TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 477/2016-RA

Sucre, 27 de junio de 2016


Expediente                : Santa Cruz 39/2016

Parte Acusadora        : María Iris Rivero Salvatierra

Parte Imputada        : María Deisy Salvatierra Cuellar de Peña

Delitos        : Calumnia e Injuria


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de abril de 2016, cursante de fs. 269 a 273, María Deisy Salvatierra Cuellar, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 08/2016 de 4 de marzo, de fs. 252 a 253 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso penal seguido por María Iris Rivero Salvatierra contra María Deisy Salvatierra Cuellar, por la presunta comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia de 17 de septiembre de 2015, (fs. 223 a 227), el Juez Primero de Partido y de Sentencia de Montero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a la imputada María Deisy Salvatierra Cuellar de Peña, autora de la comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión y a la prestación de trabajo comunitario y multa de treinta días, más costas a favor del Estado y la reparación de daños para la víctima, averiguables en ejecución de Sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada María Deisy Salvatierra Cuellar, formuló recurso de apelación restringida (fs. 232 a 236), el mismo que fue resuelto por Auto de Vista 08/2016 de 4 de marzo, declarando admisible e improcedente la apelación restringida.


c) Por diligencia de 29 de marzo de 2016 (fs. 255), la imputada María Deisy Salvatierra Cuellar fue notificada con el Auto de Vista impugnado, el 1 de abril de 2016, interpuso recurso de casación, el cual es motivo de análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes agravios:


1) Alega, indebida y errónea aplicación del art. 13 del CP, dando lugar a la dictación de la Sentencia defectuosa, describiendo los arts. 173, 370 incs. 1), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


2) El Tribunal de apelación no hizo valoración de las pruebas, porque existe evidencia de su inocencia y el proceso se ventilo con dudas por lo que debió beneficiarse, pero por el contrario le condenaron mediante “supuestos y al parecer”, vulnerando sus derechos y garantías al debido proceso. Describe el art. 365 del CPP.


3) Se desconocieron los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con los arts. 365 del CPP y 283 y 287 del CP, porque en el fallo apelado en cuanto se refiere al delito de Calumnia, sólo habla de 3 años y no dice nada de los días multa, de igual manera en cuanto al delito de Injuria en la Sentencia apelada la condenan a prestación de trabajo, pero no dice nada de cuanto tiempo, dando lugar a que se le haya juzgado de manera ilegal.


4) El Juez de Sentencia y el Tribunal de apelación obviaron la fundamentación probatoria de las pruebas, solo se limitaron a describir (NO HA ENUMERAR) los medios de prueba, sin indicar porque le merecieron crédito y como los enlazo entre sí, para darle sustento a los hechos probados, concluye que la fundamentación es defectuosa e insuficiente, transgrediendo los arts. 124 concordante con los arts. 173 y 370 incs. 1) ,5) ,6) y 8) del CPP.


5) Se le han desconocido los arts. 115, 117 y 119 de la CPE, concordante con los arts. 6, 342, 374 del CPP y 13 del CP, que le garantizan un juicio legal y la presunción de inocencia, y por el contrario en el presente caso, no ha sucedido eso, porque se le condeno sin evidencia plena, porque ni en la querella se le imputa de haber cometido un delito de manera directa en contra de la falsa víctima, o haya mellado su dignidad o decoro.


6) Se vulneraron los arts. 115, 117 y 119 de la CPE, concordante con los arts. 6 del CPP y 286 del CP, porque probó en el caso de autos, que la querellante fue despedida por la empresa Tigo, por faltar a su deber de confidencialidad, pues esta situación no fue valorada a derecho, por lo que tenía el derecho a la Excepción de Verdad, situación por el que su afirmación no era punible, por lo que el Juez le condeno de manera ilegal, sin observar la ley adjetiva y sustantiva penal; además, el Tribunal de apelación no valoró las pruebas de descargo, ni de cargo y al no apreciar dichas pruebas lesionó los arts. 173 y 169 del CPP.


Por ultimo en observación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), pide revisión de oficio de las actuaciones procesales, por existir vicios de nulidad por las irregularidades procesales que he reclamado oportunamente en varias ocasiones en la tramitación del proceso de marras y anulen hasta el vicio más antiguo


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que lo dictó, teniendo en cuenta que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado, el 29 de marzo de 2016 (fs. 255 vta.), presentando su recurso el 1 de abril de 2016; cumpliendo de esta manera, con lo preceptuado por el art. 417 del CPP, relativo al plazo, correspondiendo por lo tanto, verificar el cumplimiento de los demás requisitos.


Respecto a todos los motivos, se evidencia que la parte recurrente, no invocó ningún precedente contradictorio y por ende, no realizó la supuesta contradicción que existiría con el Auto de Vista, incumpliendo así los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP y III. ii) de la presente Resolución; y si bien denunció la vulneración de derechos fundamentales como los derechos a la defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia; sin embargo, no fundamenta en qué consiste la disminución de cada uno de dichos derechos supuestamente vulnerados, especialmente no argumenta el resultado dañoso y la relevancia en el resultado, incumpliendo así los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal y ratificados por la justicia constitucional; además, este Tribunal se encuentra impedido de dar curso a la pretensión de la recurrente de revisar de oficio, ya que su pedido es netamente genérico, ya que solicita la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, sin considerar que el recurso de casación fue diseñado para realizar el control de legalidad únicamente del Auto de Vista, por lo que el recurso de casación deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por María Deisy Salvatierra Cuellar, de fs. 269 a 273.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA