TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 468/2016-RA

Sucre, 24 de junio de 2016


Expediente                : Chuquisaca 12/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Celso Sausa Serrano y otros

Delito                 : Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diesel Oíl, Gasolina y Gas Licuado de Petróleo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de mayo de 2016, que cursa de fs. 127 a 137 vta., Boris Salinas Barrientos, Raúl Michel Díaz y Celso Sausa Serrano, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 138/016 de 27 de abril de 2016, cursante de fs. 123 a 125, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diesel Oíl, Gasolina y Gas Licuado de Petróleo, previsto y sancionado por el art. 226 Bis del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)Por Sentencia 55/2015 de 27 de noviembre (fs. 41 a 43), el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal y Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en procedimiento abreviado declaró a los imputados Celso Sausa Serrano, Raúl Michel Díaz y Boris Salinas Barrientos, autores de la comisión del delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diesel Oíl, Gasolina y Gas Licuado de Petróleo, previsto y sancionado por el art. 226 Bis del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión; asimismo, dispuso la confiscación definitiva de un camión Nissan Cóndor, color blanco con francas naranjas, modelo 1994, “placa de control LCY”; y, 228 garrafas, todas llenas y con precintos de seguridad, conteniendo Gas Licuado de Petróleo, disponiendo su entrega a favor del Estado, debiendo las garrafas y su contenido ser comercializadas en forma inmediata y respecto a los demás bienes se los entregue a Dircabi para su administración y registro y concluido ello, se proceda a la entrega de tales a favor y propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Agregó, que respecto al imputado Boris Salinas Barrientos al ser representante de Multi Gas, como empresa que facilitó la adquisición ilegal y conocer de la consecuencia jurídica dispone, la revocatoria definitiva de su licencia; además, al no exceder la sanción de tres años les otorgó el beneficio de la suspensión condicional de la pena a favor de los tres imputados previo cumplimiento de las condiciones y reglas que dispuso.

b)Contra la referida Sentencia, el imputado Boris Salinas Barrientos formuló recurso de apelación restringida (fs. 48 a 51 subsanado de fs. 105 a 111 vta.) al que se adhirieron los imputados Celso Sausa Serrano (fs. 66 a 69) y Raúl Michel Díaz (fs. 85 a 88); que fueron resueltos por Auto de Vista 138/016 de 27 de abril de 2016 (fs. 123 a 125), emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que rechazó por inadmisible el recurso planteado, así como los memoriales de adhesión; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


c)Notificado los recurrentes con el referido Auto de Vista el 28 de abril de 2016 (fs. 126), interpusieron recurso de casación el 6 de mayo del mismo año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 127 a 137 vta., se extraen los siguientes motivos:


1)Como primer agravio los recurrentes bajo el acápite “DEFECTO ABSOLUTO POR CONVALIDACIÓN DE INDEFENCIÓN Y PRIVACIÓN DE DEFENSA TECNICA E INEXISTENCIA DE UNA DEFENSA TECNICA EFICAZ”, manifiestan, que el Auto de Vista recurrido al declarar inadmisible, pretende convalidar la actuación ilegal; puesto que, fueron ilegalmente aprehendidos el 25 de noviembre de 2015, donde la policía y el Ministerio Público lejos de hacerles conocer que tenían derecho a una defensa de confianza, les asignaron un defensor de oficio que los asistió presencialmente en el acto de sus declaraciones informativas, en esa condición, fueron objeto de imputación formal haciéndoles firmar sin explicación el sometimiento a proceso abreviado, induciéndoles a aceptar una pena de 3 años de reclusión; empero, en dicho acuerdo jamás hablaron, respecto a la revocatoria de su licencia como representante de Multigas, y peor aún sobre el decomiso del motorizado, que si bien, el mismo, fue suscrito por el abogado Marco Delgado, sin embargo, no se les hizo conocer las consecuencias y efectos de someterse a un procedimiento abreviado que fue modulado por el fiscal sin presentar acusación alguna, violando el instituto del procedimiento abreviado y sin un acto de defensa técnica se emitió sentencia condenatoria, además de una sanción accesoria como es la revocatoria definitiva de la licencia de la empresa Multigas y la confiscación definitiva del motorizado con placa de control 1868-LCV, hecho, que jamás aceptaron, como tampoco renunciaron a la apelación, ya que, no firmaron en el acta; no obstante, el Tribunal de alzada al declarar inadmisible pretende convalidar un defecto absoluto, validando actos tortuosos y desleales para con los procesados como el de privarles de una asistencia técnica y de confianza, vulnerando el art. 94 del Código de Procedimiento Penal (CPP), generando un defecto absoluto en aplicación del art. 169 incs. 2) y 4) de la citada Ley; por cuanto, se violó su derecho a la defensa, resultando un acto nulo conforme lo prevé el art. 100 del CPP.


2)Por otra parte reclaman, que por determinación del art. 323 inc. 2) del CPP, el Fiscal para solicitar un procedimiento abreviado debió emitir un requerimiento, lo que en sus casos no se dio, sino la simple petición vía “modulación” hecha en la audiencia de medidas cautelares por parte del fiscal asignado al caso, quien, antes debió emitir un requerimiento acusatorio en procedimiento abreviado; empero, no lo hizo, forzando sus condenas en 15 minutos de audiencia; no obstante, el Auto de Vista recurrido lejos de ingresar a su reclamo arguyó, falsamente que la sentencia estaría ejecutoriada por declaración del juez de la causa, cuando jamás expresaron esa voluntad de ejecutoria, constituyendo defecto absoluto; toda vez, que la base del juicio y de la sentencia es la acusación, que en el caso de autos no existió jamás. Agregan, que el art. 373 del CPP, señala que el momento procesal o el requerimiento relativo al procedimiento abreviado como un acto conclusivo, es un requerimiento debidamente fundamentado y jamás una burda modulación que no tiene asidero legal, dejándoles en indefensión a sus personas; puesto que, no consta que el fiscal haya requerido como acto conclusivo un procedimiento abreviado, sino todo lo contrario, con amenaza fueron sometidos a un acto de inculpación ilícita, aspecto conocido por el Juez de la causa, sin embargo, fueron directamente condenados en franca contravención de los arts. 373 y 232 inc. 2) del CPP.


3)Bajo el título “SENTENCIA DEFECTUOSA POR QUE EL IMPUTADO NO ESTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADO”, aseveran, que el Auto de Vista impugnado no aplicó el principio del art. 167 del CPP, sino, se limitó, a forzar una ejecutoria, pretendiendo convalidar lo que legalmente no puede  por prohibición de la ley, bajo el argumento de que sus personas hubieren renunciado a la apelación, aspecto que no ocurrió y simplemente hace referencia al defensor que no tiene poder de disposición sobre sus derechos, resultando la convalidación ilegal; por cuanto, no consideró que en la sentencia en ninguno de sus acápites se individualizó a los condenados, ya que no se sabe quiénes son, a qué se dedican, si tienen familia, hijos y otros, simplemente los inculpó por el delito del art. 226 Bis del CP, imponiéndoles una condena de tres años más la confiscación del motorizado y la revocatoria de la licencia de la empresa Multigas, aspecto que vulnera el art. 370 inc. 2) del “ritual penal”.


4)Como cuarto agravio los recurrentes manifiestan, que los hechos y su determinación circunstanciada jamás fueron expuestos en la sentencia, señalando únicamente “FUNDAMENTACIÓN DE LA VALORACION DE LA DECLARACION DEL IMPUTADO, DE LAS PRUEBAS Y MARCO LEGAL APLICABLE”, argumento, que no individualiza los hechos respecto a sus personas, ya que, no existe un relato de cómo sus personas se vinculan penalmente al hecho, refiriéndose únicamente la condición de representante legal de Multigas y propietario del motorizado con placa 1868-LCV, lo que por sí, no los hace partícipes penalmente; sin embargo, el Auto de Vista impugnado evadió dicho agravio, buscando una falsa ejecutoría, pretendiendo legalizar las actuaciones ilegales, convalidando un defecto absoluto; no considerando, que uno de los requisitos de la sentencia es justamente la enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio.


5)Como quinto reclamo, denuncian, “SENTENCIA DEFECTUOSA PORQUE NO EXISTE FUNDAMENTACIÓN O QUE ÉSTA SEA INSUFICIENTE O CONTRADICTORIA”; ya que, en ninguna parte se describe la conducta de cada uno de sus personas, menos se fundamentó cuál sus participaciones en el supuesto delito, citando únicamente el art. 226 Bis del CP; además, resulta contradictoria, puesto que, en el caso de Boris Salinas Barrientos en tres líneas señaló que su conducta se adecuó al art. 226-IV Bis del CP, ya que en su condición de representante legal de Multigas habría coadyuvado necesariamente a la comisión del ilícito; empero, en la parte dispositiva fue condenado a tres años, no considerando que la citada norma señala que en su caso debió ser condenado a un tercio de la pena máxima establecida en el parágrafo I del citado artículo, evidenciándose, que el fallo es sin duda, la prueba de una forzada condena, donde se saltó elementos esenciales como una defensa eficaz, una imputación necesaria, una sentencia fundamentada individualmente y de forma congruente, sin contradicciones, aspecto que vulneró el “art. 360 inc. 3 del ritual penal”, ya que, la sentencia debe contener un pronunciamiento fundamentado sobre los motivos de hecho y derecho en el que funda la condena, de igual forma se violó el “art. 124 del ritual penal”, y “art. 173 del ritual penal”; por cuanto, en el acápite referido a la fundamentación de la valoración de la declaración del imputado, de las pruebas y el marco legal aplicable, la única prueba valorada fue su declaración, lo que evidencia que no existe una fundamentación probatoria, constituyendo defecto absoluto.


6)Reclaman, que la sentencia incurrió en el defecto de inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción; puesto que, ninguno del elementos del art. 360 del CPP fueron cumplidos, ya que, el fallo no contiene un solo dato de los imputados, más allá de su cédula de identidad, menos contiene una relación precisa y circunstanciada de los hechos supuestamente atribuidos a cada uno, tampoco contiene una exposición de los motivos de derecho que fundarían la decisión de condena, resultando completamente ilegal e inválido, puesto que, no se sometió a los “arts. 359 y 361”, así se haya querido figurar una renuncia a la apelación que jamás lo suscribieron ni aceptaron.


7)Denuncian, Sentencia defectuosa por la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación; aspecto que vulneró el art. 362 del CPP, puesto que, al no existir una acusación, con el único documento que podría verificarse la congruencia sería con el requerimiento acusatorio en procedimiento abreviado, empero, al no existir, mal se puede tener los hechos acusados para el verificativo de congruencia, teniendo sólo la petición verbal en audiencia vía modulación que no puede considerarse como el límite de la sentencia, como tampoco la simple imputación formal que no tiene entidad para producir una sentencia o ser base de ella.


8)Finalmente bajo el título “VIOLACION DEL DERECHO DE IMPUGNACION, ILEGAL CONVALIDACION DE SENTENCIA E INOBSERVANCIA DEL ART 120 DEL CPP”; aseveran, que el Tribunal de alzada, pretendiendo convalidar la ejecutoría del fallo, arguyó que el mismo habría adquirido ejecutoría por la supuesta renuncia voluntaria y “expresa” de las partes al derecho de recurrir la sentencia, afirmación falsa, ya que, conforme los datos del proceso, ninguno de los acusados pronunciaron voluntaria ni expresamente su renuncia al recurso de apelación, habida cuenta, que en el acta simplemente figura una mención de que las partes a su turno renunciaron a la operación en forma expresa, empero, para consentir la ejecutoría de la sentencia debería contener la firma de cada uno de los sujetos procesales que expresen ese derecho y firmado personalmente en el acta de la audiencia, conforme lo prevé el art. 120 inc. 4) del CPP, lo que quiere decir que no estando sus firmas como constancia de haber consentido sus renuncias al recurso de apelación, el acta en cuestión, se torna en un elemento de valoración para establecer esa renuncia por no contar con sus firmas, siendo invalorable su contenido respecto a dicho acto de desistimiento, existiendo únicamente la petición del beneficio de suspensión condicional de la pena, no existiendo tal renuncia, constituyendo una violación a su derecho de una doble instancia y de una revisión efectiva del ilegal fallo mediante el derecho de impugnación que no puede ser soslayado bajo falsas afirmaciones que no tienen respaldo. Al efecto invocan, los Autos Supremos 170/2013-RRC de 19 de junio y 109/2013-RRC de 22 de abril.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que los recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 28 de abril de 2016 (fs. 126), presentando su recurso de casación el 6 de mayo del mismo año, conforme consta del cargo de recepción en el domicilio de la secretaria de cámara (fs. 137 vta.), cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP; ello, en consideración, de que el 2 de mayo de 2016, fue declarado feriado nacional en conmemoración al día del trabajador.


Ahora bien, respecto a los motivos primero, segundo, tercero y cuarto, referido a que el Auto de Vista recurrido: i) al declarar inadmisible pretende convalidar un defecto absoluto, validando actos tortuosos y desleales como el de privarles de una asistencia técnica y de confianza, aspecto que vulnera el art. 94 del CPP; por cuanto, en esa condición, fueron objeto de imputación formal haciéndoles firmar sin explicación el sometimiento a proceso abreviado, induciéndoles a aceptar una pena de 3 años de reclusión; empero, jamás hablaron, respecto a la revocatoria de la licencia como representante de Multigas, y peor aún sobre el decomiso del motorizado, que si bien, el acta, fue suscrito por su abogado, sin embargo, no se les hizo conocer las consecuencias y efectos de someterse a un procedimiento abreviado que fue modulado por el fiscal sin presentar acusación alguna, constituyendo defecto absoluto conforme prevé el art. 169 incs. 2) y 4) de la citada Ley, resultando un acto nulo conforme lo prevé el art. 100 del CPP; ii) no ingresó a considerar, su reclamo referido a que el Fiscal para solicitar un procedimiento abreviado debió emitir un requerimiento, lo que en sus casos no se dio, sino la simple petición vía “modulación” hecha en la audiencia de medidas cautelares por parte del fiscal asignado al caso, forzando sus condenas en 15 minutos de audiencia; no obstante, Tribunal de alzada falsamente arguyó, que la sentencia está ejecutoriada por declaración del juez de la causa, cuando jamás expresaron esa voluntad de ejecutoria, constituyendo defecto absoluto; toda vez, que la base del juicio y de la sentencia es la acusación, que en el caso de autos no existió jamás; iii) ante su reclamo de que los imputados no se encuentran suficientemente individualizados, lejos de aplicar el principio del art. 167 del CPP, se limitó, a forzar una ejecutoria, convalidando lo que legalmente no puede, bajo el argumento de que sus personas hubieren renunciado a la apelación, aspecto que no ocurrió y simplemente hace referencia al defensor que no tiene poder de disposición sobre sus derechos, resultando la convalidación ilegal, aspecto que vulnera el art. 370 inc. 2) del “ritual penal”; por cuanto, la sentencia debe ser suficientemente prolija en cuanto a la individualización de los imputados; y, iv) evadió, su denuncia concerniente a que los hechos y su determinación circunstanciada jamás fueron expuestos en la sentencia, buscando una falsa ejecutoría, legalizando actuaciones ilegales, convalidando un defecto absoluto; no considerando, que uno de los requisitos de la sentencia es justamente la enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio. Sobre los referidos reclamos, corresponde señalar, que de la revisión de antecedentes procesales, precisado en el punto b) del acápite I de la presente Resolución, se advierte que el Tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso de apelación restringida interpuesto por los recurrentes; en cuyo efecto, no pueden pretender que este Tribunal Supremo de Justicia ingrese al fondo de dichas denuncias efectuadas en el recurso de apelación restringida; toda vez, que el Tribunal de alzada no abrió su competencia para ingresar al fondo de su recurso; en todo caso, los recurrentes debieron abocarse a fundamentar únicamente la supuesta ilegal declaratoria de inadmisibilidad ante la interposición de su recurso de apelación, para lograr que el Tribunal de alzada resuelva sus reclamos.


En consecuencia, por los fundamentos expuestos, se establece que este Tribunal se ve imposibilitado de abrir su competencia para conocer el fondo de estos motivos, consecuentemente, devienen en inadmisibles.


En cuanto, a los motivos quinto, sexto y séptimo, referidos a que la sentencia incurrió en los siguientes defectos: i) inexistiría de fundamentación o que sea contradictoria; por cuanto, en ninguna parte se describió la conducta de cada uno de sus personas, menos se fundamentó cuál sus participaciones en el supuesto delito, resultando además, contradictoria, puesto que, en el caso del imputado Boris Salinas Barrientos en tres líneas señaló que su conducta se adecuó al art. 226-IV Bis del CP, ya que en su condición de representante legal de Multigas habría coadyuvado a la comisión del ilícito; condenándolo a tres años, no considerando que debió ser condenado a un tercio de la pena máxima establecida en el parágrafo I del citado artículo; evidenciándose, que el fallo es la prueba de una forzada condena, donde se saltó elementos esenciales como una defensa eficaz, una imputación necesaria, una sentencia fundamentada individualmente y de forma congruente, constituyendo defecto absoluto; ii) inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción; puesto que, ninguno del elementos del art. 360 del CPP fueron cumplidos, ya que, no contiene un solo dato de los imputados, menos contiene una relación precisa y circunstanciada de los hechos supuestamente atribuidos a cada uno, tampoco contiene una exposición de los motivos de derecho que fundarían la decisión de condena, resultando completamente ilegal e inválido; y, iii) inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación; aspecto que vulneró el art. 362 del CPP, puesto que, al no existir una acusación, con el único documento que podría verificarse la congruencia sería con el requerimiento acusatorio en procedimiento abreviado, empero, al no existir, mal se puede tener los hechos acusados para el verificativo de congruencia, teniendo sólo la petición verbal en audiencia vía modulación que no puede considerarse como el límite de la sentencia, como tampoco la simple imputación formal que no tiene entidad para producir una sentencia o ser base de ella.


Sobre estos reclamos, se tiene que los recurrentes no denuncian agravios en los que hubiera incurrido el Auto de Vista impugnado; en ese entendido, no se apertura la competencia de este Tribunal; toda vez, que de acuerdo al art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por los  Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que emiten o ratifiquen doctrina legal; en consecuencia, estos motivos no son susceptibles de ser analizados en el fondo, deviniendo también en inadmisibles.


Finalmente, los recurrentes en el octavo motivo, denuncian que el Tribunal de alzada, pretendiendo convalidar la ejecutoría del fallo, arguyó que el mismo  adquirió ejecutoría por la supuesta renuncia voluntaria y “expresa” de las partes al derecho de recurrir la sentencia, afirmación falsa, ya que, conforme los datos del proceso, ninguna de sus personas manifestaron voluntaria ni expresamente su renuncia al recurso de apelación, habida cuenta, que en el acta simplemente figura una mención de que las partes a su turno renunciaron a la operación en forma expresa, empero, para consentir la ejecutoría de la sentencia debería contener la firma de cada uno de los sujetos procesales que expresen ese derecho y firmado personalmente, aspecto que no ocurrió, existiendo únicamente la petición del beneficio de suspensión condicional de la pena, constituyendo una violación a su derecho de una doble instancia y de una revisión efectiva del ilegal fallo mediante el derecho de impugnación que no puede ser soslayado bajo falsas afirmaciones que no tienen respaldo, al respecto invocan, el Auto Supremo 170/2013-RRC de 19 de junio, que estaría referido al principio de impugnación, que los Tribunales de alzada que conozcan recursos de apelación restringida velando por el principio de tutela judicial efectiva tienen el deber de realizar la labor de control del desarrollo del proceso y del contenido de la sentencia, explicando los recurrentes, que la contradicción consistiría en que de la lectura de su recurso de apelación se advirtió que se trataba de defectos absolutos los que bajo una falta e inexistente renuncia al recurso de apelación, el Tribunal de alzada, pretende dejar en la ejecutoría al no admitir su recurso y así convalidar actos que se constituyen en defectos absolutos, cuando su deber era observarlos; en la argumentación de este motivo, se evidencia que los recurrentes explicaron la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando admisible este motivo.


En cuanto a la invocación del Auto Supremo 109/2013-RRC de 22 de abril, no será considerado en el análisis de fondo por cuanto, corresponde a una Resolución que declaró el recurso de casación infundado; en consecuencia, no contiene doctrina legal aplicable.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Boris Salinas Barrientos, Raúl Michel Díaz y Celso Sausa Serrano, de fs. 127 a 137 vta., únicamente con relación al octavo motivo identificado en el acápite II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA