TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 525/2016-RRC

Sucre, 14 de julio de 2016


Expediente        : Santa Cruz 29/2016

Parte acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte imputada        :        Francisco Yovio Mendoza y otros

Delito                : Asesinato

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 18 y 23 de febrero de 2016, cursante de fs. 703 a 708 vta., y fs. 722 a 726, Kevin Eduardo Sanabria Vallejos y Jorge Justiniano Lima, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 3 de 8 de enero de 2016 de fs. 685 a 690, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por los Vocales Hugo Juan Iquise y William Torrez Tordoya, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Juana Esther Raldes Aguilera, Hugo Milsiades Antelo Cuellar, Rosin y Carlos ambos de apellidos Antelo Raldes contra Francisco Yovio Mendoza, Miguel Supayabe Ebe, Juan Carlos Justiniano Zabala y los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 28/2015 de 29 de junio (fs. 536 a 548), el Tribunal de Sentencia de Concepción del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a los imputados Francisco Yovio Mendoza, Miguel Supayabe Ebe y Juan Carlos Justiniano Zabala, autores de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndoles la pena de treinta años de presido sin derecho a indulto, más el pago de costas y otros a calificarse en ejecución de Sentencia. Por otro lado, declaró a Kevin Eduardo Sanabria Vallejos y Jorge Justiniano Lima, absueltos de pena y culpa del citado delito.


b) Contra la mencionada Sentencia, los acusadores particulares (fs. 566 a 568), así como el Ministerio Público (fs. 583 a 588), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 3 de 8 de enero de 2016, dictado por Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles y procedentes los recursos de la parte querellante y del acusador público y revocó en parte la Sentencia impugnada, declarando a los acusados Kevin Eduardo Sanabria Vallejos y Jorge Justiniano Lima, autores del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndoles la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, lo que motivó la interposición de los recursos de casación.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación planteados.


De los memoriales de recurso de casación y del Auto Supremo 408/2016-RA de 24 de mayo, se extraen las denuncias a ser analizadas en la presente Resolución,  conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.1.1.1. Recurso de casación de Kevin Eduardo Sanabria Vallejos.


1) El recurrente alega la errónea adecuación de la conducta al tipo penal acusado por parte del Tribunal de alzada; toda vez, que fue injustamente acusado por el delito de Asesinato del cual fue absuelto, refiere que la única prueba que lo incriminó fue la declaración de uno de los co-imputados, quien declaró para satisfacción de los familiares de las víctimas, que los testigos secundarios que no dieron mayores datos adicionales; empero, el Tribunal de alzada al determinar que el Tribunal de origen habría efectuado una errónea adecuación de su conducta al delito de Asesinato, incurrió en contradicción con los precedentes invocados. Argumenta que si el Tribunal de alzada advirtió una errónea adecuación de la conducta, necesariamente debió calificar la conducta individual al tipo penal correspondiente, realizando una nueva subsunción y fundamentando en qué consistió la errónea adecuación al tipo penal, aspecto incumplido por el Tribunal de apelación al no fundamentar los motivos que condujeron a la decisión de la condena de treinta años de presidio, vulnerando de esta manera el debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación de las resoluciones judiciales y el derecho a la libertad.


Asimismo, argumenta que el Tribunal de alzada incumplió la doctrina legal, porque si bien es posible la corrección directamente el error precedentemente expuesto, ello no implica la posibilidad de revalorizar la prueba; sin embargo, si se dijo que hubo una defectuosa valoración de la prueba, entonces el Tribunal de apelación no podía revocar una Sentencia sin necesariamente valorar prueba, extremo que vulnera el debido proceso y del juicio oral, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 105 de 31 de enero de 2007, 131 de 31 de enero de 2007 y 660/2014-RRC de 20 de noviembre.


2) Denuncia defectuosa valoración de la prueba en que incurre el Tribunal de alzada, cuando concluye que el Tribunal de mérito incurrió en este defecto, cuando contradictoriamente indicó que no se valoró toda la prueba extremo por el cual se tornaría defectuosa la Sentencia absolutoria, pero de manera  extraña y contraria se lo condena sin tener la facultad de valorar la prueba, cuando el inferior lo absuelve en base a la valoración de la misa prueba producida en juicio. Si los de alzada consideraron la existencia de una defectuosa valoración de la prueba, debió hacer el análisis lógico de la valoración de la prueba realizada por el inferior y no incurrir en revalorización; sino, someter al análisis y control de impugnación del razonamiento del Tribunal inferior, de la misma manera no se advierte fundamentación alguna sobre cuál fue el error de apreciación de la prueba, lo cual vulnera el debido proceso en cuanto a la falta de fundamentación, extremo contrario a la jurisprudencia e inaplicación del art. 420 del CPP. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 196 de 3 de junio de 2005 y 91 de 28 de marzo de 2006.


I.1.1.2. Recurso de casación de Jorge Justiniano Lima.


El citado imputado denuncia la vulneración del debido proceso, la defensa e igualdad procesal; toda vez, que el Auto de Vista en el parágrafo tercero del cuarto Considerando concluye con su responsabilidad por la comisión del delito de Asesinato, sin que exista la certeza sobre su autoría; que la revalorización de la prueba fue el sustento para revocar en parte la Sentencia y condenarlo sin prueba alguna, decisión sorpresiva que modificó su situación jurídica de absuelto a condenado, incurriéndose en una defectuosa valoración de los testigos de cargo excluyendo a los de descargo, se valoró como única prueba creíble, la atestación del co-acusado Juan Carlos Zabala Justiniano, accionar del Tribunal de alzada, que no le estaba permitido, al no poder modificar el hecho, valorar la prueba para cambiar la situación jurídica del imputado. Invoca los Autos Supremos 317 de 13 de junio de 2003 y 200/2012 RRC de 24 de agosto.


I.1.2. Petitorios.


Kevin Eduardo Sanabria Vallejos solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se ordene se emita uno nuevo; y, Jorge Justiniano Lima pide se dicte resolución declarando la doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 408/2016-RA de 24 de mayo, cursante de fs. 741 a 744, este Tribunal admitió los recursos de ambos imputados para el análisis de fondo de los motivos precedentemente identificados.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 28/2015 de 29 de junio, el Tribunal de Sentencia de Concepción del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declara a los imputados Francisco Yovio Mendoza, Miguel Supayabe Ebe y Juan Carlos Justiniano Zabala, autores de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndoles la pena de treinta años de presido sin derecho a indulto, más el pago de costas y otros a calificarse en ejecución de Sentencia. Por otro lado, declaró a Kevin Eduardo Sanabria Vallejos y Jorge Justiniano Lima, absueltos de pena y culpa del citado delito, al haber concluido que con relación a los imputados Francisco Yovio Mendoza, Miguel Supayabe Ebe y Juan Carlos Justiniano Zabala, según sus propias declaraciones afirman que dieron muerte a las tres víctimas Hans Grover Vallejos Castellón, María Romy Antelo Raldes y Huber Fernández Arauz, causándoles traumatismo encéfalo craneal por los golpes recibidos en la cabeza con un palo de madera; asimismo, en el caso Maria Romy Antelo Raldes, también fue víctima de violación, advirtiendo el Tribunal a quo que los móviles no fueron expuestos por las acusaciones particular y pública; sin embargo, por las declaraciones escritas de dos de los imputados señalan que cometieron el hecho por venganza en contra de su ex patrón por haberlos cambiado y porque les debía; y, no quería pagarles siendo inclusive amenazados de muerte si seguían cobrándole; empero, el co-imputado Juan Carlos Justiniano Zabala implica a Kevin Eduardo Sanabria Vallejos y Jorge Justiniano Lima, aduciendo la participación del primero en el lugar de los hechos y el segundo como la persona que les habría pagado para la comisión del hecho delictivo, aspecto que el Tribunal de juicio considera que no fue demostrado y que por el contrario existirían contradicciones en cuanto a su participación en el ilícito.


II.2.De las apelaciones restringidas.


Los acusadores particulares interponen recurso de apelación restringida, aduciendo en síntesis que no se valoró la declaración del acusado Juan Carlos Justiniano Zabala, al manifestar que existían dos personas que habían pagado a cada uno la suma de  $us. 1000.- (mil dólares estadounidenses), para que se realice el hecho delictivo, habiendo identificado como Kevin (el gallo) y a Yordy Justiniano Lima, a quienes los reconoció como los autores intelectuales y que posteriormente ratificó en el juicio oral; asimismo, se refieren al informe del Inv. Vidal Gonzales Vera, quien no dudó en su participación criminal, el Tcnl. Ever Urquia Montoya Comandante de la Policía de San Ramón, que manifestó que el acusado Juan Carlos Justiniano los nombró como autores; también, denuncian que el Tribunal no tomó en cuenta que en la prueba documental la declaración informativa y en el juicio oral Kevin Eduardo Zanabria Vallejos reconoció su número telefónico y el número de su madre era otro, que arrojan que el segundo número era utilizado por el co-acusado y que tanto la madre como la hermana de Kevin Eduardo Zanabria Vallejos, mintieron al indicar que se recibió la llamada la noche antes de los hechos y que éste llegó en horas de la madrugada.


Aseveran también que se valoró erróneamente las declaraciones de la testigo de descargo Maryely Moreno Durant, quien manifestó que en el campo donde trabaja Kevin y su esposo no ingresan llamadas, pero según el flujo de llamadas del teléfono de Kevin existen muchas llamadas; por lo que, no se encontraba trabajando.

Razones por las que advierten que la sentencia se basó en una valoración defectuosa de la prueba e incurre en el inc. 6) del art. 370 del CPP, al tener una concepción errada de las pruebas de cargo y descargo, a las que tampoco les asigna valor correspondiente a cada uno de los elementos con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente los motivos por los cuales les otorga determinado valor y a otras no, como es la declaración de Juan Carlos Justiniano Zabala y de los policías.


Por su parte, el Ministerio Público interpone recurso de apelación restringida, aduciendo que la Sentencia absolutoria incurre en los defectos previstos en los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP, al existir una defectuosa valoración de la prueba testifical como documental, además de ser contradictora e ilegal al pretender justificar la absolución de los acusados Kevin Eduardo Zanabria Vallejos y Jorge  Justiniano Lima con el argumento de que la prueba no acredita su participación.


En ese sentido, señala que contra el imputado Kevin Eduardo Zanabria  Vallejos se produjeron como pruebas testificales y documentales la declaración del coacusado Juan Carlos Justiniano Zabala, del Inv. Asignado al caso Sgto. Vidal Gonzales Vera, el testigo Miguel Ángel Burgoa Belmonte  Jefe de la División Homicidios FELCC, el testigo Ever Urquiza Montoya Jefe de la Policía de San Ramón, el testigo de descargo Abraao Marquez  Maia y el coacusado Francisco Yovio Mendoza; asimismo, contra el imputado Jorge Justiniano Lima indica que se produjeron las testificales y documentales como la declaración de Juan Carlos Justiniano Zabala y del Inv. Asignado al Caso Sgto. Vidal Gonzales Vera; por lo que, cuestiona que el tribunal afirme que el Ministerio Público no haya aportado elementos  de prueba contra los acusados absueltos.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 3 de 8 de enero de 2016, por el cual declara procedentes los recursos de apelación planteados por la parte querellante y el Fiscal de Materia; en consecuencia, revoca en parte la Sentencia impugnada, declarando a los acusados Kevin Eduardo Sanabria Vallejos y Jorge Justiniano Lima, autores del delito de Asesinato previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndoles la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, señalando entre sus argumentos lo siguiente: 


La Sentencia incurre en el defecto de errónea adecuación del tipo penal de asesinato con relación a la conducta de los acusados Kevin Eduardo Sanabria Vallejos y Jorge Justiniano Lima, al existir una valoración defectuosa de la prueba  en lo que respecta a la declaración testifical de los testigos de cargo y del acusado Juan Carlos Justiniano Zabala, ya que se limitan a señalar que resultarían mentirosas, sin fundamentar de qué manera  llegaron a esta conclusión; por lo que, esta declaración tendría toda la legalidad y validez para ser considerada al haber sido realizada de acuerdo a procedimiento al igual que las otras declaraciones de cargo, prueba suficiente que generó en ese Tribunal de alzada, la convicción sobre la responsabilidad penal en el delito de asesinato de los acusados que fueron absueltos, adquiriendo plena convicción que la sentencia contiene una valoración defectuosa de la prueba a favor de los absueltos Kevin Eduardo Sanabria Vallejos y Jorge Justiniano Lima; por lo que, señalan que emiten el Auto de Vista sin necesidad de reenvío en aplicación del art. 413 in fine del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS POR LOS RECURRENTES


En el caso presente el recurrente Kevin Eduardo Sanabria Vallejos denuncia que siendo declarado absuelto por el inferior, el Tribunal de alzada omitió calificar de manera individual su conducta al delito de Asesinato, siendo condenado en mérito a una revalorización probatoria pese a haberse concluido que la sentencia incurrió en defectuosa valoración de la prueba; en tanto, que el coimputado Jorge Justiniano Lima, alega que su situación jurídica de absuelto a condenado, se fundó también en una labor de revalorización; correspondiendo en consecuencia resolver las problemáticas planteadas.


III.1. Respecto al recurso de casación planteado por Kevin Eduardo Sanabria Vallejos.


Inicialmente es menester señalar que con relación a la  fundamentación de las resoluciones judiciales emitidas por los Tribunales de alzada, esta Sala Penal hizo hincapié en la importancia de que los Tribunales de Justicia del Estado Plurinacional, obviamente incluidos los de apelación, fundamenten debidamente sus resoluciones, pues se trata de una vertiente de trascendencia de la garantía constitucional del debido proceso, reconocido por la Constitución Política del Estado, enfatizando insistentemente, que la motivación implica que la autoridad que dicta una resolución, en este caso en apelación, tiene la obligación de exponer los razonamientos que le llevan a asumir una u otra decisión sobre las cuestiones planteadas por los recurrentes.


En ese sentido, en el Auto Supremo 248/2013-RRC de 2 de octubre, entre otros argumentos similares señaló: “Estos requisitos de la fundamentación o motivación, también deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista que resuelva la apelación restringida formulada por las partes a los fines de que tenga validez; lo contrario, significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación”. Asimismo, a objeto de determinar si una resolución está debidamente motivada, el mismo Auto agregó: “…una fundamentación o motivación suficiente, no precisa que sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino sea clara, concisa y responda a todos los puntos denunciados, lo que quiere decir también, que si la respuesta fundada se encuentra en el contenido total de la resolución que resuelve la problemática fundamental del recurso, no puede sostenerse la existencia de falta de fundamentación”.


Efectuada esta precisión se ingresa a analizar las dos temáticas planteadas por el recurrente.  


III.1.1. En cuanto a la denuncia relativa a la calificación de la conducta del imputado.


En este motivo, el recurrente, invocó en primer término el Auto Supremo 105 de 31 de enero de 2007, pronunciado en un caso sobre Tráfico de Sustancias Controladas, siendo declarado improcedente el recurso de apelación interpuesto, mediante Auto de Vista que fue dejado sin efecto a raíz de que el Tribunal de Alzada inadvirtió su facultad para adecuar las características distintivas del hecho probado a los elementos constitutivos del tipo penal y omitió considerar la alzada planteada dentro de término, en vulneración de los principios del derecho de defensa, el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva; a cuyo efecto, emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “el Tribunal de apelación debe revisar con cuidado los datos del proceso, en especial la diligencia de notificación con el Auto Complementario que da inicio al cómputo del plazo legal para la interposición del recurso de apelación restringida, para evitar la vulneración de los derechos de las partes recurrentes. Para el cómputo de los plazos procesales, es deber de los Jueces y Tribunales de individualizar las diligencias de notificación que dan lugar al cómputo del término procesal, la omisión de dicha actividad jurisdiccional puede constituirse en defecto absoluto, en caso de afectar el derecho de recurrir de las partes procesales. Por otro lado, que una vez individualizado el hecho ilícito (que se encuentra comprobado por el Tribunal de Sentencia), el Tribunal de Apelación debe evidenciar si la operación de adecuación del hecho ilícito al tipo penal fue correcta y acertada, en caso de que exista impugnación sobre la subsunción del hecho al tipo penal o en su caso, se encuentra que dicha actividad vulnera el principio de tipicidad, de oficio debe enmendar dicho error, calificando la conducta particular al tipo penal correspondiente. En autos se ha demostrado que existen características de hechos similares sobre hechos relativos a sustancias controladas, que la conducta de las imputadas, sorprendidas en flagrancia con sustancias controladas envueltas en sobrecitos tipo boticario, demuestran que están en plena actividad de suministro, el lugar (radio urbano) donde fueron sorprendidas es otra nota significativa para entender que estaban en plena actividad de suministro; asimismo, las sustancias controladas distribuidas en sobrecitos tipo boticario es para abastecer a los consumidores; finalmente, la cantidad encontrada en el poder de las imputadas alcanza a un total de 28 gramos de cocaína; las notas distintivas que preceden se subsumen a los elementos constitutivos del tipo penal incurso en el artículo 51 con relación al 49 de la Ley Nº 1008. La fijación de la pena se rige o se limita por la culpabilidad y no por el resultado, al que se debe añadir las circunstancias concurrentes a la personalidad de las imputadas, siendo la pena indeterminada, corresponde al Juez o Tribunal determinar la pena a aplicar”.


También invocó el Auto Supremo 131 de 31  de enero de 2007, emitido dentro de un caso seguido por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente agravada, habiéndose dictado sentencia condenatoria, fue apelada, emitiéndose el Auto de Vista que declaró improcedente la apelación y confirmó la sentencia impugnada; fallo que fue dejado sin efecto porque el defecto referido a la errónea aplicación de la Ley sustantiva, importó un error en la subsunción del hecho en la conducta típica atribuida, empero se evidenció que los hechos probados de autos eran suficientes para proveer justicia de modo tal que la conducta no quede a salvo del reproche y en la impunidad, de tal forma que ejercitando el principio del iura novit curia y con la facultad que prevé el art. 413 del CPP, la conducta del procesado debía ser debidamente subsumida, no siendo necesaria la realización de un nuevo juicio, consiguientemente emitió como doctrina legal aplicable: “A partir del cambio de sistema procesal, se implementa como principio rector del sistema de prueba vigente el principio de la libre valoración; por tanto no existe el sistema de prueba legal o tasada, vigente durante mucho tiempo en el marco del proceso inquisitivo, en el que sólo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos imputados, señalándose además el valor de cada una de ellas. En el sistema actual, a diferencia del sistema anterior, el Juez es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba, ni a las presunciones que ésta defina, de ahí que puede convencerse por lo que le diga un único testigo, frente a lo que digan varios. Ahora bien, el principio de libre valoración de la prueba no significa que el juez o Tribunal tengan una facultad sin limitaciones, con total irrevisabilidad de la convicción del órgano a quo respecto de los hechos probados. El principio de libre valoración de la prueba significa que el Juez debe apreciar la prueba durante el juicio `según las reglas de la sana crítica, es decir según las reglas de la lógica y dentro de ellas, el principio de no contradicción, así como según los principios generales de la experiencia´, debiendo traducir ese razonamiento en el fallo de manera objetiva, situación que se expresa a través de los elementos que prueba que en su conjunto formulan la razonabilidad del fallo y la motivación del titular del órgano jurisdiccional para decidir de tal o cual forma, sobre la base de la imputación objetiva. Es obligación de quien acusa, cumplir con la carga de la prueba, demostrando plenamente la hipótesis acusatoria, tarea que puede requerir la demostración no sólo de cuestiones objetivas, sino también de elementos normativos y subjetivos descritos en el injusto típico, de ahí que ante la eventual inexistencia de uno de estos elementos, la conducta no puede subsumirse, dentro del tipo de injusto atribuido, en función del principio de legalidad penal y consecuente afectación a la seguridad jurídica de las personas, situaciones que devienen en defectos absolutos no susceptibles de convalidación, ya que afectan la esfera de las garantías constitucionales del individuo, estando además expresamente previstas como defectos de la sentencia en el articulo 370 del Código de Procedimiento Penal. Ante un eventual error en la subsunción de la conducta por el A quo si la sentencia aporta los elementos de prueba necesarios para que a partir de un nuevo análisis se pueda determinar que la conducta constituye delito dentro de la familia de los delitos que se analizan y que han sido acusados previa verificación de que para dictar nueva resolución no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal Ad-quem, en aplicación del principio `iura novit curia´ y observando la celeridad procesal, en aplicación del articulo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictará sentencia directamente”.


El recurrente agrega a los precedentes, el Auto Supremo 660 de 20 de noviembre de 2014, pronunciado dentro de un proceso sobre  el delito de Allanamiento del Domicilio o sus Dependencias, donde se emitió sentencia condenatoria a una imputada y absolutoria a otra imputada, apelada esta determinación, por Auto de Vista se confirmó la Sentencia impugnada y dispuso en aplicación del art. 413 del CPP, dejar sin efecto la concesión del beneficio del perdón judicial, hasta que se cumpla lo previsto por el art. 368 del CPP, a tiempo de mantener firmes y subsistentes las demás determinaciones del fallo de grado, recurrido de casación fue dejado sin efecto porque el Tribunal de alzada no verificó ni reparó la errónea aplicación de la norma sustantiva en que incurrió el Juez de Sentencia, habiendo sido citada por el recurrente como doctrina a ser aplicada lo siguiente: “no siempre la modificación de la situación jurídica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos per se, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuación o concreción de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo condenó no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que lógicamente no implique modificación de los hechos mediante la revalorización de la prueba, o por el acusador que, ante la absolución del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en sentencia, sí se subsumen en alguna conducta prohibida por el Código Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le está vetado), por cuanto los hechos ya están establecidos en sentencia y no son objeto de discusión, correspondiéndole únicamente verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue correcta o no, entonces, de advertir que el juez incurrió en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometió en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio únicamente para que otro juez realice una correcta subsunción del hecho”.


Ahora bien, el recurrente argumenta en este primer motivo, que existe errónea adecuación de su conducta al tipo penal acusado por parte del Tribunal de alzada; toda vez, que fue injustamente acusado por el delito de Asesinato, del cual fue absuelto, siendo la única prueba que lo incriminó la declaración de uno de los co-imputados, quien declaró para satisfacción de los familiares de las víctimas cuando los testigos secundarios no dieron mayores datos adicionales; empero, el Tribunal de alzada al determinar que el Tribunal de origen había efectuado una errónea adecuación de su conducta al delito de Asesinato, incurrió en contradicción con los precedentes invocados, pues si el Tribunal de alzada advirtió una errónea adecuación de la conducta necesariamente debió calificar la conducta individual al tipo penal correspondiente, realizando una nueva subsunción y fundamentando en qué consistió la errónea adecuación al tipo penal, aspecto incumplido por el Tribunal de apelación al no fundamentar los motivos que condujeron a la decisión de la condena de treinta años de presidio, vulnerando de esta manera el debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación de las resoluciones judiciales y el derecho a la libertad.


Asimismo, argumenta que el Tribunal de alzada incumplió la doctrina legal, porque si bien es posible la corrección directa del error precedentemente expuesto, ello no implica la posibilidad de revalorizar la prueba; sin embargo, si se dijo que hubo una defectuosa valoración de la prueba, entonces el Tribunal de apelación no podía revocar una Sentencia sin necesariamente valorar prueba, extremo que vulnera el debido proceso y del juicio oral.


Al respecto, se debe tener presente que en sentencia los imputados Kevin Eduardo Sanabria Vallejos y Jorge Justiniano, fueron absueltos de la comisión del delito de Asesinato; empero, a raíz de los recursos de alzada formulados por los acusadores particular y público, el Tribunal de alzada aduciendo encontrar como defecto en la sentencia la errónea adecuación del tipo penal de asesinato con relación a la conducta de los absueltos, concluyó en la existencia de valoración defectuosa de la prueba en lo que respecta a las declaraciones de los testigos de cargo y del acusado Juan Carlos Justiniano Zabala, siendo esta prueba suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal en el ilícito acusado. En ese contexto, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se desprende que el Tribunal ad quem hizo referencia a las pruebas consistentes en las declaraciones del investigador asignado al caso Sgto. Vidal Gonzales Vera, así como de los oficiales Miguel Ángel Burgoa Belmonte y Ever Urquiza Montoya y del acusado Juan Carlos Justiniano Zabala, sin enfatizar de qué forma los ahora recurrentes acomodaron su conducta al hecho delictivo por el cual fueron condenados, desconociéndose si concurrieron los elementos constitutivos del delito; en consecuencia, no hubo una labor de subsunción del hecho (base fáctica) con el tipo penal en el que se subsuma la conducta tachada de delictiva, para lo cual era preciso determinar la creación de un riesgo jurídico-penalmente relevante o no permitido, la realización del riesgo imputable en el resultado y la concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos en la conducta del agente con el tipo de injusto imputado; por cuanto, para atribuir la comisión de hecho delictivo es imprescindible la concurrencia de todos los elementos del tipo de injusto, objetivos y subjetivos, detallados en el tipo penal en el cual se pretende subsumir la conducta del imputado, lo que no ha ocurrido en el caso de autos; por lo que, el Tribunal de alzada, conforme se denuncia en el recurso sujeto a análisis, no efectuó esa labor de subsunción, más aun cuando en virtud del art. 413 del CPP, emite una nueva sentencia respecto de los declarados absueltos inicialmente por el tribunal de juicio.


Asimismo, se tiene que el Tribunal de apelación, si bien acudió a lo establecido en el Auto Supremo 660 de 20 de noviembre de 2014 que en su parte pertinente señala: “no siempre la modificación de la situación jurídica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos per se, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuación o concreción de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo condenó no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que lógicamente no implique modificación de los hechos mediante la revalorización de la prueba, o por el acusador que, ante la absolución del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en sentencia, sí se subsumen en alguna conducta prohibida por el Código Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le está vetado), por cuanto los hechos ya están establecidos en sentencia y no son objeto de discusión, correspondiéndole únicamente verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue correcta o no, entonces, de advertir que el juez incurrió en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometió en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio únicamente para que otro juez realice una correcta subsunción del hecho (…) En consecuencia, este Tribunal considera necesario establecer la siguiente sub regla: El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 última parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena(Las negrillas nos pertenecen); no reparó en la necesidad de que el nuevo fallo emitido de manera directa y que implicó la modificación a la situación del imputado, sea pronunciado debidamente fundamentado previa verificación si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho atribuido fue correcta o no, de modo que de advertir el error en que incurrió el Tribunal de juicio respecto a la adecuación de la conducta de los absueltos al tipo delictivo, tenía el deber insoslayable de calificar la conducta individual al tipo penal correspondiente, realizando la subsunción y fundamentando en qué consistió la errónea adecuación al tipo penal y al no hacerlo, infringió el art. 124 del CPP; por consiguiente, queda demostrado que respecto a este primer motivo, el Auto de Vista impugnado resulta contrario al precedente invocado contenido en el Auto Supremo 660 de 20 de noviembre de 2014, no así respecto a los Autos Supremos 105 de 31 de enero de 2007 y 131 de 31 de enero de 2007 que responden a distintas problemáticas con hechos fácticos diferentes al caso de autos, deviniendo el presente motivo en fundado.


Asimismo, respecto a lo alegado por el recurrente en la parte final de este motivo, en sentido de que si bien es posible la corrección directa de algún error en la sentencia sin que ello implique la posibilidad de revalorización de la prueba, por razones de orden será compulsada esta problemática en el punto siguiente.


III.1.2. En relación a la denuncia de revalorización probatoria.


El recurrente en este segundo motivo, invoca el Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005, emitido en un proceso penal por el delito de Lesiones Leves, donde inicialmente se dictó sentencia condenatoria, apelada que fue, el Tribunal de alzada dictó Auto de Vista declarando procedente la apelación restringida, revocando la sentencia condenatoria, absolviendo al imputado, fallo que fue dejado sin efecto a raíz de que la contradicción jurídica sobre la valoración de la prueba, radicó en que la facultad para apreciar la prueba es del Juez o Tribunal de Sentencia, no así del Tribunal de Alzada, según el precedente que contradice al Auto de Vista impugnado, pronunciando la siguiente doctrina legal aplicable: “la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba; convicción que se traduce en el fundamento de la sentencia que lleva el sello de la coherencia y las reglas de la lógica; consiguientemente, el Tribunal de Alzada en caso de revalorizar la prueba, dicho acto convierte en defecto absoluto contemplado en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal; por haber aplicado el artículo 173 contradiciendo al Auto de Vista Nº 45 de 7 de septiembre de 2004 pronunciado por la Sala Penal Segunda del mismo Distrito Judicial; situación que además contradice la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal de Casación; donde se indica que el Juez o Tribunal de Sentencia tiene la facultad de valorar la prueba y no así el Tribunal de apelación como ocurrió en el sub lite. Que la Sala Penal Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí debe especificar con claridad el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica, vale decir que, en el fundamento y justificación de la valoración de la prueba no concurrieron la ciencia, experiencia y las reglas de la lógica que hacen que dicha valoración sea o no convincente para el Juez Segundo de Sentencia; previa a esta actuación debe cumplir con los presupuestos que rigen en los artículos 398 y 399 del Código de Procedimiento Penal”.


Además, invocó el Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006, pronunciado dentro de un caso seguido por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, dictándose sentencia condenatoria, siendo apelada por Auto de Vista se declaró procedentes los motivos primero, tercero y cuarto del recurso de apelación e improcedentes los motivos segundo y quinto; en consecuencia, anuló totalmente el juicio y dispuso el reenvío ante otro Tribunal; recurrido de casación el fallo, fue dejado sin efecto porque el Tribunal de Alzada valoró un solo elemento de prueba, hecho que además no era de su competencia, vulnerando la facultad del Tribunal a-quo, conllevando una actitud condescendiente y vulneratoria a su propia competencia, al no ponderar los puntos apelados, siendo deber de la autoridad jurisdiccional evidenciar que los puntos apelados se encuentran sustentados fáctica y jurídicamente; a cuyo efecto se emitió como doctrina legal aplicable lo siguiente: “la valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico. 3.- Que el Tribunal de Alzada tiene el deber de analizar y ponderar los puntos apelados, pudiendo el resultado coincidir o no con los criterios del recurrente; en cualquiera de los casos, el fundamento debe reflejar los actos procesales o hechos, de manera que tengan sustento fáctico, asimismo el argumento deberá tener una base jurídica; la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional deberá imponerse sobre toda las cosas al margen de coincidir o no con los criterios de las partes procesales, sólo así se podrá practicar el principio de una tutela efectiva y enaltecer la administración de la justicia penal. 4.- Que los tipos penales incursos en el artículo 48 con relación al 33 inciso m) de la Ley Nº 1008, se encuentra expresados en los siguientes verbos nucleares: `producir, fabricar, poseer, tener, almacenar, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas´; la ejecución de una de estas acciones es de carácter formal y no de resultados”.


En el caso de autos, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, concluyó que el Tribunal de mérito incurrió en defectuosa valoración de la prueba al no haberse valorado toda la prueba; pero, de manera  extraña y contraria, lo condenó sin tener la facultad de valorar la prueba, cuando el inferior declaró su absolución con base a la valoración de la misma prueba producida en juicio, de modo que si el de apelación consideró la existencia de una defectuosa valoración de la prueba, debió hacer el análisis lógico de la valoración de la prueba realizada por el inferior y no incurrir en revalorización, más cuando no se advierte fundamentación alguna sobre cuál fue el error de apreciación de la prueba, lo cual vulnera el debido proceso en cuanto a la falta de fundamentación, extremo contrario a la jurisprudencia e inaplicación del art. 420 del CPP.


De la revisión del Auto de Vista impugnado, se desprende que el Tribunal de alzada, si bien señaló que la Sentencia además de incurrir en el defecto de errónea adecuación del tipo penal de Asesinato con relación a la conducta de los acusados Kevin Eduardo Sanabria Vallejos y Jorge Justiniano Lima, al concluir que se produjo una valoración defectuosa de la prueba; también citó referencialmente las declaraciones de testigos de cargo y del acusado Juan Carlos Justiniano Zabala, considerándolas suficiente prueba para condenar a los ahora recurrentes, lo que refleja que procedió a un nuevo examen de la prueba conllevando una revalorización de la misma, cuando lo que correspondía era que si consideraba que existía una defectuosa valoración, explicar las razones que sustente dicha conclusión especificando qué regla de la sana crítica fue quebrantada y en su defecto ordenar el reenvío de la causa; sobre el particular, este Tribunal ha señalado a través del Auto Supremo 534/2015 de 24 de agosto, lo siguiente: “el Tribunal de alzada debe ejercer el control sobre la actividad probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia; debiendo enfatizarse que cuando se pretende un control sobre esa valoración, no puede fundarse en la credibilidad o no de un testigo, sino debe estar fundado en los siguientes errores: `falso juicio de existencia, porque omite apreciar una prueba que obra en el proceso o porque la supone existente sin estarlo: falso juicio de identidad, cuando no obstante considerarla legal y oportunamente allegada, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndola producir efectos que objetivamente no se establecen de ella: falso juicio de raciocinio, cuando el juzgador de instancia, sin cometer ninguno de los anteriores errores, y existiendo la prueba, la aprecia en su exacta dimensión fáctica, pero al asignarle su mérito persuasivo viola los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria. (Orlando Rodríguez Casación y Revisión Penal)”, criterios también obviados por el Tribunal de alzada a momento de pronunciar el Auto de Vista ahora impugnado.


La denuncia formulada por el recurrente es evidente, por cuanto el Tribunal de alzada asumió que en las declaraciones testificales de cargo, los oficiales de la Policía Boliviana Miguel Ángel Burgoa Belmonte y Ever Urquiza Montoya manifestaron que las investigaciones arrojaron como resultado que Kevin Eduardo Sanabria Vallejos y Jorge Justiniano Lima, participaron del delito de asesinato y que efectivamente el acusado Juan Carlos Justiniano Zabala habría confesado y sindicado de manera directa sus participaciones en el crimen, indica que: “toca dar el valor correspondiente a la declaración del acusado” (sic) y advierte que el Tribunal de Sentencia le concedió la condición de mentirosa, fantasiosa, inverosímil, contradictoria y poco creíble, lo cual el Tribunal ad quem observa que carece de la debida fundamentación, desconociendo las razones por las que el Tribunal a quo  llegó a esas conclusiones, al evidenciarse del contenido de la sentencia que el juez inferior advirtió la existencia de contradicciones en hechos fácticos que no contribuyeron a la verdad histórica de los hechos, como es el medio por el cual supuestamente llegaron los acusados al lugar del ilícito, ya que por una parte se indicó la utilización de motos y por otra que llegaron a pie; consecuentemente resulta contradictorio señalar que hubo una defectuosa valoración de la prueba para luego atribuir un valor distinto al señalado en la sentencia.


En la misma línea de análisis, la revalorización probatoria queda evidenciada en el momento en que el Tribunal de alzada le asigna un valor distinto a la declaración del nombrado imputado que el atribuido por el Tribunal de Sentencia -se entiende de mentirosa a creíble, aun cuando no se asume este cambio de manera expresa-, pero además en una revaloración fundada en un aspecto de carácter formal irrelevante, ya que el Tribunal de origen no le restó credibilidad por su forma de obtención, sino por las contradicciones con otros elementos fácticos y probatorios, detallados en el contenido de la sentencia, debiendo enfatizarse que la observancia de las formas en la producción de una prueba no necesariamente la hace creíble o verosímil; cuando en todo caso debió el Tribunal de alzada establecer qué regla de la sana crítica fue vulnerada por el Tribunal de Sentencia al valorar la declaración de uno de los imputados, en el ámbito del criterio jurisprudencial desarrollado en el Auto Supremo 534/2015-RRC de 24 de agosto, y disponer en su caso el reenvío de la causa indicando el objeto concreto del nuevo juicio, considerando la existencia de condena a otros tres imputados, por lo que el presente motivo también deviene en fundado ante la contradicción existente con el Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005 solamente, pues el Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006 abordó una problemática distinta a la planteada en el presente recurso.


III.2. Sobre el recurso de casación del imputado Jorge Justiniano Lima.


El recurrente a tiempo de denunciar revalorización de la prueba por parte del Tribunal de alzada, invocó el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, pronunciado dentro de un proceso por el delito de Falsedad Ideológica y otros, dictándose inicialmente sentencia condenatoria a los imputados, apelada esta determinación, el Tribunal de alzada declaró inadmisibles los recursos planteados y procedente el recurso interpuesto por uno de los coimputados; en consecuencia, parcialmente dejó sin efecto la sentencia sólo en lo relativo a la condena de los procesados y con la facultad conferida por el art. 413 del CPP, dictó nueva sentencia declarando a los imputados, absuelto de los delitos; recurrido de casación el fallo de alzada, fue dejado sin efecto porque el Tribunal de apelación revalorizó nuevamente la prueba y como resultado de ello, llegó a la conclusión de que la conducta de los imputados, no se adecuó al tipo penal por el que fueron juzgados; consecuentemente, anuló parcialmente la sentencia apelada y pronunció otra, absolviendo de culpa y pena a todos los imputados por los delitos que fueron objeto de juicio, sin tomar en cuenta que cuando se da esta figura el Tribunal de alzada, debe ordenar la reposición del juicio, indicando el objeto concreto del nuevo juicio a sustanciarse por otro Juez o Tribunal; además, de que ya no se le está permitido al Tribunal de apelación restringida, revisar las cuestiones de hecho que valoraron los Tribunales inferiores, sino garantizar el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. Asimismo, advirtió como vicios absolutos en la nueva sentencia de la Corte de alzada, que la supuesta reparación interpretativa errada de las normas legales no  consideró adecuadamente el principio de subsunción en los hechos motivo de imputación; consiguientemente, emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Que de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguiente aspectos: anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente. Conclusivamente, "En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada se incline por anular parcialmente la sentencia del Juez o Tribunal de Sentencia, sea por la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; por mandato del primer y segundo periodo del art. 413 de la Ley Procesal Penal, deberá indefectiblemente indicar el objeto concreto de nuevo juicio y remitir obrados a otro Juez o Tribunal para la reposición del mismo, en el marco de las garantías procesales, constitucionales y supranacionales que establecen los instrumentos internacionales". Cumplimiento que importa tener que salvar los vicios procedimentales y los fundamentos del hecho del proceso contenidos en la ratio decidendi de la presente decisión”.


Además, invocó el Auto Supremo 200 de 24 de agosto de 2012, emitido dentro de un caso por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas y Complicidad, donde se dictó sentencia absolutoria, apelada que fue, por Auto de Vista se declaró procedente el recurso; consecuentemente, se revocó totalmente la Sentencia absolutoria y deliberando en el fondo, declaró a los acusados autores y culpables de la comisión de los delitos indilgados. Recurrido de casación este fallo, fue dejado sin efecto a raíz de que se consideró que para dictar nueva sentencia y cambiar la situación jurídica de los imputados de absueltos a condenados, no era necesario disponer el reenvío, sin advertir que esta actitud significaba en los hechos, atribuirse la facultad de valorar la prueba, que constituye una facultad reservada exclusivamente para el Juez o Tribunal de Sentencia; por lo que, se pronunció la siguiente doctrina legal aplicable: “Es necesario precisar, que el recurso de apelación restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal. Se vulnera los derechos a la defensa y al debido proceso, reconocidos por el art. 115.II de la CPE, y existe una inadecuada aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisión que al desconocer los principios de inmediación y contradicción, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidación”.


En el presente recurso, se denuncia la vulneración del debido proceso, la defensa e igualdad procesal, porque en el planteamiento del recurrente el Auto de Vista en el parágrafo tercero del cuarto Considerando concluyó que era responsable de la comisión del delito de Asesinato, sin que exista la certeza sobre su autoría, siendo la revalorización de la prueba el sustento para revocar en parte la Sentencia y condenarlo sin prueba alguna, decisión sorpresiva que modificó su situación jurídica de absuelto a condenado, incurriéndose en una defectuosa valoración de los testigos de cargo excluyendo a los de descargo, pues se valoró como única prueba creíble, la atestación del co-acusado Juan Carlos Zabala Justiniano, accionar del Tribunal de alzada, que no le está permitido, al no poder modificar el hecho, ni valorar la prueba para cambiar la situación jurídica del imputado.


Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el presente Auto Supremo, emitida la sentencia absolutoria a favor del recurrentes y apelada esta determinación, el Tribunal de alzada procedió a la modificación de su situación de absuelto a condenado por el delito de Asesinato, con base a una revalorización probatoria conforme esta Sala Penal concluyó al analizar el recurso de casación del coimputado Kevin Eduardo Sanabria Vallejos, siendo menester reiterar que si bien el art. 413 última parte del CPP, permite la posibilidad de que el Tribunal de alzada emita directamente una nueva resolución, no le faculta a descender al examen de la prueba y los hechos sucedidos, como aconteció en el caso de autos, al advertirse que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz otorgó un valor distinto al asignado en Sentencia, a las declaraciones testificales así como a las vertidas por el acusado Juan Carlos Justiniano, cuando su labor se limita a ejercer el control sobre la correcta o no valoración de las pruebas por parte del Tribunal a quo; consecuentemente, se ha demostrado la contradicción con los precedentes invocados por el recurrente contenidos en los Autos Supremos 317 de 13 de junio de 2003 y 200 de 24 de agosto de 2012 con relación a la prohibición de revalorización de la prueba, resultando por ende fundado el presente recurso de casación, correspondiendo dejar sin efecto la Resolución impugnada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Kevin Eduardo Sanabria Vallejos y Jorge Justiniano Lima, cursantes de fs. 703 a 708 vta., y fs. 722 a 726, con los fundamentos expuestos precedentemente; y, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 3 de 8 de enero de 2016, de fs. 685 a 690, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA