TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 511/2016-RRC

Sucre, 04 de julio de 2016


Expediente                      : Chuquisaca 35/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Luis Germán Leytón

Delito                        : Estafa Agravada

Magistrada Relatora        Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de noviembre de 2015, cursante de fs. 455 a 464, Luis Germán Leytón, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 410/2015 de 22 de octubre, de fs. 393 a 404 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, integrado por los Vocales Sandra Molina V. e Iván Sandoval Fuentes, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público, además de Humberto Barrón Gumiel y Cimar Avilés Fernández en representación de las víctimas contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado por los arts. 335 con relación al 346 Bis, ambos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 24/2015 de 27 de abril (fs. 173 a 195), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Luis Germán Leytón, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, con costas daños y perjuicios averiguables en ejecución de la Sentencia, imponiéndole la pena de cinco años de reclusión, con costas y pago de daños y perjuicios; asimismo, absuelto de pena y culpa por el delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado por el art. 346 con relación al art. 335 del CP.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Luis Germán Leytón (fs. 220 a 227 vta.), así como Humberto Barrón Gumiel y Cimar Avilés Fernández en representación de las víctimas (fs. 229 a 231 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 410/2015 de 22 de octubre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el primer recurso e inadmisible el segundo y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición de recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 004/2016-RA de 18 de enero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

a) El recurrente previa referencia a la vulneración de derechos y garantías, denuncia la violación del debido proceso en su vertiente del derecho a una resolución debidamente fundamentada y congruente, como el derecho a la tutela judicial efectiva, previstas en los arts. 115.II, 117.I y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que constituye defecto absoluto conforme al art. 169 inc. 3) del  CPP,  argumentando que el Auto de Vista incurre en errores flagrantes en su fundamentación, porque hace referencia a la existencia de dos encausados cuando sólo su persona es la acusada; realiza la subsunción del hecho al tipo penal previsto en el art. 154 del CP (Incumplimiento de Deberes), delito distinto al acusado y cuando concluye refiere que los argumentos apelados no desvirtuarían la comisión del delito de “VIOLACION!!!!” (sic), de lo que se extrae que el Tribunal de alzada confundió la naturaleza del proceso, porque el delito juzgado fue de Estafa Agravada y se lo condenó por Estafa, de ninguna manera por Violación o por Incumplimiento de Deberes, fundamento incongruente con el que se declaró la improcedencia de este motivo de apelación.


b) Refiere que ante la denuncia en apelación de que la Sentencia se basó en un hecho no acreditado por no haberse probado objetivamente la disposición patrimonial de la víctima, que permita subsumir el tipo penal acusado, el Tribunal de alzada con argumentos fuera de lugar, con un análisis grosero y equivocado de aspectos ajenos a lo denunciado, respondió con evasivas, incongruencias y errores, disponiendo la inadmisibilidad del motivo recurrido, reduciendo a nada el derecho a una motivación congruente de las resoluciones, incurriendo en incongruencia citra petita o ex silentio y en un  defecto absoluto no convalidable, que vulnera el debido proceso en su vertiente del derecho a una debida fundamentación de las resoluciones y tutela judicial efectiva, previsto en el art. 115.II de la CPE.


c) Por último, refiere que en apelación restringida denunció la fundamentación contradictoria de la Sentencia; sin embargo, el Tribunal de apelación fundamentó su contestación en aspectos no acordes a la realidad del proceso ni del recurso planteado, relativos a la carencia de motivación y la imposibilidad de ingresar a analizar prueba, motivos totalmente ajenos e incongruentes a los reclamados, que nuevamente restringen el debido proceso en su vertiente  de derecho a una debida fundamentación de las resoluciones y tutela judicial efectiva, constituyendo un defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se anule el Auto de Vista y se disponga que se dicte uno nuevo que no exponga errores groseros y que responda a los motivos expuestos en su recurso de apelación restringida.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 004/2016-RA de 18 de enero, cursante de fs. 471 a 474, se admitió el recurso de casación interpuesto por el imputado Luis Germán Leytón, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia 24/2015 de 27 de abril, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Luis Germán Leytón, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, con costas daños y perjuicios averiguables en ejecución de la Sentencia, imponiéndole la pena de cinco años de reclusión, con costas y pago de daños y perjuicios; asimismo, absuelto de pena y culpa por el delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado por el art. 346 con relación al art. 335 del CP, en base a los siguientes motivos:


i) Para determinar la comisión del delito de Estafa, se establece que Luís Germán Leytón, con la intención de obtener un beneficio económico indebido, logró sonsacar la suma de Bs. 70.000.- (setenta mil bolivianos) a Delia Caba Copa, ese beneficio económico fue indebido a cambio de una oferta económica favorable como el pago elevado de los intereses; es decir, una presunta contraprestación, de tal manera que el delito se consumó en el momento en que el imputado obtuvo el beneficio o ventaja económica, porque todo esto fue en desmedro de la víctima quién no vio ningún rédito.


ii) Mediante engaños o artificios, constituye el despliegue de todos los medios necesarios perpetrados por el acusado, para que el ofendido incurra en la disposición patrimonial ocasionándole sin duda con esto un gran perjuicio económico, al haberse hecho creer en su calidad de Gerente General que la Cooperativa CONFIA que tenía una buena situación económica y legal, que podía pagar no solo los intereses pactados, sino también todo el capital depositado en dicha entidad y que todo lo que se había pactado se iba cumplir e iba dar grandes dividendos, además de brindarle réditos extras si conseguía que otras personas depositaran en la entidad financiera, afirmaciones que convencieron a la víctima y le provocaran un artificio, ocultándole la verdadera situación de la entidad financiera donde supuestamente iría a pasar sus dineros.


iii)La conducta del acusado consistió en emplear artificios o engaños, es decir inducir a error a la víctima, ocultando circunstancias reales que debía comunicar al sujeto pasivo como es de faltar a la verdad de la situación financiera y jurídica de la cooperativa CONFIA, e invocó circunstancias falsas como el señalar que iba a ganar más intereses que otros bancos, para inducir a la víctima a la disposición patrimonial lesiva.


iv)Motivó la realización de un acto de disposición patrimonial, este elemento está presente pues la víctima dio la suma de Bs. 70.000.- (setenta mil boliviano) y otros montos, con la promesa de que se iba a recibir grandes dividendos, dineros que a la fecha no ha recuperado, sino que más bien han sido en beneficio del imputado; toda vez, que era la persona que ostentaba el cargo del gerente general de la entidad; además, de ser la única persona que autorizaba los depósitos de los dineros y tomaba todas las decisiones, por lo que el delito de Estafa se configuró.


v) Al no haberse demostrado y/o acreditado en juicio oral y público la comisión de la estafa en otras personas más aparte de la víctima, el imputado no merece el reproche penal de ser sancionado con la agravación en caso de víctimas múltiples.


II.2. De la apelación restringida.


Notificada la Sentencia, Luís Germán Leytón presentó recurso de apelación restringida, en base a los siguientes motivos:


i) Existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva arguyendo como norma habilitante el art. 370 inc. 1) del CPP y como norma erróneamente aplicada el art. 335 del CP, haciendo referencia  a la Sentencia Constitucional 1075/2003, posteriormente realizó una argumentación respecto de la conducta engañosa, la inducción al error, respecto a la disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error, con referencia al beneficio económico indebido que hacen a la comisión del delito de Estafa. Asimismo efectuó una fundamentación respecto de la tipicidad, la atipicidad, la errónea calificación jurídica y la aplicación que pretende.


ii) La Sentencia se basó en un hecho no acreditado, refiriendo como norma habilitante el art. 370 inc. 5) del CPP y como norma violada el art. 359 en su primer párrafo del CPP, referente a la valoración adecuada de las pruebas producidas en juicio, realizando un fundamento sobre que la Sentencia recurrida basó su decisión en que el imputado de manera engañosa logró que la víctima deposite la suma de Bs. 70.000.- (setenta mil bolivianos) en la Cooperativa CONFIA, sin tener en cuenta que de toda la prueba no existe ningún certificado de depósito o libreta de ahorros pertenecientes a la víctima, lo que quiere decir que no existe elemento probatorio alguno, que objetivamente demuestre que la víctima efectivamente habría depositado la suma de Bs. 70.000.- (setenta mil bolivianos) en la Cooperativa COMFIA; por lo que, solicitó que se declare la nulidad de la Sentencia impugnada


iii) Contradictoria fundamentación de la Sentencia, defecto en el cual señaló como norma habilitante el art. 370 inc. 5) del CPP y como norma erróneamente aplicada el art. 124 de la misma norma, en razón de que toda la Sentencia debe estar debidamente fundamentada; al respecto, hizo referencia a la Sentencia Constitucional 0554/2012 de 20 de julio. Posteriormente, realizó un análisis de la Sentencia de la cual señaló que en las conclusiones tercera y cuarta, se estableció que la Sentencia consideró de una forma totalmente contraria, que se probó la existencia de contratos engañosos que acreditan la comisión del delito, para luego dar por probada la comisión del delito sin ninguno de esos contratos engañosos que respalden dicha fundamentación; por lo que, el Tribunal de Sentencia infringió el art. 124 del CPP, en lo referente a la exigencia legal de la debida fundamentación que debe tener toda resolución judicial y este defecto habilita al recurso de apelación restringida porque dicha resolución contraviene al Auto Supremo 85/2013 de 28 de marzo, que hace referencia a la contradicción interna de las resoluciones.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


El referido recurso de apelación restringida fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante el Auto de Vista impugnado, bajo los siguientes argumentos:


a) Señala que la Sentencia confutada, contiene la exposición de los hechos con indicación de los cargos formulados contra los encausados, la interpretación y apreciación de los hechos considerados probados en contra de dos apelantes, la participación de ambos en la ejecución del hecho punible, la calificación del delito de acuerdo a las leyes penales sustantivas y consiguiente fijación de la pena, reclamos que conforme a los antecedentes no son evidentes, al existir la relación fáctica y probatoria que están a la relación secuencial de lo acontecido, donde las apreciaciones del juzgador justifican el hecho de que el incriminado adecuó su conducta en el tipo penal condenado, tomando en cuenta que lo que se acusa a una persona en proceso penal son hechos y no figuras jurídicas abstractas y que tales hechos reciben una calificación provisional que se convierte en definitiva cuando la Sentencia adquiere ejecutoria, conforme prescribe la normativa procesal, habiendo correspondido la emisión de la Sentencia en base a los hechos y subsunción estricta de los mismos al tipo penal, en base a la prueba desfilada en audiencia de juicio oral, tal subsunción en el caso particular corresponde al tipo delictivo descrito en el art. 154 del CP, constando valoración impresa por el Tribunal de manera razonada, los que se encuentran naturalmente ligados, porque los motivos de la conclusión arribada que extraña el recurrente, no se encuentran dirigidos a desvirtuar la probable comisión de violación; no habiendo en consecuencia nada que reparar, debiendo al efecto declararse improcedente este motivo. Tampoco, constituye defecto absoluto que le provoque vulneración del derecho a la defensa, por constar en los antecedentes que tenían conocimiento de los hechos acusados, a más de que el recurrente en su recurso, ni siquiera fundamenta menos justifica cuál fuese la relevancia constitucional que al final vaya a revertir la decisión final asumida por el A quo. Por consiguiente, este motivo, no corresponde sea acogido.


b) La Sentencia contiene la exposición de los hechos, con indicación de cargos formulados contra el encausado, la interposición y apreciación de los hechos considerados probados en su contra, su participación en la ejecución del hecho punible, la calificación del delito de acuerdo con las leyes penales sustantivas y consiguiente fijación de la pena, en la Sentencia confutada, se patentiza que contiene la exposición de los hechos, con indicación de los cargos formulados contra el encausado, la interposición y apreciación de los hechos considerados probados en contra del imputado, su participación en la ejecución del hecho punible, la calificación del delito de acuerdo a las leyes penales sustantivas y consiguiente fijación de la pena; por lo que, no constituye defecto absoluto ni es cierto habérsele provocado vulneración del derecho a la defensa, no solo porque tenía pleno conocimiento desde el inicio del proceso de los hechos investigados, imputados y acusados; sino, que tuvo todo el tiempo y los medios oportunos para ejercitar sus derechos de defensa, que en verdad y en los hechos los ha utilizado; por otra parte, el recurrente tampoco fundamenta ni justifica cuál fuese la relevancia y trascendencia constitucional que al final vaya a rever la decisión final asumida por el A quo. Por consiguiente, este motivo no corresponde sea acogido. Por otro lado refiere que la Sentencia analizó y valoró no solo el contexto formal de la prueba; sino, principalmente su contenido, así se tiene expuesto; es más, por vía del recurso de apelación restringida, no es atendible el ingresar a un nuevo examen crítico de los medios probatorios en que se apoya la Sentencia; por cuanto, el valor de las pruebas no está prefijado o predeterminado de antemano y compete al Juez o Tribunal de juicio justificar fundada y adecuadamente las razones por las que otorga mayor o menos mérito a una prueba que a otra; extremo, que aconteció en el caso de autos pues se encuentra sujeto al análisis adecuado y motivado de todo el elenco probatorio, tanto de cargo precisándose que no hubo prueba de descargo, de ahí que se evidencia que no se acreditó las infracciones acusadas por el recurrente; y , siendo que la valoración de las pruebas presenta una operación intelectual del juzgador, pues la regla básica en esta materia es que el Tribunal produzca su convicción siguiendo los principios de inmediación, que en los hechos se tiene cumplidos, por lo que el motivo deviene en improcedente.


c) Considera que las circunstancias conclusivas que fueron determinadas por las pruebas aportadas en juicio y no han sido desvirtuadas por la defensa, fundamentos probados por el Tribunal de Sentencia primeramente con extractos objetivos, considerando todos los elementos de prueba aportados, concluyen y delatan el cumplimiento de los principios rectores que pregonan los arts. 124 y 173 del CPP; por lo que, adecuaron a cada una de las reglas de la sana crítica racional, constatándose suficiente fundamentación y valoración inmerso dentro del ámbito del derecho al debido proceso que exige de toda resolución judicial debidamente fundamentada, exponiendo los hechos de manera detallada para determinar la condena del acusado con argumentos válidos y necesarios que no adviertan los defectos denunciados por el recurrente.


Como consecuencia de lo señalado, no se encuentran elementos que demuestren las infracciones que hacen viable la petición recursiva; por lo que, la redacción de la Sentencia es suficiente para comprender y entender las consideraciones de concurrencia de elementos de la conducta del agente en base a la prueba producida en juicio oral y contradictorio; y, que no constituyen de ninguna manera la expresión de los agravios, comisión de los errores de derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba con sujeción al precepto citado, para obtener la censura de la decisión y su anulación o reposición del juicio a otro Tribunal. Debe tenerse en cuenta que la prueba fue apreciada y valorada por el Tribunal a quo, según su conciencia y con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia y de la sana crítica como lo establece el art. 173 del CPP. Por otro lado, señaló que la credibilidad de unos testigos, el valor de un documento ya sea público o privado y todo el elenco probatorio desfilado en juicio, la participación del ahora apelante en la ejecución del hecho punible, la calificación del delito de acuerdo con las leyes penales sustantivas y consiguiente fijación de la pena, deberá ser apreciado por el Tribunal a quo por constituir actividades que le competen, en esa esfera debe imprescindiblemente exponerse los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustente la parte dispositiva; lo contrario, implicaría no solo suprimir una parte estructural de la misma, sino también en los hechos asume una decisión de hecho, no de derecho y por ende infringiría la garantía del debido proceso, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en uno u otro sentido; en definitiva, cual fuese la ratio decidendi que acarreó al Tribunal a tomar la decisión.


En el caso de autos, las condiciones a las que arribó el Tribunal a quo, resultan ser razonables; se actuó observando los derechos del acusado sin advertirse carencia de motivación, pues existe concisa y clara justificación que argumenta razonablemente la decisión, exponiendo una fundamentación probatoria descriptiva, incorporados al fallo los medios de prueba, exteriorizando como derivó de ellos la información para sustentar los hechos probados, porque le merecieron crédito o no y como vincula cada uno con el resto del elenco de prueba, de este modo conoció y desarrollo el iter lógico del Tribunal, para arribar al convencimiento de la adecuación del accionar del imputado al tipo penal condenado. Asimismo, estableció que la Sentencia analizó y valoró, no solo el contexto formal de la prueba, sino principalmente su contenido, así se tiene expuesto; es más, por vía del recurso de apelación restringida, no es atendible el ingresar a un nuevo examen crítico de los medios probatorios en que se apoya la Sentencia; por cuanto, el valor de las pruebas no está prefijado o predeterminado y compete al Juez o Tribunal de juicio justificar adecuadamente las razones por las que otorga mayor o menor mérito a una prueba que a otra, extremo que aconteció en el caso de autos, de ahí porque no habiéndose acreditado las infracciones acusadas por el recurrente y siendo que la valoración de la pruebas presenta en operación intelectual del juzgador, siendo la regla básica en esta materia, que el Tribunal produzca su convicción siguiendo los principios de inmediación que en los hecho se tiene cumplidos, deviene en improcedente.  


III. VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el presente recurso de casación, se denuncia: 1) Que el Tribunal de alzada declaró la improcedencia de su apelación restringida en base a fundamentos contradictorios, subsumiendo el hecho atribuido a delitos no acusados como el  Incumplimiento de Deberes y Violación, cuando fue procesado por Estafa Agravada y condenado por Estafa, en vulneración al debido proceso en su vertiente del derecho a una resolución debidamente fundamentada y congruente, así como la tutela judicial efectiva; 2) Que el Tribunal de apelación declaró inadmisible la denuncia de que la Sentencia se basó en un hecho no acreditado, referido a la no acreditación de la disposición patrimonial, elemento que demostraría la comisión del delito de Estafa; en base a consideraciones y fundamentos incongruentes y evasivas con las que no se respondió a los cuestionamientos apelados, incurriendo en incongruencia citra petita o ex silentio; y, 3) La vulneración de sus derechos fundamentales del debido proceso y tutela judicial efectiva, porque no se resolvió los reclamos planteados al contener el Auto de Vista impugnado, fundamentos ajenos e incongruentes; en ese sentido, corresponde resolver en el fondo las problemáticas planteadas.


III.1. La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I. Junoy,  manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal en el Auto Supremo 218/2014 de 4 de junio, que entre otros, precisó: “Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…), entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica”.


III.2. Respecto de la incongruencia omisiva.


Es un imperativo que en la administración de justicia, tanto los Jueces y Tribunales estén compelidos a responder todos y cada uno de los puntos cuestionados o denunciados conforme previene el art. 398 del CPP, que implica también el cumplimiento del art. 124 de la norma adjetiva penal citada, a fin de que toda resolución esté debidamente fundamentada; lo contrario, al omitir pronunciamiento sobre un reclamo planteado significa incurrir en vicio de incongruencia omisiva o ausencia de pronunciamiento.


En ese sentido la amplia jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que, se incurre en el vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas; así se tiene que el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refirió que:“…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.


Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener un respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada”.


Asimismo, la citada doctrina fundamentó que: “La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007 invocado como precedente por la recurrente; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual ...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo (Alsina, Hugo. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416)”.


En este orden se concluye que: “Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba…” .


III.3. El derecho al debido proceso.


Dentro de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia respecto al debido proceso, el Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio, expresó lo siguiente: “El debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural, c) la garantía de presunción de inocencia, d) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, e) el derecho a un proceso público, f) el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, f) el derecho a recurrir, g) el derecho a la legalidad de la prueba, h) el derecho a la igualdad procesal de las partes, i) el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, j) el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, k) la garantía del non bis in idem, l) el derecho a la valoración razonable de la prueba, ll) el derecho a la comunicación previa de la acusación; m) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) el derecho a la comunicación privada con su defensor; o) el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.


Bajo ese marco garantista, se concluye lo siguiente:


En lo relativo a la denuncia de defecto absoluto, por indebida motivación en la Sentencia, vinculada a la infracción de la garantía del debido proceso en su componente derecho a la debida fundamentación de las resoluciones, es necesario destacar que éste derecho es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los jueces, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso”.


III.4.Análisis del caso concreto.


Conforme se precisó en el preámbulo de este acápite, el imputado Luis Germán Leytón a tiempo de impugnar el Auto de Vista emitido en la presente causa como emergencia de la apelación restringida formulada contra la Sentencia, plantea tres problemáticas que deben ser resueltas en el fondo por este Tribunal, razón por la cual se ingresa a resolver cada una de ellas en los siguientes términos:


Con relación al primer motivo, el recurrente señala que se incurrió en vulneración de derechos y garantías constitucionales, ante la solicitud de acogimiento de la admisión del recurso vía excepcional e invocación de defectos absolutos insubsanables previstos en el art. 169 inc. 3) del CPP; advirtiéndose, que el recurrente señala el hecho generador del recurso, al precisar que el Tribunal de alzada declaró la improcedencia de su apelación restringida en base a fundamentos contradictorios, subsumiendo el hecho atribuido a delitos no acusados de Incumplimiento de Deberes y Violación, cuando fue procesado por Estafa Agravada y condenado por Estafa; asimismo, precisa como derechos vulnerados al debido proceso previsto en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, en su vertiente del derecho a una resolución debidamente fundamentada y congruente, así como la tutela judicial efectiva prevista en el art. 115.I de la CPE.


Al respecto, corresponde verificar si el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación respecto a los reclamos formulados por el recurrente en apelación relacionados a la errónea aplicación de la ley sustantiva; en ese sentido, se advierte que el Auto de Vista al resolver el primer motivo alegado en apelación fundado en el defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, hizo referencia a dos datos que no corresponden al caso de autos, pues en primer término asumió conclusiones respecto a la subsunción de la conducta del imputado al tipo penal de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, delito distinto al acusado, para luego asumir de manera confusa que los argumentos alegados en apelación no desvirtúan la comisión del delito de Violación, conforme se tiene de la siguiente glosa del Auto de Vista impugnado: “…en el caso particular corresponde al tipo delictivo descriptivo en el art. 154 del Código Penal, constando valoración impresa por el Tribunal de manera razonada, los que se encuentran naturalmente ligados, porque los motivos de la conclusión arribada que extraña el recurrente, no se encuentran dirigidos a desvirtuar la probable comisión de violación…”; y en segundo término, el Tribunal de alzada hace referencia a la existencia de otros imputados señalando “los encausados”, así como los “apelantes”, lo que permite inferir que en realidad el Tribunal de alzada incluyó en la resolución recurrida un análisis que corresponde a otra causa y no sólo se trata de errores de transcripción; pero, lo más relevante en el ámbito de la denuncia de casación, es la respuesta brindada al primer motivo de apelación restringida, que contiene una argumentación genérica de que la Sentencia cumplió con todas las exigencias establecidas por Ley, sin establecer el cómo se vulneró o no la Ley sustantiva, vale decir la correcta o incorrecta aplicación del art. 335 del CP, teniendo en cuenta que en su fundamentación no hace la más mínima referencia al delito de Estafa; pues de la comprensión de la primera parte del sexto considerando de la resolución recurrida iniciada bajo la frase: “Respecto al motivo primero; en la que se invoca errónea aplicación de la Ley sustantiva, por errónea calificación o tipificación de los hechos” (sic), no se constata la existencia de una respuesta fundada a los planteamientos del recurrente relativos a una supuesta inconcurrencia de los elementos objetivos y específicos del delito de Estafa, ante una alegada falta de conducta engañosa, de disposición patrimonial perjudicial y de liquidez de la cooperativa COMFIA atribuida al imputado; por lo que al resultar fundado este motivo corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista a los fines de que el Tribunal de alzada pronuncie una nueva resolución con base a los antecedentes de la presente causa brindando un respuesta acorde a los parámetros destacados en el acápite III.1. de la presente resolución.


Con referencia al segundo motivo, se advierte que el recurrente señala que el Tribunal de alzada declaró inadmisible la denuncia de que la Sentencia se basó en un hecho no acreditado, referido a la no acreditación de la disposición patrimonial, elemento que demostraría la comisión del delito de Estafa; en base a consideraciones y fundamentos incongruentes; y, evasivas con las que no se respondió a los cuestionamientos apelados, incurriendo en incongruencia citra petita o ex silentio, vulnerando el debido proceso en su vertiente a una resolución debidamente fundamentada y a la tutela judicial efectiva.


De los antecedentes, se advierte que el recurrente cuestionó en su recurso de apelación restringida la no acreditación de la disposición patrimonial, elemento que demostraría la comisión del delito de Estafa, sin que dicha temática haya sido analizada por el Tribunal de alzada, teniendo en cuenta que con relación al segundo motivo de apelación, el Auto de Vista destacó que: “…el art. 359 primer párrafo del CPP es durante el desarrollo del juicio oral nunca se demostró el hecho que constituyó la supuesta disposición patrimonial de la víctima, que funda la presente Sentencia, no existiendo prueba alguna que establezca ese extremo y al no existir material criminal que proseguir, pide se declare procedente la apelación del presente motivo, correspondiendo declarar la nulidad de la Sentencia confutada”; sin embargo, pese a que el Tribunal de alzada identificó el motivo en su fundamentación, no efectuó argumentación alguna respecto de la aplicación del art. 359 del CPP con relación a la inexistencia probatoria de la disposición patrimonial que generó el supuesto delito de Estafa; en consecuencia, no se puede soslayar el deber del Tribunal de Alzada de pronunciarse de manera fundada respecto a los cuestionamientos efectuados a un parte determinada de la Sentencia, de ahí que el Auto de Vista al no circunscribirse respecto a una problemática que asumió inicialmente, incurre en falta de pronunciamiento de dicha pretensión, lo que genera la incongruencia omisiva denunciada, en apego a lo establecido en la jurisprudencia citada en el acápite III.2. del presente fallo.


Por último, en el tercer motivo formulado en casación, el recurrente refiere que en apelación restringida denunció la fundamentación contradictoria de la Sentencia; sin embargo, el Tribunal de apelación fundamentó su contestación en aspectos no acordes a la realidad del proceso ni del recurso planteado, relativos a la carencia de motivación y la imposibilidad de ingresar a analizar prueba, motivos totalmente ajenos e incongruentes a los reclamados, que nuevamente restringen el debido proceso en su vertiente  de derecho a una debida fundamentación de las resoluciones y tutela judicial efectiva, constituyendo un defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP; al respecto, de la revisión del Auto de Vista impugnado se constata que con relación al motivo de apelación, el Tribunal de alzada consideró: “(…) que las circunstancias conclusivas que han sido determinadas por las pruebas aportadas en juicio y no han sido desvirtuadas por la defensa, fundamentados por el Tribunal de Sentencia brevemente con extractos objetivos, considerando todos los elementos de prueba aportados, concluyen y delatan el cumplimiento de los principios rectores que pregonan los arts. 124 y 173 del CPP y a que adecuaron a cada una de las reglas de la sana crítica racional, constatándose suficiente fundamentación y valoración dentro del ámbito del derecho al debido proceso que exige de toda resolución judicial debidamente fundamentada, exponiendo los hechos de manera detallada para determinar la condena del acusado con argumentos válidos y necesarios que no advierten los defectos denunciados por el recurrente”, respuesta que no satisface las exigencias de fundamentación, teniendo en cuenta que lo cuestionado por el recurrente en apelación fue la existencia de contradicción en la Sentencia; sin embargo, dicho fallo sustenta el decisorio de desestimar el reclamo realizando un análisis de los arts. 124 y 173 del CPP, refiriéndose además de lo transcrito, sobre la credibilidad de los testigos, el valor de los documentos público o privados, el elenco probatorio desfilado en juicio, la participación del imputado en el hecho, la calificación del delito de acuerdo a las leyes penales sustantivas y fijación de la pena, señalando que no se advierten los defectos mencionados, resultando evidente que no se establece por ningún motivo una respuesta puntual y concreta a lo denunciado siendo que no hace la más mínima referencia de que la Sentencia fuera o no contradictoria en el ámbito del reclamo formulado en apelación.


En consecuencia, resultan evidentes los argumentos expuestos por el recurrente, tomando en cuenta que de la revisión del Auto de Vista impugnado, se establece que se incurrió en falta de fundamentación y en incongruencia omisiva; por lo que, el Tribunal de alzada no dio una respuesta expresa y clara, pues, no plasmó en su resolución de manera comprensiva respecto de los motivos denunciados en apelación; en consecuencia, la resolución ahora impugnada no cumplió con los requisitos de un fallo debidamente fundamentado conforme lo dispuesto por el art. 124 del CPP, vulnerando la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, al ser evidente la denuncia interpuesta por el recurrente, correspondiendo en consecuencia declarar fundado el recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luís Germán Leytón, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 410/2015 de 22 de octubre, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA