TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 545/2016-RRC

Sucre, 15 de julio de 2016


Expediente                        : Oruro 5/2016

Parte Acusadora                : Juan Manuel Fajardo Selaya

Parte Imputada                : Marianela Garnica Aranibar

Delitos                                : Despojo y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de enero de 2016, cursante de fs. 76 a 79, Marianela Garnica Aranibar, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 4/2015 de 10 de marzo, de fs. 65 a 67, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, integrada por los Vocales Beatriz Cortez Vásquez y Bernardo Bernal, dentro del proceso penal seguido por Juan Manuel Fajardo Selaya contra la recurrente, por la presunta comisión de los delito de Despojo y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 351 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 009/2014 de 16 de mayo (fs. 22 a 25 vta.), la Jueza Primero de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a la imputada Marianela Garnica Aranibar, autora de la comisión de los delitos de Despojo y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts.  351 y 346 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión, con costas a favor de la parte querellante y responsabilidad civil a calificarse en ejecución de Sentencia; asimismo, concedió el beneficio de la Suspensión Condicional de la Pena.


b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada Marianela Garnica Aranibar interpuso recurso de apelación restringida (fs. 27 a 31), resuelto por Auto de Vista 4/2015 de 10 de marzo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.

I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 236/2016-RA de 21 de marzo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley de Organización Judicial (LOJ).


1) La recurrente alega en el acápite intitulado: “I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.-“ (sic), que tanto la Sentencia como el Auto de Vista impugnado dictaron sus resoluciones sin haber valorado las pruebas conforme la aplicación de las reglas de la sana crítica, establecida en el art. 173 del CPP, sosteniendo que no se tomaron en cuenta; por un lado, las afirmaciones vertidas por el acusador particular en la Inspección Ocular de 8 de mayo de 2014; toda vez, que de ella se llegó a la convicción de que la imputada habitaba el inmueble en calidad de inquilina y efectuó varias mejoras al mismo, demostrando que los demandantes no vivían en dicho inmueble y que no ejercitó fuerza alguna y menos se abusó de su confianza; por lo que, debió aplicarse la primera parte del art. 76 inc. 1) del CPP, que establece a quienes se considera víctima o las personas directamente ofendidas por el delito, siendo esa quien tiene facultad y potestad de interponer la querella, conforme a la primera parte del art. 78 del mismo Código; empero, en el presente caso, erradamente se le acusó de la comisión de los delitos de Despojo y Abuso de Confianza; en consecuencia, no cometió delito alguno, señalando que con este actuar el Tribunal de alzada y el de mérito entraron en contradicción. Al efecto, invoca el Auto Supremo 373/2006 de 6 de septiembre, que estableció la obligación tanto del Tribunal de alzada como el de casación, de observar de oficio los defectos de procedimiento que atentan contra los derechos humanos fundamentales, que en relación a ello el Tribunal de apelación se circunscribió a afirmar que no se formuló observación a la judicialización de las pruebas durante el juicio oral, convalidando los defectos incurriendo en falta de fundamentación y de pronunciamiento sobre los puntos apelados, vulnerando el derecho a la defensa, al desconocer los motivos del punto IV de la apelación restringida.


2) Denuncia errónea aplicación en la tipificación de los delitos previstos en los arts. 351 y 346 del CP; por cuanto, los Tribunales de juicio y de alzada, no valoraron conforme las reglas de la sana crítica la Carta Notariada de 24 de abril de 2012, en la que claramente señala: “ que comunica el contrato de alquiler del Departamento que ocupa en la calle La Plata No. 6425 a partir de la notificación con la presente carta queda rescindido por falta de alquileres, por más de tres meses, pide que desocupe a la brevedad posible el inmueble o procederá como en derecho corresponda,…” (sic), prueba suficiente para habilitar una acción civil regulada por la Ley del Inquilinato conforme el Decreto Supremo 5369 de 11 de diciembre 1959, por tratarse de la “RESCISION DE UN CONTRATO DE ALQUILER…” (sic), acordado en septiembre del 2011 y no una acción penal, sin que exista delito alguno, vulnerando el art. 72 del CPP, referente al principio de objetividad y certeza, como también a la presunción de inocencia previsto en los arts. 7 del CPP y  116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).


Como corolario, asevera que los referidos presupuestos y requisitos señalados no se adecuaron a su conducta, pues a momento de tomar en contrato de alquiler el bien inmueble ubicado en la calle La Plata No. 6425 entre Aldana y Demetrio Canelas, por la suma de Bs. 1000.-  (mil bolivianos), fue efectuado de manera consentida con los propietarios, que jamás provocó perjuicios a los mismos como el de otorgar en arrendamiento o anticrético, que más bien el acusador fue quien le provocó perjuicios en su contra por haber suspendido los servicios básicos como el de gas a domicilio y energía eléctrica, vulnerando sus derechos constitucionales previstos en el art. 20.I de la CPE.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita que se disponga la existencia de contradicción entre el Auto de Vista con los precedentes invocados y se establezca la doctrina legal aplicable dejando sin efecto el fallo que motiva el presente recurso; asimismo, pide que  alternativamente se pronuncie un nuevo Auto de Vista, previas las formalidades de rigor.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 236/2016-RA cursante de fs. 88 a 90 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por la recurrente Marianela Garnica Aranibar, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 009/2014 de 16 de mayo, la Jueza Primero de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declara a la imputada Marianela Garnica Aranibar, autora de la comisión de los delitos de Despojo y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts.  351 y 346 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión,  con costas a favor de la parte querellante y responsabilidad civil a calificarse en ejecución de Sentencia, concediendo la Suspensión Condicional de la Pena; bajo los siguientes argumentos:


a) El hecho denunciado fue suficientemente demostrado por la parte acusadora, porque se cumplió con los elementos principales que configuran el tipo penal, la claridad del sujeto pasivo y los demás elementos que configuran el delito.


b) Con relación al delito Despojo, la prueba conocida en audiencia fue suficiente para demostrar la comisión del delito denunciado, porque la imputada ingresó al inmueble como inquilina el año 2012; ante el incumplimiento de pago de alquileres, el 26 de abril de ese año fue notificada mediante intervención notarial, que a partir de esa fecha en el tiempo de tres meses, debe desocupar el inmueble; sin embargo, la misma permanece en el inmueble habiendo cambiado el seguro, antes chapa, por candado para asegurar la puerta principal; por lo que, corresponde responsabilizarle penalmente, al demostrarse el delito acusado.


c) Respecto del delito de Abuso de Confianza, hizo mal uso de la confianza que puso el demandante al convenir con la acusada, un alquiler del inmueble que les pertenece, burlando y perjudicando a los propietarios, en el uso y goce de sus derechos, inutilizando la chapa para el acceso de la puerta principal, por un candado, utilizando la conexión de la luz eléctrica al medidor de luz que hizo instalar por cuenta propia, sin autorización de los propietarios la demandada, por todo el tiempo de permanencia en el inmueble.


II.2. De la apelación restringida


Contra la precitada Sentencia, la imputada Marianela Garnica Aranibar interpone recurso de apelación restringida; argumentando los siguientes extremos:


i) Refiere que en la Sentencia no se valoraron correctamente los elementos de prueba consistentes en cartas signadas como Q-D-1 y Q-D-2, dirigidas a Marianela Garnica Aranibar, con data de 24 de abril de 2012, suscritos por el titular de la Notaria de Fe Pública Nº 10 a cargo de Gregorio Callapa López y que del análisis de ambas cartas se tiene la referencia de una rescisión de contrato de alquiler convenido en septiembre de 2011 sobre el departamento que habita, ubicado en la calle La Plata Nº 6425, por falta de pago de alquileres por tres meses, documento que habilita una acción civil y sus consecuencias y no penales, conforme a lo nombrado en la Ley del Inquilinato; por lo que, dicha Sentencia es dictada en completa inobservancia de la Ley y por falta de valoración de la acuerdo a la sana crítica prevista en el art. 173 del CPP, cuando en realidad debió aplicarse en primera instancia el art. 76 inc. 1) del CPP, debiendo rechazarse la acusación particular por cuanto a los acusadores particulares no se les ofendió con ningún delito, debiendo haberse pronunciado una Sentencia absolutoria conforme al art. 363 inc. 3) del CPP, admitiendo que si bien la recurrente ocupó las habitaciones del bien inmueble ubicado en la calle La Plata Nº 6425 entre Aldana y Demetrio Canelas de la ciudad, a partir del mes de septiembre de 2011, fue en su condición de inquilina, pagando mensualmente por ese concepto a los propietarios; por cuanto, considera no haberse valorado correctamente las mencionadas pruebas documentales, reiterando argumentos que inciden en el hecho de no haberse considerado ni valorado con arreglo a las reglas de la sana crítica y objetividad la carta de 24 de abril 2012, manifestando a su vez que la Sentencia ingresa en el defecto inserto en el art. 370 inc. 1) del CPP.


ii) Asimismo, señala que la incorrecta valoración de la prueba alcanza a la inspección ocular llevada a cabo el 8 de mayo de 2014, en el bien inmueble motivo de proceso, que lleva a la convicción de que su persona lo habita en condición de inquilina y que en él incorporo varias mejoras, sin que signifique despojo ni ejercicio de la fuerza, menos abuso de confianza. Reitera que la Sentencia fue pronunciada en completa inobservancia y por falta de valoración de acuerdo a la sana crítica de aquella prueba; por lo que, correspondía una Sentencia absolutoria.


iii) En cuanto a la declaración presentada en el juicio oral, manifiesta que respecto del contenido de su declaración, en la Sentencia se hacen afirmaciones contradictorias, cuando dicha declaración resulta esclarecedora y determina la verdad histórica de los hechos acusados; por lo que, debió dictarse una Sentencia absolutoria en aplicación al art. 363 incs. 2) y 3) del CPP.


iv) En cuanto al hecho se advierte haberse demostrado y establecido que en septiembre de 2011 ocupó el inmueble, motivo de la Litis como consecuencia de haber arribado a un contrato de alquiler por un canon mensual de un mil bolivianos, cancelado oportunamente a sus propietarios, que incluso sufrió cortes de energía eléctrica en contravención al art. 20.I de la CPE, que tuvo que cambiar la chapa porque se hallaba deteriorada, con conocimiento del propietario; por cuanto, no existió Abuso de Confianza, más cuando los acusadores particulares no ocuparon el bien inmueble, por ende no fueron expulsados del mismo, menos existió violencia, amenaza, engaño o aviso de confianza, conducta que no configura delito alguno.


v) Respecto del delito de Abuso de Confianza previsto y sancionado por el art. 346 del CP, la recurrente extraña la existencia de los elementos constitutivos de este delito, los que sin embargo no se adecuan a su conducta; toda vez, que media un contrato de alquiler consentido por los propietarios sin que por ello se les habría causado daño; por el contrario, se provocó daño a su persona al provocar la suspensión de servicios como el gas domiciliario y la energía eléctrica, concluyendo que en la fundamentación de la Sentencia impugnada no se observó que la calificación del hecho a un tipo penal determinado, implica primeramente la descripción del hecho, para luego contrastar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito y que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma y la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades. En la especie, la recurrente pretende que al no haberse demostrado por los elementos de prueba con suma certeza la forma de su participación en el supuesto delito, queda establecida la existencia de un contrato de alquiler y sus efectos estrictamente civiles, correspondiendo haberse pronunciado una sentencia absolutoria.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, resolvió el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista 4/2015 de 10 de marzo, que declara improcedente el recurso de apelación restringida planteado y en consecuencia mantiene subsistente la Sentencia, expresando lo siguiente:


a) Con relación al defecto de Sentencia establecido en el art. 370 inc. 1) del CPP, de acuerdo al recurso de apelación restringida refiere que de forma reiterativa se afirmó que no fue cometido el delito, correspondiendo se dicte una Sentencia absolutoria, no obstante a ello la recurrente en ninguno de los fundamentos establece una necesaria alegación vinculada a la errónea aplicación de la ley sustantiva, en cuanto implica el presupuesto de tipicidad, sea en el orden de la errónea concreción del marco penal o bien, la fijación de la pena, incurriendo demás en omisión de establecer los hechos y cómo la juzgadora no adecuó el mismo en función de los elementos de convicción incorporados al proceso en juicio oral, a los elementos constitutivos de los delitos de Despojo y Abuso de Confianza, de manera que la proposición no resulta sustentable ni adecuadamente fundada en un recurso en el que se constituyen médula los delitos y su contenido descriptivo, resultando notoria la omisión y por cuya consecuencia no es posible dar curso a su postulación en cuanto concierne a aquel defecto, porque si bien lo mencionó pero sin la fundamentación adecuada.


b) Sobre la supuesta defectuosa valoración de la prueba, se alega también de manera reiterativa que la sentencia no contiene una adecuada valoración particularmente de dos elementos de prueba consistentes en cartas notariadas y un acto de inspección ocular realizada en el bien inmueble, elementos de prueba incorporados y vivenciados en el desarrollo del juicio oral en observancia de los principios de contradicción, inmediación y oralidad, estando imposibilitado el Tribunal de alzada a partir de aquellos principios de revalorizar los hechos y la prueba en el recurso de apelación restringida. En el caso de la prueba a incorporarse y admitirse bajo los principios enunciados, emerge la facultad privativa de los Jueces y Tribunales de Sentencia que tienen a su cargo el juicio oral. Empero, esta noción de imposibilidad de revalorizar la prueba queda plenamente equilibrada con la obligación que le asiste al Tribunal de alzada de ejercitar un control de valoración de la prueba; por cuanto, lo contrario importa que algunas resoluciones puedan sustentarse en el marco de una arbitrariedad y carencia de fundamentos con relación a las reglas de valoración y la sana crítica. En la especie, la recurrente a tiempo de ejercitar agravios, sólo se remite al contenido de las cartas notariadas de 24 de abril de 2012, suscritas por el Notario Fe Pública Nº 10 Gregorio Callapa López y el acta de inspección ocular verificada durante el juicio oral el 8 de mayo de 2014, siendo muy evidente la omisión de citar de manera concreta cuál o cuáles son aquellas reglas de la sana crítica ejercitadas por la Juez a quo infringidas, falta de especificidad que inviabiliza el análisis de los argumentos y sólo con la mención de los elementos de prueba anotados, el Tribunal de alzada no tiene la posibilidad de controlar su correcta valoración o su incorrecta valoración, primero por la inaccesibilidad a los elementos de convicción en un orden de especificidad (sólo se los citan); y segundo, porque lo que la apelante omitió es señalar de manera específica qué reglas de la sana crítica infringió la jueza de Sentencia a tiempo de valorar aquellos elementos de prueba, la falta de agravio vinculado al sistema de la sana crítica y valoración probatoria, no hace posible atender los cuestionamientos del recurso en función de las fundamentaciones precedentes.


c) Una situación dada, es que falte la fundamentación probatoria intelectiva, cuando el Juez o Tribunal no entró a valorar la prueba y otra distinta es que asuma la tarea de valorar la prueba, pero aplicando errónea o arbitrariamente las reglas de la sana crítica, constituyéndose así el núcleo de este defecto. En la violación de las reglas de la sana crítica, el objeto es precisamente la fundamentación probatoria intelectiva, que si bien consta en la resolución pero se aparta de las reglas del correcto entendimiento humano; consecuentemente, mientras no se determine de manera correcta aquellas vulneraciones de las reglas de la sana crítica (las de la experiencia, la ciencia, la sicología y la lógica), no es posible la pretensión de especificarlas solo a través del recurso y los elementos de convicción sin acceder a los mismos, entonces, el defecto denunciado y examinado resulta sin sustento carente de especificidad y precisión; por otra parte, señala que tampoco es posible pronunciar un Auto de Vista que devenga en una Sentencia absolutoria; por cuanto, el Tribunal de alzada no tiene acceso alguno al contenido de la acusación y a los elementos de prueba incorporados al proceso en el juicio oral lo que correspondía al recurrente asumir al tiempo de interponer el recurso de apelación restringida.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN Y/O VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y/O GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el presente recurso de casación se denuncia: 1) Que tanto el Tribunal de Sentencia como el de grado emitieron resoluciones sin la debida fundamentación y pronunciamiento respecto a la valoración de las pruebas, conforme la aplicación de las reglas de la sana crítica determinada en el art. 173 del CPP; y, 2) Vulneración del derecho a la presunción de inocencia por la errónea tipificación de su conducta a los delitos de Despojo y Abuso de Confianza, previstos en los arts. 351 y 346 del CP, arguyendo que ambos Tribunales de juicio y alzada, no habrían valorado la prueba conforme a las reglas de la sana crítica; por lo que, corresponde analizar en el fondo la problemática planteada.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por uno de los Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a precedentes pronunciados por otros similares Tribunales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.”


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2. La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I. Junoy,  manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal en el Auto Supremo 218/2014 de 4 de junio, entre otros, que refiere: “Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…), entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica”.


III.3. Valoración de la prueba.


En la emisión de la Sentencia, el Juez o Tribunal tomará en cuenta que los arts. 173 y 359 párrafo primero del CPP; a su turno, establecen el sistema de valoración probatoria dentro del proceso penal adoptado por el Estado boliviano, asumiendo para tal fin el de la sana crítica, en el que debe valorarse la prueba producida durante el juicio de un modo integral y conjunto.


En ese proceso de valoración de la prueba de acuerdo al objeto del juicio, se confirmará o negará la pretensión acusatoria -fiscal o particular- a partir de los elementos de prueba incorporados a juicio oral.


Un segundo aspecto está dirigido a la eficacia conviccional del juzgador, es decir: la obligación impuesta a los jueces de brindar las razones de su convencimiento, demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a que llegó y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas (Cafferrata Nores, José. La Prueba en el proceso Penal. Ediciones De Palma, 1998. Buenos Aires), tal acción requerirá por ende, la concurrencia de la descripción del elemento probatorio y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en él se apoya. Ello conducirá a la garantía de que las decisiones judiciales no resulten puros actos de voluntad, conjeturas circunstanciales o emerjan de meras impresiones de los jueces; sino, que sean consecuencia directa y racional de lo percibido en el juicio oral dentro de condiciones que engloben racionalidad y certidumbre de la decisión a ser asumida en sentencia; dicho de otra forma, libre arbitrio no puede equivaler a arbitrariedad, como libre crítica exige necesariamente que la decisión sea explicada.


En referencia a lo señalado el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005, estableció: "...la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos es de exclusiva facultad de Jueces y Tribunales de Sentencia, son ellos los que reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la comprensión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes, de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público; la objetividad que trasciende de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre".


Entonces, el sistema de la sana crítica goza de las más amplias facultades de convencimiento para con el juzgador, su libertad tiene un límite insalvable: el respeto de las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, caracterizado por la posibilidad de que el juzgador logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad pero respetando, al hacerlo, los principios de la recta razón; es decir, las normas de la lógica constituidas esencialmente por el principio de identidad (una cosa sólo puede ser idéntica a sí misma); el principio de contradicción (una cosa no puede entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo); el principio del tercero excluido (establece que entre dos proposiciones de las cuáles una afirma y otra niega, una de ellas debe ser verdadera); y, el principio de razón suficiente (dónde ningún hecho puede ser verdadero o existente y ninguna enunciación verdadera, sin que habría una razón suficiente para que sea así y no de otro modo); así también, la experiencia común (constituida por conocimientos comunes indiscutibles por su raíz científica, tales como la gravedad por ejemplo) y los principios inexpugnables de las ciencias (no sólo de la psicología, utilizable para la valoración de dichos o actitudes; y, aferrados no a conocimientos técnicos, sino más bien los que sean compatibles al hombre común). Todos estos preceptos reunidos poseen como fin el conducir a que los razonamientos del Juez o Tribunal no sean arbitrarios, incoherentes, contradictorios o lleven al absurdo.


Asimismo, debe tomarse en cuenta que la labor de valoración de la prueba en los delitos de acción pública tiene un camino a recorrer desde su génesis; por lo que, ocurrido los hechos, éstos se investigan y se recolectan durante la etapa preparatoria en elementos de pruebas, testificales, documentales, periciales, físicas y otras, para ser presentados al Tribunal o Juez de Sentencia, para que en el juicio oral, sean admitidos e incorporados y finalmente analizados por la autoridad judicial, asignándole el valor correspondiente, que servirá para la condena o absolución del imputado.


III.4. Labor del Tribunal de alzada respecto a la correcta valoración de la prueba.


La actuación y límites circunscritos a los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida, en primer plano se hallan dispuestos por la competencia otorgada por el art. 51 inc. 2) del CPP, asumiendo un segundo plano en el marco sobre el cual aquel tipo de recurso debe ser resuelto; es así que, los arts. 407 y siguientes de la norma adjetiva penal, predisponen a partir de la propia naturaleza jurídica de este recurso dos aspectos, una incorrecta interpretación o aplicación de la ley (error in iudicando) o bien que la decisión del presunto agravio habría sido emitida a través de un procedimiento que no reúna requisitos o condiciones de validez (error in procedendo), de ello se desprende que la labor de los Tribunales de apelación debe necesariamente estar apartada de una nueva valoración de la prueba producida en juicio, debiendo limitar su ámbito de decisión a que la revisión de la sentencia de grado posea fundamentos suficientes (tanto descriptivos como intelectivos) sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz y que ofrezcan en consecuencia certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso.


Sobre los anteriores argumentos, este Tribunal se ha pronunciado mediante el Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto, al señalar que: "Es necesario precisar, que el recurso de apelación restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal" (resaltado nuestro).

Argumentos concordantes con los entendimientos asumidos en los Autos Supremos 332/2012-RRC de 18 de diciembre y 304/2012-RRC de noviembre.


En ese contexto, el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber de ejercer el efectivo control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal pueda ingresar a una nueva revalorización de la prueba (por la característica de la intangibilidad de la prueba) o revisar cuestiones de hecho (intangibilidad de los hechos), como también realizar afirmaciones imprecisas, incorrectas o alejadas de la realidad; porque de hacerlo desconocería los principios rectores de inmediación y de contradicción que rigen la sustanciación del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación emergente de la vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso.


III.5. Principio de presunción de inocencia.


En cuanto a la presunción de inocencia, el art. 116.I de la Constitución Política del Estado, establece: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”; por su parte, el art. 6 del CPP, determina: “Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. No se podrá obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo y su silencio no será utilizado en su perjuicio. La carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad. En el caso del rebelde, se publicarán únicamente los datos indispensables para su aprehensión”.


Al respecto, el Auto Supremo 055/2012-RRC de 4 de abril, señaló: “La presunción de inocencia, constituye un derecho fundamental reconocido por el art. 116.I de la Constitución política del Estado (CPE), que está en estricta concordancia con el art. 6 del CPP; principio que representa una garantía procesal insoslayable para todos, la que se constituye en la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio. Por ello en un proceso no se puede tratar como culpable a una persona a quién se le atribuya un hecho punible cualquiera sea el grado de verosimilitud en la imputación, hasta que el Estado, por medio de sus órganos pronuncie una sentencia penal firme que declare la culpabilidad y lo someta a una pena.


Esta garantía, es la que inspira al proceso penal de un Estado democrático de derecho, por ello el imputado no se encuentra obligado a probar su inocencia, ya que por el contrario, es el Estado el que tiene la responsabilidad de probar la comisión del delito y la responsabilidad del imputado en un proceso seguido de acuerdo a los principios de la ley procesal, oportunidad en la que se hará cesar esta presunción a través de las pruebas”.


Debe añadirse que la vulneración del debido proceso, del que es elemento el principio-garantía de presunción de inocencia, concurre ante la inexistencia de actividad probatoria suficiente, generada por el titular de la acción penal, quien no hubiese acreditado la existencia de los elementos constitutivos y específicos del delito y la autoría; pues en contrario, se debe verificar que dicha actividad se habría llevado a cabo con total respeto a los derechos, principios, garantías procesales y constitucionales que rigen el juicio oral, exigiendo al Juez o Tribunal valorar la prueba conforme las reglas de la sana crítica conforme dispone el art. 173 CPP, a través de la emisión de una resolución que debe estar basada únicamente en prueba legalmente obtenida y que ésta sea suficiente para generar en el juzgador la convicción sobre la existencia del hecho punible, así como la participación y responsabilidad penal del imputado en el hecho acusado.


En resumen, para que dicha garantía sea vulnerada y merezca un reparo procesal, se deberá acreditar u observar la existencia de los siguientes elementos: 1) Siendo los acusadores fiscal y particular los titulares de la acción penal, éstos no habrían cumplido con la carga de la prueba, que debe ser producida en audiencia de juicio oral, para ello esta prueba debe ser legal y/o lícita, obtenida en apego a las garantías procesales y constitucionales. 2) No exista prueba que acredite la existencia de los elementos específicos del tipo penal, la participación del imputado y su grado de culpabilidad.


En ese sentido, el Auto Supremo 426/2014 de 28 de agosto, refirió que: “El principio de presunción de inocencia, implica que a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva. De igual forma, la presunción de inocencia se mantiene viva en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce de un proceso llevado a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla.


El derecho a la presunción de inocencia comprende: el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción.


No obstante el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, es pertinente sentar algunas precisiones adicionales a efectos de una cabal comprensión y tutela del derecho en mención, pues como todo derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia tiene un doble carácter porque no se trata solamente de un derecho subjetivo, sino también de una institución objetiva, dado que comporta determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional. A ello se añade que el derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino relativo. De ahí que, en el ordenamiento, se admitan determinadas medidas cautelares personales como la detención preventiva o detención provisional, sin que ello signifique su afectación: porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho reprochado y por ello son imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de derecho; siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Parte de esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula también con que dicho derecho incorpora una presunción iuris tántum y no una presunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria”.


III.6. Análisis del caso concreto.


III.6.1. En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación y pronunciamiento respecto a la valoración de las pruebas, conforme la aplicación de las reglas de la sana crítica determinada en el art. 173 del CPP.


En el caso de autos, de la revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene que la recurrente denuncia que tanto el Tribunal de Sentencia como el de grado, emitieron resoluciones sin la debida fundamentación y pronunciamiento respecto a la valoración de las pruebas, conforme la aplicación de las reglas de la sana crítica determinada en el art. 173 del CPP, identificando como prueba no valorada las afirmaciones vertidas por el acusador particular en la Audiencia de Inspección Ocular de 8 de mayo de 2014, que a criterio de la recurrente, probarían que su persona habitaba el inmueble en calidad de inquilina y que habría efectuado varias mejoras al inmueble, además de demostrar que los demandantes no vivían en dicho inmueble, llegando a concluir que la prueba inobservada habría demostrado que no ejercitó fuerza alguna y menos que cometió delito alguno.


Al respecto, la recurrente invoca el Auto Supremo 373 de 6 de septiembre de 2006, precedente que en su doctrina estableció: “…Que de acuerdo a la filosofía de la Ley 1970 y a la línea doctrinal sentada por este Alto Tribunal de Justicia la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio razón por la que es absolutamente imprescindible que los Tribunales de Sentencia y apelación fundamenten su resolución consignando cada uno de los puntos acusados en la impugnación; debiendo ser la fundamentación clara, sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo y se refieran a cada uno de los puntos señalados en el recurso de apelación restringida. La línea jurisprudencial establecida por este Alto Tribunal de Justicia se encuentra en el Auto Supremo Nº 562/2004 que señala: "Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de alzada o el de casación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad. Además en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva".


Este precedente fue emitido dentro de un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CPP, al constatarse en casación que el Tribunal de mérito incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva y en falta de fundamentación, al absolver a la entonces imputada, por el delito de Estelionato; además, dicho precedente enfatizó que el Tribunal de alzada y casación deben realizar una revisión de oficio ante la existencia de defectos absolutos en aplicación del art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada).


En el caso de autos, la recurrente denuncia que la Sentencia y el Tribunal de alzada se pronunciaron sin la debida fundamentación y pronunciamiento respecto de la valoración de las pruebas, aspecto relacionado a que los Tribunales de alzada y casación deben observar estos aspectos de oficio de acuerdo a lo previsto en el art. 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada. Conforme lo expuesto en el acápite III.1 de la presente Resolución, se establece que el supuesto fáctico análogo debe ser similar al hecho que originó la doctrina legal aplicable del precedente invocado; situación que en el caso de autos no acontece; primero, porque el precedente invocado contiene análisis en materia sustantiva respecto al tipo penal de Estelionato, cuyos elementos son disímiles a los que componen los delitos de Despojo y Abuso de Confianza, que fueron juzgados en el caso de autos; segundo, porque en el precedente invocado, se juzgó un hecho originado en la transferencia dolosa de una mercadería favor de GR mediante documento privado de 14 de julio de 2000, que se encontraba en sus depósitos, constituida como garantía prendaria a favor de Zofrasmat S.A. a través del contrato de reconocimiento de obligación suscrito entre AR como representante y propietario de CESP y YEK, hecho por el que se denunció la comisión del delito de Estelionato, circunstancias que sin duda difieren sustancialmente respecto al caso en concreto; y tercero, con relación a que se pretenda emplear la doctrina legal del precedente invocado con relación a la aplicación del art. 15 de la Ley de Organización Judicial (abrogada) se debe tener en cuenta lo establecido en la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 185/2016-RRC de 08 de marzo de 2016 que señala: “…Es más, de la revisión de los puntos impugnados descritos en el recurso de apelación restringida interpuesto por la parte acusada, se tiene que, el Auto de Vista no refiere en lo absoluto sobre la denuncia específica del apelante, ni siquiera la menciona, pues ingresa curiosa y directamente a revisar la Sentencia de `oficio´, tratando de justificar su actuación con base a Sentencias Constitucionales que refieren al art. 15 de la LOJ abrogado; sin considerar los Vocales que ese artículo ya no se encuentra en la vida jurídica, ya que fue modificado por el legislador conforme se desprende de la doctrina descrita en el apartado III.2 de la presente resolución; pretendiendo confundir al sistema, ya que el art. 15 de la LOJ, independientemente que se encuentra abrogado, no contiene el mismo alcance que la norma ahora vigente establecida en el art. 17 de la LOJ, pues esta última es clara al establecer que: `En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos´; sin embargo de ello, sin fundamentación y motivación, el Auto de Vista desconociendo la verdadera voluntad del legislador en la modificación de la norma, ingresa a revisar un tema de fundamentación y motivación de la Sentencia para concluir de manera general que existe defecto absoluto; desconociendo el límite que tiene para ese efecto, ya que el art. 17 de la LOJ se encuentra en total concordancia con el art. 398 del CPP (…)”.


Por lo expuesto, no existiendo una situación de hecho similar entre el motivo traído en casación y el precedente invocado, no es posible efectuar la labor de contraste jurisprudencial asignada a este Máximo Tribunal de Justicia ordinaria, correspondiendo declarar infundado el presente motivo, siendo pertinente expresar que en casos semejantes al presente, este Tribunal dejó sentado el siguiente criterio contenido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo(las negrillas no cursan en el texto original).


III.6.2. En cuanto a la denuncia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia por la errónea tipificación de los arts. 351 y 346 del CP, porque ambos Tribunales de juicio y alzada, no habrían valorado la prueba conforme las reglas de la sana crítica.


Con relación a este motivo, la recurrente denunció la inobservancia del principio de objetividad y certeza, lo que hubiere dado lugar a la lesión a su derecho a la presunción de inocencia, como efecto de la errónea tipificación de su conducta a los tipos penales de Despojo y Abuso de Confianza, no obstante haber existido certeza por los extremos constados en la audiencia de inspección ocular y porque en los hechos a decir de la impugnante-, a momento de tomar en contrato de alquiler el bien inmueble ubicado en la calle La Plata No. 6425 entre Aldana y Demetrio Canelas, por la suma de Bs. 1000.-  (mil bolivianos), se efectuó de manera consentida con los propietarios y jamás provocó perjuicios a los mismos como el de otorgar en arrendamiento o anticrético, que más bien el acusador fue quien le provocó perjuicios en su contra por haber suspendido los servicios básicos como el de gas a domicilio y energía eléctrica.


Al respecto, se advierte que el Tribunal de alzada en lo pertinente a la cuestión denunciada, se pronunció señalando que la recurrente en ninguno de los fundamentos estableció la necesaria alegación vinculada a la errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto implica el presupuesto de tipicidad, sea en el orden de la errónea concreción del marco penal o bien, la fijación de la pena, incurriendo además en omisión de establecer los hechos y cómo la juzgadora no adecuó el mismo en función de los elementos de convicción incorporados al proceso en juicio oral, a los elementos constitutivos de los delitos de Despojo y Abuso de Confianza, de manera que la proposición no resultaba sustentable ni adecuadamente fundada en un recurso en el que se constituyen médula los delitos y su contenido descriptivo, resultando notoria la omisión y por cuya consecuencia no era posible dar curso a su postulación en cuanto concierne a aquel defecto, porque si bien lo mencionó pero lo hizo sin la fundamentación adecuada; en ese sentido, el Auto de Vista advirtió las deficiencias en las que incurrió la recurrente en cuanto al planteamiento de su pedido en su recurso de apelación restringida, de lo que se concluye que el Tribunal de alzada le dio una respuesta debidamente sustentada con relación a lo pretendido, además de advertirse que la recurrente en su recurso de casación no expresó de manera clara cómo el Tribunal de alzada le generó el supuesto agravio, teniendo en cuenta que sólo afirma que tanto el Tribunal de Sentencia y el de alzada no aplicaron el principio de objetividad y certeza que hubiera dado lugar a la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, sin referir cuáles de los aspectos del Auto de Vista fueron correctos o no o que simplemente haya omitido pronunciarse al respecto. En síntesis, la recurrente no explicó jurídica y doctrinalmente en qué consistió el supuesto agravio que le generó la emisión del fallo ahora impugnado cuando este resolvió su recurso de apelación restringida el cual en el punto sustancial gira casi sobre el mismo argumento ahora planteado.  


Por otro lado, con relación a la supuesta defectuosa valoración de la prueba, la recurrente señala de manera reiterativa tanto en su recurso de apelación restringida como en casación, que la sentencia no contiene una adecuada valoración particularmente de dos elementos de prueba, consistentes en cartas notariadas y un acto de inspección ocular realizada en el bien inmueble, elementos de prueba incorporados y vivenciados en el desarrollo del juicio oral en observancia de los principios de contradicción, inmediación y oralidad; al respecto, el Tribunal de alzada explicó de manera clara y concreta las deficiencias en las que incurrió la recurrente en la formulación de su recurso de apelación, explicándole que si bien puede ejercitar un control de valoración de la prueba, con relación al pretensión de que se valore las dos pruebas varias veces reiteradas, la recurrente a tiempo de formular  agravios, sólo se remitió al contenido de las cartas notariadas de 24 de abril de 2012, suscritas por el Notario Fe Pública Nº 10 Gregorio Callapa López y el acta de inspección ocular verificada durante el juicio oral el 8 de mayo de 2014, omitiendo citar de manera concreta cuál o cuáles son aquellas reglas de la sana crítica que fueron infringidas por la Juez a quo, incurriendo en una falta de especificidad que inviabilizó el análisis de los argumentos por cuanto la sola mención de los elementos de prueba no permite la posibilidad de controlar su correcta o incorrecta valoración, primero por la inaccesibilidad a los elementos de convicción en un orden de especificidad (solo se los citan); y segundo, porque la apelante omitió señalar de manera específica qué reglas de la sana crítica infringió la Jueza de Sentencia a tiempo de valorar aquellos elementos de prueba.


En ese sentido, pese a la explicación clara y concreta otorgada en el Auto de Vista, la recurrente sobre la base de los mismos antecedentes, ahora en casación vuelve a incurrir en el mismo error al no explicar de manera detallada respecto del incumplimiento en el que hubiere incurrido el Tribunal de alzada; es más, reiteró casi todos los aspectos cuestionados en su apelación restringida, de donde se advierte que la recurrente al momento de argumentar este motivo no estableció si el Tribunal de alzada no controló que el Tribunal de Sentencia habría incurrido en falso juicio de existencia: porque hubiere omitió apreciar una prueba que obra en el proceso o porque la supone existente sin estarlo; falso juicio de identidad: cuando no obstante considerarla legal y oportunamente allegada, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndola producir efectos que objetivamente no se establecen de ella; o falso juicio de raciocinio: cuando el juzgador de instancia, sin cometer ninguno de los anteriores errores, y existiendo la prueba, la aprecia en su exacta dimensión fáctica, pero al asignarle su mérito persuasivo viola los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia; es decir, en vulneración de los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria, al no constar esos argumentos en el recurso intentado respecto del defecto denunciado y examinado, por lo que al resultar sin sustento y carente de especificidad y precisión el planteamiento, la respuesta del Tribunal de alzada contenida en el Auto de Vista impugnado, es precisa y coherente en el ámbito de las deficiencias detectadas en el recurso de apelación.


Por lo referido, también se establece con relación al principio de presunción de inocencia, que el mismo sólo concurre ante la inexistencia de actividad probatoria suficiente, generada por el titular de la acción penal, quien no hubiese acreditado la existencia de los elementos constitutivos y específicos del delito y la autoría; pues en contrario, se debe verificar que dicha actividad se habría llevado a cabo con total respeto a los derechos, principios y garantías procesales y constitucionales que rigen el juicio oral, exigiendo al Juez o Tribunal valorar la prueba conforme las reglas de la sana crítica conforme dispone el art. 173 CPP, tal como sucede en el presente caso en el cual no se advirtió los aspectos que hacen a una supuesta vulneración de la sana crítica que como consecuencia genere la inexistencia de la infracción del derecho a la presunción de inocencia.


De ahí que el Auto de Vista no incurrió en vulneración de derechos y garantías ni es contradictorio al precedente invocado; por lo que, al emitirse dicha resolución, no se quebrantó el marco procesal referido a su labor al momento de responder de manera fundada a los aspectos consignados en el recurso de apelación restringida; en consecuencia, el recurso interpuesto deviene en infundado.     


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Marianela Garnica Aranibar, cursante de fs. 76 a 79.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA