TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 567/2016-RA

Sucre, 2 de agosto de 2016


Expediente                : Santa Cruz 57/2016

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : Cesar David Peredo Rivera y otros

Delitos                : Tentativa de Robo Agravado y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 3 y 5 de mayo de 2016, cursante de fs. 1093 a 1094 y fs. 1108 a 1113, Cesar David Peredo Rivera y Bruno Gwayer Wanderley, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 13 de 4 de abril de 2016, de fs. 1078 a 1082 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes y Freddy Mendoza Quispe, por los delitos de Tentativa de Robo Agravado y Tentativa de Secuestro, previstos y sancionados por los arts. 332 incs. 2) y 3) y 334 con relación al 8, todos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 91/2015 de 16 de noviembre (fs. 995 a 1005), el Tribunal Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a los imputados Freddy Mendoza Quispe, Cesar David Peredo y Bruno Gwyer Wanderley, autores de la comisión del delito de Robo Agravado en grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 2) y 3) con relación al art. 8 del CP, imponiendo a cada uno la pena de seis años y seis meses de reclusión, más el pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia; asimismo, les absolvió del delito de Secuestro en grado de Tentativa, tipificado por el art. 334 con relación al art. 8 de la norma sustantiva penal.


b) Contra la mencionada Sentencia los imputados Freddy Mendoza Quispe (fs. 1040 y vta.) Bruno Gwyer Wanderley (fs. 1042 a 1052) y Cesar David Peredo Rivera (fs.1056 a 1057), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 13 de 4 de abril de 2016, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedentes los recursos y confirmó la Sentencia apelada.


c) Por diligencias de 25 y 27 de abril de 2016 (fs. 1085 y 1090) los recurrentes fueron noticiados con el referido Auto de Vista y el 3 y 5 de mayo del mismo año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales que cursan de fs. 1093 a 1094 y fs. 1108 a 1113, se extraen los siguientes motivos de los recursos de casación:

II.1. Recurso de casación de César David Peredo Rivera.


El recurrente denuncia, citando el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) sobre la competencia del Tribunal de alzada, que este debió abocarse a resolver los aspectos cuestionados en su apelación restringida como ser: que el “art. 6 3er. Párrafo C.P.P.” (sic) indicaría que la carga de la prueba correspondía a los acusadores que es el Ministerio Público, quien no aportó prueba física de cargo, no se consideró la prueba de fuerza ejercida en Alejandra Parra, la inexistencia de certificados médicos Forense y Psicológico, no se valoró que en la requisa del vehículo dio resultado negativo al no encontrarse ningún arma de fuego, hubo conjeturas por el solo hecho de acompañar a los otros co-imputados, no se consideró que la intención no hace delito y no se valoró los elementos que constituyen el delito.


II.2. Recurso de casación de Bruno Gwyer Wanderley.


a) Realizando un desglose de los agravios denunciados en su apelación restringida relativos a defectuosa interpretación de la prueba, hechos inexistentes y hechos no probados, e introducción de prueba no judicializada y previa precisión de orden fáctico, denuncia que el Tribunal de alzada efectúa una defensa de lo que considera hubiera ocurrido como delito flagrante arguyendo hechos no probados, pese a que el informe del investigador señaló que hubo persecución y que se interrumpió por unos cuarenta minutos; por lo que, la posibilidad de considerar la flagrancia es nula desapareciendo dicho elemento. En ese ámbito, sostiene que la Sala Penal trató de justificar la injusta e ilegal Sentencia, forzando la interpretación de la prueba, por lo que invocando el Auto Supremo 014/2013, refiere que se aplicó mal la libertad de la valoración de la prueba y se realizó una defectuosa valoración por el Tribunal de Sentencia y de alzada, sin llegar a una conclusión uniforme, quedando dudas de quienes fueran los posibles autores del delito denunciado, haciendo hincapié en que fuera de las declaraciones de la denunciante y de su acompañante, no existen otros elementos e valoración.


b) Bajo el título: introducción de prueba no judicializada” (sic), refiere que el Tribunal de apelación no tomó en cuenta la denuncia de su apelación restringida, en sentido que la Sentencia refirió que el desistimiento formulado en su favor se hubiere obtenido bajo presión y hostigamiento cuando no se estableció dicho aspecto, introduciendo un elemento inexistente, más al contrario el Capitan Uriona señaló que no existía denuncia o memorial de la víctima sobre amenaza o falsificación, lo cual lleva a un defecto de falta de fundamentación.


c) Refiere la existencia de defectos absolutos y prueba contaminada que denunció en apelación restringida, al haber señalado que las tres requisas no tienen la actuación de fiscal, esto fue reclamado por considerar defecto absoluto y que a pesar de no ser reclamado oportunamente no puede convalidarse; asimismo, en juicio oral hizo notar la existencia de prueba contaminada en el reconocimiento de personas, sin embargo el Tribunal de alzada estableció que esos aspectos debieron ser objetados en la etapa preparatoria, cuando en ese momento no tenía información.


Concluye señalando que en su memorial de apelación restringida presentó como precedentes contradictorios los Autos Supremos: 97/2005, 369/2007, 290/2012, 06/2013, 014/2013, 176/2013 y 355/2014, que establecerían líneas jurisprudenciales en cuanto a la valoración de la prueba y la reglas que debieran aplicarse; y, no dejar al libre albedrio del juzgador.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 25 y 27 de abril de 2016, los recurrentes fueron notificados con la resolución judicial impugnada, formulando sus recursos de casación el 3 y 5 de mayo del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP, teniendo en cuenta que el lunes 2 de mayo de la citada gestión, fue feriado nacional; en cuyo mérito, se pasa a verificar la concurrencia de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1.Del recurso de casación de Cesar David Peredo Rivera.


En el caso del citado recurso, se evidencia que el recurrente se limitó a señalar que el Tribunal de alzada debió resolver los planteamientos realizados en apelación restringida, detallando los aspectos que reclama, sin invocar ningún precedente contradictorio; por ende, sin explicar ni fundamentar en absoluto en términos claros y precisos respecto a la posible contradicción que pudiera existir con el Auto de Vista impugnado, omitiendo cumplir con el requisito ineludible para decretar la admisibilidad del recurso. Esta inobservancia a la carga procesal que le corresponde al recurrente, impide a este Tribunal admitir el recurso e ingresar al análisis de fondo, a  los fines de ejercer la labor de contraste que la ley le asigna, incurriendo en una omisión que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal.  


De lo expuesto precedentemente, se establece que el recurso de casación deducido, no cumple con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, para su admisión, correspondiendo declarar su inadmisibilidad.


IV.2. Del recurso de casación de Bruno Gwyer Wanderley.


Del análisis de este recurso se tiene que el recurrente en su primer motivo, reclama que el Tribunal de alzada hace una defensa de lo que hubiere ocurrido como delito flagrante arguyendo hechos no probados, sin considerar que existió una interrupción de unos cuarenta minutos, con lo cual desaparecería la flagrancia, tratando los vocales de justificar una injusta Sentencia forzando la interpretación de la prueba; en el segundo motivo, denuncia sustancialmente que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta el reclamo de su apelación restringida, sobre la introducción de prueba no judicializada, ya que los jueces refirieron que el desistimiento se habría obtenido bajo presión y hostigamiento, aspecto que no fue establecido, esta decisión de los vocales lleva a un defecto de falta de fundamentación; y, en el tercer motivo, señala que en apelación restringida denunció la existencia de defectos absolutos y prueba contaminada, ya que tres requisas no tienen la actuación de fiscal, que fue reclamado por considerar defecto absoluto y en juicio oral hizo notar la existencia de prueba contaminada en el reconocimiento de personas.


Ahora bien, pese a la exigencia legal prevista por el art. 417 segundo párrafo del CPP que establece el deber de quien recurre de casación de señalar la contradicción en términos precisos, el recurrente pese a formular tres motivos disimiles, en el acápite VI del memorial de casación, se limita a dejar constancia que en apelación restringida presentó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 97/2005, 369/2007, 290/2012, 06/2013, 014/2013, 176/2013 y 355/2014, sin establecer en forma fundada y ordenada, la vinculación de cada uno de los motivos alegados con los citados precedentes, cuando le correspondía señalar en términos precisos cuál de los precedentes invocados funda en términos de la posible existencia de contradicción cada uno de esos tres motivos; teniendo cuenta que dicha exigencia responde a la lógica de la norma prevista en el art. 416 del CPP, con la finalidad de que este Tribunal, en virtud a la competencia que le asigna el art. 419 del CPP, con relación al art. 42 de la LOJ, en caso de ser evidente la denuncia efectuada, ingrese al análisis de fondo del recurso de casación y proceda a enmendar posibles errores y omisiones cometidas por el Tribunal de apelación, constituyendo por lo tanto en un requisito ineludible para decretar la admisibilidad del recurso, obligación que tiene trascendental importancia, pues desde ahí, partirá el análisis de contradicción a efectuarse en una resolución de fondo, sin que dicha exigencia quede cumplida con la simple referencia de los precedentes que fueran invocados en apelación como sucede en el caso de autos; por lo que el recurrente incurrió en una omisión que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal y que determina la inadmisibilidad del recurso sujeto al presente análisis.


Además, se deja constancia, en relación al Auto Supremo 014/2013 que es glosado parcialmente por el recurrente, que por determinación del art. 416 de la norma adjetiva penal, la invocación del precedente contradictorio debe hacerse en la formulación del recurso de apelación restringida y teniendo presente que los presuntos defectos denunciados por el imputado hubiesen surgido al momento de pronunciarse la Sentencia, el precedente debió ser invocado a tiempo de interponerse la alzada, situación que en la especie no sucedió, incumpliendo la norma legal citada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Cesar David Peredo Rivera y Bruno Gwayer Wanderley, cursantes de fs. 1093 a 1094 y de fs. 1108 a 1113.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA