partes considerativas; c) La descripción detallada de la prueba introducida al juicio; d) La valoración intelectiva de la prueba; y, e) El voto de los miembros del Tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas; por lo que, haciendo referencia a lo dispuesto por el Auto Supremo 724/2004 de 26 de noviembre y Auto de Vista emitido por la Sala Penal III de la Corte Superior de Cochabamba, refiere que al no existir la descripción de lo que declararon los testigos, cualquiera que lea la Sentencia no sabrá jamás que es lo que dijeron cada uno de los testigos y porque el Tribunal de mérito llegó a tomar la decisión de condenarlo, impidiendo por ello la realización del seguimiento de logicidad, vulnerándose los derechos y garantías constitucionales como la seguridad jurídica, legalidad, igualdad, legítima defensa en juicio y el debido proceso, por lo que reitera su pedido de anular la resolución impugnada y ordenar la reposición del juicio.


3) El Tribunal de mérito incurrió en el defecto de sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, porque de las declaraciones testificales de Jhonatan Junior, Jade, Iver y Jhonny Juan de Dios, que no fueron descritas en Sentencia, se tendría que los mismos según su relato, fueron amenazados por la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con el argumento de que no decía toda la verdad su madre iría a la cárcel y que Iver, declaró que nunca se entrevistó con la psicóloga; y, que no recuerda que le hizo el imputado cuando tenía un año y medio, que el A quo había valorado cinco informes periciales elaborados por Patricia Alemán Salvatierra funcionaria de SEDEGES-, prueba codificada como MP4 y a la cual el Tribunal de Sentencia le había dado credibilidad, y de manera contradictoria reconoció que ciertos aspectos de la misma, no son creíbles, señalando en el punto IV.2 de la resolución impugnada, que la masturbación del imputado contra Jhonatan Junior, no se encuentra plenamente demostrado, y que el mismo hubiere sido con fines libidinosos, entre dichas pericias se encontraría la realizada a Sara, sobre la cual en la referida prueba se manifestaría que la misma recordó sus sueños cuando apenas tenía dos años y ocho meses de edad, aspecto que sería contradictorio con la declaración de la perito quien habría referido que los recuerdos son a partir de los cuatro años, con referencia a Jade, la pericia indicaría de manera contradictoria que al examen mental, se establece que la misma es sana, expresiva, etc.; sin embargo, también describiría que la misma tiene secuelas y traumas; por lo que, sostiene que una persona sana y normal no puede ser al mismo tiempo enferma, sobre Iver quien manifestó que no prestó declaración ante la psicóloga perito, la Sentencia en el punto IV.1.4 párrafo 8, referiría que el mismo relató ante la psicóloga, finalmente el Tribunal de Sentencia, en el párrafo tercero del punto IV.1.8 de la resolución impugnada, había referido que el hecho de que los adolescentes negaran en la cámara GSSEL lo dicho el año 2011, no significa que los hechos relatados no habrían existido, argumento que a decir del recurrente fue realizado sin observar el principio de inocencia e In Dubio Pro Reo, atentando contra la seguridad jurídica, legalidad, igualdad, legítima defensa, debido proceso y presunción de inocencia, por fundamentación insuficiente y contradictoria.


4) La Sentencia también incurrió en el defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, porque el A quo en el punto IV.1.8 de la resolución impugnada, hubiese argumentado que el imputado manipuló a sus hijos, sin especificar que prueba demostró objetivamente tal hecho, aspecto que tampoco habría sido aclarado en la resolución de 19 de agosto de 2015, que resolvió su solicitud de complementación de la Sentencia, vulnerando el principio de igualdad, inmediación, contradicción, inocencia, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, objetividad y verdad material. Por otro lado, también alega que el Tribunal de mérito, no dio valor a la prueba MP3 consistente en los certificados Médico Forense, que demostraría que ninguna de las supuestas víctimas presenta lesiones en el área genital, extra genital ni para genital.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por Auto de Vista 13/2016 de 3 de febrero, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia impugnada, bajo los siguientes argumentos expuestos en el considerando III:


En cuanto al primer motivo, fundado en la supuesta existencia de actividad procesal defectuosa, el Tribunal de alzada, argumentó que el Tribunal de mérito sopesó las circunstancias, estableciendo que habiendo sido legalmente notificado el imputado, no presentó su prueba de descargo, por lo que el Ad quem, concluye señalando que no es viable que el imputado sustente un agravio en mérito a su propia negligencia.


Respecto al segundo motivo de apelación, por la cual el imputado denunció que la Sentencia recurrida inobservó las formalidades que ésta debe cumplir, el Tribunal de apelación sostiene que constató el planteamiento y resolución de las excepciones o incidentes, que el A quo en el acápite denominado “Valoración de la prueba y Votos del Tribunal a cerca de los motivos de hecho y derecho”, habría realizado la valoración individualizada de todos y cada uno de los elementos probatorios incorporados a juicio; en cuanto, a la falta de votos de los miembros del Tribunal, refiere el Ad quem, que debe tenerse presente que la deliberación se produce en acto reservado, en el que los miembros del Tribunal exponen sus posturas, establecen y fundamentan su voto; y, en caso de unanimidad se pronuncia la Sentencia, la misma que es firmada por todos los miembros y que la obligatoriedad de pronunciar resolución fundamentada se da ante la disidencia de algún miembro del Tribunal de mérito, hecho que no aconteció en el caso de autos.


Resolviendo el tercer agravio, fundado en la falta de motivación, porque el A quo no habría expuesto el valor probatorio de cada elemento de prueba, el Tribunal de apelación argumenta que verificó que el Tribunal de mérito emitió juicios de valor respecto a cada uno de los elementos probatorios y haciendo referencia a la actividad valorativa que debe realizar el de mérito, refiere que el Tribunal Constitucional, estableció que a efectos de cumplir con la debida fundamentación, no se requiere que la misma sea ampulosa, sino que contenga las razones de hecho y derecho que la motiva.


Sobre el cuarto agravio denunciado en apelación restringida, referido a la existencia del defecto previsto por el inc. 6) del CPP, el Tribunal de apelación, primero, respecto al supuesto hecho que no se había probado en juicio y hubiere sido afirmado por el A quo, señalando que “se comprueba la manipulación del padre sobre sus hijos”, después de dicha afirmación, el A quo habría sustentado la misma argumentando que “…en sus declaraciones testificales prestadas en la cámara gessel todos recitan el mismo tenor, que la psicóloga de la Defensoría había mal interpretado lo que ellos declararon en las entrevistas, concretamente Jhonatan dice que el exageró en sus declaraciones que su padre sólo lo estaba curando porque él tenía un problema ahí (genitales) que le impedía orinar, sin hacer referencia los otros hechos que le hacía su padre. Jade además de referir que la psicóloga la mal interpretó dijo con lágrimas en los ojos, que quiere a su padre y desea volver a verlo, lo cual resulta normal, tratándose de una preadolescente vulnerable, pero también se denota en la actitud de todos y sobre todo de Jade que lamentablemente, se ha manipulado psicológicamente a los menores para que se sientan culpables de la situación de su padre y responsables de su liberación, para lo cual deben desdecirse, lo que en momentos de angustia han relatado con detalles, fluidez y coherencia lógica al equipo interdisciplinario y a la perito del SEDEGES (…)”, constatando que tal aseveración no es un hecho inexistente o no acreditado.


Y segundo, en cuanto a la presunta defectuosa valoración probatoria, el Tribunal de apelación luego de hacer una referencia a los principios de oralidad e inmediación en el punto II.1.6 del considerando III, argumentó “…en tal entendimiento de la revisión de la sentencia impugnada se verifica que el tribunal ad quo, efectuó una valoración integral de la prueba incorporada a juicio, exponiendo las razones por las que se otorga valor positivo o negativo a la misma, de manera congruente, que en conjunto determinó un juicio de condena respecto al acusado recurrente, no se verifica quebrantamiento de las reglas de la lógica dado que se exponen de manera detallada cada uno de los sustentos del valor que otorgan a la prueba de manera individual y en su conjunto, …” (sic).


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente proceso, el recurrente Mario Jhonny Ari Arancibia, denuncia que el Tribunal de alzada emitió la resolución judicial impugnada, sin la debida fundamentación, porque no sería expresa, clara y lógica; en cuyo mérito, corresponde analizar y resolver el motivo contenido en el recurso, conforme los límites establecidos en el Auto Supremo de admisión 281/2016-RA de 23 de mayo, resultando menester efectuar una precisión sobre la labor de contraste en el recurso de casación por parte del Tribunal de alzada y la exigencia de fundamentación en las resoluciones judiciales.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3 de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios; será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2. La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy, manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


III.2. De los precedentes invocados y análisis del caso concreto.


El recurrente, a tiempo de denunciar falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004, dictado dentro del caso seguido por el WLMC y otra contra VACG y otra, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, constatando el Tribunal de casación, que el Tribunal de apelación a tiempo de ratificar la sentencia entonces impugnada, incurrió en incongruencia omisiva al no resolver todos los motivos de apelación.


Precedente que tuvo una situación fáctica diferente a la denunciada por el recurrente de casación, quien alega que la resolución impugnada no es expresa, clara ni lógica, hecho diferente a lo que se entiende por una resolución infra petita, que concurre cuando el Tribunal de alzada omite pronunciarse sobre algún aspecto llevado a su competencia; por lo que, al no existir una situación fáctica análoga, este Tribunal no puede ejercer su función nomofiláctica respecto a este precedente y el motivo traído en casación.


También invocó el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, dictado dentro del proceso penal seguido por JCQ contra EMM y otro, por la presunta comisión de los delitos de Perturbación de Posesión y otros, que dejó sin efecto la resolución que fue recurrida al evidenciare en casación que el Tribunal de apelación no realizó una adecuada fundamentación que permitiera ingresar en el análisis de los antecedentes del proceso para ejercitar la tutela de los derechos y garantías en un proceso justo; hecho que generó la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable: “Las resoluciones, para ser válidas, deben ser motivadas. Esta exigencia constituye una garantía constitucional, no sólo para el acusado sino también para el Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia.


La exigencia de motivación constituye una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al juez el material necesario para ejercer su control, y sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


En virtud de éstas razones, la ley procesal consagra la exigencia de motivación de las sentencias, amenazando la infracción a dicha regla, con la nulidad conforme reza el artículo 370.5) Código de Procedimiento Penal.


La motivación, a la vez que un requisito formal, que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico (Claría Olmedo). Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consigna habitualmente en los "considerandos" de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución.


La motivación debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.


a) Expresa: Porque el juez, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan la condena o a la absolución, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: En la sentencia, el objeto del pensar jurídico debe estar notoriamente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la lean, aún sea por los legos.


c) Completa: La exigencia comprende a todas las cuestiones fundamentales de la causa y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar y habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los motivos sobre un punto esencial de la decisión.


Esto no implica que los hechos secundarios queden excluidos; la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprende el iter a través del cual el juez llega a la conclusión sobre el hecho principal. El error sobre el hecho secundario será relevante sólo en la medida en que repercuta o influya sobre el asunto principal.


La motivación, para ser completa, debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y expresando las conclusiones a las que arribe el Tribunal luego de un examen sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal y sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de su aplicación.


d) Legítima: La legitimidad de la motivación se refiere tanto a la validez intrínseca de las pruebas valoradas en la sentencia, como a que ellas provengan del debate. La prueba invocada debe ser válida. La sentencia que se funde en prueba ilegal es una sentencia ilegalmente motivada. Por lo tanto, la sentencia que se funda en una prueba procesalmente ilegítima, no esta debidamente motivada. Si el defecto recae sobre un aspecto esencial de sentencia, procederá la anulación de ésta.


También, por supuesto, será ilegítima la motivación si se funda en prueba obtenida por un procedimiento ilegítimo y violatorio de las normas constitucionales que consagran las garantías del debido proceso.


Al respecto, señala Maier: "...que a la verdad solo se puede arribar por los medios y en la forma que la ley permite; que, de haberse incorporado al procedimiento un elemento de prueba mediante un acto irregular o mediante un acto regular, cuya posibilidad de realización provenga necesaria y directamente del conocimiento adquirido por un acto irregular, él es invalorable para fundar una decisión judicial en perjuicio del imputado".


e) Lógica: Finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión, es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia.”


Similar entendimiento fue asumido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 14 de 26 de enero de 2007, 308 de 25 de agosto de 2006, 86/2013 de 26 de marzo y 281 de 15 de octubre de 2012, también invocados por el recurrente; estableciéndose que al existir una situación fáctica similar entre el motivo de casación, pues el recurrente denuncia una problemática procesal falta de fundamentación-, idéntica a la que generó la doctrina legal en los precedentes invocados, corresponde a este Tribunal de casación, ejercer su función unificadora de jurisprudencia en caso de verificar la contradicción denunciada.


Conforme lo expuesto en el acápite I.2 de la presente resolución, se establece que el recurrente denuncia que la Resolución impugnada, no cumple con los requisitos de ser expresa, clara y lógica, incurriendo en falta de fundamentación; al respecto, conforme la línea doctrinal expuesta en el precedente invocado por el recurrente, se tiene que una resolución debidamente fundamentada debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica, entendiéndose que el primer requisito, vale decir una resolución expresa, exige una conclusión razonada en las resoluciones judiciales, no pudiendo el administrador de justicia suplir esta exigencia con la remisión a otros actos o por una relación de la causa conforme el entendimiento del Auto Supremo 210/2015-RRC de 27 de marzo, que señaló: “Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso); ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmenteiv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna)” (El subrayado es nuestro).


Es decir, para que una resolución cumpla con el requisito de ser expresa, ésta no debe limitarse a una remisión de hechos o constancias del proceso, empero estos actuados deben servir al Tribunal de alzada para contrastarlos con el o los motivos de apelación y la normativa aplicable al caso, pues no se puede pretender llegar a una conclusión sin hacer mención a los datos del proceso y la normativa legal aplicable, debiendo entenderse que ante la falta de alguno de estos elementos hecho fáctico, actuado procesal y norma legal aplicable- en el análisis de un motivo de apelación, la fundamentación no sería expresa.


En autos, se establece que el Tribunal de alzada en el considerando III de la resolución impugnada, específicamente en el punto III.1.1, luego de hacer una remembranza del primer motivo de apelación restringida, fundado en la existencia de actividad procesal defectuosa que le había causado indefensión, argumentó que el Tribunal de mérito sopesó la circunstancia que siendo legalmente notificado, no presentó su prueba de descargo, no pudiendo sustentarse un agravio en mérito a la propia negligencia del recurrente.


Lo referido por el Tribunal de apelación, evidentemente constituye una conclusión; empero, no es expresa al no existir un análisis del hecho denunciado, contrastado con los actos o actuaciones judiciales del caso, y la normativa aplicable al caso concreto; por lo que, a fin de cumplir con el requisito observado por el recurrente, el Tribunal de alzada debió explicar cómo o dónde consta que el imputado fue notificado con la acusación, cuando comenzó a correr el plazo para la presentación de su prueba y cuando concluyó el mismo conforme al procedimiento penal vigente, y si en el tiempo referido, el imputado no presentó prueba o lo hizo de manera extemporánea; pues una resolución expresa para dar certeza de la corrección en la decisión tomada, no debe dejar dudas y debe referir cómo y por qué llega a dicha conclusión, qué actos o actuaciones judiciales le llevaron a verificar un hecho, qué normativa legal es aplicable y finalmente exponer su conclusión, sin dar lugar a la necesidad de que los sujetos procesales tengan que indagar cómo el Tribunal de alzada llegó a una determinada conclusión, más si se toma en cuenta que una resolución debe dar certeza sobre su corrección, no sólo a las partes sino a la población en general.


En cuanto al requisito de claridad, debe tenerse presente que está referido a que los jueces deben expedirse en un lenguaje llano, que permita la clara expresión de su pensamiento, así lo expresó el profesor Fernando de la Rúa en su obra “La Casación Penal”, refiriendo además que “el defecto de claridad sólo producirá la nulidad cuando por la oscuridad de los conceptos empleados no se pueda inferir el pensamiento del juzgador. El vicio se refiere no a cualquier frase o expresión no suficientemente asertiva, sino a aquellas por las cuales se fijan los hechos y conclusiones fundamentales, de modo que si ellas dejan dudas sobre las pruebas utilizadas, el hecho o la conclusión no se pueda saber si la decisión se funda en la certeza del juez o bien una sospecha o mero arbitrio suyo” (las negrillas son nuestras).


Conforme lo expuesto precedentemente, al no haber señalado el Tribunal de alzada qué actuaciones judiciales y qué normas le llevaron a concluir que el Tribunal de mérito rechazó de forma correcta el incidente de actividad procesal defectuosa, también incurrió en emitir una resolución que no resulta clara, pues no se tiene la certeza de que la decisión tomada por el Ad quem, corresponde a los datos del proceso.


En cuanto a los demás argumentos expuestos por el Tribunal de alzada, se advierten las mismas falencias detectadas a tiempo de resolver el primer motivo de apelación restringida, así en el punto III.1.2., simplemente expone el motivo de apelación y sus conclusiones señalando: “En cuanto (…) excepciones o incidente, se constata su planteamiento y resolución correspondiente. (…); efectúa la valoración individualizada de todos y cada uno de los elementos probatorios incorporados a juicio (…)”. En el mismo punto a tiempo de afirmar que la obligatoriedad de pronunciar resolución fundamentada radica ante la existencia de voto disidente, no sustentó con base a la normativa procesal penal vigente.


En el punto III.1.4, luego de hacer referencia al motivo de apelación, refirió que el Tribunal de Sentencia después de afirmar que las presuntas víctimas fueron manipuladas por el imputado, sustentó esa posición transcribiendo a continuación lo expuesto por el A quo; empero, sin desarrollar una argumentación de las razones por las cuales considera que la afirmación del Tribunal, se halla objetivamente probada.


En el punto III.1.5, identifica como motivo de apelación la defectuosa valoración de la prueba, resolviendo el mismo en el punto III.1.6, señalando que “en tal entendido de la revisión de la sentencia impugnada se verifica que el tribunal ad quo, efectuó una valoración integral de la prueba incorporada a juicio, exponiendo las razones por las cuales se otorga valor positivo o negativo a la misma, de manera congruente”, incurriendo nuevamente en el defecto de expresar únicamente una conclusión, sin respaldarla en el actuado procesal correspondiente identificar el acápite de la Sentencia donde consta la valoración de la prueba MP 3, la cual fue observada-; señalando además cuál fue el valor que le dio el Tribunal de mérito, a fin de que el recurrente tenga una respuesta expresa y clara.


En consecuencia, a esta altura del análisis se advierte que la denuncia formulada por el recurrente resulta fundada; en cuyo mérito, corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado a los fines de que el Tribunal de alzada, teniendo cuenta las exigencias propias de un fallo debidamente fundamentado, emita una nueva resolución que a tiempo de resolver los motivos alegados por el recurrente en apelación restringida, resulte expresa y clara.   


Por último, el recurrente denuncia falta de logicidad en el Auto de Vista impugnado, ya que en su planteamiento el Tribunal de alzada ante la denuncias de: fundamentación contradictoria con relación a la declaración de las víctimas y de los informes periciales escritos y realizados en la audiencia de juicio; valoración defectuosa de la prueba y que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados; debió realizar una compulsa de la prueba de modo integral conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica, psicología y experiencia.


Al respecto, el recurrente no puede pretender que el Tribunal de alzada realice una valoración probatoria conforme las reglas de la sana crítica, pues ante la denuncia de defectuosa valoración probatoria, el Tribunal de alzada debe verificar que la Sentencia contenga una fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva y que ante la pretensión de control sobre esa valoración, su pronunciamiento no puede fundarse en la credibilidad o no de un testigo o de una prueba en particular, sea documental, pericial, etc., sino en la verificación si en la valoración probatoria no se incurrió en uno de los siguientes errores: “falso juicio de existencia, porque omite apreciar una prueba que obra en el proceso o porque la supone existente sin estarlo: falso juicio de identidad, cuando no obstante considerarla legal y oportunamente allegada, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndola producir efectos que objetivamente no se establecen de ella: falso juicio de raciocinio, cuando el juzgador de instancia, sin cometer ninguno de los anteriores errores, y existiendo la prueba, la aprecia en su exacta dimensión fáctica, pero al asignarle su mérito persuasivo viola los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria.” (Orlando Rodríguez Casación y Revisión Penal).

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 13/2016 de 3 de febrero, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA