TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 594/2016-RRC

Sucre, 10 de agosto de 2016


Expediente                        : Chuquisaca 9/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Clemente Durán Molina

Delito                        : Abuso Sexual

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de marzo de 2016, cursante de fs. 211 a 216, Clemente Durán Molina, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 115/2016 de 14 de marzo de fs. 203 a 208 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, integrada por los Vocales Hugo Bernardo Córdova Eguez y Elena Esther Lowenthal Claros, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Margarita Medrano Maturano en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual con Agravante, previsto y sancionado por el art. 312 con relación al art. 310 inc. a) y b) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 52/2015 de 17 de septiembre (fs. 129 a 143), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró al imputado Clemente Durán Molina, autor de la comisión del delito de Abuso Sexual con Agravante, previsto y sancionado por los arts. 312 con relación al 310 incs. a) y b) del CP, imponiéndole la pena de quince años de privación de libertad, más costas, daños y perjuicios a favor de la víctima.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Clemente Durán Molina (fs. 158 a 162 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, que previa subsanación (fs. 193 a 195 vta.), fue resuelto por Auto de Vista 115/2016 de 14 de marzo, que declaró improcedente el recuso planteado, manteniendo incólume la Sentencia y en aplicación del art. 399 segundo párrafo del Código de Procedimiento Penal (CPP), rechazó por inadmisibles los motivos primero, segundo y tercero del señalado recurso, por no haberse subsanado las observaciones efectuadas oportunamente y no haber superado el juicio de admisibilidad, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. De los motivos del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 407/2016-RA de 24 de mayo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) Con relación a la nulidad del cuarto motivo de su recurso de apelación restringida, señala que el Tribunal ad quem recalificó erróneamente el tipo penal por el cual se le condenó, aspecto del que se dijo que la Sentencia hizo un correcto juicio de tipicidad con la salvedad de esgrimir la potestad del art. 414 del CPP, para recalificar la conducta; al respecto, señala que no se demuestra a cuál de los delitos previstos en los arts. 270 y/o 271 del CP, se adecua la agravante prevista en el art. 310 del mismo Código, siendo que evidentemente el hecho se trata de que la menor sufrió la caída en la calle al bajar del micro; en ese sentido, no se establece si su conducta se adecuó a un delito preterintencional o cuál su grado de participación en las lesiones referido a la autoría o no, este aspecto hace ver que existió vulneración del debido proceso y defecto absoluto que no es convalidable; además, de que el delito de Lesiones Gravísimas cuenta con seis incisos que establecen tópicos diferentes; asimismo, las Lesiones Graves y Leves, se las califica cuando el daño ocasionado en el cuerpo o en la salud de la víctima que no esté comprendido en los incisos del art. 271, derivare en la incapacidad para el trabajo de treinta a ciento ochenta día; en ese sentido, señala que no se puede suponer que el hecho se adecua a los aspectos establecidos en los arts. 270 y 271 del CP; por otro lado, señala que las lesiones fueron ocasionadas a factores externos. Al respecto, con la finalidad de sustentar lo afirmado indica  los arts. 13, 13 quater, 16, 39 del CP, para afirmar que su conducta no se adecua a los arts. 270 y 271 del CP; finalmente, invoca las Sentencias Constitucionales 0659/2006-R de 10 de julio y 1620/2003-R de 11 de noviembre, para señalar que cuando los derechos procedimentales provoque indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión judicial efectuada en el proceso, se vulnera el principio de especificidad de la Sentencia, vertiente del debido proceso en cuanto al deber de fundamentar una resolución.


2) El Tribunal ad quem incurrió en defecto absoluto, al no otorgar el trámite que amerita la petición de la revisión recursiva teniendo en cuenta que incurrió en falta de fundamentación, siendo que no se justificó que se señaló que no se puede afirmar la comisión del ilícito porque la hermana de la víctima no vio el momento en que supuestamente incurrió en dicho ilícito, de la misma forma no existió otro medio de prueba que acredite lo manifestado por la víctima; asimismo, refiere que no es aplicable el art. 310 inc. b) del CP, pues con relación a esos aspectos, señala que en su apelación restringida acusó la comisión de defectos absolutos no convalidables, porque no se confrontó las declaraciones y tampoco se asumió el mandato del in dubio pro reo; en cuanto, a las contradicciones de la hermana de la víctima que aplicándola correctamente, debían favorecerle; en síntesis, señala que no debió constituirse en una resolución que limita de manera inquisitiva el ejercicio de la producción de la prueba de descargo que resultaba fundamental, siendo que dichas pruebas debieron ser analizadas por el Tribunal de apelación, porque al tratarse de defectos absolutos se debió abrir inmediatamente la competencia de los Tribunales superiores quienes están obligados al análisis de fondo de la cuestión planteada como en el caso de autos. Asimismo, refiere que en ese motivo de su apelación restringida invocó la violación de los arts. 169 in. 3) y 370 del CPP; por lo que, el Tribunal de alzada debió ingresar a la revisión de fondo de lo pretendido; sin embargo, de ello no lo hizo, incurriendo en falta de fundamentación.


I.1.2. Petitorio.


En mérito a los argumentos expuestos en su recurso, solicita se declare procedente el recurso de casación y se deje sin efecto el Auto de Vista 115/2016 del 14 de marzo, disponiendo se emita una nueva resolución en el marco de la doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 407/2016-RA de 24 de mayo, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Clemente Durán Molina, para el análisis de fondo de los dos motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO.


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 52/2015 de 17 de septiembre, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró al imputado Clemente Durán Molina, autor de la comisión del delito de Abuso Sexual con Agravante, previsto y sancionado por los arts. 312 con relación al 310 incs. a) y b) del CP, imponiéndole la pena de quince años de privación de libertad, con los siguientes argumentos:


En la fundamentación jurídica, previamente de realizar un contexto de los arts. 14 (Dolo), 20 (Autores), 312 (Abuso deshonesto), 312 (Abuso Sexual), 310 (agravación), 270 y 271 del CP, señala que el imputado realizo actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal perpetrados contra la AA, traducidos en haberle tocado la vagina, la nalga y el pecho con la mano; hecho suscitado por inmediaciones del domicilio de la menor y la última el 4 de abril de 2014 cuando la menor en compañía de su hermana se dirigían a su domicilio en el micro de la línea “Q”; toda vez, que como persona mayor (41 años) perfectamente se dio cuenta que los actos que realizaba con la victima (9 años de edad) eran reprochables y que por su corta edad estaba incapacitada para resistir y discernir la magnitud del daño, no otra cosa significa que en una ocasión la arrastró para no ser descubierto a un lugar cercano de la casa de la menor y así realizar toques impúdicos, lo que desplegó que la menor tenga miedo y terror incontenible.


El acusado al haber tocado las partes íntimas a un menor de edad, atentó contra su pudor y su libertad sexual y al ser la víctima una menor de nueve años, debe aplicarse además de la pena principal la agravante prevista por el art. 312 con relación al art. 310 inc. a) del CP, conducta esta que no se puede soslayar al evidenciarse la existencia real del ilícito, conforme se desprende de la prueba documental y del testimonio de los testigos de cargo, al ser estos concomitantes, en tiempos, lugares y hechos; toda vez, que al haber atentado contra la menor esta se encontraba con un grave trauma, pues pese de que se procedió con toques impunes en el micro este prosigue su actitud con gestos obscenos que pusieron en vilo a la menor, que al advertir que dichas agresiones no iban a cesar se vio obligada de bajar del micro una cuadra antes y cuando el vehículo se encontraba en movimiento descendió obligada lo que le ocasionó lesiones en el rostro con un impedimento de nueve días, catalogándose como Lesiones Leves, previstas por el “art. 370 del CP”.


Respecto a la conducta descrita en el art. 310 inc. b) del CP, se tiene que este extremo ha sido demostrado principalmente por la declaración de la menor NN quien pretendiendo evitar que su hermana siga en zozobra y llorando decidieron trasladarse a un asiento detrás del chofer, para lo cual la hermana se adelantó y como su hermana AA se tardó un poco, cuando se dio la vuelta vio que el acusado la estaba manoseando a la víctima de sus nalgas, además de continuar realizando gestos obscenos; por lo que, el acusado al haber realizado los diferentes toques impúdicos así como realizó actos obscenos, sin duda el agresor atentó contra el pudor, dignidad y libertad sexual  al ser la víctima de nueve años de edad.


En definitiva, el Tribunal de Sentencia concluyó haberse acreditado que el acusado participó en la comisión del ilícito de abuso sexual con la agravante, previsto y sancionado por los arts. 312 y 310 incs. a) y  b) del CP.


II.2. De la apelación restringida interpuesta por el acusado.


Contra la referida Sentencia, el imputado Clemente Durán Molina, interpone recurso de apelación restringida, que es desarrollada sólo en cuanto a lo atinente a los motivos traídos en casación:


1) Alega defecto de la Sentencia que contraviene el art. 370 inc. 5) del CPP, ya que la Sentencia contiene una insuficiente y contradictoria fundamentación; por una parte, señala que los testigos de cargo Juana Contadora, Emilio Aviso y María Eva evidencian la poca credibilidad en sus testimonios; sin embargo, se dicta Sentencia condenatoria, pese de que también se sabe que la menor se encuentra estudiando y desarrollando su vida normal, mantiene un entorno social, no existe una afectación psiquiátrica que correspondan a víctimas de abuso sexual sino más bien de “bulling”; por lo que, el Tribunal no aplicó el principio de presunción de inocencia ni in dubio pro reo ante la indiscutible duda razonable argumentando de manera contradictoria la existencia evidente de dudas en cada uno de los medios probatorios valorados; por lo que, solicita la absolución ante la falta de congruencia y fundamentación de la Sentencia.


2) Alega defecto de la Sentencia que contraviene el art. 370 inc. 6) del CPP, indicando que se ha valorado defectuosamente la prueba producida sin pronunciamiento total de los medios de prueba, puesto que la prueba debe ser valorada por el Tribunal de manera integral, es así que no se ha valorado la pericia médico legal (MP4) que menciona que la menor no tenía lesiones en área genital, extra genital ni paragenital; por lo que, se hace aplicable el in dubio pro reo.    


3) Alega defecto de la Sentencia que contraviene el art. 370 inc. 1) del CPP, ya que se hubiese aplicado de forma errónea la norma sustantiva, ya que los elementos del delito de abuso sexual se tiene que son actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre otra, sin su consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual, entendiendo que en ese instante se encontraba en estado de ebriedad; por lo que, pudo haberse entendido cualquier actitud, además la hermana de la víctima no se hallaba presente en el momento de la supuesta comisión del delito; por cuanto, no existe motivo alguno para prever que el supuesto delito se ha cometido en presencia de menores sin constancia alguna de edades o coherencia en los relatos, por lo que no debió aplicarse ninguna agravante como la prevista en  el art. 310 inc. b) del CP.


    La Sentencia no especifica a que numeral del art. 270 se refiere, siendo deber del Tribunal de fundamentar de manera clara los hechos, además de que los hechos no se acomodan a ninguno de los numerales del referido artículo, no existe enfermedad mental, no hay debilidad en la salud, no hay incapacidad para el trabajo o marca indeleble o algún peligro de perder la vida; en todo caso, existe una lesión que por circunstancias ajenas al imputado se produjeron en la menor porque ella se encontraba bajando del micro en movimiento.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista 115/2016 de 14 de marzo, resolvió declarar improcedente el recurso planteado y mantener incólume la Sentencia; y en aplicación del art. 399 segundo párrafo del CPP, rechazó por inadmisibles los motivos primero, segundo y tercero de la señalada apelación restringida; en base a los siguientes argumentos:


Respecto al cuarto motivo, relativo a la contravención de lo estipulado por el art. 370 inc. 1) del CPP, si bien el recurrente hace mención simple de las normas sustantivas penales contenidas en los arts. 13 y 16 del CP, así como las normas adjetivas penales establecidas en los arts. 124 y 173 del CPP; sin embargo, no precisa menos explica de manera individualizada conforme exige el art. 408 del CPP, de qué manera el a quo, hubiere incurrido en su vulneración o errónea aplicación; por lo que, este Tribunal de alzada no resolverá nada respecto a la simple mención en el recurso de dichas disposiciones legales, limitándose a analizar y controlar la legalidad y logicidad expresada por el Tribunal apelado respecto de la supuesta errónea aplicación de las normas sustantivas contenidas en los arts. 312 con relación a los arts. 310 incs. a) y b) y 270 y 271 del CP, defecto de sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP.


Luego de transcribir la parte pertinente del numeral 5 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA del único considerando de la Sentencia, el Tribunal de alzada concluye que no resulta evidente que el Tribunal de Sentencia no hubiese efectuado una correcta subsunción de la conducta delictiva atribuida al hoy impugnante, porque sí lo ha hecho en la forma detallada, aunque el error que resulta ser de taipeo, cuando al determinar que el procesado como efecto de los tocamientos impúdicos y gestos obscenos infligidos a la menor víctima en el micro, donde le tocó viajar con éste dicha menor, por su desesperación de escapar del mismo se lanzó debajo de dicho micro, cuando éste aún no había parado, situación que le causó lesiones leves en su rostro, aspecto que según el Tribunal de Sentencia se hallaría previsto como agravante en el art. 370 del CPP, cuando dicho artículo no existe en el código penal y más bien la norma que concuerda con la acusación y los hechos advertidos como acreditados por el A quo, precisamente se encuentran subsumidos por el art. 271 del CP, que refiere a las Lesiones Graves y Leves, entonces atendiendo a la logicidad expresada en la fundamentación jurídica expuesta por el A quo se tiene que una de las agravantes por las que fue procesado el recurrente se halla precisamente sustentada en la citada norma sustantiva penal, que en base al principio “iura curia novit” y la potestad conferida por el art. 414 del CPP, este Tribunal aclara que verdaderamente se aplica a la conducta desplegada por el acusado y advertida por el A quo conforme lo prevén los arts. 312 y 310 inc. a) y no así la norma invocada en la Sentencia contenida en el art. 370 del CP. Respecto a la otra agravante, se tiene debidamente justificada y fundamentada por los Juzgadores de mérito, prevista en el art. 310 inc. b) del CP, agravante que se aplica al acusado conforme lo establece el art. 312 del CP y que según el Tribunal de Sentencia, también se ha subsumido a la conducta del imputado porque éste efectuó y realizó los actos impúdicos y gestos obscenos en contra de la víctima en presencia de la hermana de la indicada víctima que apenas contaba con once años de edad; por tanto, también una niña en la forma exigida en dicha norma sustantiva penal; por cuanto, no se advierte errónea aplicación o interpretación de las normas sustantivas penales aludidas.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


El recurso de casación de Clemente Durán Molina, fue admitido ante la concurrencia  de los presupuestos de flexibilización, debido a la denuncia de que: a) El Auto de Vista incumplió la aplicación del art. 414 del CPP, porque no se fundamentó respecto de que el hecho no se subsumió a la agravante establecida por el art. 310 con relación a los arts. 270 y 271 del CP, lo que generó la vulneración del derecho al debido proceso y el principio de especificidad.; y, b) Falta de fundamentación respecto de la agravante prevista en el art. 310 inc. a) del CPP y por ello, se le condenó con la agravante, sin que esta se hubiere adecuado al hecho; asimismo, refiere que no es aplicable el art. 310 inc. b) del CP en el hecho denunciado, por lo que corresponde resolver las problemáticas planteadas.


III.1. Toda resolución judicial debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada.


El  derecho  a  una  resolución  fundamentada  o  derecho  a una resolución  motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso establecido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); en ese marco, la resolución judicial para su validez y plena eficacia, requiere cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente la misma, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


En coherencia con las normas constitucionales citadas y la doctrina descrita, el legislador estableció en el art. 124 del CPP, que: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba”; bajo este alcance jurídico, toda autoridad judicial que emita una resolución debe exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta su parte dispositiva, pues cuando un Juez o Tribunal omite fundamentar y motivar debidamente su razonamiento y determinación, toma una decisión de hecho contraria al espíritu de un debido proceso; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar, pero con precisión y claridad, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, claro está con la justificación legal que respalde además esa situación.


III.2. Análisis del caso concreto.


Conforme se evidencia del Auto Supremo de Admisibilidad, este Tribunal admitió dos motivos del recurso de casación, que serán resueltos de forma conjunta considerando que el Tribunal de alzada simplemente ingresó al fondo, respecto al cuarto motivo del recurso de apelación restringida por la denuncia de una presunta errónea aplicación de las normas sustantivas contenidas en los arts. 312 con relación a los arts. 310 incs. a) y b) y 270 y 271 del CP; pues el primer, segundo y tercer motivo, fueron declarados inadmisibles al no haberse subsanado lo observado en el momento procesal oportuno.


En síntesis la parte recurrente, denuncia que el Tribunal de alzada incumplió la aplicación del art. 414 del CPP, porque no fundamentó respecto de que el hecho no se subsumió a las agravantes establecidas por el art. 310 incs. a) y b) con relación al arts. 270 y 271 del CP, lo que generó la vulneración del derecho al debido proceso y el principio de especificidad, condenándole con la agravante, sin que esta se hubiere adecuado al hecho; asimismo, agrega que no es aplicable el art. 310 inc. b) del CP, en el hecho denunciado.


De la revisión del Auto de Vista impugnado, se tiene que el Tribunal de alzada concluye que no es evidente que el Tribunal a quo, no hubiere realizado una correcta subsunción de la conducta delictiva atribuida al hoy impugnante. Para dicha conclusión, constató correctamente que el Tribunal de Sentencia -respecto a la subsunción- lo hizo de forma detallada; sin embargo, observó la existencia de un error por el A quo, pero que fue una omisión netamente formal, al determinarse en la Sentencia que como efecto de los tocamientos impúdicos y gestos obscenos infligidos a la menor víctima en el micro donde le toco viajar con el imputado, dicha menor, por su desesperación de escapar de él se lanzó debajo del micro cuando éste se encontraba en movimiento y aún no había parado, aspecto que le causó Lesiones Leves en su rostro, situación que según el Tribunal de Sentencia se hallaría previsto como agravante en el “art. 370 del CP”; en este sentido, el Tribunal de alzada realizando el control de legalidad, manifestó que el referido artículo (370 del CP), no existe en el código sustantivo penal y que en todo caso, la norma que concuerda con la acusación y los hechos advertidos como acreditados por el Tribunal de Sentencia, cabalmente se encuentran subsumidos por el art. 271 del CP que refiere a las Lesiones Graves y Leves; es así que, el Auto de Vista a partir de la logicidad expresada en la fundamentación jurídica expuesta en la Sentencia, arribó al entendimiento de que una de las agravantes por las que fue procesado el recurrente se halla precisamente sustentada en la citada norma sustantiva penal, que en base al principio “iura curia novit”  y la potestad conferida por el art. 414 del CPP, aclaró que verdaderamente se aplica a la conducta desplegada por el acusado conforme lo prevén los arts. 312 y 310 inc. a) del CP y no así la norma invocada en la Sentencia contenida en el “art. 370 del CP”.


Por otra parte, el Tribunal de apelación, también realizó un correcto control de legalidad, respecto a la otra agravante, ya que constató que el Tribunal  a quo al momento de dictar la Sentencia condenatoria, lo hizo debidamente justificada y fundamentada, sobre el alcance del art. 310 inc. b) del CP, ya que se señaló, que dicha agravante de igual forma era aplicable al imputado conforme lo establece el art. 312 del CP y que según el Tribunal de Sentencia también se ha subsumido a la conducta del imputado la referida norma especial, porque éste efectuó y realizó los actos impúdicos y gestos obscenos en contra de la víctima en presencia de su hermana que apenas contaba con once años de edad; por tanto, se trata de una niña en la forma exigida en dicha norma sustantiva penal, por lo que, el Tribunal de alzada concluyó que no se advierte errónea aplicación o interpretación de las normas sustantivas penales aludidas.


En ese marco, el Auto de Vista se encuentra debidamente fundamentado y motivado, aplicó correctamente el espíritu previsto por el art. 414 del CPP y el alcance del principio iura novit curia, corrigiendo y complementando de forma fundamentada y dentro de su competencia, un aspecto netamente formal y de taipeo como es el consignar como agravante el “art. 370 del CP”, que no tiene nada que ver con la norma sustantiva de los arts. 312 y 310 inc. a) del CP ; en este sentido, el Tribunal de alzada realizó un control de legalidad efectivo -sin revalorizar prueba ni recalificar el tipo penal- ya que se ha evidenciado que la conducta del imputado se acomodó claramente a la agravante establecida en el art. 310 inc. a) del CP, justamente por las lesiones (art. 271 del CP) que tuvo la menor por causa de la conducta desplegada por el imputado; por otra parte, también se fundamentó sobre la otra agravante, concluyéndose que los actos impúdicos y gestos obscenos en contra de la víctima, fueron realizados y consumados en presencia de la hermana de la víctima, lo que significa que el hecho ilícito e antijurídico fue producido frente a una menor de edad, lo que hace la aplicación de la agravante prevista en el art. 310 inc. b) del CP.


Consiguientemente, el Auto de Vista se encuentra debidamente fundamentado, admitido con base al control de legalidad respecto a la correcta subsunción de la conducta delictiva del ahora recurrente efectuada en la Sentencia, por lo que, no se ha vulnerado ningún derecho fundamental ni garantía constitucional; en todo caso, la resolución ahora impugnada contiene una motivación razonable respecto a la subsunción.   


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Clemente Durán Molina, cursante de fs. 211 a 216.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA