TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 503/2016-RRC

Sucre, 01 de julio de 2016


Expediente                        : La Paz 8/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Javier Sebastián Tito Espinoza

Delitos                        : Falsedad Ideológica y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 25 de agosto de 2015, cursante de fs. 2041 a 2048 vta., Romualdo Ricardo Nogales Quispe, Rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 100/2014 de 17 de diciembre, de fs. 1992 a 1995, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los Vocales Félix Peralta Peralta y Ricardo Chumacero Torrez, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del recurrente contra Javier Sebastián Tito Espinoza, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Uso Indebido de Influencias y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199, 146 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia S-09/2014 de 17 de junio (fs. 1716 a 1726 vta.), el Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró al imputado Javier Sebastián Tito Espinoza, absuelto de pena y culpa de los delitos Falsedad Ideológica, Uso Indebido de Influencias y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199, 146 y 203 del CP.


b) Contra la mencionada Sentencia, la parte querellante interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1901 a 1904), resuelto por el Auto de Vista 100/2014 de 17 de diciembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente las cuestiones planteadas en el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la formulación de recuso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 212/2016-RA de 21 de marzo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme a lo establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley de Organización Judicial (LOJ).


1) El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, hubiese confirmando y ratificando una Sentencia con defectos absolutos por: i) Negarse sanear o reparar el juicio y soslayar la introducción de elementos probatorios pidiendo la remisión de las mismas; toda vez, que las mismas se encontraban en poder del Tribunal Segundo de Sentencia, presentadas en un anterior proceso en el que se sancionó con cuatro años de presidio al imputado, al haberse demostrado con abundante prueba la culpabilidad del imputado de la comisión de los mismos delitos acusados en el presente proceso ventilado por reenvío, que a pesar de sus reclamos de suspender el Juicio Oral por falta de pruebas, este continuó con la prosecución de la misma, ignorando que “nos ratificamos” (sic) a las pruebas del Ministerio Público, realizando una mala apreciación de los elementos probatorios; y, ii) Por haber aplicado erróneamente la Ley Sustantiva de los arts. 199, 146 y 203 del CP, llegando a emitir la Sentencia absolutoria, sin advertir estos vicios, violentando el debido proceso al contravenir los arts. 340 y 343 del CPP y art. 180 parágrafo I de la CPE, así el Auto de Vista haciendo suyos  los fundamentos de la parte considerativa y resolutiva del fallo apelado, absolvió también al imputado de los delitos endilgados; pues que, a pesar de haber cotejado el Auto de Vista en el apartado tercero, su denuncia de errónea aplicación de Ley Sustantiva, recibió como respuesta: “…a) NO SE ESPECIFICA SI SE TRATA DE INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY, PORQUE AMBAS SON DISTINTAS…” (sic), igualmente en el considerando IV sobre el segundo agravio de su apelación restringida, se observó cómo infringida el art. 370 incs. 4), 5) y 6) del CPP; empero, de manera arbitraria y fuera de toda lógica, no consideró los mismos, constriñendo el debido proceso y acceso al pronunciamiento motivado y fundamentado sobre todos los motivos alegados en el recurso de apelación, acceso a la justicia, igualdad de partes y la tutela judicial efectiva.


2) Acusa que no fue considerado por el Tribunal de alzada el segundo motivo de su apelación restringida, la que haría referencia a “DEFECTUOSA VALORACIÓN DE LA PRUEBA O FUNDAMENTACIÓN INSUFICIENTE DE LA SENTENCIA” (sic), en el cual denunció que el Tribunal de juicio, pese a los dos pedidos de suspensión del juicio oral por falta de remisión de pruebas, por parte del abogado del recurrente, se continuó con la prosecución del juicio, resolviendo el Tribunal inferior por la absolución del imputado por que no se habría procurado la “suficiente prueba que generen en el Tribunal la culpabilidad del acusado”; en consecuencia, se habría incurrido en defectuosa valoración de la prueba infringiendo los arts. 13, 56, 171, 173 y 370 inc. 6) de la Ley 1970, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, señalando como aplicación que se pretende que la Sentencia no debió fundarse en la prueba documental consistente en Certificado expedido por el CREFAL; toda vez, que no fue objeto de observación; por tanto, el objeto de la acusación fue el título de Licenciatura en Ciencias de la Educación por Homologación, en la cual el imputado hizo introducir datos falsos y que en virtud a la auditoría realizada por el Ministerio de Educación, por Resolución 440/2001 de 21 de noviembre de 2001, se anuló el título en Provisión Nacional del imputado, tal cual se demostró de las pruebas: “MP-7 y MP-9”, que no fueron tomados en cuenta a favor de la UPEA, así como la declaración del imputado en el que confirmó que él cumplió con todos los requisitos establecidos para la convocatoria; por lo que, solicita la nulidad de la Sentencia y reposición de juicio; y, por parte del Tribunal de alzada habrían recibido la respuesta: “…la producción y judicialización de su prueba extrañada debieron realizarlo en el momento oportuno a través de medio y mecanismos previsto por el Procedimiento Penal…“ (sic), afirmación que a criterio del recurrente es totalmente “infantil” (sic) y vulneradora a los arts. 123 del CPP concordante con el 15 de la LOJ, pues no habría especificado que artículo se debió cumplir para la remisión de las pruebas que se hallarían en el Tribunal segundo de Sentencia de El Alto, limitándose a indicar “medios y mecanismos previstos por el procedimiento penal” (sic), infringiendo el art. 124 con relación al 370 del CPP, en desconocimiento de derechos y garantías constitucionales previsto en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE), incurriendo en defecto absoluto previsto en el art. 169 del Adjetivo Penal, por vulneración del debido proceso por desconocer su derecho, tener un pronunciamiento motivado y fundamentado sobre todos los motivos alegados, sobre este agravio invoca los Autos Supremos 49 de 16 de marzo de 2012, 5 de 26 de enero de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007.


3) Sostiene que denunció en su apelación restringida la vulneración de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz y que con referencia a este agravio el Auto de Vista al señalar en punto séptimo que se habría apartado al co-imputado Isaías Héctor Valle Arce  el 21 de marzo del 2014 mediante Resolución 14/2014 y que al amparo de los art. 87 inc. 1) y 89 del CPP, no estaría en contradicción con la Ley 004, pues habría sido promulgado el 31 de marzo de 2010, diez días después de la decisión asumida por el Tribunal a quo, cuestionado el recurrente la apreciación que considera fuera de contexto, entendiéndose su vigencia desde su promulgación y publicación, señalando que por estos fundamentos la declaratoria de rebeldía, no debió suspender la acción en lo concerniente a Isaías Héctor Valle Arce, conforme al art. 90 del CPP, por tratarse de delitos de corrupción y que conforme al art. 115 parágrafo I, toda persona tiene derecho a ser protegida oportuna y efectivamente por los jueces y Tribunales de Justicia en el ejercicio de sus derechos e intereses, así como el debido proceso, a la defesa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.


Agregando que la Sala Penal Segunda, al dictar un Auto de Vista, “combinado o mixto” (sic), declarando por un lado, improcedente la apelación restringida y por otro, confirmando la Sentencia absolutoria declarando “INOCENTE” (sic) al imputado, al no ingresar a deliberar en el fondo, el fallo no se encuentran previsto en el procedimiento penal, resultando insólito el Auto de Vista.


Finalmente señala que su recurso estaría dirigido a establecer la ilegalidad del fallo dictado por el Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, motivo por el que pide la anulación de la Sentencia, al contener defecto absoluto inconvalidable establecido en los arts. 169 inc. 3) y 370 inc. 5) del CPP.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se admita el recurso de casación y se devuelva obrados a la Sala Penal que emitió el Auto de Vista, para que anule totalmente la Sentencia ordenando la reposición del juicio.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 212/2016-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 2072 a 2076, se determinó la admisión del recurso de casación, interpuesto por el Rector de la Universidad de El Alto, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Por Sentencia S-09/2014 de 17 de junio, el Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declara al imputado Javier Sebastián Tito Espinoza, absuelto de pena y culpa  de los delitos de Falsedad Ideológica, Uso Indebido de Influencias y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199, 146 y 203 del CP, por no existir suficiente prueba que genere en los miembros del Tribunal, la convicción que el acusado es culpable de los delitos atribuidos, determinando en consecuencia que no se probó los delitos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias, bajo los argumentos que se sintetizan a continuación:


a) El Título de Licenciado por Homologación, no fue utilizado para obtener el cargo de Rector de la Universidad Pública del Alto, precisando que el acusado fue posesionado como Rector el 15 de marzo de 2001 y el mencionado título fue emitido el 23 de abril del mismo año; es decir, posterior a la fecha de su posesión.


b) Los Informes de Auditoria especial sobre la homologación del título del acusado, no establecieron indicios de responsabilidad penal ni administrativas contra el acusado, indicando que las pruebas signadas como MP-9 y MP-12, consistentes en auditorias sólo establecieron Responsabilidad Administrativa y Penal contra Isaías Héctor Arce y Rita Romero de Sanjinés -funcionarios del Vice Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología-, quienes eran los responsables del trámite, en su calidad de Director y Directora Jurídica del mencionado Vice Ministerio.


c) Por la Fotocopia legalizada del Diploma del “Curso de Maestría en Educación de Adultos”, otorgado por el Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional de América Latina “CREFAL”, documento que se encuentra debidamente visado por la Secretaría de Gobernación de México, dependiente del consulado de México y por el Ministerio de Relaciones y Culto  de Bolivia, se demostró que el mencionado documento es legal.


II.2. De la apelación restringida.


La parte acusadora presentó su recurso de apelación restringida, denunciando lo siguiente:


1) Como primer motivo, denuncia la violación del principio del debido proceso, porque la prueba presentada por la acusación particular no habría sido remitida al Tribunal de origen que emitió la Sentencia, señalando que solicitó que la secretaria del Tribunal Quinto emita exhortos a los diferentes Juzgados y Tribunal para que remitan las pruebas y que al percatarse en juicio que, las pruebas no estaban en poder del Tribunal de sentencia habría pedido la suspensión del juicio, solicitud que no fue aceptada por el Tribunal de Sentencia; por lo que, a decir del acusador particular la sentencia sería nula conforme lo previene el art. 370-6) del CPP.

2) Como segundo motivo denuncia fundamentación insuficiente de la Sentencia.


3) Finalmente denuncia vulneración de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, dando a entender que se debió proseguir el juicio en rebeldía contra el coacusado Isaías Héctor Valle arce. 


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Por Auto de Vista 100/2014 de 17 de diciembre, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declara improcedentes los argumentos expuestos en el recurso de apelación restringida; en consecuencia, confirma la sentencia apelada, dejando constancia inicialmente que el recurso de apelación restringida no cumple con la línea jurisprudencial establecida, situación que no puede ser subsanado de oficio por el Tribunal de alzada, bajo alternativa de violentarse el principio de imparcialidad; sin embargo, concluye:


a) Si la parte recurrente consideraba que no se estaba produciendo o judicializando la prueba extrañada, en su momento debió activar los medios y mecanismos previstos por el procedimiento penal; además, no especifica de manera clara, qué partes de la Sentencia estarían sin una debida fundamentación, concluyendo que la indicada Sentencia cumplió con lo establecido por el art. 124 del CPP, puesto que contiene la enunciación del hecho y las circunstancias, individualiza a las partes procesales, describe las pruebas, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho y la parte resolutiva; ya que el Ministerio Público y la parte acusadora no demostraron que el Título en Provisión Nacional de Licenciado en Ciencias de la Educación por Homologación habría sido insertado y/o alterado; así como tampoco, se demostró que hubiese insertado declaraciones falsas en el Acta de Calificación y la Resolución 017/2001, menos el dolo ni el perjuicio que ocasionó el acusado; por lo que, a criterio del Tribunal de apelación se aplicó de manera acertada el principio de in dubio pro reo y que es acertada la determinación del de mérito, respecto a que el delito de Uso Indebido de Influencias sólo lo comete el funcionario público, en el ejercicio de las funciones que desempeña, al obtener beneficio a su favor o favor de terceros. 


b) El recurrente no especifica si se trata de inobservancia o errónea aplicación de la ley; además, no se puede retrotraer la actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidas al control en el juicio y que el recurrente no cita las leyes infringidas o erróneamente aplicadas, menos indica en que consiste la violación o falsedad o error en que hubiere incurrido el Tribunal de Sentencia.


c) No existe contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia, señalando que el referido reclamo resulta genérico porque no señala cómo debió de fundamentarse el fallo para que no exista la contradicción reclamada entre la parte considerativa y resolutiva, o en su defecto, qué términos debieron suprimirse o utilizarse.


d) Tampoco concurre incongruencia entre la sentencia y la acusación, resultando genérico el reclamo, pues no señala cuáles serían los hechos probados que no estarían en las acusaciones, advirtiendo que se emitió Sentencia en base a los hechos acusados.


III. VERIFICACIÓN DE POSIBLE EXISTENCIA  DE DEFECTOS ABSOLUTOS Y DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Habiendo sido admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecidos en el Auto Supremo 212/2016-RA de 21 de marzo, por lo que con carácter previo, a los efectos señalados, se establecerán las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente resolución.


III.1. Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Las resoluciones para su validez y eficacia, deben ser debidamente fundamentadas y motivadas, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley; y, por motivación el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto, sobre este tema este Tribunal emitió amplia doctrina jurisprudencial como la contenida en el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, que estableció: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos.


Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica…”.


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.2. La labor de contraste en el recurso de casación.


El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la LOJ, que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y, c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.” (las negrillas son nuestras).


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.


III.3. Análisis del caso concreto.


Habiéndose admitido el recurso de casación, con la finalidad de verificar la denuncia de contradicción en la que habría incurrido el Auto de Vista con los Autos Supremos 49 de 16 de marzo de 2012, 5 de 26 de enero de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007; además, para establecer la existencia o no de los defectos absolutos denunciados por el recurrente, atañe emitir pronunciamiento en los siguientes términos.


En cuanto al primer motivo, la parte recurrente indica que el Tribunal de apelación habría vulnerado el debido proceso al ratificar los defectos absolutos de la sentencia, por no sanear: i) La denuncia referente a que si efectivamente el Tribunal de Sentencia soslayó la introducción de la prueba de la acusación particular, por ignorar la solicitud de remisión de las pruebas del Tribunal Segundo de sentencia, además de ignorar la ratificación de la prueba presentada por el Ministerio público; y, ii) Por no analizar la denuncia respecto a la errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 199, 146 y 203 del CP).


Al respecto, de la revisión minuciosa del acta juicio, se observa en el acta de juicio que corre a fs. 1694 a 1695 vta., que el acusador particular al percatarse que no se encontraban presentes sus testigos y a la prueba de cargo, solicitó la suspensión de la audiencia por última vez, con la finalidad de presentar la prueba y los testigos, siendo aceptado el pedido por el Tribunal de sentencia, que dispuso en la última parte del acta la suspensión del acto de juicio hasta el lunes 2 de junio de 2014, con la advertencia de que en caso de subsistir la incomparecencia de las pruebas de cargo para la indicada audiencia, se daría por agotada y renunciadas las mismas, prosiguiendo con el desarrollo del juicio hasta su conclusión; es así, que reinstalada la audiencia de juicio recién el 9 de junio, al haberse suspendido la prevista para el 2 de junio, la parte acusadora nuevamente omitió presentar sus pruebas impetrando nuevamente la suspensión de la audiencia de juicio, para que la UPEA busque y presente la mencionada prueba de cargo, solicitud que no fue atendida favorablemente por el Tribunal de Sentencia, debido a la conminatoria efectuada con anterioridad, conforme se observa en la última parte del acta de juicio de 26 de mayo cursante a fs. 1695.


Ahora bien, la Sentencia en la fundamentación probatoria señaló que la acusación particular no produjo prueba documental de cargo, por lo que declaró absuelto al acusado de los tipos penales acusados, al no existir prueba que genere en los miembros del Tribunal, la certeza de que el imputado hubiese adecuado su conducta a los tipos penales acusados; por todo lo referido, se evidencia que no resulta cierta la acusación, respecto a que el Tribunal de Sentencia hubiere negado o soslayado la introducción de la prueba de cargo, advirtiéndose que la falta de presentación de la prueba de cargo se debió a la negligencia y desidia de la parte acusadora, a pesar de haberse suspendido la audiencia de juicio a instancia suya para que se presente dicha prueba; sin embargo, no cumplió con la conminatoria  que se encuentra en el acta de juicio de 26 de mayo que corre de fs. 1694 a 1695; en ese sentido, no es evidente la denuncia de que el Tribunal de alzada haya confirmado y ratificado una sentencia con defectos absolutos como sostiene la parte recurrente en casación.


Por otra parte, se advierte con relación a la denuncia de aplicación errónea de los arts. 199, 146 y 203 del CP, que dicho planteamiento no fue formulado en términos concretos en apelación restringida, más si se considera que dicho defecto debe ser formulado al amparo del art. 370-1) del CPP como norma habilitante, extremo no sucedido en el caso de autos, lo que determinó que incluso el Tribunal de alzada destacara acertadamente que el recurrente no estableció de manera específica si las afirmaciones efectuadas en su recurso implicaban una denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley.


Además, en el ámbito del reclamo efectuado en casación, se advierte no ser evidente la denuncia de que el Tribunal de alzada hubiese omitido la consideración de los defectos denunciados e inscritos en el art. 370 incs. 4), 5) y 6) del CPP, pues conforme se advierte del punto 2do del considerando IV del Auto de Vista impugnado, se aprecia que los planteamientos basados en dichas normas fueron abordadas y resueltas en alzada; en consecuencia, se concluye que el motivo en examen es infundado.


En el segundo motivo, la parte recurrente denuncia defectuosa valoración de la prueba o fundamentación insuficiente de la prueba, reiterando que el Tribunal de Sentencia pese a la solicitud de suspender el juicio por falta de remisión de las pruebas, no habría suspendido el acto, especificando que se habría valorado defectuosamente el Certificado expedido por el CREFAL, siendo que el objeto de la acusación fue el Título de Licenciatura en Ciencias de la Educación por Homologación, señalando que el Auto de Vista es contradictorio a la doctrina legal establecida en los Autos Supremos 49 de 16 de marzo de 2012, 5 de 26 de enero de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007.  


El primer precedente fue emitido, dentro de un proceso seguido por el delito de Asesinato y otros, en el cual el Tribunal Supremo de Justicia constató que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista realizó una parcializada interpretación del art. 35 del CPP, tomando en cuenta sólo la parte que prohíbe y limita el ejercicio de la acción penal, sin considerar la segunda parte que establece la salvedad a la regla, advirtiendo además que el Tribunal de alzada no respondió a los motivos planteados por las partes, concluyendo que se vulneraron los arts. 398 y 124 del CPP, en consecuencia dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, estableciendo la siguiente doctrina legal: “… que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida….


Al no existir fundamentación en el Auto de Vista, cuando en el mismo se evidencia que el tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que fundaron los recursos de apelación restringida deducido por el o los procesados, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal debido a que dicho precepto legal exige la fundamentación de la resoluciones y prohíbe que aquella fundamentación sea remplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimiento de las partes, debiendo los Tribunales de Alzada circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada, ello en estricto cumplimiento del art. 398 del citado Código de Procedimiento Penal. Por lo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado o la utilización de argumentos evasivos se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva”.


El Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, fue dictado dentro de un proceso penal seguido por el delito de Homicidio, Lesiones Graves y Leves en Accidente de Tránsito, en el cual la entonces Corte Suprema de Justicia constató que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, al no responder las denuncias de ambas partes, por lo que estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica”.


Finalmente, el Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007, fue dictado en un proceso seguido por el delito de Peculado, en el cual el Tribunal de casación señaló que del análisis de la Sentencia, del Auto de Vista y de los datos del juicio, se tenía probado que el acusado, era autor de los delitos de Peculado y Uso Indebido de influencias, por lo que concluyó que el Auto De Vista debió subsumir la conducta del acusado a los mencionados tipos penales, -es decir cambiar la situación jurídica del acusado de absuelto a culpable-, por lo que estableció como doctrina legal aplicable la siguiente: “Que, el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el Art. 1 de la Ley Nº 1970, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a la reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporada legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo, requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del Art. 370 incisos 1) 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal”.


En el caso de autos, la parte recurrente afirma que el Tribunal de apelación, no consideró el segundo motivo de apelación referido a defectuosa valoración de la prueba o fundamentación insuficiente, recalcando que no se suspendió la audiencia del juicio oral para que la parte acusadora ahora recurrente- presente su prueba de cargo, además señala que no se habría pronunciado sobre la defectuosa valoración del certificado expedido por el CREFAL, siendo que ha decir del recurrente el objeto de la acusación fue el Título de Licenciatura en Ciencias de la Educación por Homologación.


Ahora bien, revisados los datos del proceso, se advierte que la parte recurrente en su recurso de apelación restringida planteó tres motivos: a) Violación al principio del debido proceso con el argumento de que no se dio oportunidad de recabar y presentar prueba; b) Fundamentación insuficiente de la Sentencia; y, c) Vulneración de la ley 004 de 31 de marzo de 2010; lo que implica, que el recurrente no puede reclamar una falta de consideración a un motivo que no fue formulado en apelación restringida, teniendo en cuenta que la competencia de los tribunales de alzada se halla definida conforme las previsiones del art. 398 del CPP, que dispone que circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; en consecuencia, no se advierte la existencia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los dos primeros precedentes cuyas doctrinas fueron emitidas ante la constatación de que el Tribunal de apelación incurrió en incongruencia omisiva al no pronunciarse respecto a denuncias de las partes, situación que no concurre en el caso de autos, habida cuenta que resulta insostenible reclamar una falta de pronunciamiento sobre una problemática que al no ser formulada en apelación no fue de conocimiento del tribunal de alzada.


Además, se deja constancia que la doctrina legal contenida en el tercer precedente fue emitida ante la conclusión de que la conducta del acusado se subsumía a los tipos penales acusados, situación de hecho ajena al caso de autos; en consecuencia, no puede visualizarse la existencia de contradicción con la resolución recurrida de casación, por lo que este motivo resulta infundado.


Finalmente, en el tercer motivo se denuncia la vulneración de la Ley 004 al apreciar erróneamente la aplicación del art. 90 del CPP, por haber ratificado el Tribunal de alzada la separación del juicio del coacusado Isaías Héctor Valle Arce; al respecto, inicialmente vale hacer notar que este motivo fue admitido vía flexibilización a los fines de verificar si el Tribunal de apelación incurrió o no en falta de fundamentación  al revolver dicha problemática; en consecuencia, de la revisión de los datos que informan al proceso se tiene, que al inicio del acto de juicio oral, a solicitud del representante del Ministerio Público y con la adhesión de la parte recurrente de casación, el Tribunal de Sentencia emitió el Auto 14/2014 de 21 de marzo (fs. 1617 vta. y 1618), por el cual declaró rebelde a Isaías Héctor Valle Arce debido a su incomparecencia al juicio pese su legal notificación; en cuyo mérito, el juicio continuó desarrollándose sólo en contra del imputado Javier Tito Espinoza, sin que se advierta en antecedentes alguna petición de la parte recurrente o del representante del Ministerio Público, para que el juicio siga en rebeldía en contra del coacusado Isaías Héctor Valle Arce, consintiendo de esa manera ambos acusadores con la separación del declarado rebelde, motivo por el cual se dictó sentencia sólo respecto a Javier Tito Espinoza.


También se advierte que la parte recurrente cuestionó recién en apelación restringida la decisión de apartar del juicio a Javier Sebastián Tito Espinoza, motivando que el  Tribunal de alzada argumente en el Auto de Vista impugnado, que la determinación de apartar de la causa al nombrado imputado fue asumida el 21 de marzo de 2014 mediante el Auto 14/2014 al amparo de los arts. 87 inc. 1) y 89 del CPP, sin incurrir en contradicción con la Ley 004 que fue promulgada diez días después, lo que denota que el Tribunal de alzada no incurrió en la falta de fundamentación denunciada en casación, pues otorgó una respuesta con base normativa, estableciendo de manera clara y precisa las razones para desestimar el reclamo, sin vulnerar los derechos constitucionales de debida fundamentación, del debido proceso, de la defensa o tutela judicial efectiva, conforme acusa la parte recurrente, siendo pertinente precisar que de ser habido el rebelde deberá ser puesto a disposición del Tribunal para su juzgamiento; en consecuencia, el tercer motivo de casación también deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por Romualdo Ricardo Nogales Quispe Rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), cursante de fs. 2041 a 2048.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA