TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 509/2016-RRC

Sucre, 04 de julio de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 21/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público

Parte Imputada                : Danner Suárez Flores y otro

Delito                        : Tráfico de Sustancias Controladas

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2015, cursante de fs. 717 a 718, el representante del Ministerio Público, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 52 de 17 de julio de 2015, de fs. 710 a 713 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por los Vocales William Torrez Tordoya y Hugo Juan Iquisi, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Danner Suárez Flores y Oscar Delgadillo Faldín (declarado rebelde), por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al 33 incs. a) y m), ambos de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 16/2014 de 25 de septiembre (fs. 614 a 622), el Tribunal Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al imputado Danner Suárez Flores, absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 con relación al 33 incs. a) y m) de la Ley 1008; y, autor del delito de Transporte de Sustancias Controladas, tipificado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de ocho año de presidio, más multa de mil días a razón de Bs.- 1 (un boliviano) por día y al pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia. Por otra parte, una vez apersonado al proceso el co-imputado Oscar Delgadillo Faldín (declarado rebelde), por Sentencia 25/2014 de 11 de diciembre (fs. 673 a 676), el mismo Tribunal de Sentencia, lo declaró absuelto de pena y culpa del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 con relación al 33 inc. m), de la Ley 1008.


b) Contra la Sentencia 25/2014 de 11 de diciembre, el representante del Ministerio Público, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 682 a 683), que previo memorial de subsanación (fs. 704 a 706), fue resuelto por Auto de Vista 52 de 17 de julio de 2015, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente la apelación interpuesta y confirmó la Sentencia impugnada, motivando la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente resolución.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 384/2016-RA de 24 de mayo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, sin considerar la valoración defectuosa de la prueba de cargo realizada por el Tribunal de juicio, como el acta de secuestro de sustancias controladas, el acta de prueba de campo, el pesaje de sustancias controladas que dio positivo para cocaína y el dictamen técnico pericial, que también dio positivo para dicha sustancia; asumió que no existió una motivación oportuna en el recurso de apelación restringida presentada por el Ministerio Público, declarando su improcedencia con una fundamentación inapropiada al caso y tergiversada; toda vez, que dicha valoración dio lugar a la absolución del acusado, decisión que vulneró los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y los derechos fundamentales a la salud; y, dignidad de la sociedad, así también “a resguardar la seguridad integral de los niños y adolescentes”, tutelados en los arts. 115, 35.I y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se conceda su recurso y verificando los datos procesales de la Sentencia y en el Auto de Vista recurrido, en aplicación del art. 17 de la LOJ y normas vigentes; se anulen las citadas Resoluciones con la orden de que se realice un nuevo juicio por reenvío.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 384/2016-RA de 24 de mayo, cursante de fs. 727 a 729 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.De la Sentencia.


El Tribunal Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Sentencia 25/2014 de 11 de diciembre, declaró absuelto de culpa y pena a Oscar Delgadillo Faldin, por la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, bajo el siguiente hecho probado: que el 17 de febrero de 2012 a horas 18:30 funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), grupo UMOPAR Cotoca, por inmediaciones del módulo escolar San Isidro zona Villa Primero de Mayo, interceptaron el motorizado vagoneta tipo taxi, marca Toyota, color azul combinado, con placa de control 774-RHN conducido por Oscar Delgadillo Faldin (imputado), vehículo en el cual se le encontró de forma flagrante a Danner Suarez Flores (sentenciado por este delito con Sentencia condenatoria ejecutoriada), transportando sustancias controladas en un maletín verde combinado con negro y plomo en medio de su ropa ochocientos sesenta y dos gramos de clorhidrato de cocaína en pequeños envoltorios en forma de capsulas ovoidales de color negro forrados con nylon transparente, conclusión que emerge de las pruebas de cargo.


Hechos no probados que generaron duda en el Tribunal.


Que las pruebas aportadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para demostrar que el coimputado Oscar Delgadillo Faldín, de manera cierta e indudable hubiere incurrido en el hecho sometido a juzgamiento por las siguientes razones: a)  El Ministerio Público no presentó prueba alguna que demuestre el nexo causal entre el hecho acusado y el imputado Oscar Delgadillo Faldin, ya que los informes del asignado al caso, ofrecidos y judicializados en juicio oral, señalan que en la requisa del vehículo conducido por el imputado, se evidenció que la persona que se encontraba en el asiento posterior del conductor identificado como Danner Suarez transportaba dos maletines y que en la requisa de los maletines se encontró en su interior en medio de la ropa una bolsa de nylon color transparente que contenía pequeños envoltorios en forma de cápsulas ovoidales de color negro forrados con nylon transparente, que efectuadas las prueba de campo narco test dio resultado positivo para cocaína y que además Danner Suarez les manifestó ser propietario del maletín e indicó que iba con dirección a la terminal de buses para viajar al departamento de Cochabamba con destino final Iquique Chile; b) En ninguna de las actas de requisa personal del imputado Oscar Delgadillo así como en el acta del motorizado, se señala que al conductor (Oscar Delgadillo) o en alguna otra parte del motorizado se hubiere encontrado sustancia controlada; c) El Ministerio Público trató de convencer al Tribunal, de que Oscar Delgadillo Faldín es autor del delito de Tráfico de Sustancias Controladas; por cuanto, en audiencia de juicio el coacusado Danner Suarez Flores habría señalado, que escuchó, de Oscar Delgadillo Flores que habló por teléfono con la persona que le entregó la sustancia controlada para trasladar a Chile, aspecto que no fue demostrado; toda vez, que no se presentaron extractos de llamadas entrantes ni salientes del celular de Oscar Delgadillo Faldín; y, d) Que la declaración del imputado no es considerada como prueba inobjetable en juicio oral; toda vez, que puede señalar todo lo que le favorezca.


De lo anterior, concluye que el Ministerio Público sólo probó que el 17 de febrero de 2012, el coacusado Oscar Delgadillo Faldin cuando realizaba el trabajo de taxista a horas 18:30 aproximadamente, de la terminal de buses levantó como pasajero a Danner Suarez Flores (condenado con sentencia ejecutoriada), quien le pidió le realice una carrera de la terminal al barrio Militar; por lo que, le canceló la suma de veinte bolivianos y que llegado al lugar le pidió que le espere y que le lleve nuevamente a la terminal, que no conocía a la persona que llevaba y que no tenía conocimiento de que la persona que levantó como pasajero llevaba consigo cocaína en cápsulas.


II.2.De la apelación restringida del representante del Ministerio Público.


Notificado el representante del Ministerio Público, interpuso recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos: Inobservancia de la ley tanto sustantiva como adjetiva, valoración defectuosa de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y falta de fundamentación que constituye violación a lo establecido por el art. 370 inc. 5) del CPP, por cuanto: i) El Tribunal de Sentencia no ponderó correctamente la prueba documental de cargo introducida en juicio como documental Nº 1, donde el investigador asignado al caso señaló que el acusado Oscar Delgadillo Faldín se lo encontró conduciendo el motorizado en el cual Danner Suarez Flores llevaba consigo sustancias controladas cocaína en una maleta; ii) No hace mención respecto a los informes policiales elaborados por el asignado al caso, acta de requisa, acta de pesaje de la sustancia secuestrada en el interior del vehículo que conducía Oscar Delgadillo Faldín, haciendo una abstracción total de dichas pruebas y más bien resalta que indica que esas pruebas no son suficientes para lograr una Sentencia condenatoria en contra del acusado; iii) Después de una ardua y prolija investigación policial y ante la existencia de droga encontrada en poder de Danner Suarez Flores y Oscar Delgadillo Faldín, el Ministerio Público llegó a establecer que estos transportaban sustancias controladas para llevar a otro país tal como refiere la declaración prestada Danner Suarez Flores, quien señaló que su persona se dirigía a Iquique Chile, por ende su comportamiento se halla subsumido a los presupuestos contemplados en el art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008; iv) El Ministerio Público demostró con prueba plena la comisión de los delitos que acusa al imputado.  


II.3. De la Subsanación del recurso de apelación restringida.


Radicado la causa ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por decreto de 24 de abril de 2015 (fs. 702), observó el recurso de apelación restringida interpuesto, motivando la presentación de memorial de subsanación (fs. 704 a 706), bajo los siguientes fundamentos: Inobservancia de la ley tanto sustantiva como adjetiva penal, valoración defectuosa de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y falta de fundamentación, extremo que vulnera el presupuesto contenido en el art. 124, 173 y “360” inc. 5) de la Ley 1970; puesto que: a) El Tribunal de Sentencia no ponderó correctamente la prueba documental de cargo introducida al juicio como la prueba documental Nº 1, donde el investigador asignado al caso señaló que el acusado Oscar Delgadillo Faldín, se lo encontró conduciendo el motorizado en el cual Danner Suarez Flores llevaba consigo sustancias controladas en una maleta; b) No hace mención respecto a los informes policiales elaborados por el asignado al caso, acta de requisa, acta de pesaje de la sustancia secuestrada en el interior del vehículo que conducía Oscar Delgadillo Faldín, haciendo una abstracción total de dichas pruebas y más bien rescata e indica que estas pruebas no son suficientes para lograr una sentencia condenatoria en contra del nombrado acusado; c) Después de una ardua y prolija investigación policial y ante la existencia de droga encontrada en poder de Danner Suarez Flores y Oscar Delgadillo Faldin, el Ministerio Público llegó a establecer que éstos transportaban sustancias controladas para llevar a otro país tal como refiere la declaración prestada por Danner Suarez quien señaló que su persona se dirigía a Iquique Chile, por ende su comportamiento se halla subsumido a los presupuestos contemplados en el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, demostrando con prueba plena los delitos que se acusa al imputado.


Concluye alegando, que la sentencia debe expresar claramente la fundamentación fática y jurídica e indicar la valoración que el juzgador le otorga a cada una de las pruebas judicializadas en audiencia de juicio oral, tanto de cargo como de descargo, para no dejar en incertidumbre a los sujetos procesales; toda vez, que no indicaron que regla de la sana crítica (lógica, ciencia, etc.) utilizaron para valorar las pruebas y tener la convicción de absolver al imputado, aspecto que vulnera el debido proceso; por lo que, el ilícito sí existió, lo cual fue cometido en un medio de transporte conducido por el hoy absuelto, sin pronunciarse el Tribunal de Sentencia en virtud al principio de congruencia con relación a los hechos probados de Transporte de Sustancias Controladas, tipo penal que correspondería la conducta del absuelto.  


II.4. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 52 de 17 de julio de 2015, declaró improcedente el recurso planteado por el Ministerio Público y confirmó la Sentencia apelada bajo los siguientes argumentos: 1) La acusación y pruebas de cargo presentadas por la Fiscalía son incompletas y existen serias dudas y contradicciones que favorecen al acusado, pues no existe ningún informe de acción directa que demuestre que el acusado hubiere sido encontrado en posesión física de sustancias controladas o que tuviere conocimiento de que los maletines de su pasajero contendría droga, concretamente este Tribunal considera que en la dictación de la Sentencia no existe ningún defecto en el procedimiento; por lo que, en el presente caso, las pruebas presentadas por la fiscalía no han sido suficientes para demostrar que el acusado Oscar Delgadillo Faldín hubiere incurrido en el hecho delictivo; 2) No son ciertos ni evidentes los argumentos expuestos por el Ministerio Público, que si bien argumenta que la sentencia no se encuentra debidamente fundamentada; sin embargo, de la lectura de la misma se evidencia que la fundamentación es correcta y cumple con las exigencias de los arts. 114, 123, 124, 357, 359, 360 y 361 del CPP, no incurriendo en el defecto del art. 370 inc. 5) de la citada Ley, ya que la Sentencia contiene los motivos de hecho y derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, el fallo de mérito contiene una relación del hecho histórico; es decir, se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica. Además, la Sentencia se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral, sin incurrir en lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP como alega el fiscal recurrente; toda vez, que el Tribunal al valorar las pruebas de cargo y descargo ha desarrollado una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, público, continuado y contradictorio poseían la entidad; y, cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunción de inocencia, mediante el método de la libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, uniendo elementos como la ciencia, conciencia y experiencia, el Fiscal recurrente en su memorial de fs. 682 a 683, no cumple con las formalidades de fundamentación que exige el art. 408 del CPP, ya que simplemente hace una relación de los hechos sometidos a juzgamiento y una relación superficial y subjetiva de algunas pruebas aportadas al proceso, así como también cita el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; pero, no desarrolla punto por punto cada defecto ni indica de qué forma se le provocó agravios, no ha cumplido con las condiciones exigidas por el art. 408 del CPP; por cuanto, no hace una exposición de agravios, no cita concretamente las leyes que se consideren violadas o erróneamente aplicadas, ni cuál es la aplicación que se pretende; es decir, no indica separadamente cada violación con sus fundamentos respectivos, tal como lo exige el procedimiento de la materia en sus arts. 370, 396 inc. 3) y 408, no justifica ni demuestra ninguno de los defectos de Sentencia ni defectos absolutos previstos en el art. 370 del CPP, inclusive se le dio la oportunidad de fundamentar su recurso; sin embargo, simplemente se abocó a repetir los términos expuestos en la apelación restringida sin otros argumentos.   


III. VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, DEBIDO PROCESO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD Y DIGNIDAD DE LA SOCIEDAD


Previamente corresponde destacar que este Tribunal, flexibilizando los requisitos exigidos por la norma procesal penal, admitió el presente recurso abriendo su competencia de manera extraordinaria a los fines de verificar la posible vulneración a los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y los derechos fundamentales a la salud y dignidad de la sociedad; toda vez, que el Auto de Vista recurrido declaró improcedente su recurso con una fundamentación inapropiada y tergiversada; por cuanto, arguyó que su apelación restringida no contendría una motivación oportuna, no considerando, su denuncia referida a la defectuosa valoración de la prueba de cargo realizada por el Tribunal de sentencia como serían las actas de secuestro, prueba de campo, pesaje y el dictamen técnico pericial que dieron positivo para cocaína. En consecuencia, corresponde resolver la problemática planteada; a cuyo efecto, resulta pertinente realizar algunas consideraciones de orden normativo, respecto a la temática que se denuncia, para luego ingresar al análisis del caso en concreto.


III.1. Sobre la correcta fundamentación.


La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y garantiza los derechos: del debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I, siendo así que, contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir un fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante un correcto conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico, exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP y cuya inobservancia constituye defecto absoluto conforme el art. 370 inc. 5) de la citada Ley.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la CPE y el CPP, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, que: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


De ello, se establece que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente estos requisitos, pues su función de controlador debe abocarse a responder de manera coherente a todos los puntos denunciados por los recurrentes, no siendo necesaria una respuesta extensa; en caso de no obrarse bajo estos parámetros, implicaría la vulneración del debido proceso, incumpliendo las exigencias del art. 124 del CPP.


III.2.Sobre la carga procesal que tiene la parte apelante al denunciar defectuosa valoración de la prueba.


Antes de ingresar al análisis del presente motivo, resulta pertinente hacer referencia a la carga procesal que tiene la parte apelante en los casos en los que se denuncie defectuosa valoración probatoria, así se tiene el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 que estableció lo siguiente: “El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.


(…).


Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.


(…).


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural”  (las negrillas son propias).


De lo anterior se concluye, que es obligación de quien interpone un recurso en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes de la sentencia donde constarían los errores lógico-jurídicos, proporcionando además la solución que pretende en base a un análisis lógico explícito.


III.3.Análisis del caso concreto.


       Sintetizada la denuncia traída a casación, en la cual la parte recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido declaró improcedente su recurso con una fundamentación inapropiada y tergiversada; por cuanto, arguyó que su apelación restringida no contendría una motivación oportuna, no considerando su denuncia referida a la defectuosa valoración de la prueba de cargo realizada por el Tribunal de Sentencia; de la revisión y análisis de los memoriales del recurso de apelación y de subsanación, extractados en los acápites II.2. y II.3., de este Auto Supremo, se evidencia que la parte recurrente se limitó a referir “valoración defectuosa de las pruebas aportadas por el Ministerio Público”, sin señalar en su planteamiento qué prueba hubiere sido defectuosamente valorada por el Tribunal de juicio, alegando seguidamente el defecto de falta de fundamentación de la Sentencia establecido por el art. 370 inc. 5) del CPP, bajo los siguientes fundamentos: a) Que el Tribunal de Sentencia no ponderó correctamente la prueba documental de cargo introducida en juicio como documental Nº 1, donde el investigador asignado al caso señaló que Oscar Delgadillo Faldin fue encontrado conduciendo el motorizado en el cual Danner Suarez Flores llevaba consigo sustancias controladas en una maleta; b) No hizo mención respecto a los informes policiales elaborados por el asignado al caso, acta de requisa, acta de pesaje de la sustancia secuestrada en el interior del vehículo que conducía Oscar Delgadillo Faldín, haciendo una abstracción total de dichas pruebas, resaltando más bien que esas pruebas no fueron suficientes para lograr una Sentencia condenatoria en contra del acusado; c) Que después de una ardua y prolija investigación policial y ante la existencia de droga encontrada en poder de Danner Suarez Flores y Oscar Delgadillo Faldín, se llegó a establecer que transportaban sustancias controladas para llevar a otro país tal como refiere la declaración prestada por Danner Suarez Flores, quien señaló que su persona se dirigía a Iquique Chile, hallándose su comportamiento subsumido a los presupuestos contemplados en el art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008; y, d) Que demostró, con prueba plena la comisión de los delitos que acusa al imputado.


Estas denuncias fueron desestimadas por el Tribunal de alzada, conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.4., de este Auto Supremo; por cuanto, advirtió que en la dictación de la Sentencia no existió ningún defecto en el procedimiento, que en el presente caso, las pruebas presentadas por la fiscalía no fueron suficientes para demostrar que el acusado Oscar Delgadillo Faldín hubiere incurrido en el hecho delictivo, agregando no ciertos ni evidentes los fundamentos expuestos por el Ministerio Público, pues de la lectura de la Sentencia, evidenció que la fundamentación era correcta y cumplió con las exigencias de los arts. 114, 123, 124, 357, 359, 360 y 361 del CPP, sin incurrir en el defecto del art. 370 inc. 5) de la citada Ley, ya que contenía los motivos de hecho y derecho en los que basó sus decisiones; y, el valor otorgado a los medios de prueba, con la relación del hecho histórico, estando fijada de manera clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estimó acreditada y sobre la cual se emitió el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica.


Además, añadió que la Sentencia se sustentó en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral sin incurrir en lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, explicando el Tribunal de apelación, que el Tribunal al valorar las pruebas de cargo y descargo, desarrolló una operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, público, continuado y contradictorio, poseían la entidad, cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunción de inocencia, mediante el método de la libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, unidas a elementos como la ciencia, conciencia y experiencia, argumentando el Tribunal inferior que no era suficiente que al acusado haya sido encontrado conduciendo el motorizado en el cual se encontraba el presunto dueño de la droga, pues su participación en el hecho debía ser debidamente demostrada por todos los medios de prueba a su alcance y no solamente sostener una serie de argumentaciones de carácter subjetivo sin ningún sustento legal.


Por otra parte, el Tribunal de alzada concluyó que el Fiscal recurrente en su memorial de fs. 682 a 683, no cumplió con las formalidades de fundamentación que exige el art. 408 del CPP, ya que simplemente hizo una relación de los hechos sometidos a juzgamiento y una relación superficial y subjetiva de algunas pruebas aportadas al proceso; además, citó el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, sin desarrollar punto por punto cada defecto ni indicó de qué forma se le provocó agravios; tampoco, citó concretamente las leyes que consideró violadas o erróneamente aplicadas, ni cuál la aplicación pretendida; es decir, no indicó separadamente cada violación con sus fundamentos respectivos, tal como lo exigen los arts. 370, 396 inc. 3) y 408 del CPP, no justificó ni demostró ninguno de los defectos de Sentencia ni defectos absolutos previstos en el art. 370 del CPP, pese a haberse concedido la oportunidad de fundamentar su recurso; sin embargo, simplemente se abocó a repetir los términos expuestos en la apelación restringida.   


De esta relación necesaria de antecedentes, se evidencia que el Tribunal de Alzada al momento de emitir el Auto de Vista impugnado, respecto a este motivo respondió de manera apropiada y coherente; por cuanto, explicó, que el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público no procedía porque no cumplió con las formalidades de fundamentación que exige el art. 408 del CPP, que simplemente hizo una relación de los hechos sometidos a juzgamiento y una relación superficial y subjetiva de algunas pruebas aportadas al proceso, que no desarrolló punto por punto cada defecto ni citó concretamente las leyes que consideró violadas o erróneamente aplicadas, ni cuál la aplicación pretendida, inclusive pese a la concesión de la oportunidad de fundamentar su recurso, ya que se abocó a repetir los términos expuestos de su apelación restringida; argumentos asumidos por el Tribunal de alzada que resultan evidentes porque de la revisión del contenido del recurso de apelación restringida y del memorial de subsanación que fueron resumidos en los acápites II.2 y II.3., de este Auto Supremo, se constata que el representante del Ministerio Público se limitó a efectuar una fundamentación genérica al denunciar la inobservancia de la ley tanto sustantiva como adjetiva, valoración defectuosa de las pruebas presentadas por su parte y falta de fundamentación de la Sentencia, limitándose a la referencia de ciertas pruebas de cargo, sin explicar por qué el Tribunal de juicio hubiere incurrido en una defectuosa valoración de la prueba, omitiendo por completo señalar de forma clara y precisa de qué manera el Tribunal de Sentencia hubiere inobservado las reglas de la sana crítica respecto a las pruebas de cargo; entonces, la parte recurrente no puede pretender que el Tribunal de alzada ejerza la labor de control respecto a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de mérito, cuando no proporcionó los insumos mínimos del porqué consideró que el Tribunal de Sentencia incurrió en una valoración defectuosa de la prueba, teniendo en cuenta el entendimiento que fue asumido en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 que fue extractado en el punto III.2., de esta Resolución, que estableció los criterios respecto a la carga procesal que posee todo recurrente para la interposición de un recurso de apelación restringida en los casos que denuncie defectuosa valoración probatoria.


De lo anterior se concluye, que los argumentos expuestos en el Auto de Vista recurrido, no resultan inapropiados ni tergiversados como asevera la parte recurrente; por el contrario, se advierte que en cumplimiento del fundamento jurídico del apartado III.1., de esta Resolución, el Tribunal de alzada con argumentos coherentes, apropiados, legítimos, lógicos y debidamente fundamentados, desestimó la genérica denuncia de valoración defectuosa de la prueba relacionada con la falta de fundamentación de la Sentencia; además, adecuó su actuación a la doctrina legal vinculante, desarrollada en el acápite III.2., de este Auto Supremo; por cuanto, se reitera es obligación de quien interpone un recurso por defectuosa valoración de la prueba en el que hubiere incurrido el Tribunal de juicio, señalar en qué partes de la Sentencia constarían los errores lógico-jurídicos, proporcionando el recurrente la solución que pretende en base a un análisis explícito, resultando en el caso que la representación del Ministerio Público incurrió en una negligencia que derivó en la determinación del Tribunal de alzada de declarar improcedente el recurso de apelación restringida y de confirmar la sentencia impugnada.


Por los fundamentos expuestos, en atención a que no se advierte vulneración a los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y los derechos fundamentales a la salud; y, dignidad de la sociedad; por cuanto, el Tribunal de alzada obró conforme a los criterios jurisprudenciales destacados en el presente fallo, el recurso en examen deviene en infundado. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, cursante de fs. 717 a 718.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA