TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 588/2016-RA

Sucre, 3 de agosto de 2016


Expediente                : La Paz 51/2016

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte imputada        : Pedro Copa Machaca

Delito                : Lesiones Graves y Leves


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de mayo de 2016, cursante de fs. 493 a 502, Pedro Copa Machaca, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 16/2016 de 7 de marzo, de fs. 464 a 467 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de Víctor Luna Cabrera y Silveria Ticona Luna contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 07/2015 de 13 de abril (fs. 371 a 381), el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Pedro Copa Machaca, autor del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP, imponiéndole la pena de tres años y tres meses de reclusión, con costas.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Pedro Copa Machaca, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 406 a 418 vta.), resuelto por Auto de Vista 16/2016 de 7 de marzo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró Admisibles e Improcedentes las cuestiones planteadas en el recurso y confirmó la Sentencia apelada. Por otra parte, por Resolución de 12 de abril de 2016 (fs. 470), se resolvió la solicitud de Complementación y Enmienda.


c) Por diligencia de 13 de mayo de 2016 (fs. 471), fue notificado el recurrente con la última Resolución; y, el 19 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) El recurrente denuncia la existencia de actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación alegando que: a) Se vulnerarían los arts. 167 y 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), en virtud a que el Tribunal de alzada resolvió de manera conjunta, tanto su recurso de  apelación incidental, como la apelación restringida interpuestas en autos, mediante la Resolución impugnada a través de una tramitación incorrecta, ya que por un fundamento lógico jurídico, se debe tener presente que si la apelación incidental fuere resuelta favorablemente, sus efectos afectan al proceso y recién si fuera rechazada conforme establecen el Auto Supremo 152 de 20 de junio de 2012 y la Sentencia Constitucional 712/2006-R, recién debería ser resuelta la apelación restringida, extremo que no ocurrió en el presente caso, constituyendo un defecto absoluto que no puede ser convalidado; b) Que, llevada a cabo la audiencia de fundamentación oral de su apelación restringida y pese a efectuar su argumentación, la misma no se encontraría consignada en el Auto de Vista recurrido, cuando debiera constituirse como parte del derecho a su defensa y al no hacerlo no se sabría el valor otorgado por el Tribunal de alzada, lo cual  violaría el debido proceso y su derecho a la defensa, la igualdad de las partes y el principio de inmediación establecidos en los arts. 115, 117, 119 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo cual representa un defecto en la tramitación del proceso no susceptible de convalidación por ser una actividad procesal defectuosa contenida en los arts. 167 y 169 inc. 3) del CPP, y; c) Denuncia que conforme lo previsto en el art. 411 del CPP, la Resolución impugnada  debió haber sido emitida dentro de los 20 días; sin embargo, en esta no existiría ninguna fecha, por lo que, no se sabría la fecha en la que se emitió el Auto de Vista recurrido, lo que evidenciaría que fue emitida fuera del plazo legal, omisión que vulnera el debido proceso, el principio de certeza de saber cuándo se dictó dicha resolución, así como la seguridad jurídica que constituyen garantías jurisdiccionales establecidas en los arts. 115, 117, 119 y 178 de la CPE.


2) En su recurso de apelación restringida denunció el defecto de Sentencia previsto en el inc. 9) del art. 370 del CPP; es decir, la falta de firmas de los jueces ciudadanos y la disolución del Tribunal en pleno juicio; al respecto, el Tribunal de alzada en el segundo considerando del Auto de Vista recurrido señaló: “Que no habiendo participado durante el juicio los jueces ciudadanos tras la regularización del sistema procesal, no se requiere de la firma de los mismos a simple petición del apelante, encontrándose la sentencia exigidas por ley, sin vulneración de algún tipo de derecho o garantía”, argumento que a decir del recurrente es completamente errado, debido a que la Ley 586 en ningún artículo faculta a la Presidenta del Tribunal Quinto de Sentencia a disolver en pleno juicio producción de prueba de cargo- al Tribunal compuesto por jueces técnicos y ciudadanos, conforme se acreditaría del Acta de constitución de tribunal que cursa en antecedes. Sobre el particular, alega el recurrente que este motivo de apelación no fue respondido por el Tribunal de alzada ya que sólo se limitó a señalar que no se vulneró su derecho ni garantía constitucional, cuando el motivo de apelación fue que la Presidenta del Tribunal no tenía facultades para disolver el Tribunal de juicio, violentándose con dicho argumento las garantías y principios constitucionales como de la seguridad jurídica, garantía de legalidad, la transparencia, la igualdad de las partes, verdad material, participación ciudadana (con los jueces ciudadanos) y el debido proceso, que son garantías jurisdiccionales y principios que rigen todo proceso, contenidos en los arts. 115, 116, 117, 118, 120, 178 y 180 de la CPE.


3) También denuncian la falta de pronunciamiento al tercer motivo de su apelación, porque  no  fue respondido en  el  Auto  de Vista  recurrido, siendo ignorado deliberadamente pese a que denunció el defecto de sentencia contenido en los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP: “La sentencia en su fundamentación es insuficiente contradictoria y defectuosa valoración de la prueba”, procediendo a identificar cuáles las pruebas denunciadas de contradictorias declaraciones de los dos querellantes-, defectuosa valoración de las pruebas documentales, así como las partes en las que la sentencia incurrió en los defectos denunciados; sin embargo, este aspecto no fue resuelto en vulneración a su derecho a la defensa, ya que conforme lo señalado en el Auto Supremo 152 de 20 de junio de 2012, el no resolver todos los extremos o puntos apelados, constituye una vulneración al debido proceso y atenta contra del legítimo derecho a la defensa y al principio de seguridad jurídica, establecido en los arts. 115, 117, 119, 178 y 180 de la CPE y al derecho de impugnación previsto en el art. 180.II) de la CPE.


4) Por último, alega que en el Auto de Vista recurrido no se hizo constar o valoró de alguna manera los precedentes contradictorios, señalados en su recurso de apelación restringida y si los tomó o no en cuenta, siendo que es un requisito de toda apelación restringida su invocación y en su caso sean considerados antes de ingresar a la aplicación de fondo de la apelación principal conforme lo dispone el Auto Supremo 29/2014-RRC; al respecto, procede a citar nuevamente los precedentes invocados efectuando una breve referencia de los mismos, consistentes en los Autos Supremos 248 de 10 de octubre de 2012, 297 de 16 de septiembre de 2005, 237/2007 de 7 de marzo de 2007, 349 de 28 de agosto de 2006, 658 de 28 de octubre de 2004, 411 de 20 de octubre de 2006, 314 de 25 de agosto de 2006, 436/2007 de 24 de agosto de 2007, 17/2007 de 26 de enero de 2007, 255/2012 de 8 de agosto de 2012, 229/2012-RRC de 27 de septiembre, 40/2008, 403/2008, 526/2004, 459/2004, 29/2004, 518/2004, 456/2004, 100/2004, 17/2004, 500/2004, 455/2004, 455/2004, 99/2004, 14/2004, 864/2000, 792/2000, 646/200, 447/2000, 404/200, 63/2000, 843/200, 791/2000, 578/2000, 15/2000, 83/1999, 5/1999, 158/1998 y 537/1998, así como las Sentencias Constitucionales 119/2004-R de 28 de enero, 757/2003-R de 4 de enero, 1274/2001-R de 4 de diciembre y 1668/2004-R.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en  apelación cuando  se dictó  el  Auto de  Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Dicho entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 13 de mayo de 2016, fue notificado el recurrente con el Auto que resolvió su pedido de complementación y enmienda del  Auto de Vista recurrido; y, el 19 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los demás requisitos se evidencia que el recurrente en el primer motivo denuncia actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación haciendo referencia a tres problemáticas que deben ser analizadas de manera separada en los siguientes términos.


En el punto a) refiere que se vulneró los arts. 167 y 169 inc. 3) del CPP, en virtud a que el Tribunal de alzada resolvió de manera conjunta tanto la apelación incidental como la apelación restringida interpuesta en autos, en contradicción con el Auto Supremo 152 de 20 de junio de 2012, estableciendo con claridad cuál la contradicción existente al enfatizar el momento y los efectos de resolución fundamentalmente de la primera apelación, por lo que estando cumplidos los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, corresponde ingresar al análisis de fondo de este motivo, dejando constancia que la labor de contraste no abarcará la Sentencia Constitucional citada, al no constituir precedente dentro de los alcances del art. 416 del CPP.


En relación al punto b) en el cual el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada no consignó los argumentos expuestos en la fundamentación oral de su recurso de apelación restringida, cuando estos fundamentos deberían constituir parte del derecho a su defensa y al no hacerlo, no se sabría el valor otorgado por el Tribunal a tiempo de emitir su fallo, vulnerando el debido proceso y su derecho a la defensa, la igualdad de las partes y el principio de inmediación, establecidos en los arts. 115, 117, 119 y 178 de la CPE, generando un defecto en la tramitación del proceso no susceptible de convalidación por ser una actividad procesal defectuosa contenida en los arts. 167 y 169 inc. 3) del CPP; se evidencia, que si bien no invocó precedente contradictorio, cumplió con los requisitos de flexibilización  expuestos en el acápite anterior del presente fallo, porque estableció el accionar del Tribunal de alzada que le hubiese generado una vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, así como la consecuencia generada a partir de dicha omisión, argumentos suficientes para ingresar a resolver el fondo de lo alegado.


Respecto a la problemática planteada en el punto c), referida al incumplimiento a lo dispuesto en el art. 411 del CPP, por cuanto la resolución impugnada hubiese sido emitida fuera del plazo previsto en dicha norma, ya que ni siquiera tendría fecha de emisión, incurriendo en una omisión que vulnera el debido proceso, el principio de certeza de saber cuándo se dictó dicha resolución, así como la seguridad jurídica que son garantías jurisdiccionales establecidas en el art. 115, 117, 119 y 178 de la CPE; se tiene presente que la denuncia esencialmente está referida a que la apelación restringida no hubiese sido resuelta dentro del término de los veinte días que establece la ley. Al respecto, es necesario referir que la entonces Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, a través de los Autos Supremos 110/2005 de 31 de marzo, 240/2009 de 12 de marzo y 259/2011 de 6 de mayo entre otros, sentó como doctrina legal aplicable, que en materia penal, el incumplimiento de plazos no acarrea la pérdida de competencia, menos la nulidad de lo actuado, sino la retardación de justicia que amerita la responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios negligentes, siendo asumida esta posición por esta Sala Penal a través de los Autos Supremos 293/2012-RA de 16 de noviembre y 016/2014-RA de 24 de marzo, por o que no corresponde el análisis de fondo de la temática planteada, aclarándose además que no resulta evidente la alegación de que el Auto de Vista recurrido no tiene fecha de emisión, pues en el primer párrafo del mismo consigna como fecha el “siete de marzo de dos mil dieciséis”.


Sobre el segundo motivo, referido a que el Tribunal de alzada en cuanto a su denuncia de vulneración del inc. 9) del art. 370 del CPP, sólo se limitó a señalar que no se vulneró su derecho ni garantía constitucional, cuando en realidad en apelación cuestionó que la Presidenta del Tribunal no tenía facultades para disolver el Tribual de juicio, violentándose con dicho argumento las garantías y principios constitucionales como de la seguridad jurídica, garantía de legalidad, la transparencia, la igualdad de las partes, verdad material, participación ciudadana (con los jueces ciudadanos) y el debido proceso, que son garantías jurisdiccionales y principios que rigen todo proceso, contenidos en los arts. 115, 116, 117, 118, 120, 178 y 180 de la CPE; se constata que en la parte final del recurso de casación, el recurrente en el acápite III (Precedentes Contradictorios) efectúa la cita de  amplia jurisprudencia,  que  constituirían  precedentes  contradictorios; sin


embargo, no los vincula al caso concreto, limitándose a efectuar una breve transcripción de los fallos o en su caso una mención de su contenido, sin establecer la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado, conforme la exigencia del art. 417 del CPP.


Ahora bien, este Tribunal no puede soslayar que en el presente motivo de forma clara y expresa, la parte recurrente señala cual la actuación del Tribunal de alzada que le causaría agravio referida a una falta de fundamentación en su respuesta al agravio alegado en apelación con base al art. 370.9) del CPP, en vulneración de  derechos y garantía constitucionales, lo que exige a este Tribunal casacional ingresar a verificar si evidentemente se incurrió en los defectos alegados, teniendo en cuenta que por Auto Supremo 51/2014-RA de 17 de marzo, se precisó que en las denuncias de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado”, presupuestos cumplidos en el caso de autos.


En cuanto al tercer motivo, se tiene que el recurrente denuncia la falta de pronunciamiento al tercer motivo de su apelación alegando que no fue respondido en el Auto de Vista recurrido siendo ignorado deliberadamente lo cual viola su derecho a la defensa ya que conforme a señalado la jurisprudencia a través del Auto Supremo 152 de 20 de junio de 2012, la falta de resolución de todos los extremos o puntos apelados, constituye una vulneración al debido proceso y atenta contra del legítimo derecho a la defensa y al principio de seguridad jurídica establecido en los arts. 115, 117, 119, 178 y 180 de la CPE y al derecho de impugnación previo en el art. 180.II) de la CPE. Al respecto, se tiene el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, correspondiendo el análisis de fondo de este motivo.

Por último, sujeto a análisis el cuarto motivo, se verifica que el recurrente denuncia que en el Auto de Vista recurrido no se hizo constar o valoró de alguna manera los precedentes contradictorios que señaló en su recurso de apelación restringida y si los tomó o no en cuenta, pese a que la invocación de precedentes es un requisito de toda apelación restringida para que en su caso sean considerados antes de ingresar a la aplicación de fondo de la apelación principal conforme lo dispone el Auto Supremo 29/2014-RRC. En ese sentido, se evidencia que el recurrente cumplió con los requisitos de admisión, aclarando que sólo se verificará a través de la labor de contraste con el citado precedente si corresponde al Tribunal de alzada pronunciarse sobre los precedentes invocados en los recursos de apelación restringida; en consecuencia, dicha labor no abarcará el resto de los fallos invocados en el presente motivo.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por Pedro Copa Machaca, cursante de fs. 493 a 502, para el análisis de fondo de sus cuatro motivos, excepto el inc. c) del primer motivo identificado en el acápite II de la presente resolución; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA