TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 554/2016

Sucre, 15 de julio de 2016


Expediente                : Chuquisaca 14/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                        : Edwin Urquizu Espíndola y otro

Delitos                        : Estafa y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de junio del 2016, cursante de fs. 770 a 777, Edwin Urquizu Espíndola, opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, respecto al delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP), dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra el  oponente y Luís Alberto Osina Aguilar, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Uso Indebido de Influencias, tipificados por los arts. 335 y 146 del CP, respectivamente.


I. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN


El imputado Edwin Urquizu Espíndola, en su memorial de excepción de extinción de la Acción Penal por prescripción, argumenta:


Que en el caso de autos la acción penal se halla prescrita, pues desde el 02 de febrero del 2011, fecha en la que YPFB había realizado la disposición patrimonial de Bs. 5.937.- ( cinco mil novecientos treinta y siete bolivianos) por un trabajo que supuestamente no efectuó; a la fecha que interpuso el incidente de extinción de la acción por prescripción, habría transcurrido cinco años y cuatro meses, transcurso de tiempo que sería atribuible, al Ministerio Público, Órgano Judicial y al asesor jurídico de YPFB, ya que durante la etapa preliminar de investigación, el asesor legal de YPFB después de siete meses de conocida la causal de recusación, había hecho uso de dicho recurso, remitiéndose el caso ante el Juez Cautelar Segundo de la capital de Tarija el 17 de enero del 2013; etapa procesal que se prolongó durante dos años debido a las constantes ampliaciones de la investigación por otros tipos penales con base a los mismos hechos, ampliaciones que el Ministerio Público había realizado a petición del asesor jurídico de YPFB, presentándose la imputación el 20 de febrero del 2013, habiendo vencido el plazo de la etapa preparatoria el Ministerio Público.


Agrega que ante la conminatoria del Juez cautelar, el 21 de noviembre del 2013, recién había presentado acusación, dejando pendiente todas las ampliaciones de investigación que se habían realizado durante la etapa preliminar de investigación; asimismo, el Juez cautelar por decreto de 28 de noviembre y por oficio de 12 de diciembre del 2013, había hecho constar que el Ministerio Público estaba ocasionando retardo de justicia, instruyendo que el mismo refiera la forma de notificación al co- acusado. Asimismo, señala que se suspendieron las audiencias no especifica de que etapa- de 9 de abril y 3 de junio del 2014, por ausencia del co-imputado; el 9 por ausencia del Juez de Instrucción, el 7 de abril del 2014 a pedido de Gualberto Edwin Romero Huerta, el 9 de mayo del 2014 por ausencia del abogado del co-acusado. Que el 6 de noviembre y 23 de marzo del 2015, se presentó memorial pidiendo resolución de la audiencia conclusiva, ya que diez meses después de concluida la misma no existía resolución sobre los incidentes de exclusión probatoria planteado por la defensa del hoy incidentista; por otro lado, el 23 de abril del 2015, el Juez cautelar recién había comunicado la imposibilidad de realizar sorteo ante el Tribunal de Sentencia, porque el Ministerio Público no había proporcionado las copias necesarias, realizándose dicho acto recién el 15 de mayo del año mencionado; posteriormente el 15 de mayo del 2015, se dictó el auto de apertura de juicio, celebrándose el mismo el 15 de junio del mismo año, habiéndosele notificado con la Sentencia el 9 de noviembre del 2015, contra la cual había interpuesto recurso de apelación restringida que fue resuelto el 26 de abril del 2016 y posteriormente presentó recurso de casación.


Con base a lo expuesto, refiere que es aplicable al caso de autos el inc. 2) del art. 29 y 30 del  Código Procesal Penal (CPP), haciendo constar que no existió causales de suspensión del cómputo del término de la prescripción; solicita también, que se tenga presente lo dispuesto por el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone entre una de sus garantías la tutela judicial y el debido proceso, éste último que entre sus elementos contempla el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, principio reconocido en la Ley del Órgano Judicial (Ley 025), que entre otros principios reitera la celeridad, art. 256 y 410 de la CPE, en cuya virtud solicita se aplique los arts. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 9 de la CADH, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; también hace referencia a lo dispuesto por las Sentencias Constitucionales 023/2007-R de 16 de enero, 104/2013 de 22 de enero, fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. caso Tibi vs Ecuador- en el voto razonado del Juez Sergio García Ramírez, el cual consta en la Sentencia de 7 de septiembre de 2004, y finalmente el art. 34 del CPP, que establece que las reglas sobre la prescripción contenidas en Tratados y Convenios Internaciones, son de aplicación preferente.


II. RESPUESTAS A LA EXCEPCIÓN OPUESTA


Por decreto de 6 de junio de 2016 de fs. 778), conforme lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 20 de octubre de 2014, se corrió traslado a las partes procesales, conforme se tiene de las diligencias cursante a fs. 778 de obrados.


II.1. El Ministerio Público.


Por memorial presentado el 15 de junio del 2016, el Ministerio Público a través de José Manuel Gutiérrez V Fiscal Superior- y Enrique Montaño Llanos y Erick Gonzalo Aparicio Mendoza Fiscales de Materia-, haciendo remembranza de los antecedentes del proceso y los motivos en que se fundaron la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción; argumenta, previa mención al Auto Supremo 120-P de 20 de marzo de 2006 y a la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero; que para la procedencia de la extinción de la acción penal por prescripción, no es suficiente el simple transcurso del tiempo, sino que: 1) debe probarse la existencia de actos dilatorios innecesarios, los cuales sean atribuibles al Ministerio Público, la víctima o al Órgano Judicial, y que en el caso de autos se tiene que el hoy excepcionista Edwin Urquizu Espíndola anteriormente había planteado excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, la cuál había sido declarada improbada por Auto 168/2015 con los fundamentos de que: a) El caso es complejo ante la existencia de dos acusados; b) Que la víctima es el Estado representado por YPFB; y, c) Que el imputado Urquizu Espíndola, fue causante de dos suspensiones de audiencias del 21 de enero de 2014 y 22 de junio de 2015; resolución que fue apelada y resuelta por Auto de Vista 89/2015, resolución definitiva que acaeció el 3 de marzo del 2016, lapso de tiempo que suspendió el cómputo del plazo de la prescripción, conforme lo dispuesto por el art. 32 inc. 2) del CPP, también alegan que la dilación del proceso se produjo también porque el excepcionista planteó los recursos de apelación restringida y de casación: 2) Que, también debe tenerse presente, que si bien el imputado Edwin Urquizu es juzgado por el delito de Estafa, tipo penal que no se halla catalogado como delito de corrupción; sin embargo, los hechos investigados se hallarían vinculados a un hecho de corrupción, como es el tipo penal de Uso Indebido de Influencias, acusado al otro co-imputado y el cual si está catalogado como delito de corrupción por disposición de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, el cual por mandato del art. 112 de la actual Constitución Política del Estado, es imprescriptible; norma suprema que es aplicable al caso de autos toda vez que el hecho ilícito imputado a Edwin Urquizu, había ocurrido el 2 de febrero del 2011; y tomando en cuenta lo señalado por el Auto Supremo de 12 de noviembre del 2013 dictado dentro del caso seguido contra JFQR y otros, debe tenerse presente la unidad de acción de los hechos que se investigan; asimismo, el Ministerio Público fundamenta su petitorio de rechazo a la pretensión en los Autos Supremos 226 de 21 de mayo -no especificó el año-, 480 de 10 de diciembre de 2009 y la Sentencia Constitucional 0407/2010-R de 28 de junio.


II.2. El Acusador Particular Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.


Por memorial presentado el 15 de junio del 2016, YPFB a través de su presentante legal Edwin Romero Huerta, responde al incidente de extinción de la acción penal por prescripción, fundamentando que el excepcionista, bajo el disfraz de excepción de prescripción, pretende que nuevamente se considere su solicitud de extinción de la acción Penal por duración máxima del proceso que fue rechazado por el Tribunal de Sentencia Tercero en lo Penal; asimismo, invocando la teoría del “no plazo” desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Genie Lacayo” de 29 de enero 1997 y “Giménez” informe de 01 de marzo de 1996; refiere que el caso de autos se tornó complejo a partir de la participación activa de un servidor público -Luis Alberto Aguilar Osina-, que fue acusado dentro del presente caso por el delito de Uso Indebido de Influencias; que, también debe considerarse el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable es un derecho no sólo del imputado, sino también de la propia víctima y que en el caso de autos existe intereses colectivos.


Por otro lado, alega también que debe tenerse en cuenta los arts. 121-II, 13, 24, 109, 115, 120 de la CPE con relación al art. 11 del CPP, la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, emitido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que estableció como principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, el acceso a la justicia, trato justo, resarcimiento e indemnización. Que en el caso de autos, el excepcionista no hizo reclamo oportuno sobre las supuestas dilaciones, no solo consintió las mismas sino fue el protagonista de las mismas al haber solicitado la suspensión de la audiencia del 21 de enero de 2014, la cual fue fijada para el 10 de marzo del mismo año, y que no se llevó a cabo por ausencia del mismo imputado, asimismo al presentarse sin abogado a la audiencia del 22 de junio del 2015 nuevamente provocó la suspensión; en este punto, la víctima hace referencia a lo señalado por Auto Supremo 208 de 28 de marzo de 2007 y la Sentencia Constitucional 2070/2012 de 8 de noviembre.


Que en el caso de autos existe un cuadro fáctico único, el cual derivó en la acusación por el delito de Estafa en contra del hoy excepcionista, y por el delito de Uso Indebido de Influencias en contra del funcionario de YPFB, Luís Alberto Aguilar Osina, que también debe tomarse en cuenta los actos dilatorios, maliciosos y temerarios del hoy excepcionista, las vacaciones judiciales, la suspensión de la audiencia por atención médica de Juez cautelar y la recargada labor del mismo y del Ministerio Público.


III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCION OPUESTA


III.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


La Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


En el caso de autos, se advierte que como emergencia de la formulación de recurso de casación por parte del propio excepcionista en contra del Auto de Vista 159/016 de 26 de abril de 2016, la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal, de modo que en observancia del entendimiento jurisprudencial glosado, tiene competencia para resolver la excepción opuesta.


III.2. Respecto a la diferencia entre la extinción de la acción por prescripción y por duración máxima del proceso.


Conforme a las normas previstas por el art. 308 del CPP, las partes podrán oponerse a la acción penal, a través de excepciones de previo y especial pronunciamiento, como aquellas establecidas en el art. 27 incs. 8) y 10) del CPP, es decir, por prescripción o por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, siendo menester precisar que si bien ambas se hallan destinadas a una similar finalidad, están sujetas a normas distintas y criterios diferentes a ser considerados por la autoridad judicial que conozca y resuelva su planteamiento, a los fines de ser o no declaradas fundadas; conforme se tiene del entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0023/2007 de 16 de enero que precisó: “El Código de Procedimiento Penal, al referirse a la extinción de la acción penal, establece diferentes supuestos, entre los que se encuentran la prescripción (art. 27 inc. 8) del CPP) y el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso (art. 27 inc. 10) del CPP), haciendo una diferenciación entre ambas causales de extinción, que se traduce en un tratamiento específico para ambos institutos.


En la doctrina, si bien se reconoce que ambos supuestos tienen fundamentos diferentes y particularidades que los distinguen, se considera a la prescripción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, como una especie de prescripción, atendiendo, fundamentalmente, a la característica común del transcurso del tiempo como medio para la extinción de derechos; sin embargo, como se tiene dicho, nuestro Código, sin desconocer esa similitud, pero resaltando las diferencias, regula a estos institutos de manera independiente (…)”


En ese ámbito, la citada Sentencia Constitucional estableció respecto a la prescripción lo siguiente: “De acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad.  Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido.


Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal.  La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales.


Tradicionalmente se ha fundamentado la prescripción en diferentes razones, unas de tipo subjetivo, vinculadas a los cambios que el tiempo opera en la personalidad del delincuente, que determinan la desaparición de su peligrosidad para la sociedad; otras consideradas objetivas y de utilidad social, que señalan que con el transcurso del tiempo desaparece la alarma social y no existe necesidad de prevención general; aquellas de orden procesal que sostienen que existen dificultades en la recolección de elementos probatorios para determinar la culpabilidad o inocencia del presunto autor.  También se han aducido razones de política criminal, en sentido que el castigo impuesto mucho tiempo después de la comisión del hecho no alcanza los fines de la pena (prevención especial y prevención general, positiva y negativa), careciendo, en consecuencia, su imposición de razón de ser; así como razones jurídicas, que inciden en la necesidad de eliminar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y la desaparición de la intranquilidad causada por el delito.


Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y  el derecho a la seguridad jurídica.


Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera  contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido.  En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa.


A su vez, el derecho a la defensa se encuentra conectado con la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías que permitan obtener una sentencia justa y que ocasionarían lesión a la garantía del debido proceso.


De lo dicho se desprende que la prescripción sirve también para compeler a los órganos encargados de la persecución penal, y a la misma administración de justicia penal, a resolver de forma rápida y definitiva el ilícito que se ha cometido; combinándose, entonces, la necesidad de una justicia pronta y efectiva (art. 116.X de la CPE), como garantía de la sociedad, y un debido proceso, como garantía del imputado (art. 16.IV de la CPE), que a su vez precautele sus derechos a la defensa (art. 16.II de la CPE) y a la seguridad jurídica (art. 7 inc. a) de CPE).


- Cómputo de la prescripción.


El art. 29 del CPP determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación, y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado, como se analizará posteriormente, y suspenderse en los siguientes casos previstos en el art. 32 del CPP:


1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente.


2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas.


3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,


4. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.


Ahora bien, de acuerdo a nuestra norma procesal, sólo esas causales suspenden la prescripción; en consecuencia, fuera de ellas, la prescripción continúa corriendo, independientemente de que se hubiera iniciado o no la acción penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara diferencia con la anterior normativa sobre el particular, que en el art. 102 del Código Penal (CP) establecía que la prescripción se interrumpía con el inicio de la instrucción penal y se la computaba nuevamente desde la última actuación que ésta registrara.


Efectivamente, el anterior sistema procesal, permitía la prolongación indefinida de los procesos y el sometimiento del imputado a la exclusiva voluntad del Ministerio Público y/o del querellante, quienes, de manera arbitraria, podían hacer abandono del proceso penal y reactivarlo después de mucho tiempo, sólo con la finalidad de evitar la prescripción, lo que determinaba la constante zozobra del imputado y la vulneración de sus derechos y garantías, fundamentalmente del derecho a la seguridad jurídica.


El nuevo Código de Procedimiento Penal, conforme se tiene dicho, cambia radicalmente el sistema anterior, puesto que no establece entre sus causales de interrupción o prescripción de la acción penal, el inicio de la acción penal; consecuentemente, es posible interponer esta excepción en cualquier momento del proceso, conforme ha quedado establecido en la jurisprudencia del Tribunal contenida en la SC 1510/2002-R, de 9 de diciembre, que de manera expresa determinó que la denuncia no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción al no estar contemplada en los arts. 29 y 31 CPP.  Entendimiento que fue reiterado en la SC 0187/2004-R, de 9 de febrero, en la que se determinó que `…para la interrupción o suspensión de la prescripción, necesariamente tienen que presentarse uno de los supuestos descritos, entre los que no se encuentra el inicio de la acción penal, debiendo contarse el plazo desde el día en que supuestamente se consumó el delito, sin interrupción.`.  En similar sentido se ha pronunciado la SC 0101/2006-R, de 25 de enero”.


Más adelante, al referirse a la otra excepción expresó: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la SC 101/2004,  sobre el derecho a la conclusión de los procesos en un plazo razonable, ha establecido la siguiente doctrina constitucional:


`…Si bien nuestra Constitución no establece de manera expresa el derecho fundamental del imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, de manera implícita lo consagra al proclamar en forma genérica que la `celeridad´ es una de las `…condiciones esenciales de la administración de justicia´, entendimiento que se extrae del contenido del art. 116.X Constitucional. Nos parece que una interpretación en sentido contrario sólo podría tener sustento si se aceptara que tal proclamación carece de significado, lo que no es posible tratándose de una norma jurídica, y aun más, de la norma fundamental del país, siempre cargada de significado y fines”.


'A su vez, la normativa internacional sobre derechos humanos (los Pactos), que según la doctrina de este Tribunal integran el bloque de Constitucionalidad y por tanto tienen rango constitucional (Así SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-R, 69/2004, entre otras), de manera expresa reconocen tal derecho, conforme a lo siguiente:


'1) Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) 'Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter'.


'2) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3) 'Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c. A ser juzgada sin dilaciones indebidas' .


'De lo anterior se extrae que la finalidad que persigue el legislador constituyente boliviano al introducir, en concordancia con los preceptos internacionales aludidos, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, es que el imputado pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparables'.


'[…] en el sentido de la Constitución, se vulnera el derecho a la celeridad procesal y, dentro de ello, a la conclusión del proceso en un plazo razonable, cuando los órganos competentes de la justicia penal del Estado omiten desplegar, injustificadamente, la actividad procesal dentro de los términos que el ordenamiento jurídico establece; por tanto, en sentido del orden constitucional, no habrá lesión a este derecho, si la dilación del proceso, en términos objetivos y verificables, es atribuible al imputado o procesado. Un entendimiento distinto no guardaría compatibilidad ni coherencia con las exigencias de seguridad jurídica que la Constitución proclama [art. 7 inc. a)] así como el deber del Estado de proteger de manera eficaz, toda lesión o puesta en peligro concreto, de los bienes jurídicos protegidos por el orden penal boliviano´. (las negrillas son nuestras).


Conforme a lo anotado, el fundamento de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, prevista en el art. 133 del CPP se encuentra en el derecho del imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, derecho que implica, como señala la jurisprudencia glosada,  que el imputado pueda definir su situación jurídica dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio.


Ante la infracción a ese derecho, por sobrepasar el proceso penal el término razonable, que en muchas legislaciones -como la nuestra- está previsto en la norma procesal penal, se impone, entonces, la extinción de la acción penal ante la omisión o falta de diligencia de los órganos competentes del sistema penal”.


Debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga a ofrecer prueba idónea y pertinente; lo que implica, que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulta fundada.


III.3. Análisis del caso concreto.


En el caso de autos, se evidencia que el excepcionista Edwin Urquizu Espíndola, a fin de fundamentar su pretensión de extinción de acción penal por prescripción, enfatiza que desde la presunta comisión del delito de Estafa -2 de febrero de 2011, hasta la fecha de presentación de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción -3 de junio del 2016-, transcurrió cinco años y cuatro meses, justificando que el tiempo transcurrido sería atribuible al Ministerio Público, al Órgano judicial y al asesor de YPFB, procediendo a efectuar una relación de todas las suspensiones de las audiencias, así como la referencia a la recusación planteada por el asesor de YPFB después de siete meses de conocida la causal por la cual hizo uso de ese su derecho, al tiempo que duró la etapa preliminar de investigación -dos años-, a los decretos de Juez Cautelar en el que constaría que el Ministerio Público ocasionó retardación de justicia, a la ausencia del Juez de Instrucción en la celebración de audiencias y demás suspensiones de audiencias y actos que el excepcionista considera que provocaron la retardación de justicia.


Sin embargo, el excepcionista en su planteamiento no toma en cuenta que en el ordenamiento jurídico procesal penal, la prescripción como motivo de extinción de la acción penal, se halla reconocida en el inc. 8) del art. 27 del CPP, siendo regulado el requisito temporal por el art. 29 de la norma adjetiva penal, que por disposición del art. 30 de la misma norma mencionada, inicia a computarse desde: i) La media noche del día en que se cometió el delito; o, ii) Desde la media noche en que cesó su consumación, de modo que corresponde para su procedencia, demostrarse por un lado el tiempo transcurrido conforme lo previsto por el art. 29 del CPP, así como la falta de una resolución que ponga fin al proceso; además, de la inconcurrencia de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción conforme las previsiones de los arts. 31 y 32 del CPP; resultando en el caso de autos, que el excepcionista confundiendo el instituto de prescripción con el de duración máxima del proceso, expone argumentos dirigidos a demostrar que una eventual retardación de justicia sería atribuible al Ministerio Público, al Órgano Judicial y a YPFB, pretendiendo con la excepción de prescripción, una nueva consideración a su solicitud de extinción de la acción por duración máxima del proceso que fuera desestimada durante el proceso, con la finalidad de que este Tribunal haga una ponderación sobre las causas que provocaron una eventual retardación procesal.


En ese ámbito, se advierte de la excepción planteada, que el excepcionista se limita a sostener que en el caso de autos no operaría ninguna de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción, ofreciendo prueba que en todo caso está destinada a acreditar una eventual responsabilidad de los operadores de justicia como Tribunales, Ministerio Público y acusador particular, ajena por lo expresado precedentemente a la excepción de prescripción, pues incluso hace referencia al certificado emitido por el REJAP a tiempo de sostener que no contaría con declaratoria de rebeldía, cuando dicho aspecto no cursa en la certificación emitida en la certificación expedida el 26 de mayo de 2016 de fs. 680 y sin que los actuados procesales ofrecidos como prueba, permitan a este Tribunal tener la certidumbre de que el imputado durante el proceso penal, que no sólo está constituido por la audiencia conclusiva antes de las últimas reformas al Código- y la etapa de juicio, no fue declarado rebelde, de modo que el imputado en el ámbito del art. 314.I del CPP, tenía el deber de acreditar que durante la causa desde su inicio no fue declarado rebelde; sin soslayar, que también tenía el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso; debiendo comprender el excepcionista que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas que las sustenten, no pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia conforme el art. 178.I de la CPE.


Por lo expuesto, al no existir una fundamentación coherente con la solicitud de prescripción de la acción penal y menos el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que la respalde, porque el imputado expone supuestos actos dilatorios que no corresponden ser analizados a tiempo de resolver la prescripción y toda vez que este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que incurrió, corresponde declarar infundada la excepción planteada, además de manifiestamente dilatoria, teniendo en cuenta el incumplimiento a una carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento de cualquier pretensión ante una autoridad judicial y al deber que tiene el excepcionista de ofrecer prueba idónea y pertinente, conforme el mandato establecido por el art. 314.I del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción del delito de  Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, opuesta  por el imputado Edwin Urquizu Espíndola, con costas conforme lo dispuesto por el art. 268 del CPP, con los efectos previstos por el art. 315.III del CPP.


En  cumplimiento  de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se  advierte a las partes que  la  presente resolución no es recurrible.

Notifíquese a las partes conforme al art. 163 del CPP.


Regístrese y cúmplase y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA