TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 508/2016-RRC

Sucre, 04 de julio de 2016


Expediente                        : Santa Cruz 15/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Hermenegildo Marca Ríos

Delitos                        : Homicidio en Accidente de Tránsito y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 17 de diciembre de 2015, cursante de fs. 241 a 243 vta., Hermenegildo Marca Ríos, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 12 de 20 de marzo de 2015, de fs. 232 a 235, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrado por los Vocales Hugo Juan Iquise y William Torrez Tordoya, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Beatriz Omonte Vargas contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio en Accidente de Tránsito, Omisión de Socorro y Conducción Peligrosa de Vehículo, previstos y sancionados por los arts. 261, 262 y 210 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 006/2010 de 26 de junio (fs. 96 a 100), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Santa Cruz, declaró al imputado Hermenegildo Marca Ríos, autor de la comisión de los delitos de Homicidio en Accidente de Tránsito, Omisión de Socorro y Conducción Peligrosa, tipificados y sancionados por los arts. 261, 262 y 210 del CP, imponiéndole la pena de cinco años de reclusión y tres años de inhabilitación para conducir, con pago de trescientos días multa a razón de Bs. 5.- (cinco bolivianos) por día y la imposición de costas a favor del Estado, a calificarse en ejecución de Sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Hermenegildo Marca Ríos (fs. 156 a 162 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por  Auto de Vista 152 de 17 de septiembre (fs. 169 a 172 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 426/2014 de 24 de septiembre (fs. 225 a 227); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz pronunció el Auto de Vista 12 de 20 de marzo de 2015, que declaró admisible y procedente el citado recurso, a cuyo efecto revocó parcialmente la Sentencia,  absolviendo al imputado del delito de Conducción Peligrosa de Vehículo, manteniendo la calificación de los delitos de Homicidio en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, modificando la pena a cuatro años de reclusión a cumplir en el Penal de Palmasola con la vigencia de la inhabilitación para conducir, el pago de multas y costas.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 357/2016-RA de 23 de mayo de 2016, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente alega, que el Tribunal de apelación “NO ha dado cumplimiento a la finalidad asignada por la doctrina al instituto de la Casación penal…” (sic), argumentando que el de alzada incurrió en errónea valoración de la prueba; toda vez, que de la lectura del “ACTA DE JUICIO ORAL” (sic), a decir del recurrente, su persona no conducía vehículo motorizado alguno entre horas 06 a.m. y 6:30 a.m. del día “(23/02/2009)” (sic) y que su vehículo estaba siendo conducido por José Nemecio Vargas Cabi, quien acompañado de su esposa le hubiesen llevado a su domicilio y que al dirigirse en dirección “Oeste hacia el Este” (sic), llegó al lugar donde se encontraba un grupo de personas observando el cuerpo del fallecido y que sin considerar estos aspectos de manera ilegal hasta ilógica se lo acusó del ilícito de Homicidio en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, arguyendo además que no pudo haber cometido un delito de resultado “ (atropello a una persona con mi vehículo motorizado, CUANDO NI SIQUIERA HABRÍA LLEGADO AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA UNA PERSONA EN LA CALLE QUE SUPUESTAMENTE HABRIA SIDO ATROPELLADA POR UN VEHÍCULO)” (sic), transcribiendo las preguntas y respuestas realizadas al testigo José Nemecio Vargas Cabi, refirió que no fue valorado el testimonio del mencionado testigo, tanto por el Tribunal de instancia y menos por el de alzada, causándole agravio e indefensión, atentando contra sus derechos fundamentales como el principio de presunción de inocencia, previsto en el art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE), señala que se incumplió con la definición del instituto del recurso de casación asignada por este máximo Tribunal de Justicia, misma que se encuentra definida: “…a Fs. 218, renglones 5 al 10 del cuaderno procesal” (sic).


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se resuelva anular la Sentencia y el Auto de Vista y ordenar la reposición de un nuevo juicio por otro Tribunal que garantice la imparcialidad, el debido proceso y el respeto de las garantías jurisdiccionales.

 

I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 357/2016-RA de 23 de mayo, cursante de fs. 252 a 255, este Tribunal admitió el recurso interpuesto por el recurrente, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1. De la apelación restringida del imputado.


Hermenegildo Marca Ríos, interpone recurso de  apelación restringida argumentando lo siguiente, estrictamente referido al motivo de casación admitido: 


Defectuosa valoración de la prueba, sustentada en el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, en el que argumenta que la ilegal Sentencia manifestó que se encontraba en estado de ebriedad, extremo que se demuestra con el test de alcoholemia, prueba pericial inexistente dentro del proceso, por lo tanto, su estado de ebriedad no fue probado legalmente en juicio, sólo se basó en la declaración de testigos; en consecuencia, la referida Resolución no cumple con lo establecido, por cuanto no es lógico que con la sola declaración de testigos se pretenda demostrar un estado etílico, resultando ser una falta de lógica, cuando la experiencia humana nos indica todo lo contrario. De igual forma, su declaración informativa prestada en sede policial, sobre que habría manifestado que estaba bebiendo, no constituye prueba; por ende, se realizó una mala valoración de la prueba.


II.2. Del Auto de Vista 12 de 20 de marzo de 2015.


Como efecto de la emisión del Auto Supremo 426/2014-RRC de 24 de septiembre, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, emitió nuevo Auto de Vista, en el que declaró admisible y procedente la apelación restringida y revocó parcialmente la Sentencia, de acuerdo a los siguientes fundamentos:


En cuanto se trata de hechos en accidente de tránsito y a fin de establecer el grado de alcoholemia del sujeto, se debe previamente realizar el peritaje de alcoholemia, el que no se adjuntó al cuaderno de investigación, sin el cual no se puede afirmar que el conductor o imputado estaría bajo influencia alcohólica, por lo que el Tribunal inferior al fundar su fallo condenatorio en una supuesta pericia de alcoholemia, incurrió en el defecto previsto por el art. 370 incs. 4) del CPP, para más adelante concluir que, con referencia al tipo penal descrito en el art. 210 del Código Penal que se refiere a la Conducción Peligrosa de Vehículos, se evidencia que dentro de la interpretación sistemática es un delito de peligro latente y abstracto, ello implica que el peligro es en potencia, o lo que es lo mismo el tipo objetivo tiene como exigencia que el conductor de un vehículo, ya que por inobservancia de las disposiciones de Tránsito por cualquier otra causa originare o diere lugar a un peligro para la seguridad común; en ese sentido, haciendo la interpretación correspondiente, se tiene que habiendo sido el acusado Hermenegildo Marca Ríos condenado por el principal delito de Homicidio en Accidente de Tránsito, no se le puede condenar por el delito de Conducción Peligrosa de vehículos, porque son dos delitos excluyentes; el uno es de resultado (art. 261) y el otro de peligro latente (art. 210); en consecuencia, el Tribunal inferior al dictar la sentencia condenatoria, no se sustentó en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia del juicio oral, ya que con referencia a la valoración de las pruebas, evidencia que el informe no aplicó correctamente lo preceptuado por el art. 173 con relación al art. 359 del CPP, toda vez que no ha valorado las pruebas de cargo y de descargo, literales, testificales y pericial, desarrollando una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, público, continuado y contradictorio, poseían la endiad y cualidad suficiente y requerida para destruir la presunción de inocencia y permitir con certeza plena e incontrastable, destruir la presunción de inocencia y la pretensión punitiva del proceso, mediante el método de libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo global e intelectual aspectos y elementos como la ciencia, la conciencia y la experiencia.


III.DE LA VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON EL PRECEDENTE INVOCADO


El recurrente cuestiona que ni el Tribunal de Sentencia y menos el de alzada valoraron debidamente la prueba testifical de José Nemecio Vargas Cabi, quien era el que conducía su movilidad, incumpliendo con la definición asignada por este Máximo Tribunal al instituto del recurso de casación, establecido “…a Fs. 218, renglones 5 al 10 del cuaderno procesal”; a cuyo efecto, corresponde verificar el cumplimiento o incumplimiento de la doctrina legal establecida.


III.1. Del principio de preclusión


Desde el punto de vista doctrinal, la preclusión es un instituto jurídico, en virtud del cual, la parte dentro del proceso se encuentra imposibilitada de ejercer un derecho fuera del momento oportuno en que pudo haberlo hecho; en consecuencia, una vez concluidos los términos para hacer uso de alguna actuación procesal que estaba puesta a su alcance, no resulta posible acudir a los mismos por haberse perdido dicho derecho.


Edgardo Pallares, sostiene que la preclusión: "Es la situación procesal que se produce cuando alguna de las partes no haya ejercido oportunamente y en la forma legal, alguna facultad o algún derecho procesal o cumplido, alguna obligación de la misma naturaleza". También explica este autor que "… el término judicial es el tiempo en que un acto procesal debe llevarse a cabo para tener eficacia y valor legal".


Con relación al mismo tópico, la extinta Corte Suprema de Justicia, en el Auto Supremo 46 de 7 de mayo de 2006, señaló lo siguiente: “Para evitar las impugnaciones en casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes en las etapas preparatorias, intermedia del juicio oral o de los recursos y en ejecución de Sentencia deben ejercer las acciones que en cada acto procesal que se encuentran previstos y los recursos que en cada etapa procesal se prevén, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente.


(...) en la etapa preparatoria las partes directamente controlan las actividades de la investigación, cuando consideran que se ha vulnerado un precepto legal o norma constitucional tienen previsto interponer las excepciones o incidentes y los recursos ante el Fiscal y ante el Juez de Instrucción que tiene la facultad de controlar la legalidad y constitucionalidad de las funciones del Fiscal e investigador durante la investigación. En el juicio oral, como en el caso de autos, las partes pueden interponer las excepciones, incidentes, o recursos, o hacer reserva de recurrir contra las resoluciones dictadas durante el juicio oral. En la etapa de los recursos: el de apelación restringida sirve para el control de puro derecho sobre los actos procesales y la actividad jurisdiccional, excepto en el recurso incidental donde se puede acompañar pruebas para que el Tribunal de Alzada pueda valorar las mismas y dictar la resolución respectiva; mientras que el recurso de casación se encuentra diseñado para uniformar la jurisprudencia penal y evitar la interpretación y aplicación contradictoria de normas adjetivas y sustantivas".


De lo referido, se puede concluir que el principio de preclusión se encuentra vinculado a la oportunidad y el momento en que los sujetos procesales deban hacer uso de los recursos que la ley les franquea; por tanto, para evitar las impugnaciones en casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes procesales tienen a su alcance, en cada etapa del proceso penal, los recursos impugnatorios que deben ser ejercidos en cada una de ellas; puesto que, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente.


En el juicio oral, las partes pueden interponer las excepciones, incidentes, o recursos, o hacer reserva de recurrir contra las resoluciones dictadas durante el juicio oral; habida cuenta, que en la etapa de los recursos, el de apelación restringida sirve para el control de puro derecho sobre los actos procesales y la actividad jurisdiccional, excepto en el recurso incidental donde se pueden acompañar pruebas para que el Tribunal de alzada pueda valorar las mismas y dictar la resolución respectiva; mientras que el recurso de casación se encuentra diseñado para uniformar la jurisprudencia penal y evitar la interpretación y aplicación contradictoria de normas adjetivas y sustantivas.


III.2. Del caso concreto


De acuerdo a los antecedentes expuestos en el presente Auto Supremo, se constata que el imputado, a tiempo de efectuar su denuncia con relación a la defectuosa valoración probatoria en la que habría incurrido el Tribunal de Sentencia, sustentándolo en el defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del Código adjetivo penal, únicamente basó su denuncia en la inexistencia del test de alcoholemia para determinar su estado etílico al momento de la perpetración del hecho delictivo investigado, habiéndose basado la Sentencia únicamente en las pruebas testificales e incluso en su declaración informativa prestada en sede policial, para llegar a concluir que conducía su movilidad en estado de ebriedad; a cuyo efecto, el Tribunal de alzada constató ser evidente tal denuncia, aseverando que en cuanto se trata de hechos en accidente de tránsito y a fin de establecer el grado de alcoholemia del sujeto, se debía realizar previamente el peritaje de alcoholemia, el que no se adjuntó al cuaderno de investigación, en cuya ausencia, no se podía afirmar que el conductor o imputado estaba bajo la influencia alcohólica.


En ese contexto, se advierte que la específica denuncia realizada en el recurso de casación, referida a que el Tribunal de apelación no dio cumplimiento a la finalidad asignada por la doctrina al instituto de la casación penal, debido a que incurrió en defectuosa valoración de la prueba, al no haberse considerado que él no conducía vehículo alguno entre las 06:00 a 06:30 del día “23/02/2009”, por cuanto, el mismo era conducido por José Nemecio Vargas Cabi, quien conjuntamente su esposa le habrían llevado a su domicilio y que al dirigirse en dirección Oeste-Este, llegó al lugar donde se encontraba un grupo de personas observando el cuerpo del fallecido y que sin considerar esos aspectos, de manera ilegal, hasta ilógica, se lo acusó del delito de Homicidio en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, insistiendo en que no se valoró el testimonio del testigo aludido; no fue puesta a conocimiento del Tribunal de alzada, habiéndose limitado su denuncia en alzada, a cuestionar la inexistencia de prueba fehaciente para demostrar su estado etílico en el momento de la perpetración del hecho endilgado, respecto a lo cual en el Auto de Vista se emitió un pronunciamiento específico, dando lugar a dicha denuncia; sin embargo, no emitió pronunciamiento alguno sobre la valoración de la declaración testifical de José Nemecio Vargas Cabi en relación a quién se encontraba conduciendo la movilidad, precisamente porque dicho cuestionamiento no fue denunciado en el momento procesal oportuno, cual era a tiempo de formular el recurso de apelación restringida.


En ese entendido, el recurrente pretende que este Tribunal, resuelva directamente una denuncia, sin que haya sido impugnada previamente ante el Tribunal competente, a través del recurso de apelación restringida,  no encontrándose facultado para tal efecto, debido a que la facultad del máximo Tribunal de justicia, está constreñida a efectuar una control de derecho sobre las cuestiones conocidas y resueltas por el Tribunal de apelación, ante quien correspondía que el imputado cuestione los extremos que hoy impugna directamente en casación; al no haberlo hecho, su derecho de conseguir pronunciamiento y resolución de su denuncia precluyó por su propia negligencia, razón por la cual no corresponde a este Tribunal efectuar pronunciamiento de fondo alguno, correspondiendo únicamente declarar infundado el recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación Interpuesto por Hermenegildo Marca Ríos, cursante de fs. 241 a 243.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA