TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 515/2016-RA

Sucre, 05 de julio de 2016


Expediente        : Pando 10/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro 

Parte Imputada        : Héctor Hidalgo Lliulle

Delitos        : Uso Indebido de Influencias y otro

RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de mayo de 2016, cursante de fs. 74 a 75 vta., Héctor Hidalgo Lliulle, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista  de 3 de mayo de 2016, de fs. 68 a 71 vta., pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Pando contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por los arts. 146 y 154 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 68/2015 de 7 de diciembre (fs. 20 a 23 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Héctor Hidaldo Lliulle, absuelto de pena y culpa por el delito de  Uso Indebido de Influencias, previsto y sancionado por el art. 146 del CP; y  autor de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, tipificado por el art. 154 del CP, imponiéndole la pena de un año de reclusión, con costas, daños y prejuicios averiguables en Ejecución de Sentencia.  


b) Contra la mencionada Sentencia, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando (fs. 40 a 43) y Héctor Hidalgo Lliulle (fs. 49 a 51 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista de 3 de mayo de 2016, dictado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró improcedente “la apelación” (sic) y confirmó la Sentencia apelada.


c) Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista el 6 de mayo de 2016 (fs. 72), interpuso el recurso de casación el 13 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente advierte que el Auto de Vista impugnado que resuelve los incidentes y excepciones, no indica porqué considera negligente la conducta de los Fiscales que desembocó en un anormal proceso, más aun cuando eran dos imputados y uno fue declarado rebelde, afirmando que esta resolución no guarda relación con el alcance del instituto, ya que los Jueces Técnicos y Tribunal de alzada fundamentaron meridianamente los antecedentes, aseverando que al interponer recurso e incidente acompañó pruebas para sostener la negligencia en la tramitación y cumplimiento de plazos, que demuestran una dilación y negligencia en la tramitación del caso, en la etapa preliminar, preparatoria, conclusiva y juicio oral cuestionando que la conducta de los operadores de justicia se acomoda a dilación y negligencia, afirmando que con ello demostró que el Tribunal de alzada incurre en contradicción que consideró que debió acreditar la negligencia de los operadores de justicia, cuando lo que debe demostrar a su entender son las acciones dilatorias de acuerdo al Auto Supremo 222/2007 de 17 de marzo; por consiguiente, afirma que debió procederse a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso de cuatro años y once meses.


Añade que el Tribunal de alzada respecto a la excepción de prescripción  erradamente y contradictoriamente, considera que es procesal y que comienza con la imputación formal, puesto que al haberse realizado la imputación formal el 8 de agosto de 2012 y la nueva Constitución Política del Estado ya estaba en vigencia y los delitos de corrupción eran imprescriptibles; sin embargo, de acuerdo al art. 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es una garantía del derecho a un procesamiento en un plazo razonable, en conformidad al principio de la seguridad jurídica como elementos del debido proceso, señalando que el hecho ocurrió el 2007 y transcurrieron ocho años y cinco meses, prescripción que es interrumpida únicamente por las previsiones de los arts. 31 y 32 del CPP, resultando inaplicables las modificaciones a la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, no obstante el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce la aplicación retroactiva de la ley penal en los delitos de corrupción en contradicción con el art. 116 del mismo cuerpo legal, cita al respecto la Sentencia Constitucional 0770/2012 de 13 de agosto, refiriendo que la retroactividad está vedada por los pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su art. 11.2., la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 9, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 15.1 y la Convención Interamericana contra la Corrupción en su art. XIX y considerando el carácter vinculante de la jurisprudencia de acuerdo al art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional.


Concluye que es ilegal e indebido pretender la aplicación retroactiva de la señalada ley, para la investigación y juzgamiento de delitos de corrupción o vinculados a ésta; tampoco, se puede considerar su imprescriptibilidad sobre hechos cometidos con anterioridad a la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado como la Ley 04 de 31 de marzo de 2010; por lo que, el presente caso ha prescrito.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; empero, “El derecho a recurrir es un derecho condicionado, su ejercicio va a depender de la concurrencia de los presupuestos y requisitos legalmente establecidos” (Rosa Pascual Los recursos en el Código de Procedimiento Penal Boliviano); por lo cual los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, deben observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


Dentro de ese mismo contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la Resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


A efectos de resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso, debe precisarse que, en el nuevo sistema procesal penal, la tercera etapa del proceso se halla destinada al uso de los medios de impugnación, entre los que destaca el recurso de apelación, el cual se estructura como un mecanismo para revisar decisiones judiciales probablemente erróneas, en tanto que el recurso de casación está destinado en su regulación a uniformar criterios interpretativos y ha sido instituido bajo la idea de que la ausencia de un mecanismo que uniformice los criterios jurisprudenciales de los distintos Tribunales del País, provocaría una dispersión jurisprudencial, creando un sentimiento de inseguridad jurídica colectiva, con las consecuencias perniciosas que ello podría conllevar para la seguridad jurídica.


En ese contexto, de acuerdo a la regulación normativa del recurso de casación establecida en los arts. 416 al 420 del CPP, el Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004, señaló que: "De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia", entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo 628 de 27 de noviembre de 2007, precisando que: "...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción".


En ese sentido, el recurso de casación no procede contra otro tipo de resolución judicial pronunciada por los Tribunales superiores en el ámbito de su competencia y de manera específica, respecto a aquellas que resuelven los recursos de apelación incidental, de acuerdo a las previsiones del art. 403 del CPP, sin que este criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir; toda vez, que éste solamente puede ser ejercido en los casos que la ley ha previsto expresamente como manda el art. 394 del citado cuerpo legal, extremo ratificado por este Tribunal en el Auto Supremo 078/2012-RA de 23 de abril.


En el caso presente, el Auto de Vista de 3 de mayo de 2016, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, ahora impugnado, resolvió también la alzada en contra de los incidentes y excepciones opuestas en juicio oral y resueltos por Auto de 1 de diciembre de 2015 por el A quo y que ahora motivan la instauración del presente recurso de casación; por lo que, no se impugna una Resolución emitida por el Tribunal de alzada en ejercicio de la competencia prevista por el art. 51 inc. 2) del CPP, considerando los requisitos para la admisión del recurso de casación desarrollados en el acápite III de la presente resolución y el entendimiento asumido por el máximo Tribunal de Justicia del País en cuanto al tipo de resoluciones judiciales recurribles a través del recurso de casación; en consecuencia, ante la falta de legitimación objetiva, el recurso deviene en inadmisible sin que resulte necesario analizar los requisitos de admisibilidad del recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Héctor Hidalgo Lliulle, cursante  de fs. 74 a 75 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA