TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 543/2016-RRC

Sucre, 15 de julio de 2016


Expediente                      Tarija 83/2014

Parte Acusadora                  Ministerio Público y otro

Parte Imputada                    Sofía Segovia Velásquez Vda. de Reyes

Delitos                              Peculado y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina

       

RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de diciembre de 2014, cursante de fs. 5780 a  5806, Sofía Segovia Velásquez Vda. de Reyes, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 147/2014 de 7 de noviembre, de fs. 5744 a 5749, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, integrada por los Vocales Ernesto Félix Mur y José Luis Lenz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el entonces Consejo de la Judicatura ahora Consejo de la Magistratura contra la recurrente por la presunta comisión de los delitos de Peculado, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Enriquecimiento Ilícito, previstos y sancionados por los arts. 142, 199 y 203 del Código Penal (CP) y 27 de la Ley de lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley 004).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 011/2013 de 5 de diciembre (fs. 5584 a 5602 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, enmendada por Auto Complementario de 9 de diciembre de 2013 (fs. 5606 a 5609) respecto a la emisión de la fecha de la Sentencia a solicitud de Explicación, Complementación y Enmienda de la imputada, declaró a Sofía Segovia Velásquez Vda. de Reyes, absuelta de pena y culpa de la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito, previsto y sancionado en el art. 27 de la Ley 004, en observancia del art. 363 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP) y autora de la comisión de los delitos de Peculado, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 142, 199 y 203 del CP, imponiéndole la pena de ocho años de reclusión,  con costas a favor del Estado; y, pago de daños y perjuicios a la víctima, más la multa de doscientos días a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día.


b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada Sofía Segovia Velásquez, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 5652 a 5674), resuelto por Auto de Vista 147/2014 de 7 de noviembre y Auto Complementario 13/2014 de 21 de noviembre (fs. 5753 y vta.), dictados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso y confirmó la Sentencia, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. De los Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 038/2015-RA de 15 de enero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) Previa referencia al considerando II del Auto de Vista y “V CONCLUSIONES” de la Sentencia, aseveró que el Tribunal de apelación incurrió en incongruencia omisiva, ya que no dijo nada respecto a la conclusión del Tribunal de Sentencia sobre su firma y la obligación que tenía de acreditar si era falsa, desconociendo el principio de inocencia y que la carga de la prueba es del acusador, lo que aduce también vulnera sus derechos a la defensa y al fallo fundamentado, afirmando más adelante que el Tribunal de mérito no respetó el principio de razón suficiente; por cuanto, para concluir de esa manera debieron acudir a una prueba científica (pericia grafológica), única que podría ser suficiente; empero, se determinó que la prueba era absolutamente suficiente para determinar su culpabilidad, no obstante “ellos debieron concluir ineludiblemente que el hecho es así y no puede ser de otra manera…”, careciendo por ende de concordancia; por lo cual, los razonamientos cuestionados no derivaron ni devinieron de prueba técnica científica que genere la certeza total de su autoría material en la comisión del delito de falsedad y otros; por lo que, aduce la concurrencia del defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP.


2) El Tribunal de alzada actuó ultra petita; por cuanto, revalorizó las pruebas y a su vez incurrió en defectuosa valoración de la prueba para afianzar la injusta Sentencia a pesar que en apelación restringida únicamente peticionó el control de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Sentencia, violando sus derechos y garantías constitucionales establecidas en los arts. 115 y 76 de la CPE y provocando actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 inc. 3) del CPP; por lo que, el Auto de Vista hizo referencia a declaraciones testificales y sobre la pericia, consistente en un dictamen, cuyos puntos 4 y 5 transcribió sosteniendo que la misma no fue cuestionada en el recurso de apelación restringida, otorgándoles un nuevo sentido, provocando indefensión al afianzar y mejorar los argumentos esgrimidos en la Sentencia, importando desconocimiento al debido proceso y la tutela judicial efectiva reconocida en múltiples Autos Supremos, entre ellos el 53/2012 de 22 de marzo y 438 de 15 de octubre de 2005, afirmando que en su caso el Tribunal de alzada consideró los medios probatorios, efectuando a continuación una transcripción de parte del fallo cuestionado, aseverando que inclusive, expresó que el Tribunal de Sentencia ponderó de manera positiva al testigo de cargo Tamer Medina, aludiendo a Francisco Rivero Hoyos, testigo que no se presentó a juicio, quien solicitó la devolución de Bs. 6.252.- (seis mil doscientos cincuenta y dos bolivianos) que canceló por una demanda de usucapión que no prosperó, en igual sentido se refirió a la prueba pericial que no fue mencionada en el recurso de apelación restringida, expresando un hecho jamás probado en juicio que es imprimir dos veces los comprobantes por cobro de servicios judiciales, alejándose de las normas procesales vigentes, inobservando la ley adjetiva con relación a la revalorización de pruebas y/o valoración defectuosa de la prueba como si tratara de un Juez o Tribunal a quo, usurpando funciones que le competen exclusivamente al Tribunal de mérito; por lo que, aduce se vulneró la garantía de la presunción de inocencia, el principio in dubio pro reo, el derecho al debido proceso, garantía a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y la Sentencia Constitucional 161/2003 de 14 de febrero, incidiendo en el defecto absoluto normado en el art. 169 inc. 3) del CPP, resaltando que el Tribunal de alzada no verificó el cumplimiento del sistema de la sana crítica o la posible transgresión de las reglas del correcto entendimiento humano en la Sentencia, lo que amerita dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido.


Sobre la actuación del Tribunal de apelación ultra petita, aclara que es contradictoria al Auto Supremo 175 de 15 de mayo de 2006; por cuanto, al resolver respecto a la valoración defectuosa y la debida motivación de la Sentencia incurrió en el defecto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, por determinar aspectos intrínsecos referidos a la responsabilidad penal del imputado, violando los arts. 112 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 398 del CPP.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita que resolviendo en el fondo, se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y Auto Complementario 13/2014 de 21 de noviembre, disponiendo en consecuencia que los vocales de la Sala Penal Segunda, emitan otro conforme la doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 038/2015-RA de 15 de enero, cursante de fs. 5812 a 5817, este Tribunal admitió los dos motivos denunciados o identificados precedentemente por la imputada Sofía Segovia Velásquez Vda. de Reyes en su recurso de casación, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dictó la Sentencia 011/2013 de 5 de diciembre, bajo los siguientes argumentos, relacionados a los motivos de casación admitidos: a) Francisco Rivero Hoyos, solicitó la devolución de Bs. 6.252.- (seis mil doscientos cincuenta y dos bolivianos 00/100), que canceló por concepto de ingreso de causa nueva de una demanda de usucapión que no pudo prosperar por rechazo de la Jueza competente, según consta en la nota de 2 de agosto de 2010, en la que se adjuntó el comprobante de caja 1721522 (prueba de cargo pública 4), habiendo sido recibida en el Consejo el 5 de agosto del mismo año, al que se le imprimió el trámite correspondiente según consta de los decretos manuscritos tanto del Representante Distrital del Consejo de la Judicatura y del Jefe de Finanzas; b) En mérito a la petición descrita e imprimido el trámite correspondiente, se constató que el comprobante presentado por Francisco Rivero junto con su solicitud de restitución, no guarda relación con la copia que cursa en el archivo de Recursos Propios, pues a momento de su verificación y comparación con el original, resulta que la copia consigna la suma de Bs. 102.- (ciento dos bolivianos 00/100); por lo que, no se puede restituir el monto solicitado al litigante; por cuanto, la suma reclamada por él no ingresó al tesoro judicial, extremo demostrado con la declaración de Tamer Medina, quien refiere: “Un litigante pide que se le devuelva una cuantía porque no ha prosperado su juicio (…) yo pongo un proveído para que se inicie el trámite, de ahí remito a Finanzas, la restitución para que se busque la boleta o comprobante que tiene de control interno del depósito y nos encontramos con la sorpresa que encontramos la boleta con el mismo número que el del original que tenía el solicitante, pero la suma en la copia era otra suma muy inferior a la del original, que el nombre del que solicito la restitución es Francisco Rivero” (sic), hecho corroborado con la prueba de cargo 4 (describe su contenido), que fue reconocido por el testigo; también, de la declaración de Eduardo Suárez Pérez, quien refirió: “El 2010 era jefe de Finanzas y la solicitud de restitución de depósito, llega con la orden de restitución Del Representante del Consejo Tamer Medina (…) solicitamos a recursos propios para que restituya el depósito y se nos informa que el comprobante original de caja tenía un monto pero que la copia de Recursos Propios indicaba otro monto, entonces elevo el informe que no hay los fondos para su devolución” (sic), habiendo explicado dicho testigo que el original del comprobante de pago queda con el cliente, otra al juzgado, una copia queda en la caja y otra copia va a Finanzas, es así que cuando el encargado cruza la información de los comprobantes de la cajera y de finanzas, el monto no coincide con el del solicitante, el comprobante en Finanzas contenía una suma menor, lo que informó al Responsable Distrital para que tome acciones, testimonio que coincide con la prueba de cargo pública dieciséis, consistente en el informe 5/10 de 6 de septiembre y de la declaración de Luis Gerardo Loria Colpari de Recursos Propios, quien según declaró en esa ocasión cumplía la función de Responsable de Recursos Propios del Consejo de la Judicatura desde agosto de 2010 y su función era coordinar con las unidades de venta de cajas y su inmediato superior era el Jefe de Finanzas y al recibir la instrucción de restitución de pago devolvió la respuesta indicando que no había los recursos para devolver porque en la copia del comprobante que cursaba en Recursos Propios con el mismo número 1721522, se consignó la suma de Bs. 102.- (ciento dos bolivianos) por concepto de venta de timbres, concordante con el informe emitido por el mismo testigo al Jefe de Finanzas mediante nota de 30 de agosto de 2010 (prueba 16 de cargo), en la cual refiere que el 1 de abril de 2010 no se introdujo en el sistema de Recursos Propios la cuantía por Bs. 6.562.- (seis mil quinientos sesenta y dos bolivianos) cobrada a Francisco Rivero Hoyos, ya que una vez efectuada la revisión al informe de recaudación de la Caja de Finanzas en la fecha mencionada se encuentra el comprobante de Caja 1721522 con otro concepto de la venta realizada, correspondiente a timbres de valor de “Bs. 100.-” y la consiguiente nota del jefe de finanzas de 6 de septiembre de 2010, disponiendo oficiar al Representante Distrital haciendo conocer la no coincidencia de los datos del original del comprobante, puesto que inclusive no existe coincidencia en el nombre del solicitante pues en el segundo comprobante figura el nombre de Magin Jerez y tiene otro Código, que reporta el sistema “NEMESIS”, lo que se corrobora del informe 05/10 de 6 de septiembre (describe su contenido), en el cual de acuerdo a la copia del comprobante 1721522 anexo a ese, advierte que figura con otro concepto propiamente por venta de timbres de bs. 2.- (dos bolivianos) en cantidad de cincuenta, sumados al comprobante de caja asciende a un total de Bs. 102.- (ciento dos boliviano); en consecuencia, no existe relación del comprobante original 1721522 con la copia por concepto de venta de valores judiciales, los cuales independientemente figuran con distintos tipos de venta o cobro por cuantía totalmente diferentes y otra codificación; c) En mérito al incidente el Representante del Consejo dispuso la verificación de otros comprobantes que cursan en los expedientes donde se ventilan causas civiles habiendo verificado en muchos de ellos que esa situación se repetía constantemente; es decir, que el comprobante original que cursa en los expedientes contiene la suma real del arancel cobrado, pero comparado con las copias que cursan en el Recursos Propios, los datos no son coincidentes como debiera; sino, que consignan sumas menores y distintos conceptos de recaudación, conforme los refirió Tamer Medina en su declaración: “Esto me llamó la atención y quise verificar si no se trataba de un error y dispongo que se verifique así al tanteo como se dice comúnmente, en los juzgados donde ingresan las causas con las papeletas y de diez causas que revisamos por lo menos siete tenían las mismas irregularidades, las boletas que estaban en los procesos decían el monto real, pero las copias de control interno de ingresos el monto eran menor, no era tampoco el mismo concepto, decía de venta de timbre y las diferencias eran muy grandes”, testimonio corroborado por los innumerables comprobantes de caja incorporados a juicio, en los que se verifica que un comprobante con determinado número consigna como concepto el ingreso de causa nueva, el monto que corresponde al arancel fijado por la cuantía y el nombre del litigante y otro comprobante con la misma numeración consigna otro nombre una cantidad sustancialmente menor y el concepto es por venta de timbres, no por arancel pagado por la cuantía declarada por ingreso de causa nueva (describe los comprobantes de pago). Asimismo, tiene que de los documentos que forman parte del peritaje realizado en juicio en los que se encuentran detallados estos comprobantes, la numeración del comprobante es el mismo pero entre una y otra copia no son coincidentes los datos de concepto ni montos, para describir a continuación los puntos cuatro y cinco del peritaje realizado por Santiago López Garzón, Carlos Garrón Cuellar y Marcel Udaeta España, estableciendo con relación al primer punto aludido que su contenido tiene relación con el reporte del sistema de NEMESIS, de cuya revisión constató que no se registró el ingreso de fondos por concepto de ingresos de causas nuevas a los diferentes Juzgados, sino solo la venta de valores y reposiciones de formularios; y, del punto cinco que describió el modo de operar que habría utilizado la acusada para cambiar los conceptos e importes de las recaudaciones y no declarar ni ingresar a las cuentas corrientes, concluyendo que en el punto cuatro se explica que el original y una copia eran impresos con el monto y el concepto real del cobro y el nombre del litigante y las otras dos copias consignaban montos menores, conceptos diferentes y en muchas ocasiones nombres diferentes, conforme refirieron los peritos Carlos Garrón y Marcel Udaeta en audiencia al rendir aclaraciones y explicaciones de su dictamen indicando que el comprobante efectivamente cobrado es el que está en los Juzgados en los expedientes pero ese monto no ingresó al Tesoro en la cuenta bancaria del Poder Judicial ni al sistema “NEMESIS”, sino que ingresaba el monto menor que figura en las copias del mismo comprobante, lo que igualmente fluyó de las declaraciones testificales de Temer Medina Hoyos quien en su deposición indicó lo mismo y al verificarse en los expedientes en trámite, cursantes en los diferentes Juzgados“ (…) de 10 casos que revisaban por lo menos 7 se verificaban las mismas irregularidades, las boletas que cursaban en los procesos, tenían el monto real y la copia de control interno de ingresos propios el monto era menor” (sic), denotado en el detalle de los comprobantes de Caja, producto del relevamiento de datos que constan en la carpetas azules. Igualmente de los anexos uno y dos ingresados a juicio por su exhibición, en coincidencia con el disco compacto que fue expuesto en data show, prueba del Ministerio Público, observó el detalle de causas en bolivianos y en dólares ingresadas al sistema IANUS con reporte de numero de proceso, fecha, tipo de proceso (ejecutivo, ordinario, sumario y otros) el número de comprobante, el monto de la base imponible según comprobante de Caja, la base imponible según el comprobante de caja que cursa en los juzgados en los que le llamó la atención que en ninguno de los casos se declaró el monto de la base imponible según comprobante de caja, existiendo sólo base imponible en los comprobantes que cursaban en los Juzgados, tanto en bolivianos como en dólares, que no se declaró ni base imponible ni cuantía por el arancel del cuatro por mil y en los reportes del sistema del anexo tres evidenció que en algunos casilleros se reportaron base imponible y cuantía pero en otros no porque no en todas las demandas existen; sin embargo, en su mayoría no tiene constancia de la cuantía ni del monto cancelado del uno por mil, para seguidamente describir y valorar las pruebas de reporte de movimiento de caja desde el 1 de enero de 2005 al 31 de julio de 2010, respectó al cual concluyó que en el sistema se encontraba registrado el nombre de la acusada y que no existía reporte de ingreso de recursos por ingreso de causas nuevas con cuantía, sino sólo por venta de timbres y otros valorados, verificando que cada concepto tiene su codificación y también que los ingresos de causas nuevas tienen repetido el precio unitario y el total; d) De la prueba producida ya descrita, se tiene que durante la gestión que la acusada desempeñó el cargo de cajera, en reiteradas ocasiones alteró los datos contenidos en los comprobantes, en dos tiempos, en un primer momento imprimía en el original y la copia correspondiente al litigante, el nombre de este, el valor real cancelado y el concepto del pago, pero en un segundo momento procedía a imprimir en las otras dos copias valores falsos, conceptos de pago diferentes e inclusive cambiaba el nombre del usuario o litigante, copias éstas que eran las remitidas a la Unidad de Recursos Propios de Finanzas, para su control, perfeccionando así el ardid, de modo que la diferencia entre el original y las dos últimas copias, no ingresaban al tesoro judicial; sino, sólo los montos declarados en las últimas dos copias del Comprobante de Caja, generando un daño económico al estado, difícilmente cuantificable con exactitud pues el relevamiento de información realizada no pudo comprender todos los comprobantes emitidos, debido a la dificultad de encontrar todas las causas en que se produjeron estas alteraciones pues sólo de los comprobantes que fueron presentados ingresaron a juicio para la elaboración del peritaje, arroja la suma de Bs. 488.710 (cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos diez bolivianos) de pérdida económica para el Órgano Judicial, monto que le ha sido arrebatado al servicio de manera ilegítima en beneficio de la única persona que realizaba el cobro, manejaba y custodiaba el dinero de las recaudaciones, no existiendo lugar a presumir que pudiera ser otra persona quien se apropiara de los saldos de dineros no declarados en los ingresos de causa nueva, puesto que según los testigos de cargo y sobre todo del testigo de descargo, solo la acusada era quien atendía en caja y nadie podía ingresar al recinto donde se encontraban los valores y el dinero, echando por tierra la argumentación sin sustento alguno de la defensa que debiera haberse peritado la firma que consta en los comprobantes de caja dando a entender que otra persona hubiere vendido los servicios, cobrado el monto, introduciendo datos falsos en las últimas copias de los comprobantes, introduciendo datos adulterados al sistema NEMESIS y sustraído el saldo no declarado en caja; pero para el Tribunal, no existe duda alguna que solo la única encargada de caja fue quien actuó de la manera ya descrita; e) En consecuencia, Sofía Segovia Velásquez, en su condición de Cajera del Consejo de la Judicatura, el 2 de agosto de 2010, cobró a Francisco Rivera Hoyos en caja la suma de Bs. 6.252.- (seis mil doscientos cincuenta y dos bolivianos) por concepto de ingreso de causa civil nueva, concretamente por un proceso de usucapión, habiéndole entregado al litigante el original del pago por la suma referida, la cual fue inserta al expediente de la causa, original que al no prosperar motivó que el litigante solicite la restitución de su depósito, lo cual no pudo realizarse puesto que el dinero no ingresó al Tesoro Judicial, procediendo de este modo a lo largo del tiempo que cumplió la función referida, según concluyó del relevamiento de información del Consejo, llagando a establecer que en su mayoría los comprobantes de Caja por ingreso de causas que figuraban en los expedientes de los Juzgados declaraban un monto, un concepto y un nombre de litigante, pero las copias respectivas de dichos comprobantes que figuran en Recursos Propios para control de arqueo de Caja, declaran otro monto muy inferior al cobrado, otro concepto distinto, venta de timbre en su mayor parte; y, otro nombre de usuario o litigantes, inclusive muchos comprobantes originales refieren nombres del demandante y demandado, mientras que en las copias sólo nombres de demandantes diferentes y por compra de timbres, todo esto en las gestiones 2005 y 2006; y, f) La defensa sostuvo que no se hizo la pericia grafológica para acreditar si los comprobantes llevan su firma o si no se trata de su firma o si llevaba su sello, pero este argumento cae por tierra por el testimonio del único testigo de descargo que trae la defensa, Armando Ortiz Ballivian, Ingeniero en alimentación, abogado y psicólogo, quien afirmó que cuando se cortaba el sistema en la caja, había que esperar en fila hasta que se reponga, pero que él no podía aseverar fehacientemente si de verdad se cortaba el sistema porque no pudo ver ya que nadie podía entrar a la Caja y existiendo una sola funcionaria en dicho ambiente, no es necesario que también se tenga que realizar una prueba grafológica a la cajera, si nadie más podía realizar los cobros y extender los comprobantes y en caso de alegar que su firma hubiere sido alterada le correspondía a la defensa demostrar que otras personas alteraron la firma de la cajera en las copias que ella tenía para su control y las que ella misma remitía a Recursos Propios durante la etapa investigativa, proponiendo actos investigativos y proporcionando nombres de los posibles falsificadores de firmas, tales medios de defensa no constan y el Tribunal resuelve en base a la prueba producida en el juicio bajo el principio de verdad material y no sobre meras conjeturas.


II.2. De la apelación restringida de la imputada.


Contra la precitada Sentencia, la acusada Sofía Segovia Velásquez, interpuso recurso de apelación restringida, denunciando los siguientes puntos, relacionados a los motivos de casación admitidos: i) La Sentencia carece de logicidad; por cuanto, en el apartado V dedicado a las Conclusiones, afirmó “La defensa dice que no se hizo pericia grafológica para acreditar si los comprobantes llevan su firma o sin no se trata de su firma o si llevaba su sello (…) En caso de alegar que su firma haya sido alterada le correspondía a la defensa demostrar que otra persona ha venido a alterar la firma de la cajera en las copias que ella tenía para su control y las que ella misma remitía a Recursos Propios (…)” (sic), desconociendo que el art. 6 del CPP, establece que la carga de la prueba le corresponde a la acusación, lo que implica que es a la acusación a quien le corresponde generar la absoluta certeza de la comisión de los delitos y por ello que el hecho es así; y, que no puede ser de otra manera, determinando por tanto que en el supuesto de aplicarse el método de inclusión hipotética mental de ésta prueba pericial-grafológica, el resultado “conviccional” sería el mismo, la culpabilidad; en consecuencia, referir que la defensa no demostró la hipótesis del caso relatado, implica que el Tribunal no tiene certeza absoluta de lo establecido, resultando entonces que la Sentencia vulneró la coherencia como una de las leyes de la lógica, al no ser inequívoca. Asimismo, en la Sentencia no existe ninguna inferencia, deducción o razonamiento, que se constituya y tenga como origen la técnica o la ciencia de donde pueda subyacer el cuestionamiento de porqué ella debió demostrar la alteración mediante prueba pericial; por lo que, no se sustenta en deducciones razonadas y derivadas de pruebas objetivas; y, científicas; por cuanto, no respeta el principio de razón suficiente, tampoco es concordante, debido a que la conclusión de que ella fue quien firmó y selló los comprobantes en los que se alteró los montos, no deriva de prueba técnica científica que genere la certeza total de su autoría material en la comisión del delito de falsedad y otros, pues no corresponde a ningún elemento de prueba de la que se pueda inferir dicha conclusión negativa, quedando todo en la psiquis del Tribunal de mérito; y,  ii) Como defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, la recurrente argumenta, haciendo referencia nuevamente a la conclusión del Tribunal de mérito sobre que la defensa cuestionó que no se hizo pericial grafológica para acreditar si los comprobantes llevan su firma o si no se trata de su firma o si llevaba su sello y que en caso de alegar que su firma ha sido alterada le correspondía demostrar que otra persona alteró la firma de la cajera en las copias que tenía para su control y las que ella misma remitió a Recursos Propios, afirma que ese razonamiento no se acreditó por el medio idóneo; es decir, por un pericia grafológica que pudiese acreditar la afirmación de que las firmas y el sello de los comprobantes adulterados son de ella, pues estos se constituyen en los signos de autenticidad fundamental para demostrar su supuesta autoría, contrariando el principio de razón suficiente constitutivo de la derivación como ley de la lógica, al ser una motivación falsa y/o aparente.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, resolvió el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista 147/2014 de 07 de noviembre, con los siguientes argumentos: 1) Sobre la alteración de comprobantes de pago, aludiendo al hecho de que el ciudadano Francisco Rivero Hoyos, solicitó la devolución de Bs. 6.252.- (seis mil doscientos cincuenta y dos bolivianos) que canceló por una demanda de usucapión que no prosperó, al tramitar la devolución solicitada evidenció que el comprobante original presentado no guardaba relación con la copia, en la que sólo se consignó la suma de Bs. 102.- (ciento dos bolivianos) a nombre de otra persona y por otro concepto, según la Sentencia dicha alteración no se limitó al hecho denunciado sino que efectuada una revisión al “tanteo” se evidenciaron otras alteraciones ratificadas por prueba documental, signadas de los números 1) al 12) e incorporadas a juicio en las que se detalló dichas irregularidades, haciendo referencia a prueba pericial transcribiendo partes de los puntos cuatro y cinco de dicho dictamen que el Tribunal de mérito los consideró pertinentes, resaltando el punto cinco sobre el modo utilizado para cambiar los conceptos e importes de las recaudaciones y no declarar ni ingresar a las cuentas corrientes de la institución, tal el caso del comprobante 1696701 cuya copia proporcionada por Recursos Propios es de Bs. 202.- (doscientos dos bolivianos) por otro concepto y sin cuantía, pero en el expediente el original del mismo comprobante figura un monto de Bs. 48.023.- (cuarenta y ocho mil bolivianos 00/23). En ese orden, el Tribunal de mérito ponderó también positivamente la atestación del entonces representante del Consejo de la judicatura Tamer Medina, que en juicio afirmó que de diez casos que revisaban por lo menos en siete se verificaban las mismas irregularidades “las boletas que cursaban en los procesos tenían el monto real y la copia de control interno de Ingresos Propios el monto era menor” (sic); 2) El Tribunal de Sentencia, en el apartado V, dedicado a las Conclusiones del fallo, referido a la actividad desplegada por la imputada en su calidad de cajera, afirmó que esta “ha generado un daño económico al Estado difícilmente calculable con exactitud, pues el relevamiento de información realizada no ha podido comprender todos los comprobantes emitidos, debido a la dificultad de encontrar todas las causas en que se han producido estas alteraciones, pues solo de los comprobantes que fueron presentados e ingresaron a juicio para la elaboración del peritaje arroja según el informe pericial la suma de Bs. 488.710.- de pérdida económica para el Órgano Judicial, monto que le ha sido arrebatado al servicio de manera ilegítima en el beneficio de la única persona que realizaba el cobro, manejaba y custodiaba el dinero de las recaudaciones, no existiendo lugar a presumir que pudiera ser otra persona quien se apropiara de los saldos de dineros no declarados en los ingresos de causa nueva (…)” (sic), ratificando el modo de operar de la encausada Sofía Segovia Velásquez a lo largo de su desempeño como cajera de la institución, puntualizando: “…pues el sistema establecido por la cajera le ha permitido apropiarse de los saldos no declarados, todo el razonamiento lógico intelectivo y del propio sentido común, es decir que la autora de estos hechos era Sofía Segovia Velásquez vda. de Reyes, (…) quien como se tiene demostrado era la única que desempeñaba ese cargo desde 2001 hasta 2010…” (sic), resultando que, con la misma solvencia argumentativa, descarta los alegatos de la defensa exponiendo las razones para hacerlo, como la argüida rotación a Derechos Reales que según el testigo Tamer Medina, fue por una sola vez; empero, aún de “haber sucedido más de una vez, la prueba producida hace referencia únicamente a las fechas en que ella despachaba la Caja” (sic), careciendo de asidero igualmente, la supuesta falta de pericia grafológica de su firma o si se llevaba su sello, que según el Tribunal de mérito cae por tierra por la versión del único testigo de descargo, que afirmó que nadie podía entrar a la Caja, considerándose innecesaria dicha prueba; 3) El Tribunal de Sentencia, tras describir los tipos penales de los delitos de Peculado, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, en mérito al análisis probatorio verificado, subsume adecuadamente la actividad desplegada por la imputada a las referidas figuras delictivas, afirmando: “…porque ha utilizado las copias que de los Comprobantes de Caja que contenían datos falsos para realizar sus descargos, engañar a sus superiores haciendo creer que cumplía sus funciones a cabalidad, pues todos los testimonios y la pericia son concordantes, coincidentes en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, forma y modo en cómo ocurrieron los hechos…” para concluir de manera categórica que “…en consecuencia han creado convicción en el tribunal sobre la responsabilidad de la acusada en el hecho delictivo que se subsume en la descripción de los delitos de peculado, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado…”, quedando en consecuencia acreditado que no fue “una simple relación”; sino, conforme apunta el Tribunal inferior, evaluó los acontecimientos a la luz de las pruebas, de conformidad con el art. 173 del CPP, patentizando de forma categórica el hecho como el derecho al exponer las razones que justificaron la decisión, que a su vez se sustentó en los preceptos aplicables del orden sustantivo y adjetivo conforme refiere la ya examinada fundamentación jurídica, en la que se destacó la certidumbre de la hipótesis fáctica, además en los puntos II.1.1; II.1.2, II.1.3 y II.1.4 de la presente resolución consta dicho análisis argumentativo de la sentencia, considerándola pormenorizada y respaldada por elementos de prueba, incluido el informe pericial tomado en su contexto, sin que corresponda al Tribunal de alzada revalorizar aisladamente lo que hubiere dicho o dejado de decir los peritos en audiencia, ni la aparente necesidad de prueba grafológica de la firma de la encausada, al evidenciarse la alteración de una gran cantidad de comprobantes de doble impresión consignando el monto real en el original y la copia al cliente; y, una cantidad menor en las copias remitidas al registro de control de Ingresos Propios, dado que la valoración de la prueba es potestad exclusiva del Tribunal de instancia, conforme advierte el art. 173 citado, no estándole permitido al Tribunal de apelación hacerlo nuevamente, debido a la intangibilidad de los hechos; y, 4) Por lo expuesto, concluye no ser evidentes los agravios esgrimidos por la apelante de falta de fundamentación del fallo en examen, dado que en la Sentencia se expuso con claridad las razones y motivos que llevaron al Tribunal de mérito a asumir la convicción sobre los hechos y la responsabilidad penal de la imputada, cumpliendo a cabalidad las reglas elementales de la lógica: Si las dos premisas son verdaderas es imposible que la conclusión no sea verdadera. Ninguna de las premisas da lugar a duda alguna sobre la conducta desplazada por la imputada de imprimir dos veces los comprobantes por cobro de servicios judiciales, con los datos verdaderos en el original y la copia al cliente; con datos falsos y alterados en montos inferiores e inclusive en el concepto y datos personales de los contribuyentes en los que remitía a la Jefatura de finanzas, como en la solicitud de devolución de Bs. 6.252.- (seis mil doscientos cincuenta y dos bolivianos) de Francisco Rivero Hoyos, que pagó por un proceso de usucapión que no prosperó  pero; sin embargo, la copia de dicho comprobante no coincidía al ser solo de bs. 102.- (ciento dos bolivianos), modus operandi que se materializó muchísimas veces, “generando una daño económico al estado difícilmente calculable con exactitud…debido a la dificultad de encontrar todos los comprobantes adheridos a los expedientes, el que sin embargo de aquellos que ingresaron al juicio, según el informe pericial alcanzó un monto parcial de Bs. 488.710”. Asimismo, el fallo impugnado se ajusta a las reglas de la coherencia y derivación, en el entendido que en virtud a las pruebas incorporadas a juicio descritas en la fundamentación fáctica y jurídica, el Tribunal de mérito, paulatinamente y paso a paso asume convicción como resultado lógico; y, consecuente respecto a los antecedentes que se evidencia, edificando la estructura de cómo sucedieron los hechos, cumpliendo la exigencia de la coherencia en sus diferentes componentes, confirmando que el Tribunal de Sentencia, en la construcción de su razonamiento no contravino dichas reglas ya que la prueba fue valorada conforme la exigencia del art. 173 del CPP y como consecuencia lógica la Sentencia se halla debidamente fundamentada en sujeción al art. 124 del CPP, observando el principio de no contradicción por la relación secuencial y la amplia exposición de cómo se repitió la conducta desplegada de la imputada; por consiguiente, la Sentencia cumple también con el requisito de inequívoca; por cuanto, los elementos probatorios descritos por el Tribunal de mérito, resultaron útiles y suficientes para destruir la presunción de inocencia erigida a su favor, ya que los insumos aportados por los órganos de prueba enlazaron a la encausada en los repetidos eventos delictivos sin lugar a duda, desechando correctamente aquellos no demostrados, como el delito de Enriquecimiento Ilícito descartado ante la ausencia de prueba directa.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS SOBRE LA VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN Y LA POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS


Estando admitido el presente recurso, a continuación se analizarán los agravios denunciados por la recurrente conforme los límites establecidos en el Auto Supremo 038/2015-RA de 15 de enero, referidos a: Que el Tribunal de alzada habría incurrido en incongruencia omisiva, sobre el cuestionamiento al fundamento de la Sentencia referido a su firma y la obligación que tenía de acreditar si era falsa, lo que tilda de desconocimiento del principio de inocencia, derechos a la defensa y al fallo fundamentado y que la carga de la prueba es del acusador; y, que habría incurrido en revalorización de prueba y defectuosa valoración de la prueba, no obstante que en apelación restringida únicamente peticionó el control de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de mérito. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes, si constituyen vulneración de los derechos a la defensa, fundamentación y desconocimiento del principio e presunción de inocencia; y, contradicción con la doctrina legal invocada, a efectos de dejar sin efecto el fallo impugnado o declarar infundado el recurso intentado.


III.1. El deber de fundamentación de los fallos judiciales: El Tribunal debe circunscribir su actuación a los puntos impugnados en apelación restringida, respondiéndolos de manera clara, expresa, lógica, legítima y suficiente.


En relación a la temática consignada en el epígrafe, la basta jurisprudencia de este Tribunal, en reiterados fallos ha especificado el deber que tienen todas las autoridades jurisdiccionales a tiempo de emitir resolución, de fundamentar la forma clara, expresa, completa, legítima, legal y lógica sus decisiones, de modo tal que exista certeza en las partes procesales respecto a la decisión asumida. Así, el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, estableció: La garantía del debido proceso, consagrada en el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen en apego a los valores de justicia e igualdad, se vulnera y, con ella la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica cuando se infringe el derecho a la debida fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales que establece que toda resolución expedida por autoridad judicial o administrativa necesariamente tiene que encontrarse adecuadamente fundamentada y motivada.


En alzada, conforme ha establecido la amplia doctrina emanada por el Máximo Tribunal de Justicia, los Tribunales a momento de resolver las apelaciones restringidas, deben pronunciarse de forma puntual, precisa, y bajo ningún aspecto esgrimir fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos que generen confusión y dejen es estado de indeterminación a las partes por ser vulneratorias del debido proceso en sus elementos derecho a la motivación de los recursos, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica y al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, pues no es fundamentación suficiente la simple remisión a obrados o cita de alguna parte del proceso, doctrina y/o jurisprudencia, seguida de conclusiones, sin respaldo jurídico, ni explicación razonada del nexo entre la normativa legal y lo resuelto; es decir, el Tribunal de Apelación debe plasmar el porqué del decisorio, emitiendo criterios lógico-jurídicos sobre la base de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito en cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad, con el cuidado de no expresar nuevos criterios respecto a la prueba producida en juicio.


En consecuencia, una vez más se deja establecido que el Tribunal de Apelación, a momento de resolver el o los recursos interpuestos, está obligado constitucionalmente (parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado) a circunscribir su actividad a los puntos apelados en cada recurso, dentro los límites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo a cada recurso por separado o en conjunto cuando las denuncias estén vinculadas, dejando conocer claramente a cada recurrente la parte de la resolución que responde a cada pretensión; además, debe fundamentar y motivar sus conclusiones respecto a cada una de las alegaciones, las que inicialmente podrían clasificarse por motivo alegado, resumiendo y describiendo cada una de ellas por separado o de forma conjunta si estuvieran vinculadas (aclarando ese aspecto), con la finalidad de expresar los fundamentos y la motivación de la resolución de manera ordenada, lo contrario implica incurrir en defecto inconvalidable o insubsanable, al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, pues todo acto que vulnere derechos y/o garantías constitucionales, cuyo resultado dañoso no se enmarquen a la salvedad dispuesta en el artículo 167 de la misma norma legal, deriva en defecto absoluto y corresponde renovar el acto”.


Ahora bien, específicamente en lo relativo a la omisión de respuesta o pronunciamiento citra petita, este Tribunal, en reiteradas resoluciones explicó cuál la trascendencia de esta omisión de fundamentación, argumentando: “…la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener un respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.


La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual, ...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).


Igualmente, refiere el versado Couture, que: El juez de la apelación conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial IB de F. Montevideo - Buenos Aires 2005. Euro Editores S.R.L. 4ta. Edición. Pág. 300).


Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada”.


En ese entendido, el deber de fundamentación de un fallo, se halla quebrantado no sólo cuando no existe una respuesta suficientemente justificada, sino también cuando la autoridad judicial soslaya resolver un asunto expresamente impugnado por el apelante en el momento procesal oportuno, constituyendo un desconocimiento de los preceptos contenidos en los arts. 124 y 398 del CPP, que imponen a las autoridades judiciales a observar en todas las decisiones judiciales la debida fundamentación; es decir, expresar las razones de hecho y de derecho en que basan su decisión y el valor otorgado a cada elemento de prueba, no estándoles permitido limitar su pronunciamiento a la simple relación de documentos o remisión al requerimiento de las partes. Así como a sujetar sus actuaciones a los puntos impugnados de la Resolución, su inobservancia no sólo constituye inobservancia de la ley, sino del derecho-garantía-principio del debido proceso, constitucionalmente reconocido.


III.2.El control de la valoración probatoria de parte del Tribunal de apelación no significa la posibilidad de otorgar nuevo valor a la prueba conocida y valorada en juicio por el Juez o Tribunal competente.


Sobre la referida temática, la recurrente invocó el Auto Supremo 53/2010 de 22 de marzo, dictado en un proceso por el delito de Daño Calificado, en el que se dictó Sentencia absolutoria en favor del imputado, a cuyo efecto se planteó recurso de apelación restringida, que resuelto, el Tribunal de alzada determinó anular la Sentencia y ordenar la reposición del juicio, con el argumento de que la Sentencia apelada no se ajustó a las normas procesales vigentes ya que se inobservó la ley adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba, decisión en la que este Tribunal constató que incurrió en una nueva valoración de la prueba de cargo, así como de la prueba no incorporada al juicio, principalmente las testificales, llegando a establecer como hechos probados circunstancias que no constan en obrados, a cuyo efecto emitió el siguiente entendimiento:


Conforme con la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar únicamente la errónea aplicación de la ley sustantiva o la inobservancia de las normas procesales en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la Sentencia y no es un medio para revalidar la prueba, pues no es una doble instancia; en ese entendido la facultad de valorar la prueba corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal de Sentencia al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, estableciendo los hechos y poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público, plasmando en los fundamentos de la sentencia el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos, que deben ser expresados con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica, producto de la interacción contradictoria de las partes, la que surge de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público, cuya objetividad alcanzada de la producción de la prueba, no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; pues éste no está facultado para revisar la base fáctica de la Sentencia, sino analizar si ésta contradice el silogismo judicial, es decir, debe abocarse a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre, lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de Sentencia sean estos colegiados o unipersonales, acto con el que se atenta la garantía del debido proceso y se afecta al principio de legalidad formal y material, deviniendo consecuentemente en defecto absoluto contemplado en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal”.


Con similar entendimiento, el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005, emitido en un proceso por el delito de Calumnia, en el que se declaró a la imputada absuelta de pena y culpa y recurrida de apelación restringida la sentencia, mereció el Auto de Vista entonces recurrido, que determinó declararla culpable; en ese contexto, la extinta Corte Suprema de Justicia, constató que el Tribunal de alzada no observó que no debe revalorizar pruebas o revisar cuestiones de hecho y en resguardo del debido proceso debe anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia, sentando la respectiva doctrina legal aplicable, que no será desglosada a efectos de evitar reiteraciones innecesarias.


Por lo expuesto, los referidos entendimientos jurisprudenciales serán considerados a efectos de realizar la labor de contraste de su contenido con el Auto de Vista recurrido, al contener problemáticas procesales similares con la Resolución impugnada, debiendo resaltarse que “…en atención a la naturaleza acusatoria del procedimiento penal vigente en Bolivia, en el que priman los principios de oralidad, inmediación y contradicción, se estableció que la facultad de los Tribunales de apelación, ante el planteamiento del recurso de apelación restringida, está limitada a la resolución de impugnaciones de derecho, de acuerdo a los alcances del art. 407 del CPP, no encontrándose normada la facultad de replicar la facultad asignada únicamente al Tribunal de juicio, de valoración de la prueba” (Auto Supremo 104/2015-RRC de 12 de febrero).


Finalmente, con relación a la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 175 de 15 de mayo de 2016, también invocado por la recurrente, emitida dentro del proceso penal seguido por el delito de Uso Indebido de Influencias y otros, en el que se constató que el Tribunal de alzada, al momento de resolver los recursos de apelación restringida formulados por la acusación pública y particular, anuló totalmente el juicio y ordenó su reposición por otro Tribunal de Sentencia, actuando ultra petita en contradicción a la doctrina legal aplicable, debido a que consideró la acusación, el auto de apertura de juicio con relación a la Sentencia, sin que estos aspectos hubieren sido objeto de impugnación en el recurso de apelación; se deja constancia, que en el caso de autos, no puede ser aplicada debido a que el motivo de casación admitido en el Auto Supremo 038/2015-RRC, se circunscribe a verificar si el Tribunal de apelación incurrió en revalorización de la prueba en la resolución del recurso de apelación restringida; en consecuencia, difiere sustancialmente del supuesto fáctico que dio lugar al precedente invocado, referido básicamente al pronunciamiento más allá de lo pedido en alzada.


III.3. Análisis del caso concreto.


Con relación a la denuncia de vulneración de derechos e inobservancia del principio de presunción de inocencia debido a que el Tribunal de apelación, no habría emitido pronunciamiento alguno sobre su cuestionamiento al fundamento de la Sentencia referido a su firma y la obligación que tenía de acreditar si era falsa y que para concluir de esa manera se debió acudir a una prueba científica (pericia grafológica); sin embargo, se determinó que la prueba era absolutamente suficiente para determinar su culpabilidad, no obstante “ellos debieron concluir ineludiblemente que el hecho es así no puede ser de otra manera..”, al contener la Sentencia- razonamientos cuestionados que no derivaron ni devinieron de prueba técnica científica que generó la certeza total de su autoría material en la comisión de delito de falsedad y otros; se constata primeramente que la recurrente, en apelación restringida denunció que la Sentencia carecía de logicidad, aludiendo al apartado V dedicado a las Conclusiones, en el cual el Tribunal de mérito estableció, que en caso de alegar la defensa que la firma de la acusada fue alterada, le correspondía a la defensa demostrar que otra persona la alteró en las copias que ella tenía para su control y las que ella misma remitía a Recursos Propios, cuestionando la apelante que con dicho fundamento el Tribunal de mérito desconoció el art. 6 del CPP, que impone la carga de la prueba al acusador, quien debe generar absoluta certeza sobre la comisión de los delitos y por ello el hecho es así; y, que no puede ser de otra manera, en aplicación del método de inclusión hipotética mental de la prueba pericial grafológica, debido a que referir que la defensa no demostró la hipótesis de caso relatado implica que el Tribunal no tiene certeza absoluta de lo establecido, adoleciendo de una inferencia que tenga origen en la técnica y la ciencia por la ausencia de una prueba pericial- y de deducciones razonadas; y, derivadas de pruebas objetivas y científicas, desconociendo el principio de razón suficiente; tampoco, es concordante debido a que la conclusión de que ella fue quien firmó y selló los comprobantes en los que se alteró los montos, no deriva de prueba técnica científica al no corresponder a ningún elemento de prueba.


Por otro lado, como defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) el CPP, cuestionando nuevamente la conclusión del Tribunal de Sentencia sobre la ausencia de una prueba grafológica esgrimido por la defensa, afirmó que en el proceso no se acreditó por el medio idóneo; es decir, una pericia grafológica, la afirmación de que las firmas y el sello de los comprobantes adulterados le pertenecían.


En ese contexto, se advierte que el Tribunal de apelación, efectuando una revisión de los fundamentos de la Sentencia, plasmándolos en el fallo de alzada de manera literal, concluyó que el propio Tribunal de mérito sobre la referida denuncia de falta de pericia grafológica de su firma o si se llevaba su sello, fundamentó que dicha pretensión caía por tierra por la versión del único testigo de descargo, que afirmó que nadie podía entrar a la Caja, considerándose innecesaria dicha prueba, para resaltar más adelante que el Tribunal de Sentencia evaluó los acontecimientos a la luz de las pruebas, de conformidad con el art. 173 del CPP, patentizando de forma categórica el hecho como el derecho al exponer las razones que justificaron la decisión, que a su vez se sustentó en los preceptos aplicables del orden sustantivo y adjetivo conforme refiere la ya examinada fundamentación jurídica, en la que se destacó la certidumbre de la hipótesis fáctica, considerándola pormenorizada y respaldada por elementos de prueba, incluido el informe pericial tomado en su contexto, sin que corresponda al Tribunal de alzada revalorizar aisladamente lo que hubiere dicho o dejado de decir los peritos en audiencia, ni la aparente necesidad de prueba grafológica de la firma de la encausada, al evidenciarse la alteración de una gran cantidad de comprobantes de doble impresión consignando el monto real en el original y la copia al cliente y una cantidad menor en las copias remitidas al registro de control de Ingresos Propios, dado que la valoración de la prueba es potestad exclusiva del Tribunal de instancia, conforme advierte el art. 173 citado, no estándole permitido al Tribunal de apelación hacerlo nuevamente, debido a la intangibilidad de los hechos.


Por lo expuesto, la denuncia de concurrencia de incongruencia omisiva en el Auto de Vista recurrido, no es evidente, por cuanto el Tribunal de alzada aludiendo a los fundamentos de la Sentencia, llegó a desvirtuar el cuestionamiento sobre la pretendida necesidad de una prueba pericial grafológica sobre las firmas y sellos que constaban en los comprobantes de caja, debido a que en la misma Sentencia se habría descartado la tesis de la defensa respecto a una posible duda sobre la autoría de los tipos penales, especificando sobre dicha temática que no le correspondía efectuar una nueva valoración de prueba, estándole limitada dicha facultad y destinada únicamente al Tribunal de mérito; en consecuencia, al existir una pronunciamiento expreso sobre la denuncia expuesta en apelación restringida, no es evidente la lesión de los derechos a la defensa y al fallo fundamentado ni el desconocimiento del principio de presunción de la defensa de la acusada, correspondiendo declarar infundado el motivo de casación analizado.


Ahora bien, con relación a la denuncia de revalorización de prueba que denotaría el Auto de Vista apelado, sobre la declaración testifical de Tamer Medina y la consideración de lo aseverado por Francisco Rivero Hoyos, quien no se presentó a juicio como testigo, los que habría ponderado de manera positiva así como la prueba pericial; se constata que, evidentemente, la entonces apelante cuestionó la valoración de la prueba de parte del Tribunal de Sentencia, con referencia a la ausencia de una prueba técnica que acredite su autoría en la comisión de los ilícitos endilgados, conforme se describió en los párrafos precedentes; a cuyo efecto, el Tribunal de apelación, refiriéndose siempre a los fundamentos desarrollados en la Sentencia, los que se reitera- transcribió literalmente, concluyó que el Tribunal de Sentencia sobre la alteración de comprobantes de pago, aludiendo a la circunstancia que Francisco Rivero Hoyos, solicitó la devolución de Bs. 6.252.- (seis mil doscientos cincuenta y dos bolivianos) que canceló por una demanda de usucapión que no prosperó, evidenció que el comprobante original presentado no guardaba relación con la copia, en la que sólo se consignó la suma de Bs. 102.- (ciento dos bolivianos) a nombre de otra persona y por otro concepto, la misma que no se limitó al hecho denunciado sino que hecha una revisión al “tanteo” se evidenció otras alteraciones ratificadas por prueba documental (pruebas del 1 al 12). Asimismo, concluyó que de la prueba pericial consistente en un dictamen, el propio Tribunal de mérito determinó el modus operandi, haciendo referencia a un comprobante, entre otros, respecto a los disimilitud de los montos consignados en la copia proporcionada a Recursos Propios y la que constaba en el expediente, que era la original del comprobante, estableciendo a continuación que el Tribunal de mérito ponderó positivamente la atestación del entonces representante del Consejo de la Judicatura Tamer Medina, que en juicio afirmó que de diez casos que revisaban por lo menos en siete se verificaban las mismas irregularidades “las boletas que cursaban en los procesos tenían el monto real y la copia de control interno de Ingresos Propios el monto era menor” (sic).


De la revisión de los fundamentos de la Sentencia, ampliamente desglosadas en el apartado II.1 del presente Auto Supremo, se constata que el Tribunal de apelación no otorgó nuevo valor a las pruebas cuestionadas por la parte recurrente, sino simplemente se remitió literalmente a los argumentos de la Sentencia, para sostener que el propio Tribunal de mérito,  tras describir los delitos de Peculado, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, en mérito al análisis probatorio verificado, subsumió adecuadamente la actividad desplegada por la imputada a las referidas figuras delictivas, afirmando: “…porque ha utilizado las copias que de los Comprobantes de Caja que contenían datos falsos para realizar sus descargos, engañar a sus superiores haciendo creer que cumplía sus funciones a cabalidad, pues todos los testimonios y la pericia son concordantes, coincidentes en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, forma y modo en cómo ocurrieron los hechos (…)” .


Más adelante, concibió que la Sentencia estableció de manera detallada el modo de operar de la encausada a lo largo de su desempeño como cajera de la institución, habiendo puntualizado la Sentencia que “…pues el sistema establecido por la cajera le ha permitido apropiarse de los saldos no declarados, todo el razonamiento lógico intelectivo y del propio sentido común, es decir que la autora de estos hechos era Sofía Segovia Velásquez vda. de Reyes, (…) quien como se tiene demostrado era la única que desempeñaba ese cargo desde 2001 hasta 2010 (…)” (sic), luego de lo cual el Tribunal de apelación afirmó que con la misma solvencia argumentativa, el Tribunal inferior descartó los alegatos de la defensa exponiendo las razones para hacerlo, como la argüida rotación a Derechos Reales que según el Testigo Tamer Medina, fue por una sola vez, acotando la Sentencia que aunque hubiera sucedido más de una vez, la prueba producida hacía referencia únicamente a las fechas en que ella despachaba caja, careciendo de asidero igualmente, la supuesta falta de pericia grafológica de su firma o si se llevaba su sello; por cuanto, el propio Tribunal de mérito concluyó que dicha versión caía por tierra debido a declaración del único testigo de descargo, quien afirmó que nadie podía entrar a la Caja, considerándose innecesaria dicha prueba. Dichos argumentos denotan que el Tribunal de apelación únicamente verificó si la fundamentación descriptiva e intelectiva de la Sentencia guardaban coherencia, remitiéndose en forma literal a las conclusiones de aquella, labor en la que de ningún modo se detecta una nueva valoración de prueba; por lo que, dichos extremos constan en los fundamentos de la Sentencia, conforme se detalló en el presente Auto Supremo [apartado II.1].


Ahora bien, en la labor de revisión de la fundamentación de la Sentencia, el Tribunal de apelación dedujo que en la Sentencia se expusieron con claridad las razones y motivos que llevaron al Tribunal de mérito a asumir la convicción sobre los hechos y la responsabilidad penal de la imputada, cumpliendo a cabalidad las reglas elementales de la lógica: Si las dos premisas son verdaderas es imposible que la conclusión no sea verdadera. Ninguna de las premisas da lugar a duda alguna sobre la conducta desplazada por la imputada de imprimir dos veces los comprobantes por cobro de servicios judiciales, con los datos verdaderos en el original y la copia al cliente, con datos falsos y alterados en montos inferiores e inclusive en el concepto; y, datos personales de los contribuyentes en los que remitía a la Jefatura de finanzas, como en la solicitud de devolución de Bs. 6.252.- (seis mil doscientos cincuenta y dos bolivianos) de Francisco Rivero Hoyos, que pagó por un proceso de usucapión que no prosperó pero que; sin embargo, la copia de dicho comprobante no coincidía al ser solo de Bs. 102.- (ciento dos bolivianos), modus operandi que se materializó muchísimas veces, “generando una daño económico al estado difícilmente calculable con exactitud…debido a la dificultad de encontrar todos los comprobantes adheridos a los expedientes, el que sin embargo de aquellos que ingresaron al juicio, según el informe pericial alcanzó un monto parcial de Bs. 488.710”. Igualmente, infirió que, el fallo impugnado se ajusta a las reglas de la coherencia y derivación, en el entendido que en virtud a las pruebas incorporadas a juicio descritas en la fundamentación fáctica y jurídica, el Tribunal de mérito, paulatinamente y paso a paso asumió convicción como resultado lógico y consecuente respecto a los antecedentes que se evidencia, edificando la estructura de cómo sucedieron los hechos, cumpliendo la exigencia de la coherencia en sus diferentes componentes, confirmando que el Tribunal de Sentencia, en la construcción de su razonamiento no contravino dichas reglas ya que la prueba fue valorada conforme la exigencia del art. 173 del CPP y como consecuencia lógica la sentencia se halla debidamente fundamentada en sujeción al art. 124 del CPP, observando el principio de no contradicción por la relación secuencial y la amplia exposición de cómo se repitió la conducta desplegada de la imputada, cumpliendo la Sentencia con el requisito de inequívoca; por cuanto, en el análisis del Tribunal de alzada los elementos probatorios descritos por el Tribunal de mérito, resultaron útiles y suficientes para destruir la presunción de inocencia erigida a su favor, ya que los insumos aportados por los órganos de prueba enlazaron a la encausada en los repetidos eventos delictivos sin lugar a duda, desechando correctamente aquellos no demostrados, como el delito de Enriquecimiento ilícito descartado ante la ausencia de prueba directa.


En esta precisión de razonamientos asumido por el Tribunal de apelación, no se advierte la revalorización de prueba denunciada por la parte recurrente, en cuanto a la declaración testifical de Tamer Medina y la referencia que hizo sobre lo acontecido con la reposición de depósito que pidió el contribuyente Francisco Rivera Hoyos, mucho menos se advierte que el Tribunal de alzada haya dado un nuevo sentido a los puntos cuatro y cinco del dictamen; en consecuencia, no es cierta la denunciada contradicción con la doctrina legal aplicable; por lo que, corresponde declarar infundado el recurso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Sofía Segovia Velásquez Vda. de Reyes, cursante de fs. 5780 a  5806.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA