TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 512/2016-RRC

Sucre, 04 de julio de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 22/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Bladimir Arispe Castro

Delito                        : Violación de Niño Niña o Adolescente

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de enero de 2016, cursante de fs. 1054 a 1059 vta., Bladimir Arispe Castro, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 76 de 19 de octubre de 2015, de fs. 1039 a 1042, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por los Vocales Hugo Juan Iquise S. y William Torrez Tordoya, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María del Carmen Chileno Navarro contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP).


I.DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 04/2014 de 26 de febrero (fs. 829 a 839), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Bladimir Arispe Castro, autor de la comisión del delito de Violación de Niño Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, imponiéndole la pena de dieciséis años de presidio sin derecho a indulto, más pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Bladimir Arispe Castro, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 933 a 939 vta.), resuelto por Auto de Vista 52 de 10 de julio de 2014 (fs. 995 a 998), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 123/2015-RRC de 24 de febrero; en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó el Auto de Vista 76 de 19 de octubre de 2015, que declaró admisible e improcedente el referido recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición de recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 385/2016-RA de 24 de mayo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente refiere que en su recurso de apelación restringida, se denunció la inobservancia del procedimiento en la notificación de la acusación y pruebas de cargo, así como la imposibilidad de plantear incidentes y excepciones; además, de los defectos de la Sentencia por haberse basado en hechos no acreditados, mismos que pese a lo dispuesto por Auto Supremo 123/2015-RRC de 24 de febrero, el Tribunal de alzada nuevamente emite una resolución incongruente y con fundamentos genéricos, precisando al efecto que: i) En cuanto al primer agravio se denunció la violación al derecho a la defensa y al debido proceso, porque no se le notificó con la acusación, impidiéndole la oportunidad de ofrecer prueba, impugnar las de contrario, plantear incidentes y excepciones, en razón a que el Tribunal de Sentencia en juicio le negó la posibilidad de plantear excepciones e incidentes, argumentando que debió hacerlo en audiencia conclusiva, sin considerar que en el caso de Autos previamente se anuló obrados hasta el decreto con el que se tuvo presente la acusación, disponiendo que el proceso se tramite sin la modificación de la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, ante esta denuncia el Auto de Vista recurrido hubiese establecido de manera errónea que supuestamente se le notificó con la acusación y las pruebas señalando: “la diligencia cursante a fs. 598 de obrados, no habiendo el imputado dentro del término legal ofrecido ninguna prueba de descargo para producir en el juicio oral, de lo que se puede establecer que no ha existido ninguna violación a sus derechos y garantías constitucionales” (sic), argumentos que a decir del recurrente resultan falsos; por lo que, la notificación señalada corresponde solamente a la notificación con el Auto de radicatoria y de ninguna manera con la acusación; y, pruebas como señaló erradamente el Tribunal de alzada, aspecto acreditable de la verificación de la diligencia de notificación donde se describe que se notificó con una sola una hoja (Auto de radicatoria). En el mismo  agravio respecto del rechazo a la interposición de incidentes y excepciones el Auto de Vista recurrido ingresó en contradicción al señalar que: “… en cuanto a los presuntos defectos absolutos realizados por el Tribunal 1ro. de Sentencia por la violación de sus derechos a la defensa y debido proceso, de lo que se tiene que el mencionado Tribunal inferior al rechazar la interposición de incidentes y exclusiones probatorias al acusado Bladimir Arispe Castro ha procedido en forma correcta y conforme a procedimiento toda vez que efectivamente los mismos son extemporáneos y debieron realizarse en la etapa correspondiente al proceso conforme lo establece el art. 3456 del CPP” (sic), argumento que de acuerdo a lo señalado por el recurrente sería incongruente al establecerse que fue extemporáneo su planteamiento de incidentes conforme lo establece el art. 345 del CPP, sin considerarse que eso fue lo que extintamente pretendió hacer su defensa; es decir, plantear conforme la previsión del art. 345 del CPP; sin embargo, no se le permitió porque el Tribunal consideró que aquello debió plantearse en la audiencia conclusiva, la cual como se indicó antes no existió, vulnerándose el principio de congruencia, traducida en la violación del derecho al debido proceso y la defensa, traducidas en causales de nulidad conforme lo establece el art. 169 inc. 3) del CPP; ii) Respecto a su denuncia referida a que la Sentencia se habría basado en pruebas subjetivas y no acreditadas, identificando a las declaraciones de la supuesta víctima y la madre de la misma, el Certificado Médico Forense e informes psicológicos, que resultan insuficientes para declarar su culpabilidad; el Tribunal de alzada de manera simple hubiese señalado que las pruebas existentes fueron valoradas en base a las reglas de la sana critica aplicando los arts. 171 y 173 del CPP; además, de señalar que no solo se basó en las pruebas testificales, sino en las documentales y periciales, argumento que a decir de la recurrente es genérico,  ambiguo y sin sustento; por lo que, no señaló cual sería la prueba que acredita su autoría en el delito acusado, máxime si de las pruebas observadas ninguna estableció que habría sido su persona el Autor.

I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se anule el Auto de Vista 76 “de fecha 19 de julio de 2014” (sic), para que se pronuncie nuevo Auto de Vista “o en su defecto se apliquen los precedentes invocados”.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 385/2016-RA de 24 de mayo, cursante de fs. 1069 a 1071 vta., se determinó la admisión del recurso de casación interpuesto, sólo en la vía de flexibilización, al haberse planteado defecto absoluto conforme a las previsiones del art. 169 inc. 3) del CPP, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 04/2014 de 26 de febrero, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declara a Bladimir Arispe Castro, autor de la comisión del delito de Violación de Niño Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, imponiéndole la pena de dieciséis años de presidio sin derecho a indulto, más pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia, extrayéndose de este fallo los siguientes aspectos: a) El imputado mayor de edad, con plena conciencia de lo que hacía, cometió el delito de Violación Agravada, conclusión que indica emergió de las pruebas de cargo ofrecidas por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pruebas que tienen aptitud y suficiencia para enervar el principio de “presunción de inocencia” por no existir razones objetivas “que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas” (sic); b) Se consideró la finalidad perceptiva que otorgó el principio de inmediación de los testimonios, haciendo alusión a la  “doble cualidad de testigo-víctima” (sic), refiriendo asimismo que sugiere prestar atención a los detalles de lugar, tiempo y modo, haciendo alusión posteriormente a la versión de la agredida en el acto del juicio oral bajo la garantía de oralidad, contradicción e inmediación; c) Refiere que el Tribunal consideró la verisimilitud de los testimonios de las pruebas de cargo que están rodeados de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que reflejan la real existencia del hecho sometido a juzgamiento; d) El hecho cometido contra la víctima, es concreto y real que se halla acreditado con pruebas testificales, periciales; y, documentales de cargo y corroborado por el Informe Psicológico, Social y Médico; y, e) Bajo el rótulo de “DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN JUDICIAL DE LA PENA” (sic), previa referencia a los arts. 37, 38 y 40 del CP, la Sentencia destaca que el imputado es una persona adulta de veintidós años de edad, con estudios básicos, sin oficio o trabajo acreditado, estableciéndose además que para cometer el delito aprovechó la hora (13:30) que no había gente en su trabajo, la confianza que le tenía la víctima por ser trabajador en la casa de su vecino y las amenazas de matar a su familia si decía algo, la fragilidad propia de su escasa edad y principalmente la violencia física y moral inferida a la víctima, para doblegarla y someterla a su voluntad “con amenazas si es que avisaba a su madre”, conducta antijurídica que el imputado realizó en sano juicio, libre y voluntariamente, a sabiendas del alcance de la criminalidad de sus actos. Puntualiza que lo más reprochable de este accionar fue el hecho de que siendo el imputado una persona mayor de edad, sin problemas de salud física o mental, hubiere abusado sexualmente de una menor de trece años. También en la Sentencia se apreció la gravedad del hecho, tomando en cuenta que la naturaleza de la acción ha sido eminentemente dolosa, ya que el imputado se aprovechó de su condición de hombre mayor y de su superioridad física para violar sexualmente a una estudiante menor de edad, que en opinión de los especialistas en la materia, queda secuelas y traumas que difícilmente serán superadas por la víctima, que de no ser tratada psicológicamente pueden repercutir negativamente en su vida afectiva y emocional. Por todo lo referido el Tribunal consideró que al imputado le correspondía la pena de dieciséis años de presidio sin derecho a indulto.


II.2. De la Apelación restringida del imputado.


El imputado Bladimir Arispe Castro, interpone recurso de apelación restringida, exponiendo los argumentos que se sintetizan seguidamente:


a) Señaló que el Tribunal Sexto de Sentencia, mediante Auto de 3 de junio de 2013 anuló actuados hasta fs. 31, debido a que la tramitación del proceso debió realizarse conforme al Procedimiento Penal sin considerar la Ley 007, porque no estaba vigente cuando se interpuso la denuncia; en tal virtud, el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, sin realizar audiencia conclusiva remitió actuados al Tribunal de Sentencia el 30 de julio de 2013, sin dar el trámite establecido en los arts. 340 y 345 del CPP; con ese antecedente, denunció que el Tribunal de Sentencia le negó la formulación de incidentes con el argumento de que eran extemporáneos y que los planteamientos como exclusiones probatorias, debieron efectuarse ante el Juez Instructor en ocasión de la Audiencia Conclusiva, con lo cual se habrían vulnerado los derechos al debido proceso y a la defensa, establecidos en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), concluyó citando y transcribiendo la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 562 de 1 de octubre de 2004, 297/2012 de 22 de octubre, 434 de 20 de agosto de 2009, 272 de 4 de mayo de 2009, 244 de 7 de marzo de 2007, 011/2013-RRC de 6 de febrero de 2013 y 236 de 7 de marzo de 2007.


b) Por otro lado, el recurrente acusó defectos de la Sentencia basados en hechos no acreditados, señalando que la misma sólo se habría basado en las declaraciones testificales de la víctima y de su madre; además, del Certificado médico e informe psicológico, pruebas que a decir del recurrente son insuficientes para determinar que hubiere tenido acceso carnal con la víctima, violando el art. 370 inc. 6) y la presunción de inocencia prevista en el art. 116 de la CPE, citó como precedente contradictorio el Auto Supremo 474 de 8 de diciembre de 2005.


Concluyó solicitando que se revoque la Sentencia y se dicte Auto de Vista declarándole absuelto de pena y culpa del delito de Violación, conforme lo previsto en el art. 363 incs. 2 y 3) del CPP.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Resuelto el Recurso de Apelación Restringida por el primer Auto de Vista 52 de 10 de julio del 2014, fue dejado sin efecto por Auto Supremo 123/2015-RRC de 24 de febrero; en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó el Auto de Vista 76 de 19 de octubre de 2015, que declaró admisible e improcedente el referido recurso y confirmó la Sentencia apelada, con los siguientes fundamentos: a) El recurrente solo mencionó como defectos de Sentencia, los arts. 169 inc. 3) y 370 inc. 6) del CPP; b) El Tribunal inferior, al rechazar la interposición de los incidentes y exclusiones probatorias al acusado, procedió en forma correcta y conforme a procedimiento, por ser extemporáneos y que debieron realizarse en la etapa correspondiente conforme al art. 345 del CPP; c) En relación a la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, porque al recurrente no se le habría notificado con la acusación para impugnar y ofrecer sus pruebas, señala -el Tribunal de alzada- que esa afirmación no es cierta porque en fs. 597, se encuentra el decreto de Radicatoria de la Acusación Fiscal y de sus Pruebas de Cargo “donde también el tribunal dispone la notificación a las partes para que estén a derecho” (sic) y que se notificó al acusado con el referido Decreto y la “advertencia del Art. 340 del CPP en fecha 30 de agosto de 2013” (sic), que la diligencia constaría en fs. 598; además, que el imputado no ofreció ninguna prueba de descargo para el juicio oral; d) Respecto al inc. 6) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada señala que en la Sentencia apelada, existe una correcta relación de hechos probados que crearon convicción en dicho Tribunal, no habiéndose basado simplemente en las declaraciones de la víctima y su madre, sino en un conjunto de pruebas, que diera como hechos probados la comisión del delito de Violación; además, el Tribunal inferior ejerció las reglas de la sana crítica a tiempo de valorar las pruebas testificales y documentales, aplicando también los arts. 171 y 173 del CPP; y, que la motivación y valoración es convincente; por lo que, la Sentencia se basó en hechos existentes y acreditados por las pruebas de cargo. Asimismo, la audiencia se llevó a cabo dentro de los parámetros legales y conforme a procedimiento.


Concluye señalando que no existió ninguno de los defectos denunciados por el recurrente.


III.VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


Conforme se tiene del Auto Supremo 385/2016-RA de 24 de mayo, que efectuó el análisis de admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el imputado,   esta Sala Penal estableció la concurrencia de los presupuestos de flexibilización por cuanto el recurrente denunció que el Tribunal de apelación sustentó sus argumentos en datos errados y contradictorios además de carentes de fundamentación, vulnerando al derecho a la defensa y el debido proceso y que resultaba pertinente verificar si era cierto que el Tribunal de alzada incumplió con lo dispuesto por el Auto Supremo 123/2015-RRC de 24 de febrero de 2015, emitido dentro de la presente causa, por lo que corresponde resolver la problemática planteada. 

III.1. En cuanto al alegado incumplimiento de un Auto Supremo emitido con anterioridad.

Por razones de orden, resulta menester verificar este aspecto, identificándose previamente el motivo por el cual esta Sala a través del Auto Supremo 123/2015-RRC de 24 de febrero, dejó sin efecto el Auto de Vista 52 de 10 de julio de 2014, disponiendo que el Tribunal de alzada, previo sorteo y sin espera de turno, de manera directa pronuncie nueva resolución; en ese sentido, se tiene que en aquel fallo se determinó: “Analizados los antecedentes de la causa, específicamente el contenido del recurso de apelación restringida formulado por el recurrente, conforme el detalle resumido en el acápite II.3 de la presente Resolución, se evidencia que denunció dos situaciones: por un lado, que el Tribunal de grado habría negado el planteamiento de incidentes, con el argumento de que eran extemporáneos, porque debieron haber sido presentados en Audiencia Conclusiva ante el Juez Instructor; y por otro lado, la vulneración del art. 370 inc. 6) del CPP, acusando que la Sentencia se habría basado en hechos no acreditados, porque el Tribunal de mérito, sólo consideró las declaraciones de la víctima y de su madre, así como el informe psicológico, siendo estas pruebas insuficientes para determinar que hubiera tenido acceso carnal, con lo cual se habría violado el derecho a la defensa y al debido proceso.


Ahora bien, revisado el Auto de Vista impugnado, se constata que el Tribunal de alzada inicialmente efectuó una relación pormenorizada del proceso, para luego señalar respecto a la supuesta errónea aplicación del art. 370. 1) del CPP, -entendiéndose a la aplicación del art. 308 del CP- que ese defecto no era cierto, porque el Tribunal de Sentencia, realizó una valoración correcta de los antecedentes; además, que el apelante no habría citado concretamente las disposiciones violadas o erróneamente aplicadas.


De otro lado, en relación a que el fallo se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura, señaló el Tribunal de alzada que el recurrente tenía la oportunidad y el momento apropiado para formular el incidente de exclusión probatoria tanto del Informe Pericial como de la entrevista realizada por la psicóloga, conforme a lo establecido por el art. 172 del CPP. Además, señaló que la Sentencia, estaba suficiente y debidamente fundamentada, que no existía contradicción en todo su contexto, principalmente en la parte Resolutiva, y que cursaba la fundamentación y justificación adecuadas sobre las razones por las cuales se otorgó determinado valor a cada uno de los elementos de prueba, debiendo resaltarse que esta conclusión corresponde a una inexistente denuncia en apelación relativa a la transgresión del art. 173 del CPP.


Por lo referido, se tiene evidencia que el Tribunal de apelación, no circunscribió su pronunciamiento a las cuestiones planteadas por el imputado, porque omitió pronunciarse respecto a la denuncia de violación al derecho a la defensa y al debido proceso, emergente de la supuesta negación en juicio al derecho de oponer incidentes y excepciones, cuando en todo caso le correspondía analizar y resolver fundadamente la problemática planteada por el imputado teniendo en cuenta los principios de trascendencia y convalidación que rigen la actividad procesal defectuosa. Además, omitió pronunciamiento en cuanto al segundo motivo alegado en apelación, pues además de asumir conclusiones respecto a temáticas no planteadas en apelación, como las relativas a los arts. 370 inc. 1) y 173 del CPP, no efectuó análisis alguno sobre los argumentos expuestos por el imputado en apelación, fundados en la existencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del citado Código; estableciéndose así, que los Vocales recurridos al pronunciar el Auto de Vista impugnado de casación, incurrieron en el vicio de incongruencia omisiva (ex silentio - infra petita), en inobservancia de las  exigencias contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP, quebrantando de esa forma los derechos del recurrente a los recursos, defensa y tutela judicial efectiva, así como al debido proceso, establecidos en los arts. 115 y 119.I de la CPE, más cuando este último, deriva del principio de legalidad penal en su vertiente procesal y que figura como directriz de administración de justicia en el art. 180 de la CPE.


En consecuencia, verificado que el fallo impugnado fue dictado inobservando las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales mencionadas al no resolver las dos denuncias formuladas por el recurrente en recurso de apelación restringida, generando la concurrencia de un defecto absoluto inconvalidable previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP; en aplicación del art. 419 del CPP, corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, para que las omisiones observadas, sean subsanadas por el Tribunal de apelación a través del pronunciamiento de una nueva resolución”.


Conforme se tiene de la glosa anterior, se verifica que en el anterior Auto de Vista emitido por el Tribunal de alzada se incurrió en incongruencia omisiva, resultando que en el caso presente la parte recurrente cuestiona que el Tribunal de alzada al resolver los motivos alegados sustentó sus argumentos en datos errados y contradictorios además de carentes de fundamentación; planteamiento del cual se extrae que el Tribunal de apelación en esta oportunidad se pronunció respecto a los dos motivos que no fueron resueltos con anterioridad, lo que implica no ser evidente el incumplimiento del anterior Auto Supremo pronunciado en la presente causa.


III.3. Análisis del caso concreto.


De los antecedentes procesales, se evidencia que la denuncia de la parte recurrente está referida a dos planteamientos precisos que fueron formulados en apelación restringida; por un lado, el relativo a una alegada falta de notificación con la acusación, lo que le impidió ofrecer prueba, impugnar las de contrario, plantear incidentes y excepciones; y, por otro, a que la Sentencia se habría basado en pruebas subjetivas y no acreditadas, en cuyo mérito se pasa a considerar y resolver ambos aspectos en forma separada. 


III.2.1. Respecto a la denuncia de vulneración de derechos y garantías durante el juicio.


De la revisión del Auto de Vista 76 de 19 de octubre de 2015, impugnado a través del presente recurso de casación, se advierte que el Tribunal de alzada se pronunció respecto a esta denuncia en sentido de que el Tribunal inferior al rechazar la interposición de los incidentes y exclusiones probatorias del acusado, procedió en forma correcta y conforme a procedimiento por ser extemporáneos y que debieron realizarse en la etapa correspondiente conforme al art. 345 del CPP; y, en relación a la denuncia de violación del derecho a la defensa y al debido proceso, porque al recurrente no se le habría notificado con la acusación para impugnar y ofrecer sus pruebas, el Tribunal de alzada asumió que esa afirmación no era cierta porque en fs. 597, cursaría el decreto de radicatoria de la acusación fiscal y de sus pruebas de cargo “donde también el tribunal dispone la notificación a las partes para que estén a derecho” (sic) y que se notificó al acusado con el referido Decreto y la “advertencia del Art. 340 del CPP en fecha 30 de agosto de 2013” (sic) y que la diligencia constaría en fs. 598; además, que el imputado no ofreció ninguna prueba de descargo para el juicio oral.


Ahora bien, este Tribunal no puede soslayar que en el recurso de apelación restringida, a fs. 933, en su parágrafo I. el recurrente deja constancia: “DE LA RESERVA DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA REALIZADA EN EL PROCESO Y PRINCIPALMENTE EN EL PROCESO…” (sic) para posteriormente referir que en el acta de celebración de juicio de 23 de enero de 2014, su defensa pidió se respete el procedimiento, intentando plantear un incidente de nulidad lo que fue negado; posteriormente, termina el párrafo indicando que “se planteó la reserva de apelación restringida”, por lo que revisados los antecedentes se evidencia que en la sesión efectuada la indicada fecha, ante los planteamientos de la defensa, la Presidencia del Tribunal de Sentencia, rechazó las pretensiones bajo el argumento de que en ninguno de los procesos se proporciona físicamente la prueba real, al estar bajo custodia de secretaría y que la defensa tenía conocimiento de la acusación y que pudo solicitar fotocopias del cuaderno procesal, sin que lo haya hecho, resultando su pretensión extemporánea tomando en cuenta que el proceso se venía tramitando en ese tribunal desde el año pasado se entiende en consideración a la fecha de la sesión-, además que las exclusiones probatorias y demás reclamos se hacían ante el Juez de Instrucción en la audiencia conclusiva; es decir, resulta incontrastable que el Tribunal de mérito adoptó una determinación judicial respecto a la cual se efectuó reserva de apelación que se efectivizó en su planteamiento una vez emitida la sentencia condenatoria dictada en contra del imputado, regulada en sus alcances y efecto a las previsiones del art.  403 inc. 2) del CPP, es decir a través de recurso de apelación incidental.


Con esta precisión, al advertirse que el recurso fue interpuesto en mérito a la referida reserva de apelación ante la negativa de un incidente, debe tomarse en cuenta que el art. 51 del CPP, señala que la entonces Cortes Superiores de Justicia, ahora Tribunales Departamentales de Justicia, son competentes para conocer, según su inciso 2), la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida interpuesto contra las sentencias, en los casos previstos en este Código; por otra parte, para la procedencia del recurso de casación, en el segundo párrafo del art. 416 del CPP, señala que el precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida; y, entre los requisitos que señala el art. 417 del CPP, para la interposición del recurso de casación es que en el recurso se señale la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente. Consiguientemente, el Tribunal de Casación, sólo puede resolver recursos que impugnen Autos de Vista que resuelvan apelaciones restringidas interpuestas contra Sentencias; y, no aquellos Autos de Vista que resuelvan apelaciones incidentales planteadas en contra de determinaciones que diluciden excepciones o incidentes según sea el caso.


En consecuencia, al establecerse que el Tribunal de alzada, no resolvió una problemática respecto al contenido de la sentencia; sino, respecto al incidente promovido y rechazado en la sesión de 23 de enero de 2014, el recurrente no puede pretender que este Tribunal se manifieste sobre el contenido de la respuesta otorgada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un planteamiento que fue rechazado y que motivó la formulación de un recurso de apelación cuya resolución no es impugnable mediante casación, dada la configuración recursiva del vigente Código de Procedimiento Penal; en cuyo mérito, el presente motivo deviene en infundado.    


III.3.2. En cuanto a la denuncia de que la Sentencia se basó en pruebas subjetivas y no acreditadas.


En esta segunda parte del motivo de casación, el recurrente sostiene que el Tribunal de alzada de manera simple señaló que las pruebas existentes fueron valoradas en base a las reglas de la sana crítica, a través de un argumento genérico, ambiguo y sin sustento, por lo que a fin de resolver esta problemática es menester señalar previamente que por Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, este Tribunal señaló que: “El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


Así, si una resolución cumple con la garantía de la debida motivación y está sustentada en argumentos claros, también cumple con otras dos garantías adicionales, una en interés de las partes y otra en interés de la sociedad en general: la de hacer asequible el acceso a la justicia mediante la utilización de los recursos y la de garantizar el derecho a la publicidad, pues una sentencia obscura no permite el acceso a este derecho, pero una sentencia clara la garantiza y la hace realmente efectiva, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además que cumple con la función última de hacer saber a la sociedad por qué el juzgador falló de una determinada manera y no de otra.


De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que el juzgador se limite a transcribir los antecedentes procesales, los fundamentos de las partes o hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, a efecto de arribar a determinada conclusión, para de esta manera cumplir con la previsión del art. 124 del CPP, lo contrario significaría vulneración al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, …”.


De manera específica, con relación a las resoluciones emitidas por los Tribunales de apelación, previa referencia al art. 124 del CPP, el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio de 2014, señaló que: “Conforme la normativa legal precitada, este Tribunal de Justicia, en la amplia doctrina legal emanada (Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007, 319 de 4 de diciembre de 2012 y 149 de 29 de mayo de 2013), concordante con la jurisprudencia constitucional, estableció que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso, toda vez que brinda seguridad jurídica a las partes en conflicto, respecto a que sus pretensiones fueron escuchadas y merecieron el debido análisis de fondo, emergiendo  de él una Resolución, no sólo con base y sometimiento en la Ley, sino con explicación clara y precisa de las circunstancias y razones por las cuales las denuncias fueron acogidas de forma positiva o negativa, asegurando con ello, que el fruto de la Resolución, no es el resultado del capricho de los juzgadores, sino, de un estudio analítico y jurídico en procura de otorgar justicia.


Respecto a lo anterior, la jurisprudencia constitucional, desarrolló el alcance y finalidad del derecho a una resolución motivada, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0893/2014 de 14 de mayo, precisando: que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, …5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos (SCP 0100/2013 de 17 de enero) (Las negrillas son nuestras).


Lo precedentemente señalado, evidencia que el Tribunal de apelación, no se encuentra exento de fundamentar las Resoluciones que emita, contrariamente, siendo el Tribunal contralor de la legalidad ordinaria y logicidad de la Sentencia, está constreñido a emitir resoluciones, cuya estructura lógico jurídica, permita apreciar y/o entender que el pronunciamiento emanado -que debe estar debidamente fundamentado y motivado- exprese, sobre la base del derecho objetivo, las razones por las cuales se asumió una determinación; lo contrario, infringe el art. 124 del CPP y con ello el debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación y seguridad jurídica”.


Ahora bien, de los antecedentes, se tiene que el motivo alegado por el recurrente en apelación restringida fundado en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, se basó en el argumento de que la sentencia se basó en hechos no acreditados, afirmando que la condena se basó en la declaración de la menor-víctima y su madre que nunca estuvo en el lugar de los hechos, en el certificado médico forense que no acredita que hubiese tenido acceso carnal, en la entrevista psicológica que solo fue leída sin hacerse presente la perito a absolver sus dudas existentes, para concluir que dichas pruebas resultan insuficientes para determinar que tuvo acceso carnal; ante estos planteamientos, se advierte que el Tribunal de alzada se pronunció señalando que en la Sentencia apelada, existe una correcta relación de hechos probados que crearon convicción en dicho Tribunal, no habiéndose basado simplemente en las declaraciones de la víctima y su madre; sino, en un conjunto de pruebas, que diera como hechos probados la comisión del delito de Violación; además, concluyó que el Tribunal inferior ejerció las reglas de la sana crítica a tiempo de valorar las pruebas testificales y documentales, aplicando también los arts. 171 y 173 del CPP; y, que la motivación y valoración es convincente; por lo que, la Sentencia se basó en hechos existentes y acreditados por las pruebas de cargo y que la audiencia se llevó a cabo dentro de los parámetros legales y conforme a procedimiento.


Al respecto, el art. 398 del CPP, establece que los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, aspecto cumplido por el Tribunal de apelación, pues en el caso al planteamiento genérico y escaso de fundamento del recurrente para sostener la existencia del defecto previsto por el art. 370.6) del CPP; el Tribunal de apelación otorgó una respuesta en las que se visualiza las razones por las cuales el motivo fue desestimado, señalando expresamente que las pruebas que sustentaron la condena estaban detalladas a fs. 833 y que dieron como resultado que el Tribunal diera como hechos probados la comisión del delito de Violación por parte del imputado; por lo que se concluye, en consideración a lo alegado en apelación y a la respuesta brindada en el Auto de Vista impugnado, la suficiente congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, concluyéndose que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado no vulneró los derechos ni garantías constitucionales del recurrente, deviniendo también en infundado el presente motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Bladimir Arispe Castro, cursante de fs. 1054 a 1059 vta.,


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA