TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 557/2016-RA

Sucre, 01 de agosto de 2016


Expediente                : La Paz 40/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Jhonny Gueller Justiniano y otro

Delito        : Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de diésel oíl,  Gasolina y Gas licuado de Petróleo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de abril de 2016, cursante de fs. 108 a 112, Germán Rolando Loza Aguirre, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 15/2016 de 4 de marzo (fs. 97 a 100) y su complementario (fs. 104 y vta.), pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Hidrocarburos contra Jhonny Gueller Justiniano y Nelson Tola Salva, por la presunta comisión del delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de diésel oíl, Gasolinas y Gas licuado de Petróleo, previsto y sancionado por el art. 226 Bis del Código Penal (CP).


  1. ANTECEDENTES DEL PROCESO.


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 68/2015 de 24 de abril (fs. 28 a 30), el Juez Mixto de Instrucción de Guaqui, provincia Ingavi del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a los imputados Jhonny Gueller Justiniano y Nelson Tola Salva, autores de la comisión del delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de diésel Oíl, Gasolinas y Gas licuado de Petróleo, previsto y sancionado por el art. 226 Bis del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión. Asimismo, se les sanciona al pago de costas al Estado en Bs. 200.- (doscientos bolivianos); por otro lado, se ordenó la confiscación definitiva de 750 litros de diésel oíl y la confiscación de dos vehículos tipos cisternas que serán registrados por DIRCABI para ser entregados definitivamente a YPFB para su administración de acuerdo a disposición adicional tercera de la Ley 100.


b) Contra la mencionada Sentencia, el propietario de los vehículos incautados (fs. 52 a 54 y fs. 77 a 80 vta.), interpuso recurso de apelación restringida y subsanación que fue resuelto por Auto de Vista 15/2016 de 4 de marzo, que resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación restringida interpuesto, por haber sido presentado fuera de plazo previsto por Ley; por lo que, no se ingresó al análisis de fondo del recurso, dicha resolución fue complementada por Auto de 16 de marzo de 2016.


c) Por diligencia de 11 de abril de 2016 (fs. 106), el recurrente fue notificado con el Auto Complementario y el 18 de mismo mes y año, interpuso recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


  1. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente señala que ser el propietario de vehículos confiscado en el proceso penal por el supuesto ilícito de Almacenaje, Comercialización y compra de diesel oíl, gasolina y gas licuado de petróleo iniciado por el Ministerio Público contra Johnny Gueller Justiniano y Nelson tola Salava, para a continuación describir los argumentos tomados en cuenta por el Auto de Vista para declarar inadmisible su recurso de apelación restringida formulado contra la Sentencia por haber sido presentado extemporáneamente, señala la aplicación del art. 163 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP) refiriendo, que su recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido en el art. 408 del mismo Código, por los siguientes motivos: a) Es un error atribuir un valor a la notificación que cursa a fs. 32 vta., porque posteriormente el Auto de Vista toma en cuenta la notificación a fs. 37, constituyendo en un aspecto contradictorio; b) El Tribunal de alzada señala que la Sentencia le fue notificada mediante diligencia a fs. 32 vta., mismo que no vulnera el art. 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE), sin tomar en cuenta lo establecido en los arts. 160, 161 y 163 inc. 2) del CPP; y c) Señala que se debió tomar en cuenta la notificación a fs. 37 que data de 26 de junio de 2015, y el Tribunal de alzada al realizar el cómputo con dicha fecha incurrió en vulneración del art. 408 del CPP, porque no se tuvo en cuenta que el día miércoles 8 de julio de 2015 según Decreto Supremo 2435 de 1 de julio de 2015, fue declarado feriado con suspensión de actividades públicas y privadas por el día de la llegada del Papa Francisco a Bolivia, más el feriado del día jueves 16 de julio feriado Departamental por aniversario de La Paz; con esa argumentación, señala que su recurso de apelación restringida se presentó dentro del plazo de 15 días, aclarando que el Auto de Vista y su Complementario no consideraron que el día 8 de julio no existió labores judiciales; por lo que, se vulneró su derecho a la defensa; así como, la infracción del art. 169 inc. 3) del CPP, más los art. 115, 117.I, 119.II y 180 de la CPE y los arts. 30, 12, 13 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Por esas circunstancias se deberá aplicar lo establecido en la Sentencias Constitucionales 0713/2010-R de 26 de julio, 0663/2004-R y los Autos Supremos 466/2014 RRC de 17 de septiembre, 376 de 23 de junio de 2004.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


A los efectos de resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación sujeto al presente examen, es necesario señalar que si bien el derecho de impugnación está reconocido constitucionalmente, no es menos cierto que está regulado por las normas de desarrollo constitucional, como la disposición contenida en el art. 394 del CPP, que dispone: “Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código”; lo que  implica, que en el examen de admisibilidad, debe considerarse la legitimación objetiva en el entendido de que es la norma la que limita los recursos a los establecidos en cada caso por la ley procesal penal, para los supuestos expresamente previstos;  también, este Tribunal debe verificar entre otros aspectos, la concurrencia de impugnabilidad subjetiva, entendida como el poder de recurrir que la norma otorga exclusivamente a determinados sujetos procesales, teniendo en cuenta que el segundo párrafo del art. 394 del CPP, señala que: "El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiese constituido en querellante" (sic).


Es así, que respecto a la legitimación activa para impugnar una resolución judicial, el Auto Supremo 175/2012-RA de 27 de julio, estableció lo siguiente: “…por Auto Supremo 093/2012-RA de 9 de mayo, esta Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, al referirse a la legitimación activa para interponer el recurso de casación, señaló que el art. 180.II de la CPE, reconoce y garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, derecho que en materia penal es de carácter personalísimo, que debe ser ejercido por quien tenga legitimidad activa, conforme se entiende de lo dispuesto por el primer párrafo del art. 394 del CPP; de esta norma se infiere que, tiene legitimación activa para recurrir de una resolución judicial dictada en un juicio penal, el sujeto procesal que hubiera sufrido algún agravio, entre estos están el imputado, la parte acusadora, la víctima y en su caso el defensor público quien no requiere de mandato conforme dispone el art. 109 del CPP”.


En esa línea de entendimiento, en la resolución de un recurso de casación formulado por quien alegaba ser propietario de vehículos confiscados sin ser parte procesal, el Auto Supremo 268/2014-RRC de 26 de junio, estableció que: “El artículo 255 del Código de Procedimiento Penal establece el Qué, Cuándo, Quienes, Hasta cuándo, ante quienes y el procedimiento para interponer los incidentes por los propietarios de los bienes incautados, siendo el Juez Cautelar a cargo de la investigación ante quien se debe plantear el incidente por ser quien ejerce el control jurisdiccional en la etapa preparatoria del proceso penal (arts. 54 y 279 del CPP); la resolución del mismo es recurrible, solo en apelación incidental, sin recurso ulterior, es decir no procede apelación restringida, mucho menos recurso de casación.


Con lo expuesto y en el caso específico, concluimos que la recurrente, no es parte, ni es víctima en el proceso, conforme prevé la norma supra transcrita, esta persona, como señala el procedimiento, debió interponer un incidente y apelar en la vía incidental, sin recurso ordinario ulterior.


El Tribunal Supremo de Justicia, al tener competencias específicas, no puede arrogarse funciones que no le competen, consecuentemente, el recurso de casación, no es la vía legal para reclamar el derecho que la recurrente considera suprimido por carecer de legitimación activa (…)”  (negrilla y subrayado nuestros).


En el caso de autos, se evidencia que el propio recurrente en el memorial de recurso, textualmente señala: “GERMAN ROLANDO LOZA AGUIRRE, propietario de vehículos confiscados, en el proceso penal por el supuesto ilícito de almacenaje, comercialización y compra de diesel oil, gasolina y gas licuado de petróleo iniciado por, EL MINISTERIO PÚBLICO, contra JHONNY GUELLER JUSTINIANO Y NELSON TOLA SALVA (sic), en reconocimiento de que carece de legitimación activa para acudir a través del recurso de casación y de reclamar por esta vía los derechos que considera suprimidos, como emergencia de una orden de confiscación de vehículos de los cuales alega ser propietario, cuando el ordenamiento jurídico establece el mecanismo procesal y el respectivo medio de impugnación, para alegar derechos sobre bienes incautados y recurrir la resolución que se pronuncie; por lo referido, no corresponde admitir el presente recurso de casación.


Para Resolución de la causa según decreto de convocatoria cursante a fs. 122, interviene el Dr. Rómulo Calle Mamani, Magistrado de la Sala Civil de este Tribunal.


Se constituye en disidente, la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina, con los fundamentos contenidos en el libro de disidencias que cursa en la Secretaría de la Sala.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la concurrencia del Magistrado de la Sala Civil Dr. Rómulo Calle Mamani y la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por German Rolando Loza Aguirre, cursante de fs. 108 a 112 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrado Dr. Rómulo Calle Mamani Presidente de la Sala Civil

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

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