TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 466/2016

Sucre, 24 de junio de 2016


Expediente

:

La Paz 125/2015

Parte Acusadora

:

Hialmar Ernesto Tejerina Endara

Parte Imputada

:

David Vera España Quisbert

Delito

:

Cheque en Descubierto


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de mayo de 2016 cursante de fs. 625 a 628 vta., David Vera España Quisbert, opone excepción de Extinción de la Acción Penal por duración máxima del proceso dentro de la acción penal interpuesta en su contra por Hialmar Ernesto Tejerina Endara, por la presunta comisión del delito de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del Código Penal (CP).


I. EXCEPCION FORMULADA POR EL IMPUTADO


Alegando el bloque de constitucionalidad establecido en el art. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) concordante con los arts. 13.IV) y 256 de la CPE, y de la normativa internacional contenida en los arts. 8 inc. 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, buscándose evitar la dilación indebida del proceso, por omisión o falta de diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal; refiere que debe tomarse en cuenta lo establecido en el art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que dispone: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo caso de rebeldía”, norma que debe ser aplicada a partir del alcance jurídico del art. 27 inc. 10) del CPP.


Expresa que para la procedencia de su solicitud de extinción, deben concurrir algunos parámetros que en todo caso la Sentencia Constitucional 101/2004 estableció que no son necesarios; sin embargo, refiere que: a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró al concepto de “plazo razonable” al que se hace referencia en el art. 8 de la CASDH, como a la que debe medirse de acuerdo a los siguientes criterios “…la complejidad del litigio, la conducta de los demandantes y de las autoridades judiciales y la forma como se ha tramitado la etapa de instrucción en el proceso”; b) Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que para la duración razonable de un proceso penal, debe considerarse la complejidad del caso, la conducta del imputado y la manera en que el asunto fue llevado por las autoridades administrativas y judiciales. A decir, del recurrente estaría claro que en la legislación boliviana a diferencia de las normas antes citadas, se ha establecido un plazo máximo general para la conclusión de los procesos tanto del régimen anterior como de los establecidos por la ley 1970, no siendo posible considerar factores como la complejidad del asunto y sus circunstancias, que han sido asumidos dentro del plazo global establecido, sino la actuación del Ministerio Publico. (Al respecto cita la Sentencia Constitucional 104/2004).


A continuación, el excepcionista detalla los actuados que a su parecer demuestran que el proceso sobrepasó el plazo máximo de duración establecido por el legislador:


1) El proceso tiene como primer actuado la admisión y radicatoria de la querella cursante a fs. 7 que data de 22 de febrero de 2013 y a la fecha de presentación de la excepción de 3 de mayo de 2016,  transcurrieron más de tres (3) años.


2) Del Auto de admisión de la querella a la emisión de la Sentencia de 22 de octubre de 2013, transcurrieron ocho (8) meses, de dicha Sentencia hasta el Auto de Vista de 9 de marzo que resolvió su recurso de apelación trascurrieron 4 meses y 16 días, tiempo no computable a su persona.


3) Desde la presentación del recurso de casación de 7 de mayo de 2014, hasta la notificación con el Auto Supremo que resolvió el mismo 27 de marzo de 2015, transcurrieron más de nueve (9) meses computables al Tribunal Supremo de Justicia, más aun si este órgano le dio la razón a su recurso de casación dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido. Desde dicho Auto Supremo y la emisión de un nuevo Auto de Vista el 29 de abril de 2015, transcurrieron cinco (5) meses, no imputables a su persona.


4) Desde la emisión del nuevo Auto de Vista, hasta la fecha de presentación de su excepción no existiría notificación con el nuevo Auto Supremo, donde ya hubiese transcurrido más de un (1) año, tiempo que no puede acelerar el pronunciamiento del mismo por no contar con las facultades para ello; en consecuencia, dicha dilación tampoco le puede ser atribuida.


5) Se debe tener presente que en un estado Constitucional de Derecho, de ninguna manera podría decirse que la activación de medios de defensa ordinaria pueden constituir un acto dilatorio, justamente por encontrarse en el ordenamiento jurídico; al respecto, debe considerarse que su persona interpuso en el transcurso del proceso un incidente de actividad procesal defectuosa el  3 de abril de 2013, que mereció la resolución de 22 de abril del mismo año, por la que se rechazó el incidente lo que significa que existe una dilación por un incidente de diecinueve (19) días, de igual manera se presentó una excepción de prejudicialidad que fue rechazada por resolución de la misma fecha, lo que significa que no existe dilación alguna.


6) Los demás recursos planteados por su persona fueron de apelación restringida y casación, de los cuales se debe tener presente le dieron la razón, lo que ameritó que ante la vulneración de derechos fundamentarles se dispuso la anulación del Auto de Vista. Ahora bien, en cuanto al principio de celeridad y que toda persona debe ser juzgada en un tiempo razonable, se debe considerar lo establecido en el Auto Supremo 167 de 4 de julio de 2014 que señaló: “Lo que resulta en este caso de extrema preocupación es el tiempo de tramitación de los recursos de apelación y casación que de ninguna manera pueden ser responsabilidad de los imputados, en el proceso desde su inicio lunes 25 de agosto de 2008, hasta la fecha en que se pronuncia este Auto Supremo el 3 de julio de 2014, tuvo un tiempo de duración de 5 años, 10 meses y 8 días…”. En consecuencia, queda claro que el Tribunal Supremo de Justicia estableció que la tramitación de la apelación restringida y el recurso de casación no son de responsabilidad del imputado.


7) Concluye señalando que el proceso sobrepasó el plazo de tres años previsto por el legislador, que la dilación observada es atribuible al órgano judicial y al propio sistema, como se demostró en los numerales precedentes, señalando además que no se trata de un proceso complejo; más al contrario, de carácter privado por un solo delito y no existe pluralidad de imputados o varias víctimas; en consecuencia, solo basta que pase un solo día de los tres años por el art. 133 del CPP, para que se considere que su persona fue procesada en un plazo razonable, lo que contradice el bloque de constitucionalidad y el principio de celeridad.

Finalmente pide se considere que la Sentencia Constitucional Plurinacional 1061/2015 de 26 de octubre, recondujo el anterior entendimiento y da la posibilidad de presentar la extinción de la acción penal aun ante el Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, corresponde tramitar y pronunciarse sobre la extinción antes de resolver la Explicación Complementación y Enmienda presentada, caso contrario se vulneraria sus derechos fundamentales y garantías constitucionales


II. ANÁLISIS JURÍDICO Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO FORMULADA POR EL IMPUTADO


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por el excepcionista, sin contar con la respuesta del querellante pese a su legal notificación, corresponde emitir la correspondiente resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP, conforme se tiene a continuación:


II.1.Base Legal y jurisprudencial sobre la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.


La Constitución Política del Estado en su art. 15.II señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asimismo, el art. 178.I) relativo a los principios que sustentan la potestad del Órgano Judicial de impartir justicia, contempla como tales a la celeridad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos, principios reconocidos en los arts. 115, 178 y 180.I) de la CPE. De igual manera la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) en su art. 3 con relación al art. 30 establece los principios en los que se sustenta, siendo estos los de seguridad jurídica, celeridad, respeto a los derechos, eficiencia y debido proceso.


Entre los motivos de extinción de la acción penal que fija la norma procesal penal, el art. 27 inc. 10) del CPP, dispone: “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 133, establece la forma de realizar el cómputo, disponiendo: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.


Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido.


Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.


Por su parte, el segundo párrafo del art. 5 del Código adjetivo penal, determina: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.


Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano” (resaltado propio).


Sobre la temática y en relación al cómputo del plazo para determinar la duración máxima del proceso, el Tribunal Constitucional estableció, analizando la actuación del Tribunal de alzada, que: “…no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación con la imputación formal; lo que no implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese razonamiento interpretativo la ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó que el computo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al señalar que: éste entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo.


Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado” (Sentencia Constitucional 033/2006 de 11 de enero, resaltado propio).


A lo expresado debe añadirse que con relación al momento a partir del cual debe computarse el término previsto en el art. 133 del CPP en los delitos de acción privada, la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero, efectuó la siguiente precisión: De acuerdo al art. 133 del CPP, todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.


En los delitos de acción privada, ese plazo se computa desde la notificación con la admisión de la acusación particular presentada por el querellante, ya que se constituye en el primer actuado por el cual se hace conocer al juez y al procesado de la existencia de una acusación”.


Ahora bien, en cuanto a los aspectos que la autoridad jurisdiccional debe observar para determinar la extinción de la acción penal, la jurisprudencia constitucional en reiterados fallos, aclaró no ser suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo, sino que se debe analizar caso por caso la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, también a la cuestión jurídica, la conducta de las partes que intervienen en el proceso y de las autoridades competentes -Órgano Judicial y Ministerio Público-, carga atribuida al imputado (SSCC 101/2004 de 14 de septiembre de 2004, AC 0079/2004-ECA de 29 de septiembre y 1042/2005-R de 5 de septiembre, entre otras); en esa misma línea, la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, estableció: “(…) vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad”.


Finalmente, sobre la competencia para resolver las excepciones de extinción de la acción penal ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo se debe toma en cuenta lo establecido por la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, desarrolló el siguiente entendimiento: ”(…) al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el 14 art. 44 del CPP, “El juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas”. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de la justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC “0245/2006”, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC “0101/2004, 1968/2004-R, 0036/2005, 0105/2005- R, 1365/2005-R” y AC 0079/2004-ECA” (Las negrillas son nuestras).


II.2.Resolución de la excepción opuesta.


Con carácter previo corresponde observar en principio la contradictoria formulación de la excepción motivo de Autos, pues en primera instancia el excepcionista funda su pretensión en el bloque de constitucionalidad previsto en el art. 410 de la CPE, citando al efecto los convenios suscritos por Bolivia, para a continuación señalar de manera contradictoria, que éstos no serían aplicables por contar el ordenamiento jurídico interno, con norma expresa que fija un plazo fijo para la extinción de la acción penal; pero causa todavía mayor extrañeza la referencia destacada en el numeral 4 del acápite I del presente Auto Supremo, en sentido de que no se hubiese notificado al imputado con el Auto Supremo que resolvió su recurso de casación, incurriendo en una falacia teniendo en cuenta que a fs. 624 cursa la notificación con dicha resolución, que data de un día anterior a la presentación de la excepción citada, situación además asumida por el mismo impetrante en la parte final de su memorial de excepción, en la cual pide que sea resuelta previo a la solicitud de Complementación y Enmienda planteada contra el “Auto Supremo” que resolvió su recurso de casación.

 

Bajo el contexto descrito en el acápite II inc. 1) de la presente resolución y a efectos de resolver el caso concreto, en primer lugar debe precisarse que el primer acto considerado dentro del proceso penal conforme el art. 5 del Código adjetivo penal y en particular en los procesos por delitos de acción privada de acuerdo el entendimiento jurisprudencial de la SC 23/2007 de 16 de enero, es la notificación con la admisión de la acusación particular, que en el caso de autos se produjo el 26 de febrero de 2013, como se advierte de la diligencia de fs. 8, fecha a partir de la cual corresponde efectuar el cómputo del plazo, que a la presentación de la excepción opuesta de 5 de mayo de 2016, implicaría que a la fecha, transcurrieron 3 años, 2 meses y 8 días, de los cuales corresponde restar 25 días correspondientes a las vacaciones judiciales de la gestión 2013, conforme la parte final del art. 130 del CPP, totalizando en consecuencia 3 años y 44 días.


Ahora bien, para concluir con la procedencia o no de la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, no es posible limitarse únicamente al cómputo aritmético efectuado precedentemente, sino que se debe efectuar una valoración concurrente de todos los factores que incidieron en el transcurso del proceso, que no está sujeta única y exclusivamente al factor tiempo, pues el plazo no puede operar de facto; es decir, no es sólo el transcurso del tiempo un criterio rector y exclusivo para extinguir la acción penal por duración máxima del proceso como erradamente interpreta el excecpionista. Cabe destacar que también atinge la ponderación de otros factores como la conducta de las partes que intervienen en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el causa, sin perder de vista la situación de los Jueces y Tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público que no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad; sino, a aspectos ajenos al propio órgano (como la jurisprudencia constitucional estableció), así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia, siendo menester en ese ámbito destacar los siguientes antecedentes:





  














Con la precisión anterior, debe tenerse presente que la consideración de todas las dilaciones provocadas por el accionar del imputado y su defensa, generaron un tiempo superior a los 44 días que superaron el plazo de tres años, aspecto que no puede ser soslayado por este Tribunal en aplicación de los factores ampliamente desarrollados por la jurisprudencia para el análisis y resolución de una pretensión como la que motiva el presente fallo. Por otra parte, siempre en el ámbito de la ponderación de esos factores, si bien los recursos de apelación y casación son un medio de defensa previstos por ley y en el caso particular no fueron motivo de cómputo como acto dilatorio en virtud a que algunas de las resoluciones favorecieron al excepcionista, se debe tener presente que el tiempo transcurrido para la resolución de los mismos no resulta ser como numéricamente cita el impetrante, pues por un lado debe considerarse que cada uno de los medios de impugnación cuentan con un procedimiento que debe ser observado al estar establecido taxativamente en la norma procesal penal, que obviamente requieren de tiempos que no pueden ser considerados ligeramente como ineficacia del órgano judicial cuando a la fecha el despacho de causas se aceleró de manera considerable con relación a la anterior estructura del Poder Judicial, pues en el caso particular se debe considerar que a tiempo de resolverse el recurso de apelación restringida formulado por el imputado se emitieron votos disidentes que obligaron la convocatoria a un Vocal dirimidor; en consecuencia, es un actuado procesal no previsible y que afectó en términos razonables al transcurso del tiempo.


Por otra parte, los tiempos de 9 meses y 1 año, que de acuerdo al planteamiento del excepcionista resultarían “computables” a este Tribunal como emergencia de dos recursos de casación, no responden a los antecedentes, pues pese al considerable número de causas que ingresan a este despacho, desde la remisión de antecedentes hasta el pronunciamiento de los respectivos Autos Supremos, transcurrieron sólo tres y seis meses, además de algunos días en cada caso, por lo que resulta inaplicable a la problemática planteada el Auto Supremo 167 de 4 de julio de 2014, citado por el excepcionista, pues en la causa en la que fue emitida dicha resolución, los antecedentes fueron recibidos en la otrora Corte Suprema el 19 de enero de 2010, para pronunciarse resolución el 4 de julio de 2014, es decir cuatro años después, reflejando una realidad distinta a la actual en la que los Tribunales de Justicia extreman su mayor esfuerzo para despechar las causas y garantizar los principios sobre los que se sustenta la jurisdicción ordinaria, como los de celeridad, eficacia y eficiencia, previstos por el art. 180.I de la CPE.


En conclusión, para analizar una excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, corresponde efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad. (Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio). La misma Sentencia resume que la extinción de la acción penal sólo puede ser admitida cuando concurren dos elementos: ”1) El transcurso del tiempo; y, 2) Ponderación integral de varios elementos que le hacen a cada caso en particular, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, además de las condiciones de operatividad de los órganos a cargo de la investigación y tramitación del mismo, conforme a la realidad que atraviesa nuestro país”, que en el caso presente no concurren, porque el imputado provocó dilaciones en la causa conforme se precisó precedentemente y porque el proceso que además ya cuenta con un Auto Supremo que declara infundado el último recurso de casación formulado por el imputado, estando pendiente únicamente la resolución de una petición de complementación y enmienda, se desarrolló en un tiempo razonable, más aun considerando que la etapa de juicio y parte de la etapa destinada a los medios de impugnación se tramitaron en un distrito judicial que cuenta con una considerable carga procesal.

Por las razones expuestas no corresponde deferir favorablemente la pretensión de la parte imputada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 44 in fine del CPP, resuelve declarar INFUNDADA la Excepción de Extinción de la Acción Penal por duración máxima del proceso, opuesta por David Vera España Quisbert, cursante de fs. 625 a 628 vta., con costas.


En cumplimiento del art. 123 del CPP, se deja constancia que esta resolución no admite recurso ordinario alguno, teniendo en cuenta que el trámite de la excepción se encuentra regido a lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Plurinacional 1061/2015, que estableció que al interponerse una excepción de extinción de la acción penal ante esta Sala, no existen tribunal competente que de acuerdo a norma legal, tenga atribución para sustanciar y resolver algún recurso ulterior.


Notifíquese en forma personal a las partes con la presente resolución en observación del art. 163 inc. 2) del CPP.


Regístrese y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA